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De comprobar irregularidades Contraloría pedirá anular licitación de limpieza en IPS

A raíz de las dudas sobre el proceso licitatorio, supuestamente amañado para favorecer a una empresa, la Contraloría General de la República urgió ayer al Instituto de Previsión Social (IPS) la provisión de los documentos faltantes, para corroborar la transparencia de la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias. De comprobarse la denuncia de irregularidades podría pedir la anulación del contrato.

La solicitud se realiza considerando que el organismo superior de control aún no emitió el dictamen final sobre la investigación, que se inició en enero pasado, de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la licitación, porque el IPS aún no entregó todos los documentos solicitados.

En la nota firmada por el contralor Enrique García, se da un plazo de 10 días a la previsional para que remita los papeles que faltan y justificar el motivo de la adjudicación. En caso de no ajustarse a los requerimientos legales, la CGR recomendará que se deje sin efecto la contratación, informaron desde la institución.

A los apurones e ignorando a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud Pública, que alertó sobre la existencia de un protocolo a seguir, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social adjudicó la Licitación Pública Nacional para la “Contratación de Servicios de Limpieza e Higienización para las distintas dependencias del IPS”, a empresas que fueron sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que además, hoy se encuentran sumariadas por incumplimiento de contratos.

En efecto, El Instituto de Previsión Social firmó el pasado 13 de marzo el contrato con las empresas adjudicadas que son Cevima SA, de Claudio Escobar, y el Consorcio Poti, de Jorge Palumbo, por más de G. 150.000 millones por un periodo de 24 meses, según confirmó en su momento, Armando Rodríguez, gerente de Abastecimiento de la entidad de seguridad social.

Esto a pesar de que los contratos de este servicio vencen en mayo y junio. ¿Qué hay detrás de todo esto?, es la gran pregunta que se hacen las demás empresas que fueron descalificadas porque se preparó un pliego de bases y condiciones “a medida”.

Licitación direccionada

La denuncia concreta, presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por una de las oferentes, Renova SA, representada por Liliana Giménez, había sostenido que las ofertas debían haberse presentado por lotes y no de manera global, como se exige en el pliego de bases y condiciones, mezclando el servicio de limpieza de sectores críticos como salas de cirugía, terapia intensiva, laboratorios y otros con las áreas comunes, oficinas, depósitos, patios, etc.

Ambas empresas fueron sumariadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 6 de febrero de este año, justamente por presuntos incumplimientos de contratos con la previsional. Dicho sumario no ha sido finiquitado hasta la fecha y de encontrarse los elementos correspondientes, tanto Potî como Cevima SA podrían ser inhabilitados para contratar con el Estado paraguayo.

Alberto Palumbo como el Consorcio Potî de su propiedad, ya fueron inhabilitados en junio del 2016 (Resolución DNCP N° 1902/16) por irregularidades en otro contrato con el IPS.

A pesar de todo esto, el Consejo de Administración, en ausencia de dos de sus miembros, resolvió contratar a las empresas citadas. Lo que genera todo tipo de suspicacias por el apuro y por obviar todos estos antecedentes.

 

 

 

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