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Afirman que instalación de consejos en empresas públicas es para mejorar control

La vuelta de los consejos o directorios en las empresas públicas tiene como finalidad el control de las mismas, la auditoría permanente y la transparencia. Es el principal argumento utilizado por el Poder Ejecutivo para instalar un tema criticado por amplios sectores de la sociedad, por la carga presupuestaria que representan.

En un documento difundido por el Ministerio de Hacienda, señala que la propuesta busca instalar los directorios profesionales e independientes en las empresas públicas, replicando la experiencia reciente de la nueva Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento. Los directorios podrán constituirse por tres y hasta siete miembros, incluyendo al presidente, y esa cantidad estará determinada por la naturaleza de cada empresa pública. Las remuneraciones de los miembros de los directorios serán limitadas, siguiendo las buenas prácticas del Gobierno Corporativo.

Agrega que esta es una segunda etapa en cuanto al control efectivo de las Empresas Públicas desde la instalación en el 2013 del Consejo de Empresas Públicas. El Consejo, que ejerce la propiedad en nombre del Estado, tendría la facultad de control y remoción de los directores, mientras que los Directorios tendrán la facultad de control y remoción de los cuadros gerenciales de las empresas, separándose así adecuadamente la visión de Estado y estratégica de la gestión operativa, clarifica el documento.

Los Estados que mantienen la propiedad de Empresas Públicas enfrentan el desafío de transformar para mejor los resultados sociales y económicos para sus habitantes. Para eso se apunta al desarrollo institucional de las empresas, con un adecuado control profesional e independiente, separando los niveles de dirección o directorio de los ámbitos operativos.

El concepto de Gobierno Corporativo abarca buenas prácticas a nivel de dirección y control estratégico, auditorías y rendición de cuentas, siguiendo la línea de transparencia. Las Empresas Públicas conducidas bajo este enfoque contribuyen a una eficiente provisión de los bienes y servicios del Estado, lo que es avalado por la experiencia internacional, con casos de éxito en Chile, Perú, Canadá, entre otros países.

Hace referencia al gobierno de la Administración Nacional de Electricidad, Copaco y Essap, entre otras empresas del Estado.

 

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