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Desde el Ministerio Público defienden actuación en caso Arrom y Martí

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público de Paraguay, Alejandra Peralta, alegó que el país “tiene derecho a defenderse” en el caso Arrom-Martí, por el que el Estado paraguayo podría ser declarado culpable de secuestro y torturas de Juan Arrom y Anuncio Martí, y obligado a indemnizarlos.

Peralta contestó así al comunicado difundido hoy la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), en el que pedía al Gobierno que esclareciera los hechos de tortura y desaparición forzada y que dejara de divulgar información falsa sobre una inexistente condena a Paraguay en el caso Arrom-Martí, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no llegará hasta el 7 de febrero.

Arrom y Martí, junto con Víctor Colman, fueron procesados en Paraguay en 2001 por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Antes del juicio, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, para después huir a Brasil, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras una denuncia de ambos.

La CorteIDH se pronunciará al respecto el 7 de febrero y el Estado paraguayo teme un fallo en contra después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera a finales de 2017 que Paraguay violó los derechos de Arrom y Martí y recomendó resarcirlos económicamente.

No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Esa postura fue criticada hoy por la Codehupy, que solicitó al Estado paraguayo que cumpliera su compromiso con el Pacto de San José, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, denunció que diversos miembros de los poderes del Estado se han referido tanto a la CIDH como a la CorteIDH como protectores de “criminales, parcialistas e ideologizados”.

Por su parte, Peralta defendió que el Estado paraguayo garantiza la protección de los derechos humanos y que con su posición en este caso solo pretende defender al país de una pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron.

Peralta cargó, en concreto, contra el firmante del comunicado de la Codehupy, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la organización, al que acusa de estar en contra de la defensa de Paraguay.

La persona que firma el comunicado por Codehupy fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla paraguaya), abogado de Carmen Villalba (miembro del EPP), condenada por secuestro, y amigo personal de Juan Arrom, según sus propias manifestaciones. Entonces es lógico que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí, puntualizó Peralta.

Paraguay ha solicitado a Brasil la extradición de Arrom, Martí y Colman, procesados en Paraguay por el secuestro de una mujer en 2001, si ese país les revoca el estatuto de refugiados políticos que les concedió.

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