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Ejecutivo emite decreto que obliga a informar compras en efectivo

El Decreto Nº 7851, firmado por el presidente de la República, Horacio Cartes, dispone que  las compras de bienes y servicios realizadas por contribuyentes del Iracis, Iragro, IRPC e IRP desde G. 50 millones, deberán ser comunicadas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sea el tipo de compra que se presente, pueden ser realizadas individualmente o en varias operaciones durante el mes y que totalicen esa suma, siempre que sean abonadas en efectivo, total o parcialmente.

Según la viceministra de Tributación, Marta González, la idea es erradicar las eventuales prácticas de lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y otros delitos que fueron detectados sistemáticamente en los casos de megaevasión.

En cada uno de los casos de megaevasión hay numerosos contribuyentes que apelan a disfrazar compras de mercaderías con facturas falsas, contabilizando la transacción en efectivo. Operaciones de hasta G. 10.000 millones no pueden ser concebibles que sean manejadas sin que intermedie el sistema financiero, manifestó la viceministra González.

También manifestó que fue desde su dependencia que se presentó el decreto y posterior a ser presentado al Ejecutivo, este debía contamplar la reglamentación respectiva con un énfasis fácil de ser comprendido, además de generar un sistema informático especial, que permita a los contribuyentes reportar los informes sin necesidad de salir de su domicilio, ya que todo se hará en línea.

Según lo decretado, la comunicación deberá ser realizada por el comprador y por el vendedor, aún en los casos en que la transacción sea cancelada mediante pagos parciales menores a los G. 50 millones establecidos como mínimo.

Pese a esto, se contempla una excepción respecto de la obligación de informar, y se relaciona con las compraventas abonadas a través de medios fehacientes de pago que identifiquen debidamente a las partes; además de las operaciones realizadas por las entidades bancarias, financieras, cooperativas y casas de cambio, entre sí.

Si se presenta incumplimiento en esta obligación, será constitución de una infracción tributaria de carácter formal, según el decreto, y será pasible de la sanción por contravención (violación de leyes o reglamentos), la que será aplicada respecto a cada información omitida.

También con esto se podrá dar participación a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en los casos que se detecten operaciones no informadas y que se presenten evidencias.

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