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¿Qué es la “nueva doctrina” de seguridad de Mauricio Macri en Argentina?

“Nosotros, como política pública, vamos a defender a una policía en acción que no se deje matar”.
Con esta palabras la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció una “nueva doctrina” del ejercicio de la autoridad en un país que no termina de superar los traumas de la represión estatal.

El periodista que la entrevistaba, Ernesto Tenembaum, se mostraba sorprendido por las declaraciones, que han disparado las alertas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales por la promoción de un paradigma del “gatillo fácil”.

Pero Bullrich, una prominente política que pasó de ser guerrillera durante el régimen militar (en los 70) a ser cara visible del gobierno derechista de Mauricio Macri, insistía.

“En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su policía; no al revés”, aseveró la semana pasada, “estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito”.

Bullrich anunció, como parte de una serie reformas a la Justicia, una modificación al Código Penal.
Se busca darles más garantías a los policías, según ella perjudicados por la legislación actual, porque “solo” se les permite disparar en legítima defensa. “Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”, afirmó.

Argentina digiere la inseguridad

La llamada “mano dura” se instala en una ya álgida discusión en Argentina sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el manejo de la delincuencia.
Días antes de las declaraciones de Bullrich, el presidente Macri se reunió públicamente con Luis Oscar Chocobar, un policía que había matado a un ladrón luego de que éste intentó robar a un turista.

El incidente fue grabado por una cámara de seguridad y en el vídeo se ve que Chocobar parece haberle disparado por la espalda al presunto delincuente, que contaba con una navaja.
Pero el gobierno, consciente del vídeo, igual decidió felicitar al policía porque estaba “cumpliendo su deber”.

Un caso similar en noviembre había estimulado este espinoso debate: en una protesta de indígenas mapuche en el sur del país, un policía mató a Rafael Nahuel, un activista de 22 años.

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