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Diputados aprobaron juicio político del contralor general y además, lo dejan sin fuero

Luego de un debate de casi 3 horas, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el juicio político del contralor general de la República, Enrique García y luego, casi inmediatamente, también decidió despojarle de sus fueros, tal como lo solicitó la justicia.

El juicio político fue aprobado por 51 votos a favor, mientras que 22 diputados se opusieron. El proyecto pasa ahora a manos de la Cámara de Senadores para su juzgamiento.

El debate fue encarnizado por la rapidez que querían imprimir al “impeachment” de García, pues muchos diputados criticaron que la premura les impidió interiorizarse adecuadamente del contenido del libelo acusatorio, pero la “aplanadora” no escuchó de razones y se hicieron con su objetivo.

Fueron designados como fiscales acusadores en el proceso de juicio político al contralor, los diputados colorados Pedro Britos, Julio Javier Ríos y Eber Ovelar, estos dos últimos disidentes.

Clemente Barrios – uno de los propulsores del juicio político – aseguró que es una gran mentira que sus colegas no hayan tenido a tiempo el libelo acusatorio.

Varios parlamentarios argumentaron que todo estaba planeado y tramado desde el momento del nombramiento, con la intención de copar las instituciones,  entre ellas, la Contraloría General de la República, a fin de blindar el día después de las elecciones, para evitar que puedan llevar adelante acciones penales por corrupción u otro tipo de represalia, dijeron.

Argumentos

Los argumentos para acusarlo por mal desempeño en sus funciones tiene que ver con la imputación que pesa sobre el, por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur, con lo cual habría causado un millonario perjuicio a la Municipalidad de Asunción.

Se suma a esto, un viaje de cuatro días que realizó con la directora general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Lizza Benavente a Madrid-España. En la ocasión se asignaron G. 17 y 21 millones, respectivamente, en concepto de viático, muy por encima de lo requerido, considerando que el cónclave duró menos días de lo que señalaron los viajeros.

Por otro lado, el Sindicato de Funcionarios de la Contraloría presentó hace dos días una denuncia penal en contra de Enrique García, por la supuesta contratación irregular de la Consultora CAE, propiedad de su actual jefa de Gabinete, por la suma de G. 108 millones. Según el escrito, la firma aludida debió presentar un Manual de Funciones del Gabinete del contralor; sin embargo, nunca se presentó el documento.

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