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Paraguay formaliza pedido de revocación de refugiados a Arrom y Martí

El vicecanciller nacional, Hugo Saguier, pidió formalmente al Gobierno brasileño la revocación del estatus de refugiados de tres procesados por el secuestro de María Edith Bordón en 2001, Juan Francisco Arrom, Anuncio Martí y Víctor Antonio Colmán, informaron fuentes diplomáticas.

Saguier presentó su solicitud este jueves al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, en Brasilia.

El asunto se refiere a los referentes del ya desaparecido movimiento político Patria Libre y a quienes el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) les otorgó tal condición en 2003.

Los tres están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro el 16 de noviembre de 2001 de María Edith Bordón, esposa del desaparecido empresario Antonio Debernardi y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos (CorteIDH) Humanos debido a que dos de ellos denunciaron haber sido torturados. Bordón fue liberada tras poco más de dos meses de cautiverio y el pago de un rescate.

El Gobierno paraguayo considera que a ninguno de los sospechosos se les tuvo que conceder el estatus de refugiados porque están acusados por delitos comunes; está comprobado el vínculo que tenían con las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y porque en Paraguay rige el Estado de Derecho.

Indicó además que decidió esperar al inicio del mandato del presidente Jair Bolsonaro, quien fue investido presidente de Brasil el pasado día 1, para formalizar la solicitud de cancelación, revocación o cesación del refugio de los tres implicados.

Antes de su juicio en Paraguay, dos de ellos, Arrom y Martí, desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó en la época la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la Policía paraguaya.

Los dos denunciaron entonces que fueron interrogados en una vivienda por policías que los presionaron para declararse culpables del secuestro de Bordón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, alegando que se quebrantó el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme.

Recomendó también resarcirles económicamente y sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil. No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

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