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Poderosos ligados al Gobierno se quedaron con la mina de oro de Paso Yobai

Un grupo de personas influyentes ligadas al gobierno de Horacio Cartes, operó para despojar a un grupo de inversores extranjeros de la mina de oro de Paso Yobai, ubicada en el Departamento de Guairá. Cerca de 20 millones de dólares se perjudicó a los foráneos, según la denuncia divulgada por medio de un audio, en el que aparece involucrado un viceministro. Juan Ernesto Villamayor, futuro ministro del interior, prometió una minuciosa investigación e instó a la Fiscalía a actuar como corresponde.

Sobre el punto, Villamayor expresó que el Ministerio Público debe comenzar una profunda investigación, así como cuáles serían las influencias políticas que hay en este caso, que fueron publicadas hoy en ABC Cardinal. “Insisto en decir que la Fiscalía General del Estado debe averiguar lo que ocurre fuera de los expedientes”, dijo.

Esto a bien de que incluso la “renuncia” del exgobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, sería otra de las consecuencias, a raíz de que el mismo mediara en el conflicto suscitado entre la empresa minera y los buscadores de oro, a pedido de éstos últimos. Friedmann relató que fue advertido por el senador colorado Gustavo ‘Pipo’ Alfonso, de no involucrarse en aquel conflicto pues gente muy “importante” estaría metida en el asunto, que luego podía querer cobrarle la “intromisión”. Friedmann dijo que sólo luego del tremendo conflicto que le supuso su supuesta renuncia tomó conciencia de la magnitud de la “rosca” con la cual se había enfrentado.

“Galopante” cancelación de licencia

De acuerdo a datos revelados, el entorno cercano al presidente Cartes habría operado sistemáticamente para arrebatar al grupo canadiense, la valiosa mina de oro de Paso Yobái que explotaban los inversores. Seis días después de ser cancelada la concesión, se presentó un exfuncionario del Ministerio de Obras para solicitar un nuevo permiso y, velozmente, Cartes le firmó un decreto sin aprobación del Congreso, y días después – el 7 de junio último – dicho decreto fue refrendado por el senado, a pedido de los parlamentarios Víctor Bogado y Gustavo “Pipo” Alfonso. Sólo faltaría el acuerdo de la Cámara de Diputados para consumar el despojo.

La mina fue concesionada en el 2011 a inversores extranjeros detrás de MINAS PARAGUAY, entre quienes se visualiza a Steven Klaver, Thomas Dalrimple y Dwight Romanica. Esta empresa compró de Talavera y Ortellado el inmueble de 254 hectáreas. En el 2014 comenzaron los problemas en la Mina por conflictos con buscadores de oro locales: intermedia el entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó. La maraña burocrática-judicial que se instaló a posteriori fue denunciada por Última Hora en su momento.

El año pasado, el MOPC firmó la “caducidad” de la concesión, por no haber pagado un ridículo cánon de apenas 600 USD, y rápidamente, en un par de días ya apareció un nuevo interesado –un abogado exfuncionario del MOPC–, a quien entregaron la mina pese a no observarse ni capacidad técnica ni financiera, como exige la Ley de Minas, consumándose de esta forma, el deleznable despojo a la firma extranjera.

Una maraña de influencias

Eduardo Heisecke Mazó y López Moreira son accionistas de al menos una decena de empresas cada uno, en las que en cinco de ellas son socios entre sí, entre las que se encuentra una tabacalera propiedad del grupo Cartes. Otro detalle llamativo, es que en la mayoría de las empresas de estos ejecutivos, la escribana Nélida Chávez –esposa de Óscar González Daher– es la que realizó las escrituras de constitución de las sociedades que tienen en común los amigos y socios comerciales.

Y otro dato llamativo más: La esposa del empresario Heisecke, escribana Ingrid Carolina Schauman, también suscribe en su calidad de notaria, sendas escrituras de transferencias de inmuebles que se presumen pertenecen a Óscar González Daher, exsenador expulsado y senador electo de este período parlamentario.

Estos detalles revelarían los estrechos vínculos existentes entre los nombrados, el presidente Cartes y Óscar González Daher, que en su momento ya trascendieron en audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en los que negociaban sentencias, imputaciones y otras decisiones judiciales, entre ellas, una conversación que hablaba del juicio de la empresa concesionaria, por nombrar una de las puntas del complicado ovillo que se enredó en torno a la empresa, para consumar la cancelación de la licencia.

Villamayor se comprometió

“Tomo el compromiso público de que esto se va a investigar y vamos a llevar adelante el 100% de las acciones a partir del 15 de agosto”, prometió como representante de la transición, Juan Ernesto Villamayor. Aseguró que habla en nombre de Mario Abdo Benítez y que tomarán las debidas cartas en el asunto.

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