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Pese a las protestas y dudas, IPS adjudicó servicio de limpieza por USD 28 millones

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social adjudicó esta siesta al Consorcio Limpieza,  el servicio de limpieza e higienización para sus distintas dependencias, en el marco de una licitación amañada, que evidentemente estaba dirigida a beneficiar a este. La inversión alcanza la gruesa suma de 28 millones de dólares.

El Consorcio Limpieza está conformado por Potí S.A, empresa unipersonal de Alberto Palumbo, y la firma Cevima S.A, cuyo representante legal es Claudio Escobar Brizuela.

Hubo protestas de otros oferentes, pero tanto la previsional como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hicieron caso omiso. Es probable que se judicialice el proceso, según un informante.

Hay una muy fuerte sospecha de que el pliego de bases y condiciones se preparó para favorecer al conglomerado adjudicado, razón por la cual hubo protesta por parte de la empresa Renova S.A, representada por Liliana Giménez.

Esta empresa considera que el pliego no puede agrupar en un mismo “lote” los servicios de limpieza de áreas críticas (laboratorios, salas de operación, etc.) mezclada con la limpieza de áreas comunes o no críticas (oficinas administrativas, patios, etc.).

Lo absurdo de todo esto es que el pliego obliga a que la empresa adjudicada en el servicio de limpieza de baños de la caja de jubilaciones y sus oficinas administrativas, por ejemplo, debe también cumplir con el requisito establecido para las áreas críticas quirófanos, terapias, urgencias, hemodiálisis, etc.

Esta situación favorece solo a las empresas que hoy día están prestando servicios a la previsional (Potî y Cevima) con denuncias por una serie de irregularidades.

La misma DNCP solicitó un informe al Ministerio de Salud Pública, que respondió que se cuenta con un “protocolo de limpieza y desinfección según áreas críticas o restringidas, áreas no críticas o no restringidas y áreas semicríticas”. Es decir, la licitación bien podría dividirse por lotes.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ignoró olímpicamente el informe de Salud para dar vía libre a esta licitación del IPS de nada menos que US$ 28 millones.

Y el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social se basó en el dictamen de la DNCP, lavándose las manos, para favorecer al Consorcio Limpieza.

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