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Desde el Ministerio Público defienden actuación en caso Arrom y Martí

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público de Paraguay, Alejandra Peralta, alegó que el país “tiene derecho a defenderse” en el caso Arrom-Martí, por el que el Estado paraguayo podría ser declarado culpable de secuestro y torturas de Juan Arrom y Anuncio Martí, y obligado a indemnizarlos.

Peralta contestó así al comunicado difundido hoy la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), en el que pedía al Gobierno que esclareciera los hechos de tortura y desaparición forzada y que dejara de divulgar información falsa sobre una inexistente condena a Paraguay en el caso Arrom-Martí, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no llegará hasta el 7 de febrero.

Arrom y Martí, junto con Víctor Colman, fueron procesados en Paraguay en 2001 por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Antes del juicio, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, para después huir a Brasil, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras una denuncia de ambos.

La CorteIDH se pronunciará al respecto el 7 de febrero y el Estado paraguayo teme un fallo en contra después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera a finales de 2017 que Paraguay violó los derechos de Arrom y Martí y recomendó resarcirlos económicamente.

No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Esa postura fue criticada hoy por la Codehupy, que solicitó al Estado paraguayo que cumpliera su compromiso con el Pacto de San José, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, denunció que diversos miembros de los poderes del Estado se han referido tanto a la CIDH como a la CorteIDH como protectores de “criminales, parcialistas e ideologizados”.

Por su parte, Peralta defendió que el Estado paraguayo garantiza la protección de los derechos humanos y que con su posición en este caso solo pretende defender al país de una pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron.

Peralta cargó, en concreto, contra el firmante del comunicado de la Codehupy, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la organización, al que acusa de estar en contra de la defensa de Paraguay.

La persona que firma el comunicado por Codehupy fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla paraguaya), abogado de Carmen Villalba (miembro del EPP), condenada por secuestro, y amigo personal de Juan Arrom, según sus propias manifestaciones. Entonces es lógico que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí, puntualizó Peralta.

Paraguay ha solicitado a Brasil la extradición de Arrom, Martí y Colman, procesados en Paraguay por el secuestro de una mujer en 2001, si ese país les revoca el estatuto de refugiados políticos que les concedió.

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Paraguay formaliza pedido de revocación de refugiados a Arrom y Martí

El vicecanciller nacional, Hugo Saguier, pidió formalmente al Gobierno brasileño la revocación del estatus de refugiados de tres procesados por el secuestro de María Edith Bordón en 2001, Juan Francisco Arrom, Anuncio Martí y Víctor Antonio Colmán, informaron fuentes diplomáticas.

Saguier presentó su solicitud este jueves al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, en Brasilia.

El asunto se refiere a los referentes del ya desaparecido movimiento político Patria Libre y a quienes el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) les otorgó tal condición en 2003.

Los tres están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro el 16 de noviembre de 2001 de María Edith Bordón, esposa del desaparecido empresario Antonio Debernardi y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos (CorteIDH) Humanos debido a que dos de ellos denunciaron haber sido torturados. Bordón fue liberada tras poco más de dos meses de cautiverio y el pago de un rescate.

El Gobierno paraguayo considera que a ninguno de los sospechosos se les tuvo que conceder el estatus de refugiados porque están acusados por delitos comunes; está comprobado el vínculo que tenían con las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y porque en Paraguay rige el Estado de Derecho.

Indicó además que decidió esperar al inicio del mandato del presidente Jair Bolsonaro, quien fue investido presidente de Brasil el pasado día 1, para formalizar la solicitud de cancelación, revocación o cesación del refugio de los tres implicados.

Antes de su juicio en Paraguay, dos de ellos, Arrom y Martí, desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó en la época la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la Policía paraguaya.

Los dos denunciaron entonces que fueron interrogados en una vivienda por policías que los presionaron para declararse culpables del secuestro de Bordón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, alegando que se quebrantó el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme.

Recomendó también resarcirles económicamente y sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil. No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

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Paraguay solicitará formalmente revocatoria de status de refugiados de Arrom y Martí

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio instrucciones a la Cancillería Nacional para solicitar formalmente al Estado brasileño la revocatoria de la condición de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes se fugaron del país y obtuvieron protección política en el vecino país, tras ser acusados de ser los responsables del secuestro de María Edith de Debernardi.

El anuncio fue hecho por el vicecanciller Hugo Saguier, quien explicó que están dadas las condiciones políticas para presentar la petición y que los señalados, más Víctor Colmán, deben venir al país a enfrentar ante la justicia.

El diplomático viajará mañana jueves al Brasil para reunirse con el canciller Ernesto Araújo e informarle que el Gobierno de Paraguay ha resuelto requerir la cancelación, revocación y cesación de la calidad de refugiados, otorgados por el Comité Nacional para los Refugiados de (Conare) Brasil a los connacionales Arrom, Martí y Colmán.

“Esta decisión del Gobierno Nacional obedece a una obligación elemental del Estado de asegurar las condiciones para impartir justicia ya que estos señores son requeridos por órganos jurisdiccionales de nuestro país. Se basa en razones de hecho y de derecho con suficiente consistencia, pues han ocurrido hechos nuevos y se verificó que los refugiados vulneraron la normativa interna brasileña”, expresó el vicecanciller.

Afirmó que el Estado paraguayo ha demostrado con documentación fundada que los señores se presentaron en la causa, por la cual se solicita su detención con fines de extradición y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica.

Según Saguier se decidió esperar el inicio del nuevo periodo de Gobierno en el vecino país para formalizar la solicitud de cancelación del refugio.

Arrom, Martí y Colmán fueron procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2001. Mientras eran investigados demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta privación de libertad y tortura por agentes policiales.

Recibieron la medida cautelar dispuesta por la CIDH para que no sean recluidos. Al no estar privados de su libertad aprovecharon la situación y se refugiaron en Brasil.

Además, solicitan como resarcimiento la suma de 63 millones de dólares, que el Estado deberá pagar en caso de fallo a favor de los demandantes. El próximo 7 de febrero, Paraguay presentará los alegatos finales para demostrar que ambos son prófugos de la justicia.

Cortina de humo

Por su parte, Ruben Lisboa, abogado de los presuntos secuestradores Arrom y Martí, aseguró que la condena de la CIDH no será ni por el 5% de lo que están pronosticando las autoridades, que es de 63 millones de dólares. Por otro lado, aseguró también que la plata no saldrá del Estado paraguayo, si no de los “responsables” de las supuestas violaciones de derechos que sufrieron los prófugos de la justicia paraguaya.

Agregó que este tema que instala el Gobierno paraguayo es una cortina de humo para desviar la atención de otros acuciantes problemas sociales.

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Ex embajador paraguayo en Costa Rica recomienda salir de la CIDH

Oscar Llanes Torres, ex embajador compatriota ante el Gobierno de Costa Rica, afirmó hoy que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un “club ideológico” que demuestra una parcialidad manifiesta contra ciertos Estados, por lo que recomendó que Paraguay se retire de esta instancia una vez conocida la resolución del caso Arrom-Martí.

El ex diplomático vaticinó que el Paraguay “ya tiene por anticipación una derrota” en el caso Arrom-Martí, donde deberá pagar una sanción económica de 63 millones de dólares, ya que la CIDH “es un club ideológico donde el 99% de los casos llevados a cabo fueron con resultados negativos a los Estados”.

Por esta razón recomendó al Paraguay “retirarse con dignidad” de esta instancia internacional una vez que se tenga el resultado, en febrero próximo, del caso en que los ciudadanos en situación de rebeldía judicial, Juan Arrom y Anuncio Martí, denunciaron al Paraguay por supuestas violaciones a sus derechos humanos, reclamando un resarcimiento económico superior a los 63 millones de dólares.

“Tendría que permanecer todavía un año cumpliendo con todos los compromisos hasta que llegue la fecha de consolidar la retirada”, indicó Llanes.

El ex representante diplomático del Paraguay afirmó que en el caso Arrom Martí hay una mala interpretación de todos los pormenores que lleva a la Corte Interamericana a demostrara una “parcialidad manifiesta”.

Llanes expresó que los Derechos Humanos son un tema jurídico que deberían ser naturalmente respetados, pero que no hay necesidad de tener una corte tan mal compuesta, donde una corriente es la dominante.

Mencionó que todas las resoluciones de la Corte son inapelables, ya que no existe un recurso capaz de cambiar el resultado de la resolución elaborada, por lo que insistió en que el Paraguay debe retirarse de la misma.

“La Corte tampoco acepta ningún intento de cambio de comportamiento del Estado. No reconoce intentos, no quiere soluciones”, denunció.

Finalmente reconoció que “es necesario tener una corte que dirima las causas sometidas a su jurisdicción”, pero que su actual composición y sus resoluciones son “realmente lamentables”.

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Paraguay presentará alegatos ante la CIDH y negará torturas a Arrom y Martí

El Estado paraguayo buscará controvertir los hechos  de supuesta tortura y desaparición forzada, para deslindar su responsabilidad en el caso Arrom y Martí, quienes solicitan un resarcimiento económico de 63 millones de dólares. La audiencia está prevista para el 7 de febrero próximo en Costa Rica.

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, afirmó que lo que quiere hacer el Estado paraguayo “es controvertir los hechos en sí”, es decir, el supuesto secuestro y tortura de los mencionados por parte de agentes policiales paraguayos.

Aclaró que Paraguay niega la existencia de los hechos de tortura y también la participación de agentes del Estado. “Se está jugando nada más y nada menos que la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por hechos de tortura y desaparición forzada en tiempos de democracia y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obre como tiene que ser”, dijo la directora.

Señaló que en el proceso se ha observado un sesgo por parte de la comisión interamericana, que da por ciertos los hechos alegados por Juan Arrom y Anuncio Martí y que en cada párrafo de las 44 páginas de su informe señalaron argumentos de conveniencia para los denunciantes y que perjudican al Estado paraguayo.

“Ante ese escenario vamos a ir a enfrentarnos, vamos a contar solamente con la oralidad de uno de los cinco testigos propuestos y en contrapartida tenemos a los acusantes, que son la CIDH y las presuntas víctimas, Arrom y su hermana, que van a ir a hablar en términos sentimentales”, refirió Peralta.

Señaló que la defensa del Estado paraguayo insistirá en que en el dictamen de sobreseimiento del caso se desvinculó a los agentes del Estado que fueron denunciados, y que quedó descartado el supuesto hecho de tortura.

“En el expediente también consta que el señor Arrom realizó una denuncia en la comisaría de Itá por extravío de su licencia de conducir en fecha 18 de enero de 2002, cuando supuestamente ellos estaban privados de libertad desde el 17”, añadió Peralta.

La directora también mencionó que los médicos del Ministerio Público no habían podido realizar la inspección física a Arrom y Martí, luego de las supuestas torturas, por lo que solamente se tiene el informe de una junta médica realizada en un sanatorio privado.

En el caso Arrom y Martí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al estado paraguayo “dar satisfacción integral en términos materiales e inmateriales” y el resarcimiento económico solicitado por las supuestas víctimas es de 63 millones de dólares, que incluye 20 millones de dólares para cada uno de ellos y 1 millón para cada familiar, además de otros gastos como daño emergente y los honorarios de sus abogados.

Arrom y Martí siguen hasta ahora procesados por el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi, caso se elevó a juicio oral y público pero no se realizó porque los imputados están, para la justicia paraguaya, en estado de rebeldía.

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Estado paraguayo dará pelea a la CIDH para evitar pago a Arrom y Martí

El procurador general, Sergio Coscia, señaló que el Gobierno peleará “hasta las últimas consecuencias” en el caso del fallo en contra del Estado paraguayo por la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí, que obliga a pagar la suma de US$ 63 millones.

Señaló que la recomendación en contra fue comunicada en setiembre de 2017 y contestada el 14 de agosto de 2018, por el anterior procurador, Francisco Barriocanal. A la nueva administración le queda la etapa de los alegatos finales en una audiencia que se realizará el 7 de febrero de 2019.

Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta tortura, ocurrida en el año 2001, mientras eran investigados por el secuestro de María Edith Bordón.

El procurador señaló que el Estado paraguayo realizó una investigación de 3 años de duración, que culminó con el sobreseimiento de los policías denunciados en tres instancias judiciales.

“Hoy en día, en la Justicia paraguaya no existe ningún casual para que sean resarcidos”, afirmó en entrevista con la 730 AM. Sin embargo, agregó que Arrom y Marti se fugaron del país mientras estaban siendo procesados y obtuvieron refugio en Brasil por la situación política de aquel entonces.

Añadió que existe otro inconveniente, ya que la Corte Interamericana no permite que el Paraguay presente en la audiencia del 7 de febrero a los fiscales que llevaron a cabo la investigación por la presunta tortura.

Coscia declaró que el Gobierno “no va a pagar un centavo de esto porque es una sentencia injusta”. Mismo sentimiento compartido por el canciller Luis Castiglioni, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que “el Paraguay no se quedará de brazos cruzados frente a criminales secuestradores y prófugos de la Justicia”.

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CIDH obliga a Paraguay a resarcir con USD 63 millones a Arrom y Martí

Paraguay defenderá sus intereses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apelará la decisión, tras la demanda que entablaron ante esa instancia Juan Arrom y Anuncio Martí, que obliga al Estado a resarcirlos por 63.000.000 de dólares.

Anunció que defenderán los intereses de todo el pueblo paraguayo el próximo 7 de febrero, fecha en que se debe desarrollar una audiencia ante el citado Tribunal.

Este viernes se reunió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el equipo interinstitucional involucrado en la defensa del Estado, encabezado por la Cancillería Nacional en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, por supuesta tortura a la que fueron sometidos.

Coscia comentó que Arrom y Martí entablaron una demanda ante el sistema interamericano en el 2002 y tras 10 años surgió un informe en el cual le recomiendan al Estado paraguayo resarcir a ambos por valor de 63.000.000 de dólares, que fue rechazado por el Estado el año pasado.

“Esas dos personas estaban siendo procesadas y aprovechándose del debido proceso y de los derechos humanos que le estaba brindando el Estado al someterlos al debido proceso se fugaron del país y obtuvieron un refugio por la situación política de aquel entonces”, añadió.

Calificó de “angustiante” la situación, teniendo en cuenta que se trata de una suma millonaria que el Estado se vería obligado a pagar por el caso Juan Arrom y Anuncio Martí.

En ese sentido reiteró que es inamisible que la Corte condene al Estado a pagar a dos personas que están investigadas por hechos punibles tan graves como el de secuestro.

Manifestó que ambas personas están procesadas y en todo momento el Estado les otorgó todas las garantías. “No nos pueden venir a demandar ellos ahora como si fuera que ellos son las victimas de toda esta industria que ellos mismos iniciaron”, agregó.

En otro momento, informó que el próximo 7 de febrero se hará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde anunció que “defenderán con todas las fuerzas que tenemos y en todo lo que sea posible el dinero de la gente”.

Asimismo en la oportunidad, Paraguay pedirá ante la Comisión que se le reconozcan los 27 testigos presentados, que le fueron rechazados hace unos días. “Tenemos un solo testigo que es el doctor Oscar German Latorre y los 27 restantes no han quitado, ahora estamos presentando un recurso pidiendo la reposición de los testigos, pues sin ellos no se puede litigar en la Corte”, explicó.

Al respecto manifestó que sin testigos no hay forma de demostrar que fue lo que ocurrió, señalando que se trata de personas claves, ya que que participaron de la investigación de los hechos que están denunciando.

“Ante qué Estado de derecho nos encontramos sí una Corte Interamericana nos dice que nuestro proceso no sirve”, se preguntó, refiriendo que es una situación que como Estado no se puede permitir.

“Hoy nos encontramos frente a una celeridad inusual dentro del proceso, la persona que hizo el informe por la cual se le “recomienda” al Estado pagarle a estas personas hoy en día está trabajando con ellos (Corte), por lo que la celeridad que tiene el caso es inusual porque todos los plazos llevan más de 10 años dentro de la Corte Interamericana y la Comisión, sin embargo esto ocurrió en menos de un año, no sé qué fuerza se está moviendo atrás pero nos tiene que llamar la atención a todo el pueblo paraguayo, tenemos que estar juntos frente a este tipo de situaciones para que no nos vengan avasallar en nuestros derechos”, expresó finalmente.

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Senadores apoyan pedido de extradición de Arrom y Martí

En la última sesión de la Cámara Alta, se aprobó hoy una resolución de apoyo al Gobierno en su petición a Brasil de que revoque el estatus de refugiados a Juan Arrom y Anuncio Martí, ex dirigentes del Partido Patria Libre (PPL) y procesados por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón de Debernardi.

El objetivo del Senado, según informó la propia institución, es apoyar, respaldar y alentar al Ejecutivo en su petición que anunció el lunes que reiterará por cuarta vez ante las autoridades del país vecino.

El Gobierno pretende que el cambio de estatus facilite su extradición para ser juzgados en Paraguay en el marco de un proceso justo, transparente y apegado a la ley.

El texto del Senado critica, además, la actitud incomprensible de los diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil, que les otorgó en 2003 el estatus de refugiados políticos, lo que supone declararlos como perseguidos por la justicia paraguaya, por el solo hecho de pensar distinto.

Martí y Arrom fueron imputados por la justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario paraguayo y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada en enero de 2002 tras el pago de un millón de dólares.

Poco antes del juicio, los dos procesados desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que causó la renuncia de dos ministros, tres jefes de Policía y la amonestación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Gobierno paraguayo, entonces presidido por Luis González Macchi, que adoptara medidas cautelares para garantizar su protección.

Brasil decidió reconocer a los tres dirigentes la condición de refugiados políticos y la protección para que residan libremente en su territorio.

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Gobierno paraguayo va por Juan Arrom y Anuncio Martí

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que Paraguay solicitará la revocatoria de la condición de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados de ser los responsables principales del secuestro de Maria Edith de Debernardi, ocurrido el 16 de noviembre de 2001 y liberada el 19 de enero de 2002. En aquella ocasión se pagó por el rescate la suma de un millón de dólares.

La idea es que sean extraditados a nuestro país y vengan a rendir cuentas por los hechos que cometieron, señaló el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, quien ratificó lo que había publicado esta mañana en su cuenta el Twitter el jefe de Estado. Ambos se fugaron del país en vísperas del juicio oral y público, en agosto del 2003.

El Ministro de Relaciones Exteriores considera que ambos fueron elementos centrales en la formación de lo que hoy se conoce como el Ejército del Pueblo Paraguayo, que es una célula del Partido Patria Libre que lideraban Arrom y Martí.

Ambos habían conseguido refugio bajo el Gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva y posteriormente siguieron bajo el amparo de Dilma Rousseff. Hoy el panorama cambia, pues ayer fuer electo el ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Solicitaremos oficialmente al gobierno brasileño la revocatoria de la condición de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, y su consecuente extradición, para que rindan cuenta de sus actos a la justicia paraguaya”, es el mensaje que difundió el presidente Abdo Benítez.

Anuncio Martí (izquierda) y Juan Arrom

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