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Sandra McLeod hizo su descargo ante los diputados y rechazó acusaciones

La Comisión Especial conformada en la Cámara de Diputados para analizar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este recibió hoy a la intendenta Sandra McLeod, quien negó las acusaciones en su contra que habían elevado los concejales de esa localidad y dijo que es una persecución política.

También indicó que se enteró por medio de la prensa de las acusaciones en su contra, ya que supuestamente los legisladores no le enviaron previamente la carpeta para poder presentar su defensa.

«Nadie me acercó ninguna documentación oficial, y en esas condiciones es difícil defenderse», indicó la autoridad de la comuna del Este, acusada de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, por la no remisión del balance anual a la Junta Municipal, entre otros supuestos hechos punibles.

La jefa comunal esteña negó haber cometido malversación de fondos y aseveró que su intendencia es la única en el país que verdaderamente hizo inversiones en salud y educación, gracias a la autonomía política, administrativa y normativa que tiene.

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Comisión que estudia intervención de comuna del Este pide explicación a Contraloría

La Comisión Especial, conformada en la Cámara de Diputados para estudiar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, remitió una nota a la Contraloría General de la República solicitando una explicación sobre la situación de la comuna que preside Sandra McLeod de Zacarías Irún. Esto considerando que el contralor indicó públicamente que la entidad a su cargo no puede realizar su trabajo en el lugar debido a una medida obtenida por la Intendencia de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Antonio Buzarquis, presidente de la comisión, indicó que precisan un documento oficial que explique el caso puntual de la comuna esteña.

Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo precisó que solo quieren contar con un documento formal, para sentar una posición política al respecto.

“Nosotros queremos una constancia formal donde diga que no puede intervenir en este caso; podemos dejar en claro que ciertas posturas, donde hablaban de dictámenes previos, son inviables para el caso de CDE; lo de Contraloría, se deja en claro, que no se busca dictamen, sino un informe”, afirmó.

Audiencias públicas

El diputado Buzarquis también informó que se realizarán dos audiencias abiertas al público, que podrá participar pero no intervenir en ningún caso.

“Primeramente, escucharemos a los concejales, a la parte denunciante, en el salón VIP (5to. piso); esta audiencia será de carácter público; los concejales podrán designar tres voceros para sostener las denuncias”, significó.

Para este jueves 08, a partir de las 09 horas, en el Salón Vip de la Cámara Baja, se tiene prevista la reunión con los concejales municipales de Ciudad del Este, de manera a escuchar la fundamentación de las denuncias.

Mientras que para el próximo jueves, se espera la presencia de la intendenta Sandra McLeod, que deberá ejercer su derecho a la defensa ante esta comisión especial.

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Diputados convocan para el jueves próximo a concejales de Ciudad del Este

Se reunió esta mañana la Comisión Especial, conformada en la Cámara de Diputados, para analizar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que preside Sandra McLeod. Designaron a Antonio Buzarquis como presidente del grupo. 

Posterior a la designación del citado, se resolvió convocar para este jueves 8 de noviembre a los concejales de la capital del Alto Paraná, tanto a los denunciantes de los malos manejos administrativos, así como a los otros que defienden la gestión de la intendenta, quien por supuesto, también tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones, de acuerdo a lo indicado por los miembros de la comisión, durante una conferencia de prensa.

Los mismos garantizan transparencia y ecuanimidad en el trabajo de investigación, según afirmaron. El equipo de trabajo legislativo tiene tiempo hasta la próxima semana para presentar los dictámenes correspondientes y finalmente, el plenario será la última instancia en tomar la decisión de intervenir o no.

La mayoría absoluta de los concejales de Ciudad del Este resolvió pedir la intervención, basado en supuestas irregularidades cometidas por Sandra de Zacarías Irún, a quien acusan de malversación, malos manejos administrativos, abuso de poder, apropiación indebida, falta de transferencia de los aportes de los funcionarios a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, entre otros.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, canalizó el pedido de los ediles y remitió a la Cámara Baja para su análisis correspondiente.

De resolver esta instancia la intervención, se nombrará un interventor que informará en el plazo de 90 días el estado en que encontró la administración comunal. Y luego de eso se resolverá si se destituye o no a la intendenta.

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Diputados dilatan tratamiento de la pérdida de investidura

Con la evidente intención de dilatar el tratamiento del pedido de pérdida de investidura que recae sobre algunos legisladores, los diputados presentarán dos proyectos de ley con la intención de reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional. La discusión se centra en que si se debe dar intervención o no al Tribunal de Justicia Electoral.

La comisión especial que preside el diputado Pastor Vera Bejarano, anunció la presentación de dos proyectos de ley para reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre «Pérdida de Investidura». Será en la Sesión Ordinaria prevista para este miércoles, desde las 14:00.

Según el titular del referido órgano, la diferencia principal entre ambos documentos se basa en la cuestión de qué institución será la encargada de juzgar al legislador sobre quien recae la solicitud de pérdida de investidura.

«El artículo 273 de la Constitución Nacional refiere que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), es el órgano juzgador de los títulos o de la investidura en este caso, y en ese sentido, hay dos propuestas; por un lado que sea la Cámara Baja y por el otro, que sea la Justicia Electoral», refirió.

Por su parte, el diputado Derlis Maidana sostuvo que el problema es que el artículo 201 no dice que sea la Cámara de Diputados, ni el TSJE el que juzgue la pérdida de investidura, por lo que existe coincidencia en todos los aspectos menos en esta cuestión referente al ente juzgador.

«Si se decide que sea Diputados el órgano juzgador, todos coinciden en que debe ser por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes); otro punto de diferencia entre ambos proyectos es que uno sostiene que debe ser por sentencia judicial y otro que debe ser a través de un procedimiento jurídico-político breve, porque se debe tener en cuenta no solo el aspecto legalista, sino también lo político», apuntó.

Refirió, además, que con respecto al procedimiento, el proyecto que establece a Diputados como órgano juzgador, indica que la cantidad de firmantes requerida para la presentación esel 10% de la Cámara de Diputados, o sea, ocho (8) legisladores. Mientras en el Senado se precisarán 4 firmas de parlamentarios.

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