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Consorcio Vial del Este ganó licitación para la solución vial en el kilómetro 7

Sólo falta que el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional homologue la aprobación de la oferta por parte del directorio, para que el Consorcio Vial del Este, integrado por las empresas Tecnoedil SA y Constructora Acaray, arranque los trabajos de solución vial del Kilómetro 7 de Ciudad del Este.

Según se informó, el directorio ejecutivo de la Entidad, en su reunión del viernes pasado, aprobó la oferta. Previamente, el juzgamiento de las actas estuvo a cargo de la Comisión de Negociación Permanente de Itaipú, en la segunda fase del proceso licitatorio. En esta etapa fue analizada la propuesta técnica del consorcio que previamente había sido clasificado de entre cuatro oferentes.

Se trata de una obra muy importante para la Entidad y para la comunidad de Ciudad del Este. Con este proyecto vamos a dar una solución definitiva al problema que se genera en el kilómetro 7”, mencionó el superintendente de Obras y Desarrollo de la Binacional, Eliseo Aquino.

Según recordó, la única propuesta clasificada, tras la apertura de los sobres de oferta económica realizada el 25 de octubre último, fue la del Consorcio Vial del Este, con un costo aproximado de 70.000 millones de guaraníes.

La firma adjudicada tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción de la solución vial y urbanística definitiva a la problemática del tránsito en el kilómetro 7, donde concurre la mayor cantidad de vehículos de la zona.

Según el cronograma establecido, a fin de año ya iniciarían los trabajos en campo. La conclusión de la obra demandaría unos 17 meses.

Técnicos de la Itaipú recalcaron que se trata del paso a desnivel de mayor envergadura del país, con una superficie aproximada, en su área de influencia directa, de 150.000 metros cuadrados de obra, abarcando toda la franja de dominio de la Ruta 7, desde las proximidades del kilómetro 8 hasta el kilómetro 6,5 de la capital de Alto Paraná.

Además de la construcción de los pasos a desnivel, consistentes en puentes y excavaciones para trincheras y pavimentos, la obra contempla un plan de desvío de tránsito, de modo a mitigar las interferencias y las molestias a la comunidad, en la intersección de la Ruta 7 con la Avenida Perú y la Avenida Julio César Riquelme, informó prensa de la Itaipú.

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Asumieron hoy nuevos consejeros del IPS

Asumieron esta mañana los nuevos miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Se trata del médico Julio César Velázquez, en representación del Ministerio de trabajo y del economista Edsel González como representante del Ministerio de Salud Pública.

De esta manera sólo resta el cambio o ratificación de los representantes de los empresarios y de los trabajadores, que siguen ahí desde asumió el Gobierno de Horacio Cartes.

Velázquez fue muy cuestionado por haber sido uno de los principales actores del intento de quiebre institucional de marzo del año pasado, cuando el mandatario de entonces y Fernando Lugo pretendían el cambio constitucional, vía enmienda para posibilitar la reelección presidencial.

Sin embargo, el presidente Mario Abdo Benítez defendió la designación del ex senador, diciendo que el lo acompañó en su candidatura pese a ofrecimientos millonarios del sector cartista.

Avance de obra en Policlínica

Por otro lado, se informó del avance de la obra de readecuación del Pabellón 3 de la Policlínica del Hospital Central para internación de camas de la Unidad de Emergencias Médicas Adultos. Actualmente se encuentra en un 62%, y en la misma trabajan aproximadamente 60 personas todos los días.

La obra contará con 13 baños y 34 aires acondicionados y tendrá capacidad para 66 camas, “Ahora entramos en la etapa de terminaciones, las cañerías de agua y cloacales están totalmente terminadas y son nuevas, se remplazaron por completo las anteriores, luego procederemos a la colocación de pisos”, señaló el Arq. Augusto Alcaraz, jefe del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central.

La Unidad de Emergencias Médicas Adultos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social dispone de una reorganización en su infraestructura con salas mejor estructuradas y distribución de los pacientes que ingresan al servicio.

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IPS ignoró a la Contraloría y a Salud Pública en adjudicación sobre limpieza

A los apurones e ignorando a la Contraloría General de la República, que aún tiene pendiente emitir su dictamen, y al Ministerio de Salud Pública, que alertó sobre la existencia de un protocolo a seguir, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social adjudicó la Licitación Pública Nacional para la “Contratación de Servicios de Limpieza e Higienización para las distintas dependencias del IPS”, a empresas que fueron sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que además, hoy se encuentran sumariadas por incumplimiento de contratos.

Esto a pesar de que los contratos de este servicio vencen en mayo y junio. ¿Qué hay detrás de todo esto?, es la gran pregunta que se hacen las demás empresas que fueron descalificadas porque se preparó un pliego de bases y condiciones “a medida”.

Nada más y nada menos que 28 millones de dólares es el contrato que beneficia al Consorcio Limpieza (formada por Potî y Potî SA de Alberto Palumbo) y Cevima SA (representada por Claudio Escobar Brizuela). Según se supo, los funcionarios recibieron la orden de apurar los contratos para firmar cuanto antes, tras la adjudicación del pasado 23 de febrero.

Estas dos empresas  casualmente mantienen vigentes anteriores contratos con el IPS por el mismo servicio hasta mayo y junio de este año, Cevima y Potî, respectivamente.

El proceso fue cuestionado por falta de transparencia y porque supuestamente estaba direccionado el pliego para favorecer a las compañías citadas.

La denuncia concreta, presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por una de las oferentes, Renova SA, representada por Liliana Giménez, había sostenido que las ofertas debían haberse presentado por lotes y no de manera global, como se exige en el pliego de bases y condiciones, mezclando el servicio de limpieza de sectores críticos como salas de cirugía, terapia intensiva, laboratorios y otros con las áreas comunes, oficinas, depósitos, patios, etc.

Ambas empresas fueron sumariadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 6 de febrero de este año, justamente por presuntos incumplimientos de contratos con la previsional. Dicho sumario no ha sido finiquitado hasta la fecha y de encontrarse los elementos correspondientes, tanto Potî como Cevima SA podrían ser inhabilitados para contratar con el Estado paraguayo.

Alberto Palumbo como el Consorcio Potî de su propiedad, ya fueron inhabilitados en junio del 2016 (Resolución DNCP N° 1902/16) por irregularidades en otro contrato con el IPS.

A pesar de todo esto, el Consejo de Administración, en ausencia de dos de sus miembros, resolvió contratar a las empresas citadas. Lo que genera todo tipo de suspicacias por el apuro y por obviar todos estos antecedentes.

Otro hecho que no pasa desapercibido es que estando pendiente un dictamen de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades denunciadas en contra de la licitación 105/17 del IPS, igual se apuraron en adjudicar a estas empresas no cumplen sus contratos con la misma previsional.

A esto hay que sumar el informe del Ministerio de Salud Pública a la Dirección Nacional de Contrataciones, que señala que se cuenta con un “protocolo de limpieza y desinfección según áreas críticas o restringidas, áreas no críticas o no restringidas y áreas semicríticas”. Es decir, la licitación tenía que dividirse por lotes.

 

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Paraguay es miembro del Consejo de Administración de la OIT por primera vez

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por primera vez nuestro país hace parte del Consejo de Administración. Esto se da luego de la implementación de políticas públicas que dieron institucionalidad al sector laboral con la creación del Ministerio del Trabajo y otros puntos que beneficiaron a nuestro país para que hoy día se encuentre junto a otros cinco países administrando la OIT.

En votación, eligieron a Cuba, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala y Paraguay como parte del Consejo de Administración, de ese momento participó el actual Ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, quien mencionó en uso de la palabra ante la cámara de la OIT que en Paraguay se ha puntualizado nuestras preocupaciones en cuanto a trabajo forzoso, trabajo infantil, el cumplimiento de las leyes laborales, el fortalecimiento de las libertades sindicales, señalando los avances que hizo el país, mencionó.

Reconoció que falta mucho por realizar, pero que se enfrentan los desafíos con el apoy0 de la cooperación técnica de la OIT. Destacan que el Ministerio del Trabajo llevó adelante el diálogo social amplio entre los trabajadores y empleadores; que hoy reconocen mejoras sustanciales como la nueva forma de aplicación del aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Esta estatal labor permite el crecimiento económico que empieza a sentirse en los sectores trabajadores.

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Medida inconstitucional: IPS pedirá examen clínico previo a asegurados

Una decisión claramente inconstitucional y discriminatoria es que la tomó el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, que estableció un nuevo requisito para asegurados. Los que ingresen a la previsional como aportantes tendrán que hacerse previamente un examen médico y si por ahí tienen un cuadro clínico grave, como cáncer u otras patologías crónicas, podrían ser rechazados.

A partir del 1 de junio, entrará a regir la nueva normativa y responsabiliza a las empresas de tal situación. Se trata del “examen médico de admisión”, que consiste en que las empleadoras deberán pedir un examen médico a los postulantes previamente a la contratación, para ver si existe o no una enfermedad con patología severa.

Las autoridades de la previsional se basan en supuestos hechos de fraude que se detectaron y que por ello, tuvieron que recurrir a este extremo. Supuestamente algunas empresas aseguran de favor a algunos amigos o familiares que están con enfermedad grave.

Desde todo punto de vista la medida es inconstitucional, porque lesiona el derecho de libertad de las empresas, porque discrimina a las personas, y además, el IPS cuenta con un sistema solidario o de reparto, lo que implica que los sanos pagan por los enfermos. Y a ello, hay que sumar que es una entidad pública y como tal, el Estado no puede permitir una operación tipo privada, del libre albedrío.

Las autoridades del nosocomio sostienen que aproximadamente del 5% de los pacientes tienen una patología grave y entraron de manera ilegal, lo que conlleva importantes gastos para la institución.

Supuestamente, si uno tiene una enfermedad crónica pero está capacitado para realizar el trabajo para el cual será contratado, no habrá problema. Pero si el IPS considera que es un caso sospechoso, lo derivará a una junta médica para que estudie la situación.

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