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Nicanor coincide en que se debe controlar uso de gastos sociales de las binacionales

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos considera que las críticas al uso discrecional de los fondos sociales de las binacionales son justas y que se debe avanzar en dar una solución clara al problema.

En ese sentido, invitó a la Contraloría General de la República a que ingrese, audite y dictamine sobre la utilización de estos fondos. El funcionario participó hoy de una reunión conjunta de comisiones asesoras de la Cámara de Diputados donde se estudia un proyecto de ley para que el rubro de “gastos sociales” de Yacyretá e Itaipú ingresen al presupuesto de la Nación.

“El control de la inversión social de la EBY debe estar sujeto a criterios técnicos y no partidarios. Pensamos en la creación de una fundación o de un espacio compuesto por referentes respetados por la comunidad científica y de la sociedad civil”, dijo.

Función social

Añadió que buscar eliminar la función social de la EBY es desconocer la historia del concepto de responsabilidad social que tienen todas las empresas desde mitad del siglo XX, en todo el mundo y destacó la necesidad de asegurar esta función social con mejores marcos institucionales de control.

El director de Yacyretá considera que la noción de responsabilidad social surge cuando las empresas ya no persiguen únicamente el objetivo de aumentar la productividad, sino que, además, asumen el compromiso de desempeñar una función social que concilie sus intereses con los de la comunidad en las que se desenvuelven.

“Si la noción de Responsabilidad Social es de vital importancia para cualquier empresa privada, su implementación no sólo se justifica, sino que se vuelve fundamental en el caso de una empresa propiedad del pueblo paraguayo”, agregó.

Institucionalizar las inversiones

Ante los miembros de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara de Diputados donde fue presentado un proyecto de ley para que los fondos sociales pasen a formar parte del Presupuesto General de la Nación , Duarte Frutos indicó que Yacyretá además de ejercer su función como generadora de energía e instrumento estratégico de desarrollo productivo, seguirá aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos y paraguayas, institucionalizando sus inversiones sociales.

“No se trata de oponer fondos sociales a mejor infraestructura para suministro de energía de la ANDE. Recordemos que el acuerdo ANDE – EBY es de USD 100 millones (50 millones ya ejecutados y 30 millones en ejecución en esta administración).

Señala que en un “Estado con presión tributaria del 12% y con un déficit fiscal constante, las binacionales son el mejor resorte con que cuenta el Gobierno para auxiliar y paliar las urgencias en educación, salud y cultura”.

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Petta encontró obras en calamitoso estado y pedirá auditoria al ente contralor

Tras una reunión con representantes de empresas fiscalizadoras con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, se informó que fueron encontradas obras con ejecución irregular en más de 200 centros de enseñanzas y que se solicitará a la Contraloría General de la República auditorias especiales.

El ministro de la cartera, Eduardo Petta, indicó al respecto que unas pocas cuentan con luz verde para finalizar entre los meses de diciembre y febrero.

La reunión este lunes fue con representantes de las empresas fiscalizadoras para analizar el estado de obras en más 600 instituciones educativas, que el MEC adjudicó en mayo del año pasado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

En tanto que las obras en otras 201 instituciones se encuentran en estado crítico, resultado de una “mala planificación para la adjudicación”, afirmó.

Petta señaló que las adjudicaciones fueron realizadas con datos de un relevamiento del año 2011 sobre el estado de la infraestructura en instituciones educativas.

El MEC adjudicó obras de mejoramiento en 676 escuelas y colegios, divididos en 14 lotes, uno para cada empresa contratista, que iniciaron en este año. En total 4 lotes son los que se encuentran en estado crítico.

Estas obras recibieron una inversión que superó los US$ 70 millones. El proyecto incluyó la construcción de más de 2.000 aulas, 486 comedores, 426 bloques sanitarios, bloques administrativos, bibliotecas, laboratorios y 2.191 obras exteriores para las instituciones educativas.

El ministro de Hacienda, Benigno López, participó de la reunión como representante del Consejo de la FEEI.

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Contraloría recuerda obligatoriedad de entregar declaración jurada de bienes

La Contraloría General de la República, por medio de un comunicado, recuerda a las autoridades y funcionarios en general, salientes y entrantes que están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, tal como lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 104.

Este artículo constitucional está reglamentado en el artículo 2ª de la Ley 5033/13, referente a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos.

La citada normativa señala que las autoridades electas para prestar servicios en los poderes del Estado así como los funcionarios pertenecientes a la Administración Central y descentralizada, entes autónomos, autárquicos, empresas con participación estatal mayoritaria, entidades binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, gobiernos departamentales y en general; los que perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos, deben presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 15 días, a partir de haber tomado posesión de su cargo y la misma obligación deben cumplir los que dejan el cargo público.

La Mesa de Entrada de la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos y Doble Remuneración de los Funcionarios y Empleados Públicos de la CGR, se encuentra ubicada sobre la calle Austria 1.895 y atiende en el horario de 07:00 a 15:00, de lunes a jueves y de 07:00 a 13:00 los viernes

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Asociación de Jueces pide a Contraloría difundir estado patrimonial de sus directivos

Una iniciativa muy aplaudida tuvo como protagonista hoy a la Asociación de Jueces del Paraguay, que dio a conocer una resolución en la cual autoriza a la Contraloría General de la República a hacer públicas sus declaraciones juradas, hasta ahora negadas por la entidad contralora, a pesar de la orden judicial.

Solicita a la Contraloría que en la brevedad posible, de a conocer al público el estado patrimonial de quienes ocupan cargos directivos en el gremio de magistrados. Y conste que sus integrantes no están comprendidos en la sentencia judicial que ordenó la difusión de los datos.

El comunicado de la Asociación de Jueces del Paraguay, que preside el juez Delio Vera Navarro,  menciona que “entendemos que este pedido se adecua al espíritu de transparentar la gestión de los funcionarios públicos, que tan necesario es en nuestro país para conseguir la institucionalización de la República”.

Por su parte, la Contraloría sigue dilatando la entrega de las declaraciones juradas, aduciendo que necesita de más días para poner en orden y difundir los datos de las personas que ocuparon y ocupan cargos públicos, como titulares del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, ministros y otros de alto rango, de los últimos 20 años.

Todo esto surgió a raíz de un pedido hecho a la institución de control, por parte del periodista Juan Carlos Lezcano, que ante la negativa recurrió al tribunal para conseguir su cometido. La justicia le dio la razón en primera y segunda instancia, pero la Contraloría sigue con chicanerías.

 

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Contraloría se resiste a entregar declaraciones juradas, pese a orden judicial

La Contraloría General de la República se resiste a difundir la declaración jurada de bienes de autoridades nacionales, tal como lo ordenó un juez, cuya resolución apeló. Sin embargo, afirma que no existe intención de ocultar los datos, sino que está impedido por las normas legales.

A pedido del periodista, Juan Carlos Lezcano, quien presentó un amparo, el juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme le ordenó a la entidad contralora a entregar toda la información sobre declaraciones juradas de bienes de todos los altos funcionarios que estuvieron (y están) en la función pública, desde ex presidentes, ministros, parlamentarios, magistrados, etc. Abarca desde el año 1998 hasta 2017.

El director jurídico de la Contraloría, César Núñez, reafirmó que supuestamente es información  solo puede ser solicitada por un juez competente.

Apuntó que “no existe la mentada resistencia a proveer. Existe una disposición legal que nos obliga a ajustar los actos administrativos a lo que dice la ley”. En declaraciones con Radio Cardinal, explicó que la Ley 5.033 de 2013, en su artículo 3 numeral 5, establece que las copias de declaraciones juradas deberán ser requeridas al órgano jurisdiccional. “Eso se refiere a un jurado competente”, acotó.

Núñez manifestó que las declaraciones juradas son sometidas a un proceso de contrastación de rentas o bienes al entrar y al salir de la función pública, o cuando existe un proceso judicial que amerite dicho análisis.

Añadió qu el principio de conductas penales dice que “el Estado no puede intervenir en mi conducta salvo aquellas que no estén previstas en las leyes. Esto sucede al contrario en el servidor público, quien solo puede hacer aquellos actos administrativos expresamente previstos en la ley, y en materia de declaraciones juradas, solo se puede proveer por orden judicial.

la Ley 5.033 indica que la información de esta naturaleza solo puede ser proveída por pedido de un juez competente.

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Contraloría deberá hacer pública las declaraciones juradas de altos funcionarios

Una lucha de años por la transparencia, por fin fue ganada gracias a una resolución firmada por el juez Rubén Riquelme, quien ordenó a la Contraloría General de la República proveer la declaración jurada de bienes y todos los datos patrimoniales de expresidentes de la República, senadores, diputados, ministros de la Corte, directores de binacionales y otras autoridades.

El magistrado, que dio lugar a un amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha (foto), contra la entidad contralora, argumentó en su fallo que en un estado de derecho como el nuestro, no se puede negar la información pública, como es la declaración jurada de bienes.

En diciembre de 2016 el comunicador peticionó a la Contraloría la declaración de bienes de expresidentes de la República, senadores, diputados, ministros de la Corte, gobernadores, concejales departamentales, intendentes, concejales, municipales, directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, decanos de universidades públicas, miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, ministros del Poder Ejecutivo, excontralores, entre otras autoridades que administran el dinero público.

“La declaración jurada de los funcionarios es información proporcionada por los mismos para su uso en fuentes de información públicas, dada su expresa autorización que conlleva su uso para los efectos informativos de los órganos del poder ejecutivo y judicial, cuando así los mismos lo requieran”, refirió el juez en su sentencia.

El magistrado señaló que la divulgación no puede ser negada “siendo que es uno de los principios pregonados por el estado de derecho y en especial el estado republicano como lo es el nuestro. La publicidad de los actos de gobierno, en cuanto al uso del dinero público incumbe no solo a los órganos del Estado y las autoridades del mismo, sino a todo ciudadano que requiera una rendición de ello. Esto es asimilable a toda información obrante en los registros de los órganos estatales y en ello se incluyen como documentos públicos las declaraciones juradas de los funcionarios públicos”.

A partir de ahora la Contraloría no tendrá otra opción más que entregar toda la documentación requerida; es decir,  proveer al accionante la totalidad de los activos y pasivos y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados, tanto en el país como en el extranjero, con expresión de los valores respectivos del declarante, su cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes, aún en caso de uniones de hecho, y de los hijos menores del mismo sometidos a su patria potestad.

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Contraloría detectó 9 vehículos oficiales en infracción

La ilegalidad y la prepotencia de algunos funcionarios públicos sigue vigente en algunas instituciones. Esto lo comprobó la Contraloría General de la República, cuyos agentes hicieron un control de uso de rodados durante la Semana Santa, detectándose 9 vehículos en infracción; es decir, no tenían la autorización correspondiente para circular en días feriados, además de otras faltas, como la ausencia de logo y la leyenda de Uso Oficial y Exclusivo .

Los funcionarios de la Dirección General de Control de Bienes Patrimoniales del Estado de la entidad contralora verificaron un total de 52 vehículos en el largo feriado, durante los cortes de rutas efectuados. De estos, 9 estaban circulando ilegalmente.

De acuerdo al reporte de la Contraloría, los controles se realizaron el miércoles 28 de marzo y el domingo 1 de abril en los puestos de peajes de Ypacarai, Emboscada y Mariano Roque Alonso, en la cabecera del Puente Remanso.

Durante la primera jornada fueron verificados 32 vehículos, de los cuales, 8 se encontraban en infracción. Los mismos corresponden a los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Transporte, Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Fuerza Aérea, Municipalidad de Limpio, Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Municipalidad de Luque y al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Según el acta labrada por los funcionarios de la CGR, las infracciones observadas fueron la falta de placas y tarjeta de identificación expedido por la Dinatran, así como la no utilización de la leyenda de Uso Oficial y Exclusivo, el Registro de Automotores del Sector Público y N° de móvil.

En la segunda jornada de controles, de los 20 vehículos estatales verificados, sólo uno se encontraba en infracción y correspondía al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El mismo no contaba con placa y tarjeta de identificación expedido por la Dinatran, ni la leyenda de Uso Oficial y Exclusivo.

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Varias municipalidades siguen ignorando la Ley de Contrataciones para sus compras

¿Qué hacer con los intendentes que no cumplen con la ley de contrataciones?. Sólo resta denunciarlos y con ello, un camino engorroso, que probablemente quedará en el olvido. En efecto, unas 40 comunas del país hacen su compra de bienes y servicios y no comunicación a la instancia encargada de publicar y monitorear el proceso, en aras de la transparencia.

En ese sentido, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas denunció ante la Contraloría General de la República a los municipios en falta. Le remitió el listado de municipalidades que no han comunicado sus programas anuales de contratación, correspondientes al ejercicio 2018 de acuerdo con los plazos legales.

Así mismo, envió la nómina de instituciones que durante el año pasado no han comunicado sus llamados a contratación y, por ende, tampoco sus adjudicaciones, motivo por el cual dichos procedimientos de compra no tuvieron la obligatoria difusión en el portal de Contrataciones Públicas.

Alberdi, Benjamín Aceval, Caazapá, Capitán Bado, Capitán Miranda, J. Augusto Saldívar, Humaitá y Villa Elisa, son algunas de las intendencias que cometieron esas irregularidades, considerandoa que la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su artículo 12° reza: “A más tardar el 28 de febrero de cada año, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación o los presupuestos municipales vigentes, con los decretos y resoluciones reglamentarias y con los lineamientos emitidos, los organismos, las entidades o las municipalidades elaborarán el Programa Anual de Contrataciones, sujetándose a las previsiones establecidas en la Ley de Administración Financiera y su reglamento”.

Agrega la normativa que “el referido programa deberá ser puesto a disposición de los interesados, tanto en las oficinas de los organismos, las entidades o las municipalidades, como a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)”.

En total, son 38 municipalidades las que no han comunicado su Programa Anual de Contrataciones para este año. Con relación al 2017, se registran ocho municipalidades que han comunicado, pero no sus llamados a contratación y 37 entidades que no comunicaron adjudicaciones.

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De comprobar irregularidades Contraloría pedirá anular licitación de limpieza en IPS

A raíz de las dudas sobre el proceso licitatorio, supuestamente amañado para favorecer a una empresa, la Contraloría General de la República urgió ayer al Instituto de Previsión Social (IPS) la provisión de los documentos faltantes, para corroborar la transparencia de la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias. De comprobarse la denuncia de irregularidades podría pedir la anulación del contrato.

La solicitud se realiza considerando que el organismo superior de control aún no emitió el dictamen final sobre la investigación, que se inició en enero pasado, de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la licitación, porque el IPS aún no entregó todos los documentos solicitados.

En la nota firmada por el contralor Enrique García, se da un plazo de 10 días a la previsional para que remita los papeles que faltan y justificar el motivo de la adjudicación. En caso de no ajustarse a los requerimientos legales, la CGR recomendará que se deje sin efecto la contratación, informaron desde la institución.

A los apurones e ignorando a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud Pública, que alertó sobre la existencia de un protocolo a seguir, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social adjudicó la Licitación Pública Nacional para la “Contratación de Servicios de Limpieza e Higienización para las distintas dependencias del IPS”, a empresas que fueron sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que además, hoy se encuentran sumariadas por incumplimiento de contratos.

En efecto, El Instituto de Previsión Social firmó el pasado 13 de marzo el contrato con las empresas adjudicadas que son Cevima SA, de Claudio Escobar, y el Consorcio Poti, de Jorge Palumbo, por más de G. 150.000 millones por un periodo de 24 meses, según confirmó en su momento, Armando Rodríguez, gerente de Abastecimiento de la entidad de seguridad social.

Esto a pesar de que los contratos de este servicio vencen en mayo y junio. ¿Qué hay detrás de todo esto?, es la gran pregunta que se hacen las demás empresas que fueron descalificadas porque se preparó un pliego de bases y condiciones “a medida”.

Licitación direccionada

La denuncia concreta, presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por una de las oferentes, Renova SA, representada por Liliana Giménez, había sostenido que las ofertas debían haberse presentado por lotes y no de manera global, como se exige en el pliego de bases y condiciones, mezclando el servicio de limpieza de sectores críticos como salas de cirugía, terapia intensiva, laboratorios y otros con las áreas comunes, oficinas, depósitos, patios, etc.

Ambas empresas fueron sumariadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 6 de febrero de este año, justamente por presuntos incumplimientos de contratos con la previsional. Dicho sumario no ha sido finiquitado hasta la fecha y de encontrarse los elementos correspondientes, tanto Potî como Cevima SA podrían ser inhabilitados para contratar con el Estado paraguayo.

Alberto Palumbo como el Consorcio Potî de su propiedad, ya fueron inhabilitados en junio del 2016 (Resolución DNCP N° 1902/16) por irregularidades en otro contrato con el IPS.

A pesar de todo esto, el Consejo de Administración, en ausencia de dos de sus miembros, resolvió contratar a las empresas citadas. Lo que genera todo tipo de suspicacias por el apuro y por obviar todos estos antecedentes.

 

 

 

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Senadores no tendrán en cuenta “caso Ivesur” para juzgar al contralor García

Así como están las cosas no será fácil conseguir los 30 votos en el Senado, requeridos para la destitución del contralor general de la República, Enrique García, en el marco del juicio político que se le inició ayer en la Cámara de Diputados. El senador colorado, Oscar Salomón, adelantó que ellos lo van a juzgar como titular del ente contralor, no por sus actuaciones en la Municipalidad de Asunción.

El legislador dijo que la decisión de los diputados fue muy apresurado y que los senadores se tomarán el tiempo suficiente para analizar el libelo acusatorio. Dio a entender que no es grave la acusación.

Salomón aclaró que habló sobre el particular con el líder del grupo, Mario Abdo Benítez, y que no se tiene aún una posición definida sobre el particular.

Fue enfático en señalar que García será juzgado en el Senado por su actuación como contralor y no por el tema municipal. El actual contralor fue imputado por producción de documentos no auténticos y desidia, en el caso Ivesur, cuando estaba al frente de la Dirección Jurídica de la comuna capitalina, lo que significó una pérdida de más de 3 millones de dólares a la misma.

Los diputados incluyeron este tema en la acusación, hecho que jurídicamente no corresponde, según los entendidos.

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