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¿Se alcanzarán los 30 votos en el Senado para destituir hoy al contralor general?

Esta tarde se define la suerte del contralor general de la República, Enrique García, cuando los senadores voten a favor de su destitución o su absolución, en el marco del juicio político que se le inició en la Cámara de Diputados, por supuesto mal desempeño en sus funciones. Hay dudas de que se alcanzarían los 30 votos requeridos.

Los senadores, constituidos en miembros del Tribunal, escucharon ayer los alegatos de la defensa del contralor y hoy, desde las 14:00 hs., debatirán si hay méritos o no para su salida del ente contralor.

“Todos los hechos que generaron este trámite, tiene inicio en una fecha aproximadamente un año atrás, esta acusación es resuelta en la Cámara de Diputados y se eleva al Senado para su prosecución”, empezó diciendo Enrique García, durante su defensa ante el pleno de los senadores.

Explicó que un año después de haberse iniciado el proceso, se presenta una acusación para ampliar el libelo. “Con una resolución del 14 de mayo del 2018, Diputados marca la determinación de la primera acusación y antes de finalizarse el trámite en el Senado, una nueva resolución en marzo del 2019 determina una ampliación de la acusación. Este es un hecho que debería ser resuelto en la medida que el juicio político deba ser coherente y concluyente, finalizando el debido proceso, siendo así, es irresponsable y consideramos inconstitucional que se cargue la mochila a la medida de las pretensiones destituidas de partidos políticos”, afirmó.

José Enrique García, señaló que el caso en particular, con relación a las causales invocadas en la primera acusación, las calificó de inconsistentes desde sus inicios.

“Fueron cayendo por declaración de los órganos jurisdiccional competente. En su momento la causa de Ivesur, la Corte Suprema de Justicia conformó la anulación de toda actuación incluida la imputación del Contralor General de la República”, explicó.

No habría votos

Según se comenta en los pasillos, algunos liberales (llanistas), colorados (cartistas) y el Frente Guasu estarían salvandolo de la destitución. Se necesitan 30 votos para concretar el juicio político; y al parecer no se contaría con esa cantidad.

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Dinatran inicia proceso de regularización de vehículos públicos

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) inició el proceso de regularización del registro automotor del sector público e insta a las instituciones públicas en general, entes descentralizados, municipios y gobernaciones a inscribir sus rodados, según la Ley 704/95.

La base de datos de la Dinatran registra una cantidad superior a las 10.000 unidades pertenecientes a unas 227 instituciones según el antecedente histórico. Estos datos deben ser actualizados por lo que la administración actual inicia el proceso de regularización, informó el director nacional, Juan José Vidal. El procedimiento es totalmente gratuito.

Por mandato de la ley, cada institución pública es responsable de solicitar por escrito, la inscripción o registro – alta y baja – de sus respectivos vehículos en el Registro del Automotor del Sector Público (R.A.S.P). Las ley 704/95 y 4.931/2013 prohíben el uso y tenencia de vehículos del sector público para fines particulares o ajenos a su función específica.

Asimismo, textualmente establece en su artículo 9 que los autores, cómplices y encubridores que infrinjan las obligaciones establecidas en la presente Ley, se harán pasibles a una multa de 20 a 30 jornales mínimos establecidos para actividades no especificadas por cada infracción la primera vez; el doble de la multa en caso de reiteración y pérdida de empleo e inhabilitación para la función pública por cinco años, en caso de una tercera infracción.

El objetivo del trabajo es colaborar con la regularización de todo el parque automotor del sector público, evitando los sumarios administrativos por parte de la Contraloría General de la República, entidad encargada de controlar, informó Vidal.

Deben cumplir con esta normativa todas las entidades públicas al adquirir un rodado para uso oficial sea cual fuera su característica, en ese sentido, las municipalidades, gobernaciones, regiones sanitarias u otras instituciones del interior de país pueden solicitar la designación de funcionarios justificando la imposibilidad de movilizar maquinarias pesadas, ambulancias que se encuentren en servicio y otros casos.

La ley 704/95 que crea el Registro de Automotor del Sector Público establece que la Dinatran expedirá a cada vehículo registrado una placa y una tarjeta de identificación, además llevará pintado en una parte visible dentro de un recuadro no menor a 1000 cms2, el nombre de la repartición pública, entidad descentralizada la leyenda; “Uso Oficial Exclusivo”, el número de registro y el número asignado por el RASP/Dinatran.

La Dinatran a través de la Dirección General de Transporte y su Dirección de Habilitaciones y R.A.S.P, insta a todas las instituciones públicas a cumplir con la ley 704/95 y sus modificaciones.

Para regularizar la situación de los vehículos, los responsables de cada institución deben solicitar por nota a la Dirección General de Transporte Terrestre de la Dinatran la inscripción en el Registro Automotor del sector público (R.A.S.P.) de los vehículos de la institución afectada, detallando las características de dichas unidades (tipo de vehículo, año, N° de orden, N° de chassis, N° de motor, N° de patente) adjuntando copia simple de la cédula verde de cada unidad.

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Fiscalía afirma que un contralor imputado no puede auditar sus cuentas

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que aclara que no está en contra del control de sus cuentas y ejecución presupuestaria, pero prefiere que sea Tribunal de Cuentas y no la Contraloría General de la República, el órgano que audite la administración de la Fiscalía. Además, considera que podría generarse conflicto de intereses, pues el actual contralor Enrique García está imputado.

Aclara que la acción de inconstitucionalidad se planteó en contra dirigidade la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Afirma el documento que el recurso presentado no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, «y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible».

Agrega que independientemente a este recurso planteado, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

Contralor imputado

El comunicado refiere que «la eventual auditoria de las cuentas del Ministerio Público por un órgano cuyo titular y máxima autoridad está imputada, y personas vinculadas al proceso ya se encuentran acusadas, resta objetividad a ese proceso de control, y puede restar autonomía e independencia para la investigación penal. La pertinencia de excluir ese conflicto de intereses de la CGR y que las cuentas y actos administrativos sean juzgados por un órgano imparcial».

«El señor Enrique García, quien ejerce actualmente el cargo de Contralor General, fue denunciado por una serie de hechos relacionados con su gestión como asesor jurídico de la Municipalidad. Tras las investigaciones llevadas a cabo, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de Producción de documentos y Uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asi mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión», señala el documento de la Fiscalía, cuya titular es Sandra Quiñónez.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

 

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Contraloría detectó un rosario de irregularidades en la administración McLeod

La Contraloría General de la República presentó en la fecha a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el dictamen correspondiente a la auditoría combinada realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este. Un rosario de irregularidades fue detectado. La Cámara de Diputados mañana  tratará el informe final de la intervención y deberá decidir si destituye o no a Sandra McLeod.

El informe contiene un total de 90 puntos en los que fueron constatadas irregularidades en procesos licitatorios y conductas que pueden revestir carácter de hechos punibles, por lo que una copia del dictamen, también será remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a la Fiscalía General del Estado, para que cada institución proceda a actuar en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los funcionarios responsables de los trabajos de control realizados dejaron constancia de que lo señalado en el documento, “constituye la situación actual sobre el análisis de los documentos e informes proveídos por la Municipalidad de Ciudad del Este”; lo que significa que, recién bajo la administración de la interventora designada por el Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República ha podido iniciar las tareas de auditoría que le fueran sistemáticamente impedidas con anterioridad.

Paro en el Este

Por otro lado, para mañana se anuncia un paro total en la capital del departamento del Alto Paraná, convocado por concejales adversos al Clan Zacarías y varios gremios de taxistas, vendedores, comerciantes, entre otros. Exigen el fin de la impunidad y cárcel para los responsables del robo en la comuna esteña.

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Nicanor coincide en que se debe controlar uso de gastos sociales de las binacionales

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos considera que las críticas al uso discrecional de los fondos sociales de las binacionales son justas y que se debe avanzar en dar una solución clara al problema.

En ese sentido, invitó a la Contraloría General de la República a que ingrese, audite y dictamine sobre la utilización de estos fondos. El funcionario participó hoy de una reunión conjunta de comisiones asesoras de la Cámara de Diputados donde se estudia un proyecto de ley para que el rubro de «gastos sociales» de Yacyretá e Itaipú ingresen al presupuesto de la Nación.

“El control de la inversión social de la EBY debe estar sujeto a criterios técnicos y no partidarios. Pensamos en la creación de una fundación o de un espacio compuesto por referentes respetados por la comunidad científica y de la sociedad civil”, dijo.

Función social

Añadió que buscar eliminar la función social de la EBY es desconocer la historia del concepto de responsabilidad social que tienen todas las empresas desde mitad del siglo XX, en todo el mundo y destacó la necesidad de asegurar esta función social con mejores marcos institucionales de control.

El director de Yacyretá considera que la noción de responsabilidad social surge cuando las empresas ya no persiguen únicamente el objetivo de aumentar la productividad, sino que, además, asumen el compromiso de desempeñar una función social que concilie sus intereses con los de la comunidad en las que se desenvuelven.

“Si la noción de Responsabilidad Social es de vital importancia para cualquier empresa privada, su implementación no sólo se justifica, sino que se vuelve fundamental en el caso de una empresa propiedad del pueblo paraguayo”, agregó.

Institucionalizar las inversiones

Ante los miembros de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara de Diputados donde fue presentado un proyecto de ley para que los fondos sociales pasen a formar parte del Presupuesto General de la Nación , Duarte Frutos indicó que Yacyretá además de ejercer su función como generadora de energía e instrumento estratégico de desarrollo productivo, seguirá aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos y paraguayas, institucionalizando sus inversiones sociales.

“No se trata de oponer fondos sociales a mejor infraestructura para suministro de energía de la ANDE. Recordemos que el acuerdo ANDE – EBY es de USD 100 millones (50 millones ya ejecutados y 30 millones en ejecución en esta administración).

Señala que en un “Estado con presión tributaria del 12% y con un déficit fiscal constante, las binacionales son el mejor resorte con que cuenta el Gobierno para auxiliar y paliar las urgencias en educación, salud y cultura”.

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Petta encontró obras en calamitoso estado y pedirá auditoria al ente contralor

Tras una reunión con representantes de empresas fiscalizadoras con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, se informó que fueron encontradas obras con ejecución irregular en más de 200 centros de enseñanzas y que se solicitará a la Contraloría General de la República auditorias especiales.

El ministro de la cartera, Eduardo Petta, indicó al respecto que unas pocas cuentan con luz verde para finalizar entre los meses de diciembre y febrero.

La reunión este lunes fue con representantes de las empresas fiscalizadoras para analizar el estado de obras en más 600 instituciones educativas, que el MEC adjudicó en mayo del año pasado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

En tanto que las obras en otras 201 instituciones se encuentran en estado crítico, resultado de una “mala planificación para la adjudicación”, afirmó.

Petta señaló que las adjudicaciones fueron realizadas con datos de un relevamiento del año 2011 sobre el estado de la infraestructura en instituciones educativas.

El MEC adjudicó obras de mejoramiento en 676 escuelas y colegios, divididos en 14 lotes, uno para cada empresa contratista, que iniciaron en este año. En total 4 lotes son los que se encuentran en estado crítico.

Estas obras recibieron una inversión que superó los US$ 70 millones. El proyecto incluyó la construcción de más de 2.000 aulas, 486 comedores, 426 bloques sanitarios, bloques administrativos, bibliotecas, laboratorios y 2.191 obras exteriores para las instituciones educativas.

El ministro de Hacienda, Benigno López, participó de la reunión como representante del Consejo de la FEEI.

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Contraloría recuerda obligatoriedad de entregar declaración jurada de bienes

La Contraloría General de la República, por medio de un comunicado, recuerda a las autoridades y funcionarios en general, salientes y entrantes que están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, tal como lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 104.

Este artículo constitucional está reglamentado en el artículo 2ª de la Ley 5033/13, referente a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos.

La citada normativa señala que las autoridades electas para prestar servicios en los poderes del Estado así como los funcionarios pertenecientes a la Administración Central y descentralizada, entes autónomos, autárquicos, empresas con participación estatal mayoritaria, entidades binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, gobiernos departamentales y en general; los que perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos, deben presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 15 días, a partir de haber tomado posesión de su cargo y la misma obligación deben cumplir los que dejan el cargo público.

La Mesa de Entrada de la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos y Doble Remuneración de los Funcionarios y Empleados Públicos de la CGR, se encuentra ubicada sobre la calle Austria 1.895 y atiende en el horario de 07:00 a 15:00, de lunes a jueves y de 07:00 a 13:00 los viernes

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Asociación de Jueces pide a Contraloría difundir estado patrimonial de sus directivos

Una iniciativa muy aplaudida tuvo como protagonista hoy a la Asociación de Jueces del Paraguay, que dio a conocer una resolución en la cual autoriza a la Contraloría General de la República a hacer públicas sus declaraciones juradas, hasta ahora negadas por la entidad contralora, a pesar de la orden judicial.

Solicita a la Contraloría que en la brevedad posible, de a conocer al público el estado patrimonial de quienes ocupan cargos directivos en el gremio de magistrados. Y conste que sus integrantes no están comprendidos en la sentencia judicial que ordenó la difusión de los datos.

El comunicado de la Asociación de Jueces del Paraguay, que preside el juez Delio Vera Navarro,  menciona que “entendemos que este pedido se adecua al espíritu de transparentar la gestión de los funcionarios públicos, que tan necesario es en nuestro país para conseguir la institucionalización de la República”.

Por su parte, la Contraloría sigue dilatando la entrega de las declaraciones juradas, aduciendo que necesita de más días para poner en orden y difundir los datos de las personas que ocuparon y ocupan cargos públicos, como titulares del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, ministros y otros de alto rango, de los últimos 20 años.

Todo esto surgió a raíz de un pedido hecho a la institución de control, por parte del periodista Juan Carlos Lezcano, que ante la negativa recurrió al tribunal para conseguir su cometido. La justicia le dio la razón en primera y segunda instancia, pero la Contraloría sigue con chicanerías.

 

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Contraloría se resiste a entregar declaraciones juradas, pese a orden judicial

La Contraloría General de la República se resiste a difundir la declaración jurada de bienes de autoridades nacionales, tal como lo ordenó un juez, cuya resolución apeló. Sin embargo, afirma que no existe intención de ocultar los datos, sino que está impedido por las normas legales.

A pedido del periodista, Juan Carlos Lezcano, quien presentó un amparo, el juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme le ordenó a la entidad contralora a entregar toda la información sobre declaraciones juradas de bienes de todos los altos funcionarios que estuvieron (y están) en la función pública, desde ex presidentes, ministros, parlamentarios, magistrados, etc. Abarca desde el año 1998 hasta 2017.

El director jurídico de la Contraloría, César Núñez, reafirmó que supuestamente es información  solo puede ser solicitada por un juez competente.

Apuntó que “no existe la mentada resistencia a proveer. Existe una disposición legal que nos obliga a ajustar los actos administrativos a lo que dice la ley”. En declaraciones con Radio Cardinal, explicó que la Ley 5.033 de 2013, en su artículo 3 numeral 5, establece que las copias de declaraciones juradas deberán ser requeridas al órgano jurisdiccional. “Eso se refiere a un jurado competente”, acotó.

Núñez manifestó que las declaraciones juradas son sometidas a un proceso de contrastación de rentas o bienes al entrar y al salir de la función pública, o cuando existe un proceso judicial que amerite dicho análisis.

Añadió qu el principio de conductas penales dice que «el Estado no puede intervenir en mi conducta salvo aquellas que no estén previstas en las leyes. Esto sucede al contrario en el servidor público, quien solo puede hacer aquellos actos administrativos expresamente previstos en la ley, y en materia de declaraciones juradas, solo se puede proveer por orden judicial.

la Ley 5.033 indica que la información de esta naturaleza solo puede ser proveída por pedido de un juez competente.

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Contraloría deberá hacer pública las declaraciones juradas de altos funcionarios

Una lucha de años por la transparencia, por fin fue ganada gracias a una resolución firmada por el juez Rubén Riquelme, quien ordenó a la Contraloría General de la República proveer la declaración jurada de bienes y todos los datos patrimoniales de expresidentes de la República, senadores, diputados, ministros de la Corte, directores de binacionales y otras autoridades.

El magistrado, que dio lugar a un amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha (foto), contra la entidad contralora, argumentó en su fallo que en un estado de derecho como el nuestro, no se puede negar la información pública, como es la declaración jurada de bienes.

En diciembre de 2016 el comunicador peticionó a la Contraloría la declaración de bienes de expresidentes de la República, senadores, diputados, ministros de la Corte, gobernadores, concejales departamentales, intendentes, concejales, municipales, directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, decanos de universidades públicas, miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, ministros del Poder Ejecutivo, excontralores, entre otras autoridades que administran el dinero público.

“La declaración jurada de los funcionarios es información proporcionada por los mismos para su uso en fuentes de información públicas, dada su expresa autorización que conlleva su uso para los efectos informativos de los órganos del poder ejecutivo y judicial, cuando así los mismos lo requieran”, refirió el juez en su sentencia.

El magistrado señaló que la divulgación no puede ser negada «siendo que es uno de los principios pregonados por el estado de derecho y en especial el estado republicano como lo es el nuestro. La publicidad de los actos de gobierno, en cuanto al uso del dinero público incumbe no solo a los órganos del Estado y las autoridades del mismo, sino a todo ciudadano que requiera una rendición de ello. Esto es asimilable a toda información obrante en los registros de los órganos estatales y en ello se incluyen como documentos públicos las declaraciones juradas de los funcionarios públicos”.

A partir de ahora la Contraloría no tendrá otra opción más que entregar toda la documentación requerida; es decir,  proveer al accionante la totalidad de los activos y pasivos y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados, tanto en el país como en el extranjero, con expresión de los valores respectivos del declarante, su cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes, aún en caso de uniones de hecho, y de los hijos menores del mismo sometidos a su patria potestad.

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