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Arrom, Martí y Colmán tropiezan en el caso que elevaron a la CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desestimó la solicitud de medidas provisionales presentadas por la defensa de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. El Tribunal argumentó que en el caso que llevaron adelante contra el Estado paraguayo, no se reúnen términos exigidos para alegar extrema gravedad y urgencia.

Por lo expuesto por la CorteIDH, el pedido planteado por la defensa de Juan Arrom y Anuncio Martí fue rechazado. Los refugiados actualmente en Brasil alegaban supuestos hechos que atentaban sus derechos y luego de oír ambas partes la semana pasada en San José de Costa Rica, llegaron a esta conclusión.

Por lo mencionado por la Corte IDH, ante la falta de elementos que comprueben la existencia de una situación de “extrema gravedad y urgencia” que, a su vez, atente contra sus derechos, determinó rechazar el pedido.

La corte con sede en el país centroamericano nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos, agrega un párrafo de la resolución de rechazo.

Esta instancia jurídica, recordó las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana de DDHH, que lo condiciona a garantizar los derechos de ambos demandantes a través de los mecanismos internos existentes para ello.

En otra parte del documento señala que la CorteIDH decidió rechazar el pedido, argumentando que no se puede deducir que la solicitud hecha por Paraguay a Brasil, de revocar la condición de refugiados a Arrom y Martí, ponga en amenaza sus derechos ya que sus estatus de refugiados siguen firmes y no hay razón para sospechar lo contrario.

Menciona en otro punto que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentan la solicitud, el Tribunal estima que no resulta posible apreciar que los señores Juan Arrom y Anuncio Martí se encuentren en una situación de extrema gravedad y urgencia, relacionada con la posibilidad de daños irreparables. La Corte nota que estos residen en Brasil donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y no es posible interferir en el mero hecho de que Paraguay solicite la revocación del estatus de refugiados.

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Alegatos finales en caso Arrom y Martí serán analizados por la CorteIDH

La defensa del Estado paraguayo y los demandantes presentaron sus alegatos finales en lo que es la audiencia pública por el caso de presuntas torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión final queda a cargo de los jueces que integran el alto tribunal.

Este jueves fue la audiencia pública sobre la denuncia presentada contra el Estado. El procurador general, Sergio Coscia, tuvo a su cargo los alegatos finales señalando que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.

Coscia señaló que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados, y de los vecinos en los que fueron trasladados Arrom y Martí, según denuncian.

Por su parte, el abogado de los demandantes señala que durante la investigación se desecharon investigaciones de testigos claves que observaron movimientos extraños el día del presunto secuestro, así como que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en la que fueron encontrados Arrom y Martí.

Parte de la acusación señala que el Estado paraguayo no cumplió con el Protocolo de Estambul, que establece de guías de estándares en derechos humanos para investigar casos de tortura o maltratos.

Coscia manifestó que al momento de ser encontrados en la casa en la que presuntamente estuvieron recluidos, Arrom y Martí se negaron a realizar declaración en alguna dependencia policial y se opusieron a ser revisados por un médico del Ministerio Público.

También agrega que fueron derivados a un sanatorio privado en donde un grupo de cerca de 500 personas impidió que agentes fiscales y médicos del Ministerio Público participen de la evaluación médica realizada. Otro punto que cita se trata de la negativa de los demandantes de participar en la elaboración de un identikit para identificar a los responsables de su presunta desaparición forzada y tortura.

Arrom y Martí solicitan cada una la suma de US$ 50 millones, que se trata de una suma simbólica que tiene el objeto de llamar la atención sobre la gravedad de los hechos, declaró su abogado defensor.

En tanto que el procurador general solicitó en representación del Estado paraguayo que se dicte un sobreseimiento respecto a las alegadas violaciones de Derechos Humanos contra Arrom y Martí.

Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales.

La Corte IDH analizará los alegatos y emitirá un fallo judicial sin plazo definido para esto. IP

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Caso Arrom y Martí: Comenzó la Audiencia Pública en Costa Rica

Hoy en Costa Rica, a las 9:00 hora local, 12:00 de Paraguay, iniciará  la Audiencia Pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará los argumentos del Estado paraguayo y de los demandantes.

Según la agenda, la audiencia iniciará con la presentación del caso, trámite que lo cumplirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un tiempo límite de 20 minutos para el efecto.

La Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas. Juan Arrom realizará su declaración por vídeo conferencia. Su representante ante la Corte podrá interrogarlo por 20 minutos. Luego, el representante del Estado paraguayo,  procurador de la República, Sergio Coscia, podrá hacer preguntas por 20 minutos. Seguidamente, los jueces de la Corte pueden hacer lo mismo con la supuesta víctima.

El mismo procedimiento, con el mismo límite de tiempo, lo tendrá Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan. Luego declararán los testigos propuestos por el Estado paraguayo. El ex fiscal general del Estado, Oscar Germán Latorre, se referirá a la regularidad de las investigaciones fiscales.

El Estado podrá interrogarlo por 20 minutos, el representante de los demandantes, por el mismo tiempo y luego le podrán formular preguntas los miembros de la Corte. Édgar Sánchez es el otro testigo propuesto por nuestro país. Se seguirá el mismo procedimiento de interrogación.

Tras los interrogatorios, se tendrá un receso de dos horas, que de acuerdo a lo estimado, sería de 16 a 18 horas, aproximadamente. Luego se reanudará la audiencia, y la Corte escuchará los alegatos finales de las partes, que tendrán 30 minutos cada una, más cinco minutos para réplicas y dúplicas.

Luego, tanto la representación oficial como la de las supuestas víctimas tendrán tiempo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales por escrito.

La audiencia se puede seguir por internet, a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

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Mario Abdo viajó a Costa Rica para audiencia en caso Arrom y Martí

Mario Abdo Benítez, presidente de la República,  partió hoy rumbo a Costa Rica para participar de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Arrom-Martí.

La CIDH pretende que el Estado paraguayo pague a ambos supuestos secuestradores la suma de 63 millones de dólares por presuntos hechos de torturas por parte de agentes policiales; pero el Gobierno rechaza esa posibilidad.

El mandatario viajó en compañía de la primera dama Silvana Abdo, con el objetivo de acompañar a las víctimas del secuestro y al equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo.

El presidente manifestó que con su presencia en la audiencia pública quiere demostrar el compromiso con la vigencia del Estado de derecho.

“Creo que es importante nuestra presencia, independientemente al monto que se reclama. Ojalá que la Corte pueda entender lo grave que esto puede implicar para la pérdida de la soberanía y de la institucionalidad de la República”, expresó.

La audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizará mañana en San José a las 12:00.

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Mario Abdo Benitez: “Ni un guaraní quiero pagar a los secuestradores”

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue consultado sobre la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo. “Yo no quiero pagar ni un solo guaraní a estos secuestradores porque el daño es más moral que económico”, afirmó el mandatario.

Marito viajará mañana a San José de Costa Rica para acompañar a las víctimas de secuestro y al equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo en la audiencia por el caso Arrom-Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Considera que su presencia será una demostración de compromiso y la preocupación que tiene el país.

El mandatario dijo que Paraguay está seguro que la razón está de su lado y que por mucho tiempo estuvo indefenso, se hizo muy poca gestión.

“Esperemos que hoy nos puedan escuchar lo único que pedimos nosotros es justicia”, declaró Abdo Benítez.

El otro momento, el jefe de Estado reiteró que le preocupa el sesgo que hay en la Corte, “creemos que no hay imparcialidad y enormes queremos demostrar nuestra preocupación”.

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Caso Arrom y Martí: “Estas personas solo quieren dinero” afirma el procurador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estudiará en audiencia pública, la demanda planteada por Juan Arrom y Anuncio Martí, ambos procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Sergio Coscia, procurador de la República del Paraguay afirmó “Las vìctimas en este caso son los sobrevivientes del secuestro, el Estado paraguayo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. El mismo se encuentra en Costa Rica liderando el equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo ante la Corte, el próximo jueves, a las 9:00 hora local, 12:00 de nuestro país.

“Quiero dejar en claro que esta no es una cuestión política. Ellos están investigados por el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, un crimen común, que fue el primer secuestro de la era democrática, el inicio de un suplicio que seguimos soportando hasta ahora”, señaló Coscia.

El mismo afirmó que este caso nunca debió haber llegado a la Corte, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos basó su informe solo en el testimonio de los denunciantes y en publicaciones periodísticas, pero no tiene ninguna prueba.

“Ellos en Paraguay son prófugos de la justicia”, sostuvo el Procurador. Agregó que ambos tuvieron siempre todas las garantías jurídicas, de las cuales Arrom y Martí abusaron para fugarse durante su proceso, y pedir refugio político en el Brasil.

“Estas personas quieren dinero, no hay otra explicación lógica”, respondió el ministro ante la consulta de la motivación de la demanda.

Añadió que, si se produce un fallo adverso al Estado Paraguayo, las víctimas reales de toda esta situación serán los sobrevivientes de secuestro que viven en Paraguay, además del Estado Paraguayo que será esquilmado en base a mentiras y el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Concluyó diciendo que, si hay justicia, Paraguay debe ser sobreseído en esta causa.

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Ex embajador paraguayo en Costa Rica recomienda salir de la CIDH

Oscar Llanes Torres, ex embajador compatriota ante el Gobierno de Costa Rica, afirmó hoy que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un “club ideológico” que demuestra una parcialidad manifiesta contra ciertos Estados, por lo que recomendó que Paraguay se retire de esta instancia una vez conocida la resolución del caso Arrom-Martí.

El ex diplomático vaticinó que el Paraguay “ya tiene por anticipación una derrota” en el caso Arrom-Martí, donde deberá pagar una sanción económica de 63 millones de dólares, ya que la CIDH “es un club ideológico donde el 99% de los casos llevados a cabo fueron con resultados negativos a los Estados”.

Por esta razón recomendó al Paraguay “retirarse con dignidad” de esta instancia internacional una vez que se tenga el resultado, en febrero próximo, del caso en que los ciudadanos en situación de rebeldía judicial, Juan Arrom y Anuncio Martí, denunciaron al Paraguay por supuestas violaciones a sus derechos humanos, reclamando un resarcimiento económico superior a los 63 millones de dólares.

“Tendría que permanecer todavía un año cumpliendo con todos los compromisos hasta que llegue la fecha de consolidar la retirada”, indicó Llanes.

El ex representante diplomático del Paraguay afirmó que en el caso Arrom Martí hay una mala interpretación de todos los pormenores que lleva a la Corte Interamericana a demostrara una “parcialidad manifiesta”.

Llanes expresó que los Derechos Humanos son un tema jurídico que deberían ser naturalmente respetados, pero que no hay necesidad de tener una corte tan mal compuesta, donde una corriente es la dominante.

Mencionó que todas las resoluciones de la Corte son inapelables, ya que no existe un recurso capaz de cambiar el resultado de la resolución elaborada, por lo que insistió en que el Paraguay debe retirarse de la misma.

“La Corte tampoco acepta ningún intento de cambio de comportamiento del Estado. No reconoce intentos, no quiere soluciones”, denunció.

Finalmente reconoció que “es necesario tener una corte que dirima las causas sometidas a su jurisdicción”, pero que su actual composición y sus resoluciones son “realmente lamentables”.

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CIDH obliga a Paraguay a resarcir con USD 63 millones a Arrom y Martí

Paraguay defenderá sus intereses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apelará la decisión, tras la demanda que entablaron ante esa instancia Juan Arrom y Anuncio Martí, que obliga al Estado a resarcirlos por 63.000.000 de dólares.

Anunció que defenderán los intereses de todo el pueblo paraguayo el próximo 7 de febrero, fecha en que se debe desarrollar una audiencia ante el citado Tribunal.

Este viernes se reunió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el equipo interinstitucional involucrado en la defensa del Estado, encabezado por la Cancillería Nacional en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, por supuesta tortura a la que fueron sometidos.

Coscia comentó que Arrom y Martí entablaron una demanda ante el sistema interamericano en el 2002 y tras 10 años surgió un informe en el cual le recomiendan al Estado paraguayo resarcir a ambos por valor de 63.000.000 de dólares, que fue rechazado por el Estado el año pasado.

“Esas dos personas estaban siendo procesadas y aprovechándose del debido proceso y de los derechos humanos que le estaba brindando el Estado al someterlos al debido proceso se fugaron del país y obtuvieron un refugio por la situación política de aquel entonces”, añadió.

Calificó de “angustiante” la situación, teniendo en cuenta que se trata de una suma millonaria que el Estado se vería obligado a pagar por el caso Juan Arrom y Anuncio Martí.

En ese sentido reiteró que es inamisible que la Corte condene al Estado a pagar a dos personas que están investigadas por hechos punibles tan graves como el de secuestro.

Manifestó que ambas personas están procesadas y en todo momento el Estado les otorgó todas las garantías. “No nos pueden venir a demandar ellos ahora como si fuera que ellos son las victimas de toda esta industria que ellos mismos iniciaron”, agregó.

En otro momento, informó que el próximo 7 de febrero se hará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde anunció que “defenderán con todas las fuerzas que tenemos y en todo lo que sea posible el dinero de la gente”.

Asimismo en la oportunidad, Paraguay pedirá ante la Comisión que se le reconozcan los 27 testigos presentados, que le fueron rechazados hace unos días. “Tenemos un solo testigo que es el doctor Oscar German Latorre y los 27 restantes no han quitado, ahora estamos presentando un recurso pidiendo la reposición de los testigos, pues sin ellos no se puede litigar en la Corte”, explicó.

Al respecto manifestó que sin testigos no hay forma de demostrar que fue lo que ocurrió, señalando que se trata de personas claves, ya que que participaron de la investigación de los hechos que están denunciando.

“Ante qué Estado de derecho nos encontramos sí una Corte Interamericana nos dice que nuestro proceso no sirve”, se preguntó, refiriendo que es una situación que como Estado no se puede permitir.

“Hoy nos encontramos frente a una celeridad inusual dentro del proceso, la persona que hizo el informe por la cual se le “recomienda” al Estado pagarle a estas personas hoy en día está trabajando con ellos (Corte), por lo que la celeridad que tiene el caso es inusual porque todos los plazos llevan más de 10 años dentro de la Corte Interamericana y la Comisión, sin embargo esto ocurrió en menos de un año, no sé qué fuerza se está moviendo atrás pero nos tiene que llamar la atención a todo el pueblo paraguayo, tenemos que estar juntos frente a este tipo de situaciones para que no nos vengan avasallar en nuestros derechos”, expresó finalmente.

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Gobierno no aceptará ser condicionado por indígenas

El Gobierno Nacional mostró su apoyo a la presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, frente a las protestas de colectivos de indígenas que piden su destitución por no defender sus intereses, y advirtió que no aceptará ningún diálogo condicionado con esos grupos de nativos.

Desde la presidencia confirmaron que se está apoyando la gestión de Allen porque es una persona comprometida con la honestidad y la dedicación en su trabajo, en referencia a las demandas de los indígenas que permanecen desde hace más de 20 días acampados en las inmediaciones del Congreso y de la sede del INDI.

Los acampados denuncian lo que consideran un abandono total por parte del Estado y reclaman que les defienda frente al despojo de sus tierras que afirman sufrir por parte de las compañías que van ingresando a sus tierras para trabajarlas.

Esos grupos indígenas, procedentes de la zona oriental del país, consideran que la titular del INDI desconoce su función y no defiende sus derechos respecto a la propiedad de la tierra por lo que piden que sea cesada en su cargo.

Aseguraron que el Ejecutivo creó una mesa de trabajo para atender los desafíos y reclamos de los líderes indígenas, y a la vez solicitaron además una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para transmitirle sus peticiones.

En ese sentido, el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres, aseguró que el Gobierno no tiene inconvenientes en hablar con ellos, pero advirtió que el mandatario no va a aceptar ningún diálogo condicionado por la destitución de Allen.

En referencia a las denuncias de usurpación de tierras, Cáceres indicó que si se identifican irregularidades, que tengan la seguridad de que, caiga quien caiga, se van a activar los recursos de la Justicia.

Uno de los representantes indígenas, Ángel Vera, señaló este miércoles que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

La mayor parte de los indígenas acampados en Asunción proceden del departamento de Canindeyú, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras.

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Indígenas no bajan los brazos y ahora quieren hablar con Abdo Benítez

Varios grupos de indígenas permanecerán acampados en el centro de Asunción hasta que sean recibidos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los nativos siguen exigiendo la destitución de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, por no defender a sus comunidades.

Unas 200 familias indígenas permanecen desde hace 22 días acampadas en la Plaza de Armas de Asunción, adyacente al Congreso, y otro grupo frente a la sede del INDI, para pedir “justicia” para las comunidades indígenas y denunciar el abandono total del Estado, explicó uno de sus representantes, Ángel Vera.

Vera, coordinador general de la Federación Guaraní, que articula a nueve asociaciones de comunidades indígenas de distintos departamentos que conforman la región oriental de Paraguay, aseguró que Allen no defiende a esas comunidades frente al despojo de sus tierras por parte de las compañías de producción.

Añadió que la titular del INDI no sabe su función y que deja abiertamente los litigios por la propiedad de la tierra en manos de jueces y fiscales comprados que quieren quitar las tierras a los indígenas para entregar a los brasileños, propietarios de las empresas dedicadas a la explotación de tierras agrícolas.

Los indígenas sostienen que el INDI no respeta la propiedad ancestral de la tierra y que se hicieron títulos falsos, ya que las tierras que ese ente cede a las comunidades no se pueden embargar, enajenar, arrendar a terceros ni utilizar como garantía, según estipula la ley del Estatuto de las Comunidades Indígenas.

El líder indígena insistió en que ya existen suficientes leyes que garantizan el hábitat de esos pueblos, pero que no funcionan.

Por ello, para pedir que se cumplan y que se remueva de su cargo a Allen, hace tres meses Vera solicitó, junto con otros líderes indígenas, una entrevista con el presidente de la República, porque ya hablamos con todos, en referencia a las reuniones mantenidas con la fiscal general del Estado, la titular del INDI y los presidentes de las cámaras legislativas.

Aseguró que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

Buena parte de los indígenas acampados en asunción proceden del departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

Vera explicó que una parte de las familias regresó hoy a sus comunidades para descansar, pero que la próxima semana otro grupo acudirá a Asunción para continuar sus reclamos.

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