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Gobierno no aceptará ser condicionado por indígenas

El Gobierno Nacional mostró su apoyo a la presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, frente a las protestas de colectivos de indígenas que piden su destitución por no defender sus intereses, y advirtió que no aceptará ningún diálogo condicionado con esos grupos de nativos.

Desde la presidencia confirmaron que se está apoyando la gestión de Allen porque es una persona comprometida con la honestidad y la dedicación en su trabajo, en referencia a las demandas de los indígenas que permanecen desde hace más de 20 días acampados en las inmediaciones del Congreso y de la sede del INDI.

Los acampados denuncian lo que consideran un abandono total por parte del Estado y reclaman que les defienda frente al despojo de sus tierras que afirman sufrir por parte de las compañías que van ingresando a sus tierras para trabajarlas.

Esos grupos indígenas, procedentes de la zona oriental del país, consideran que la titular del INDI desconoce su función y no defiende sus derechos respecto a la propiedad de la tierra por lo que piden que sea cesada en su cargo.

Aseguraron que el Ejecutivo creó una mesa de trabajo para atender los desafíos y reclamos de los líderes indígenas, y a la vez solicitaron además una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para transmitirle sus peticiones.

En ese sentido, el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres, aseguró que el Gobierno no tiene inconvenientes en hablar con ellos, pero advirtió que el mandatario no va a aceptar ningún diálogo condicionado por la destitución de Allen.

En referencia a las denuncias de usurpación de tierras, Cáceres indicó que si se identifican irregularidades, que tengan la seguridad de que, caiga quien caiga, se van a activar los recursos de la Justicia.

Uno de los representantes indígenas, Ángel Vera, señaló este miércoles que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

La mayor parte de los indígenas acampados en Asunción proceden del departamento de Canindeyú, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras.

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Indígenas no bajan los brazos y ahora quieren hablar con Abdo Benítez

Varios grupos de indígenas permanecerán acampados en el centro de Asunción hasta que sean recibidos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los nativos siguen exigiendo la destitución de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, por no defender a sus comunidades.

Unas 200 familias indígenas permanecen desde hace 22 días acampadas en la Plaza de Armas de Asunción, adyacente al Congreso, y otro grupo frente a la sede del INDI, para pedir “justicia” para las comunidades indígenas y denunciar el abandono total del Estado, explicó uno de sus representantes, Ángel Vera.

Vera, coordinador general de la Federación Guaraní, que articula a nueve asociaciones de comunidades indígenas de distintos departamentos que conforman la región oriental de Paraguay, aseguró que Allen no defiende a esas comunidades frente al despojo de sus tierras por parte de las compañías de producción.

Añadió que la titular del INDI no sabe su función y que deja abiertamente los litigios por la propiedad de la tierra en manos de jueces y fiscales comprados que quieren quitar las tierras a los indígenas para entregar a los brasileños, propietarios de las empresas dedicadas a la explotación de tierras agrícolas.

Los indígenas sostienen que el INDI no respeta la propiedad ancestral de la tierra y que se hicieron títulos falsos, ya que las tierras que ese ente cede a las comunidades no se pueden embargar, enajenar, arrendar a terceros ni utilizar como garantía, según estipula la ley del Estatuto de las Comunidades Indígenas.

El líder indígena insistió en que ya existen suficientes leyes que garantizan el hábitat de esos pueblos, pero que no funcionan.

Por ello, para pedir que se cumplan y que se remueva de su cargo a Allen, hace tres meses Vera solicitó, junto con otros líderes indígenas, una entrevista con el presidente de la República, porque ya hablamos con todos, en referencia a las reuniones mantenidas con la fiscal general del Estado, la titular del INDI y los presidentes de las cámaras legislativas.

Aseguró que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

Buena parte de los indígenas acampados en asunción proceden del departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

Vera explicó que una parte de las familias regresó hoy a sus comunidades para descansar, pero que la próxima semana otro grupo acudirá a Asunción para continuar sus reclamos.

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Presentan avances sobre cumplimiento de sentencias en materia de DDHH

El Ministerio de Justicia presentó este viernes los avances en el cumplimiento de sentencias internacionales contra el Estado paraguayo y acuerdos de solución amistosa.

Fue durante la reunión ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI).

El viceministro de justicia, Weldon Black informó que el Ministerio de Justicia se encuentra en fase de socialización del “Protocolo de Actuación, Prevención y Contingencia para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y/o en situación de contacto Inicial en el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode”.

Con respecto a la sentencia internacional en el caso del ex Panchito López anunció que el próximo 28 se realizará una reunión con los peticionarios, para informar sobre los trabajos que realizan las instituciones que integran el grupo de localización de víctimas con miras a coordinar con los mismos el acto de disculpas públicas del Estado paraguayo.

En relación al Programa Nacional Casas de Justicia se estableció que como mínimo dos veces en el año se llegará hasta las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa para brindar el servicio de acceso a la identidad a través del Registro Civil, el Departamento de Identificaciones, el Ministerio del Interior y servicios de atención medica por parte del Ministerio de Salud y Bienestar social.

“Con este programa se ha brindado más 500 atenciones en estas comunidades entre el año pasado y este año, acercando servicios de asistencia legal, mediación y otros servicios del Estado”, detalló.

La reunión fue presidida por la vicepresidenta de la República, Alicia Pucheta de Correa y el viceministro de Relaciones Exteriores, Federico González, además de representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación.

Al igual que el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, el INDI, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, Secretaría del Ambiente, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría de Acción Social, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, la Procuraduría General del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

La Comisión Interinstitucional es la responsable de la ejecución de las acciones necesarias para los cumplimientos de las sentencias internacionales, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las obligaciones derivadas de los tratados de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, destaca el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia.

IP

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Si no hay chicanas, seguirá el juicio a Quesnel

El extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel está citado para hoy  miércoles a fin de declarar en juicio oral y público por la presunta apropiación de fondos destinados a cumplir una sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras 19 suspensiones.

Así, esta será la vigésima vez que Quesnel está llamado a declarar, ya que el extitular del INDI ha frenado el proceso las ocasiones anteriores mediante diversas chicanas judiciales, como acudir sin su abogado o presentar recusaciones ante los fiscales de la causa.

Quesnel está acusado de lesión de confianza y apropiación de más 555.000 dólares depositados a nombre de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, del pueblo indígena énxet, en cumplimiento de sentencias de la CorteIDH, de 2005 y 2006, recordó hoy en un comunicado la organización Tierraviva.

La comunidad de Yakye Áxa es originaria del Chaco y recibió sus tierras en cumplimiento de la sentencia, pero no pueden acceder a ella por la falta de caminos y se vieron obligados a vivir a un costado de la ruta.

La comunidad Sawhoyamaxa, también se encuentra afectada por una sentencia de la CorteIDH y por la apropiación indebida de sus fondos. En principio se logró que el Estado expropiara a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas.

En este caso, el exdirector del Indi no es el único acusado por estos hechos ocurridos en 2013, en los que también están involucrados la exdirectora de administración del Indi Marlene Mendoza y el funcionario Éver Otazo, junto al expresidente de la fundación Reforeast Par, Óscar Viera.

Quesnel fue condenado en abril de 2015 a seis años y medio de cárcel por la venta ilegal del territorio de la comunidad indígena de Cuyabia, en el Chaco paraguayo, donde residen grupos de indígenas ayoreos no contactados, que constituyen el último pueblo nativo aislado de América fuera de la Amazonía.

La población indígena de nuestro país asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.

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CIDH presentó lapidario informe sobre derechos humanos en Venezuela

WASHINGTON (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó el lunes a las autoridades venezolanas a asumir con urgencia lo que calificó como “grave” situación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que atraviesa esa nación.

“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, advirtió el organismo al difundir su tercer informe sobre el país andino.

La CIDH aseveró que Venezuela registra “un grave precedente” y “contradice seriamente los principios del derecho internacional” al no aceptar ni cumplir decisiones ni recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional.

Las 76 recomendaciones al Estado contenidas en el informe incluyen reconocer nuevamente la competencia de la Corte IDH _el otro órgano del sistema interamericano de derechos humanos al que Caracas desconoce desde 2013_ y revertir la decisión adoptada el año pasado de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque de entrar en vigencia en 2019 dejaría a la población venezolana sin la protección de sus derechos humanos que se derivan de la Carta de la Organización y de la Declaración Americana de Derechos y Libertades del Hombre.

La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, reiteró su solicitud de realizar su primera visita a Venezuela desde ese año y se quejó de que las autoridades no han respondido a numerosas solicitudes formales enviadas desde entonces.

El peruano Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión, dijo en conferencia de prensa que “el centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.

El brasileño Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo que espera recibir respuesta en los próximos días a una solicitud extendida a Colombia para visitar la frontera con Venezuela después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara su militarización la semana pasada a raíz de la gran cantidad de venezolanos que salen de su territorio.

Abrão indicó que la intención es visitar la frontera justo antes o después de las audiencias que la CIDH prevé celebrar en Bogotá entre el 22 de febrero y el 2 de marzo.

El informe registró un panorama dramático en la nación andina, especialmente desde 2017.

Junto al debilitamiento de la institucionalidad democrática causado principalmente por las injerencias de los poderes ejecutivo y judicial sobre el legislativo, la Comisión diagnosticó un patrón de represalias a la disidencia, un uso excesivo de armas de fuego contra manifestantes y severas restricciones al derecho a la libertad de expresión.

El informe condenó la militarización de la seguridad ciudadana ante un aumento importante de la violencia y la criminalidad, y además subrayó un índice de pobreza alarmante y un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos.

El Estado venezolano dijo a la CIDH que rechaza el informe porque presenta una visión “altamente parcializada” y porque “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”.

La CIDH es un órgano de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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