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Colombia lidera pedido de no reconocimiento al próximo gobierno de Maduro

Colombia espera que los países declarados «defensores de la democracia» retiren sus embajadores y desconozcan al gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero, cuando asumirá un nuevo mandato, afirmó el presidente Iván Duque este lunes.

El mandatario abogó igualmente por una presión mayor sobre Maduro para que ese país recupere la libertad y la democracia, ante lo que describió como una dictadura abrumadora.

Esperamos a que llegue el 10 de enero y que otros países que son defensores de la democracia, ante esta situación de dictadura abrumadora, tendrán también que retirar a sus embajadores y desconocer ese gobierno, dijo Duque a Blu Radio.

Creado en 2017 tras protestas contra Maduro que dejaron 125 muertos, el Grupo de Lima evalúa romper relaciones en bloque con Maduro. El foro está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Duque, que además encabeza el grupo de países que pide una investigación contra Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, confió en que la campaña internacional dé prontos resultados.

Espero que la sumatoria de todos estos esfuerzos internacionales lleve a que la presión sea tal que se tenga que tomar correctivos, y ojalá que inicie el proceso para que Venezuela recupera la libertad y la democracia, enfatizó.

Maduro se prepara para comenzar el próximo 10 de enero un segundo mandato de seis años, tras ser reelegido en votaciones boicoteadas por la oposición, que las denunció como un fraude, y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El gobernante socialista vinculó la semana pasada al futuro gobierno de Brasil y al de Colombia con un supuesto plan de la Casa Blanca para dar un golpe de Estado en Venezuela e, incluso, asesinarlo.

Salvo por el trato consular y a nivel de encargados de negocios, Bogotá congeló sus relaciones con Caracas desde mediados del año pasado, en medio de la ola migratoria de venezolanos que huyen hacia o a través de Colombia por el deterioro de la economía, principalmente.

Los dos gobiernos escalaron las tensiones con la expulsión, la semana pasada, de funcionarios.

El gobierno de Duque sacó del país a un asesor de la embajada venezolano por alterar la seguridad nacional, a lo que Maduro respondió con la expulsión del cónsul colombiano en Caracas.

Este lunes Duque también volvió a denunciar la detención atrabiliaria de 59 colombianos, que permanecen privados de su libertad desde 2016 sin fórmula de juicio, en la cárcel de La Yaguara, en Caracas, acusados de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos.

En un comunicado, la cancillería colombiana dio a conocer un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que exige la excarcelación inmediata de los detenidos, así como una indemnización y una reparación adecuada.

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Venezuela condena injerencia de Alemania por impulsar investigaciones de la CPI

Venezuela rechazó este jueves que Alemania apoyara la iniciativa de varios países que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, y le pidió «descartar el injerencismo».

La actitud arrogante asumida por el gobierno alemán impacta negativamente en las relaciones bilaterales. Exhortamos al Gobierno de la República Federal de Alemania a descartar el injerencismo, y enfocar su relación con Venezuela en la construcción de mecanismos de diálogo, señala un comunicado de la Cancillería.

El gobierno de Maduro asegura no estar sorprendido porque Alemania se pliegue a los designios del gobierno guerrerista de los Estados Unidos que, insistentemente, presiona de manera obscena a los gobiernos del mundo para que fijen posición contra Caracas.

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, respaldados luego por Francia y Costa Rica enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos según ellos por el gobierno de Maduro.

Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo y donde el crudo representa 96% de los ingresos, enfrenta una abrupta caída de su producción con cerca de 1,4 millones de barriles por día (mbd), la más baja en 30 años y muy lejos de los 3,2 millones de 2008.

La grave crisis económica está marcada por una recesión prevista de 18%, una hiperinflación proyectada en 1.350.000% para este año según el FMI, falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad que han provocado un éxodo masivo de cientos de miles de venezolanos.

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Francia se une a los países que solicitaron intervención de la CPI a Venezuela

Francia manifestó su apoyo al procedimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, tras la petición de seis países americanos a ese tribunal para que se acelere la apertura de una investigación por supuestos crímenes cometidos allí.

En un comunicado, la presidencia francesa afirmó que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para establecer los hechos que han llevado a esta crisis y contribuir a encontrar una solución.

El Elíseo mostró gran preocupación por los últimos desarrollos de esa crisis, en particular el deterioro de la situación económica que obliga a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a exiliarse y a buscar refugio en el resto de Sudamérica e incluso fuera de la región.

En ese contexto enmarcó la decisión de la fiscal de la CPI, que el pasado 8 de febrero había abierto un examen preliminar de la situación en el país caribeño, a lo que ha seguido este jueves la petición de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

El examen preliminar abierto a Venezuela en febrero ponía el foco en supuestos crímenes cometidos al menos desde abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias al Parlamento opositor, y la consiguiente represión por parte de las fuerzas del orden.

El Elíseo, que recordó el apoyo de Francia a los países que acogen a esos refugiados, reiteró con insistencia su mensaje a las autoridades venezolanas para que pongan en marcha el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones.

Se trata, además, añadió, de encontrar una salida a la crisis política y contribuir a la recuperación de la economía venezolana.

La petición a la CPI lanzada inicialmente por esos seis países americanos es la primera, en los 16 años de historia de la CPI, en que un grupo de Estados parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía.

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Macri confirmó ante la ONU la denuncia contra Venezuela en la CPI

El presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó en la ONU que denunciará a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, en un paso inédito en los 16 años de vida del tribunal internacional.

Quiero detenerme para expresar nuestra preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela y, dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana, afirmó Macri en su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Los cancilleres de cinco países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) tienen previsto firmar una carta que enviarán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En los 16 años de vida la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno lo hiciera con Venezuela.

Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de miles de venezolanos, subrayó.

Argentina es uno de los integrantes del Grupo de Lima, compuesto por una docena de países latinoamericanos que consideran roto el orden democrático en Venezuela y que han tomado diferentes iniciativas para incrementar la presión sobre el Ejecutivo venezolano.

El Grupo de Lima ha pedido a Maduro que permita la apertura de un corredor humanitario para facilitar la entrada de alimentos y medicinas, algo que Venezuela interpreta como un intento por invadir su territorio porque podría permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras.

Argentina ha recibido a 130.000 inmigrantes y refugiados venezolanos, según dijo Macri. La ONU estima que hasta junio de este año 2,3 millones de venezolanos han salido de su país, principalmente con rumbo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.

Venezuela ha perdido más del 40 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos cuatro años y registra una inflación disparada, que se calcula que alcance el 1.000.000 % este año, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Paraguay y otros cuatro países llevarán a Venezuela ante la CPI

Paraguay, Perú, Argentina, Colombia y Chile pedirán el martes 25 a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los cancilleres del Perú, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay CPI que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó en Washington el vicecanciller peruano, Hugo de Zela, quien a su vez adelantó que Canadá estudia unirse a la denuncia.

Se trata de una demanda inédita ante la CPI, pues es la primera presentada por varios Estados contra otro país miembro de la corte. La misiva, que se conocerá durante la Asamblea General de la ONU, irá acompañada por dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.

El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Este grupo concluyó que existía un fundamento razonable para considerar que 11 individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.

Almagro ya remitió ese informe en mayo a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para pedirle que abriera una investigación.

La fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, una investigación preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una indagación formal.

La denuncia conjunta no abriría automáticamente una investigación plena, ya que ese paso depende de la fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.

Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 que permite a los Estados miembros denunciar a otros países y que si la fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares.

La corte ya abrió una investigación preliminar, pero ellos no tienen obligación de terminarla ni de comunicarla, explicó De Zela. Pero cuando un país lo pide, tienen obligación de presentar resultados. Y esa es la diferencia, agregó.

Esto es inédito, nunca se ha hecho una solicitud de este tipo. Es la primera vez en la historia y nosotros hemos tenido la iniciativa de impulsar esto porque pensamos que la situación lo amerita, dijo el vicecanciller peruano.

Esta demanda activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados miembros denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.

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Macri va por Venezuela ante la Corte Penal Internacional

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que, probablemente con otros países sudamericanos, pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el actual Gobierno de Nicolás Maduro.

Es cierto. Está en proceso. A mí no me cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general, dijo el mandatario argentino en una entrevista emitida en la noche de este domingo por la cadena estadounidense CNN al ser consultado sobre si acudirá a la CPI.

Macri señaló que la solicitud se hará en semanas y que probablemente lo haga junto a Colombia, Chile y Paraguay. Yo me hago cargo de lo mío. Seguramente Colombia también. Chile, con seguridad. Y puede ser Paraguay, el nuevo presidente (Mario Abdo Benítez), señalo el mandatario argentino.

Macri sostuvo que en la región cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos.

Con todo, reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora por diversos países latinoamericanos respecto a Venezuela han tenido pocos efectos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro no ha cambiado en nada, le ha hecho perder el tiempo a mucha gente que creyó que podía mediar. Nunca nada evolucionó en la dirección correcta, así que no soy optimista en el corto plazo de lo que pueda pasar en Venezuela, comentó.

Por otra parte, dejo ver sus dudas respecto a la veracidad del supuesto atentado contra Maduro del pasado día 4. A la luz de cómo se comportó después, a quiénes allanó y a quiénes atropelló nuevamente de entre la oposición, a Julio Borges y a María Corina Machado, demuestra que haya sido poco probable que el atentado haya sido en serio, señaló.

Para Macri, ambos dirigentes de la oposición venezolana, por su profundo compromiso democrático, no pueden estar involucrados en un atentado de este tipo.

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Algunos países denunciarán a Maduro ante la CPI

Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay están en conversaciones para denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios de su gobierno ante la Corte Penal Interanacional (CPI) por graves crímenes de lesa humanidad, dijeron fuentes de la Organización de Estos Americanos (OEA).

La idea es enviarlo en bloque. El hecho de que un país presente una denuncia así supone más beneficios procesales que si un tercero, como una organización, lo hace. Pero que lo presente un conjunto de países tiene aún más peso político, indicó uno de los informantes.

Si prospera esta iniciativa, como se espera, sería la primera vez que habría una denuncia de este tipo ante la CPI, añadió la fuente, que pidió anonimato. Otra de las fuentes, que también solicitó no ser identificada, indicó que Argentina y Chile lideran las gestiones.

Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, ya abogaron públicamente por llevar ante la máxima instancia penal internacional a Maduro y a otros presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas hace más de cuatro años.

La denuncia conjunta se basa en el informe de un panel internacional independiente convocado por la secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a fines de mayo concluyó que hay fundamento suficiente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendó remitir la evidencia a la CPI.

La secretaría de la OEA ya lo hizo y la Fiscalía de la CPI la está considerando. Esta denuncia en bloque se sumaría a ese planteo, explicó una de las fuentes.

El informe de los expertos identifica 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Maduro desde 2014, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos. Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde 2015.

También da cuenta de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013, en las que Maduro fue electo para suceder al fallecido Hugo Chávez.

Más de 1.300 personas han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, según el panel, que dijo haber comprobado un evidente nexo de persecución por motivos políticos.

En junio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó de lamentable la situación en Venezuela, pidió crear una comisión de investigación internacional y llamó a una mayor implicación de la CPI.

El gobierno venezolano consideró el informe de la ONU como una grotesca farsa. En febrero la CPI inició exámenes preliminares por presuntos crímenes en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.

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