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Titular del Consejo de la Magistratura destaca proceso transparente para las ternas

El titular del Consejo de la Magistratura, Claudio Bacchetta, expresó su satisfacción por la confección final de las dos ternas de candidatos para la Corte Suprema de Justicia, porque según destacó, se realizó con transparencia y fuera de presiones políticas. Fueron cinco meses de trabajo intenso y serio, indicó.

Dijo que se ha tenido en cuenta la trayectoria, la capacidad y la integridad de las personas, pues ninguno de los ternados cuenta con malos antecedentes, indicó.

Añadió que los seleccionados para formar parte de las ternas para cubrir las vacancias en la máxima instancia judicial son el producto de un largo análisis.

“Ayer demostramos que estamos por buen camino, cuando uno quiere hacer bien las cosas, yo creo que se puede”, expresó.

Bacchetta también señaló que, según el nuevo proceso, los miembros del cuerpo colegiado deben fundamentar el motivo de la elección de los candidatos e incluirlos en las actas, que una vez redactada, los legajos serán remitidos al Senado.

Hasta el 19 de setiembre se extiende el plazo para la inscripción de los postulantes para cubrir la vacancia que producirá en breve el ministro Sindulfo Blanco, quien también se jubilará.

Los ternados

Las tres personas seleccionadas para entrar en lugar de Bajac, quien se jubiló, son:

1- Eugenio Jiménez
2- Marcos Khon Gallardo
3- Rubén Romero

La otra terna dada por la vacancia dejada por Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa, quien dimitió para asumir la vice presidencia de la República, la integran:

1- Manuel Ramírez Candia
2- Alberto Martínez Simón
3- Elodia Almirón

 

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Corte Suprema declara inamovibles a Bestard y Wapenka

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral,  Jaime Bestard y María Elena Wapenka, fueron declarados hoy inamovibles hasta cumplir los 75 años de edad, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del TSJE, Bestard, había planteado una acción de inconstitucionalidad, que le fue admitida por unanimidad por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, para continuar en el cargo sin la necesidad de una confirmación tras los 5 años de su nombramiento.

 

Según la Corte Suprema, que había emitido una resolución en el 2012, los ministros de la máxima instancia judicial no se rigen por la exigencia de una reconfirmación y por analogía aplican la misma disposición para los altos funcionarios de la Justicia Electoral.

Wapenka, sin embargo, tomó el camino de la “certeza constitucional” y así obtuvo el voto favorable de los ministros Miryam Peña y Raúl Torres Kirmser, para admitir la medida que en la práctica tiene los mismos efectos que el caso de Bestard, confirmarla en el cargo hasta los 75 años de edad. Gladys Bareiro de Módica consideró que la figura de la “certeza constitucional” no figura entre las atribuciones de la Corte y votó en disidencia.

 

El artículo 261 de la Constitución Nacional dispone: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.

También indican también los ministros del TSJE solo pueden ser removidos por juicio político y no se acogen a la necesidad de una conformación en el cargo, argumentando el artículo 275 que establece que “el Tribunal Superior de Justicia Electoral estará compuesto de tres miembros, quienes serán elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

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Ejecutivo presenta proyecto de ley para que sesiones de la Corte sean televisadas

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso Nacional un proyecto de Ley que obligue a la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura, a transmitir en vivo y en directo sus sesiones, en el marco de la política de transparencia que pretende implementar el presidente Mario Abdo Benítez.

Los ministros Juan Ernesto Villamayor y Eduardo Petta fueron los encargados de presentar al público el plan normativo. Los mismos indicaron que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es en el marco de la Política de Transparencia del Gobierno.

De aprobarse este proyecto todas las sesiones de la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura deberán ser televisadas e igualadas con las reuniones de ambas cámaras del Congreso Nacional.

Hasta el momento, las sesiones de la Cortes y del Consejo de la Magistratura se realizan entre cuatro paredes y no se conoce el debate interno para la toma de decisiones.

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Fiscalía ordena prisión para Barakat

El Ministerio Público ordenó en la mañana del viernes la prisión preventiva del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos terroristas y actualmente en paradero desconocido, y a quien se le renovó el pasaporte paraguayo pese a haber perdido esa nacionalidad.

Previamente, el Ministerio Público anunció anoche la imputación a Barakat por un presunto delito de producción de documentos de contenido falso, que cometió en repetidas ocasiones.

Barakat recibió en abril pasado un pasaporte del país sudamericano a pesar de que no tenía nacionalidad paraguaya, que había obtenido en 1989, pero le había sido retirada en 2003 por la Corte Suprema de Justicia.

Desde las esferas del Poder Ejecutivo, se espera esclarecer si existieron irregularidades dentro de la Policía Nacional a la hora de concederle el pasaporte y si puede haber delitos conexos.

La investigación paraguaya se suma a las pesquisas de Argentina, que el pasado julio advirtió del posible accionar delictivo en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado “Clan Barakat”, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chií libanés Hizbulá.

La organización estaría liderada por Assad Ahmad Barakat, quien presentaría estrechos vínculos con el liderazgo de Hizbulá desde su centro de operaciones en una galería ubicada en Ciudad del Este, Alto Paraná, según la Unidad de Información Financiera (UIF).

La UIF ordenó entonces congelar bienes y dinero de ese clan, por su supuesta relación con delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Barakat también tiene sus bienes congelados en Estados Unidos, donde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros lo ha designado como terrorista.

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Fiscalía pidió nulidad de la liberación de condenados en caso Curuguaty

El Ministerio Público solicitó la nulidad de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las que se anularon las once condenas de los acusados por la matanza de Curuguaty y pidió una nueva aclaratoria, después de que la primera confirmara un error en la sentencia de absolución.

La Fiscalía detectó vicios en las decisiones de la Sala Penal de la CSJ, lo que deriva en la nulidad de lo resulto, según informó el propio Ministerio Público.

La sala penal de la Corte Suprema anuló el 26 de julio las once condenas, con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, ocurridos en 2012 en Curuguaty, que causaron la muerte de 17 personas, entre ellos campesinos y policías, y el cese del presidente Fernando Lugo.

Sin embargo, este lunes la Sala Penal dictó una aclaratoria de oficio por un error en la sentencia generado por la firma de uno de los miembros de la sala, que votó por un fallo pero apareció otro.

Ante esos hechos y ante las inobservancias verificadas del Código Procesal Penal, la Fiscalía consideró que la Sala Penal de la CSJ no observó las claras disposiciones legales que rigen el procedimiento penal, lo que motivó el quiebre del ordenamiento jurídico, convirtiendo el fallo en una resolución arbitraria por apartarse de los mandatos legales.

Por tanto, solicitó declarar la nulidad de ambas resoluciones por corresponder en estricto derecho y ordenar una nueva composición de la Sala Penal para estudiar los recursos de casación interpuestos por las defensas técnicas de los procesados.

La masacre de Curuguaty se produjo en junio de 2012 durante el desalojo policial de una finca ocupada por campesinos y murieron 11 de ellos y 6 policías, por cuyas muertes un tribunal dispuso en 2016 penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados.

Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que los incriminara y pidieron su absolución, y se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos.

En prisión permanecían cuatro de los condenados por esos hechos, ocurridos en 2012, que eran quienes contaban con las penas más altas, mientras que el resto recuperaron con anterioridad su libertad de forma espaciada.

La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal, para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político.

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Amnistía internacional festeja liberación de campesinos de Curuguaty

Amnistía Internacional celebró como una gran victoria para los derechos humanos la absolución de 11 campesinos en Paraguay que habían sido injustamente condenados por la muerte de 6 policías durante un desalojo violento ocurrido en 2012.

Es uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad paraguaya y la comunidad internacional. La sentencia de la Corte es un triunfo importante para los derechos humanos en Paraguay, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló este jueves la condena a los 11 campesinos acusados por la matanza de Curuguaty, el lugar en el que en 2012 murieron 11 labriegos y 6 policías en un desalojo de tierras.

Un tribunal había dispuesto hace dos años penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados, de los que solo 4 permanecen en prisión en la actualidad.

A pesar de la satisfacción por su absolución, Guevara Rosas advirtió que aún queda pendiente el deber de las autoridades paraguayas de garantizar justicia, verdad y reparación por las muertes de 11 campesinos que se han negado a investigar, así como continuar con la investigación por la muerte de los 6 policías.

La matanza ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integraran a la reforma agraria.

La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.

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Campesinos de Curuguaty ya están libres, luego de 6 años de encierro

La felicidad de los campesinos de Curuguaty y sus familiares es indescriptible. No es para menos salen de Tacumbú luego de seis años de prisión injusta, según ellos. Se dio cumplimiento a la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que anuló la sentencia de un tribunal que los condenó a 18 y 20 años de prisión por el caso “masacre”, que ocurrió en el 2012 en la conflictiva propiedad conocida como Marina Cué.

“Al enterarme no creía, siento una felicidad inmensa, incomparable. Lo primero me acuerdo de mis compañeros que perdieron la vida, ahora ya estamos libres para seguir luchando por la justicia social en el Paraguay”, expresó uno de los tres liberados esta mañana, Arnaldo Quintana.

Luis Olmedo Paredes, condenado a 20 años de prisión y Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana, recuperaron su libertad, luego de seis años de la masacre que se produjo en Curuguaty.

Desde tempranas horas, familiares y amigos de los recluidos esperaban ansiosos la salida de los citados; quienes al producirse el hecho gritaron de emoción, lloraron y se confundieron en abrazos. De Tacumbú se trasladaron hasta la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia, donde permanecerán durante el fin de semana.

Las otras personas que ya se encuentran en libertad son Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López, quienes fueron sentenciadas a seis años de prisión; Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y  Felipe Benítez Balmori, que recibieron una sentencia de cuatro años.

También se tenía prevista la liberación de Rubén Villalba. Si bien pudo saludar a familiares y amigos, no pudo salir debido a otra pena que enfrenta por invasión de inmuebles.

La masacre, donde murieron 11 campesinos y 6 policías, se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.

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Diputados esperan respuesta de la Corte sobre registro de padres morosos

Los diputados quieren saber si está funcionando adecuadamente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que se habilitó hace dos años, como dependencia de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo, la nómina de padres irresponsables que no cumplen con su deber y con las decisiones judiciales en esta materia. 

La plenaria aprobó el proyecto de Resolución, que fue presentado por los diputados de Patria Querida, Rocío Vallejo, Sebastián García y Sebastián Villarejo, por el cual solicita informes a la máxima instancia judicial, sobre la implementación de la Ley 5415/15, Que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El registro es una fuente de información gratuita de la CSJ y es instituido como un mecanismo de control del incumplimiento del deber alimentario.

Los legisladores desean conocer la fecha de implementación del registro, lugar donde funciona, personas que cumplen funciones en la institución y datos de la formación académica de cada una de ellas.

Igualmente, requieren datos de la cantidad de personas inscriptas como deudoras; las veces que fueron solicitadas datos del registro; acciones emprendidas en cooperación con el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es un instrumento para garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia. A quienes incumplen con ese derecho, irrenunciable de los niños, adolescentes y dependientes económicos, se les sanciona con la exhibición de sus nombres y datos en una especie de buró de crédito de padre morosos.

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Se realizó ayer conversatorio sobre buenas prácticas en compras públicas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), realizó ayer un conversatorio denominado “Buenas Prácticas en la Gestión de las Contrataciones Públicas” en la Sala Moliére de la Alianza Francesa de Asunción. El evento contó con la participación de más de 100 funcionarios que intervienen en la gestión de las compras en las instituciones públicas.

El objetivo del Conversatorio nació bajo la convicción de que la mejora continua en los procesos administrativos se convierte en un vehículo para que el logro del fin último del Estado, el cual es satisfacer adecuadamente las necesidades públicas, se logre.

La actividad se desarrolló en dos paneles principales que incluyeron charlas sobre: “Estandarizaciones de procesos de especificaciones técnicas – Reestructuración de Funciones”, “Análisis de mesas consultivas de especificaciones técnicas”, “Reglamento de Responsabilidades y Funciones del Administrador de Contratos” y “Procedimiento de Ejecución de Garantías”.

 

Los disertantes que expusieron sus buenas prácticas son encargados y asesores de los departamentos compras y adquisiciones de la ANDE, el Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas.

 

 

 

El titular de la DNCP, Santiago Jure, destacó algunos logros y premios obtenidos durante su gestión desde el año 2014, así como el mejoramiento de varios pliegos de bases y condiciones estándar, firmas de convenios y alianzas estratégicas, medidas normativas adoptadas para optimizar la gestión de las compras públicas y la capacitación a más de 19.000 personas.

Además, en el acto se lanzó la primera edición de la Revista de Compras Públicas que consiste en una publicación periódica de carácter eminentemente científico y doctrinario al cual se puede acceder a través del sitio web.

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Aspirantes a la Corte coinciden en la necesidad de independencia del Poder Judicial

Los aspirantes a ministro de la Corte Suprema de Justicia coinciden en la necesidad de profundizar la independencia efectiva del Poder Judicial. Este martes se desarrolló la segunda jornada de audiencias públicas de postulantes para dos vacancias existentes en la máxima instancia judicial.

El proceso de selección está a cargo del Consejo de la Magistratura, que pretende dotar al proceso de la máxima transparencia, según afirman sus integrantes.

Este martes se presentaron tres postulantes, los Dres. Arnulfo Arias Maldonado, Pablo Bareiro Portillo y Raúl Barriocanal, quienes expusieron sobre la administración, la independencia del Poder Judicial y presentaron sus propuestas sobre la defensa de los Derechos Humanos y valores democráticos.

Los postulantes son evaluados por un tribunal de honor conformado por María Angélica Calvo, Luis F. Sosa Centurión, Amparo viuda de Paciello, Sixto Volpe y Raúl Sapena Brugada.

Esta fue la primera sesión en la que participó la nueva comisión directiva del Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia de Claudio Bachetta.

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la elaboración de dos ternas con los mejores postulantes para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Alicia Pucheta y Miguel Óscar Bajac.

Las ternas de tres candidatos son presentadas al Congreso Nacional para la elección de los ministros.

Unos 57 postulantes se irán presentando en grupos de a tres personas por día. El periodo de audiencias inició ayer lunes con la exposición de los Dres. Manuel Aguirre Rodas, María Elodia Almirón Prujel y José Francisco Appleyard.

Las audiencias van de lunes a jueves en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, y son transmitidas por Paraguay TV, TV Cámara y con cobertura de los medios de comunicación del Estado.

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