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Arrom y Martí reclaman más de 120 millones de dólares al Estado paraguayo

El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó hoy que Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes entablaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado paraguayo, están reclamando 123 millones de dólares en concepto de resarcimiento.

El total solicitado es USD 50 millones para Juan Arrom, otra misma cantidad para Anuncio Martí y un resto de 23 millones de la moneda norteamericana para los familiares de los mismos es lo que finalmente solicitan, dijo el procurador en el primer día al aire de la 98.5 FM de Asunción.

Esta semana viaja el sobre cerrado con los alegatos presentados por el Estado paraguayo, vía valija diplomática, y será recibido en Costa Rica por la embajada paraguaya en el país centroamericano para luego trasladarla a la CorteIDH.

Hicimos un trabajo técnico entre todas las instituciones involucradas. Tenemos muchísima esperanza en la actuación de los jueces, mencionó Coscia, quien así manifestó su deseo de un resultado justo a favor del Paraguay.

Remontándonos tiempo atrás, Arrom y Martí huyeron de su juicio oral y público a 24 horas de su realización, allá por agosto del 2003 cuando todo giraba en contra de ellos en la acusación del caso de secuestro de María Edith Bordón y en cuya causa y juicio pasaron a su vez Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),  quienes hasta el momento sigue purgando su condena.

Tanto Arrom, como Martí, siguen en carácter de refugiados políticos en Brasil, aunque la demanda ante la CorteIDH data del año 2002. Ambos son fundadores del extinto Partido Patria Libre (PPL) a quien se cree fue la base política del EPP.

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Arrom, Martí y Colmán tropiezan en el caso que elevaron a la CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desestimó la solicitud de medidas provisionales presentadas por la defensa de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. El Tribunal argumentó que en el caso que llevaron adelante contra el Estado paraguayo, no se reúnen términos exigidos para alegar extrema gravedad y urgencia.

Por lo expuesto por la CorteIDH, el pedido planteado por la defensa de Juan Arrom y Anuncio Martí fue rechazado. Los refugiados actualmente en Brasil alegaban supuestos hechos que atentaban sus derechos y luego de oír ambas partes la semana pasada en San José de Costa Rica, llegaron a esta conclusión.

Por lo mencionado por la Corte IDH, ante la falta de elementos que comprueben la existencia de una situación de “extrema gravedad y urgencia” que, a su vez, atente contra sus derechos, determinó rechazar el pedido.

La corte con sede en el país centroamericano nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos, agrega un párrafo de la resolución de rechazo.

Esta instancia jurídica, recordó las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana de DDHH, que lo condiciona a garantizar los derechos de ambos demandantes a través de los mecanismos internos existentes para ello.

En otra parte del documento señala que la CorteIDH decidió rechazar el pedido, argumentando que no se puede deducir que la solicitud hecha por Paraguay a Brasil, de revocar la condición de refugiados a Arrom y Martí, ponga en amenaza sus derechos ya que sus estatus de refugiados siguen firmes y no hay razón para sospechar lo contrario.

Menciona en otro punto que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentan la solicitud, el Tribunal estima que no resulta posible apreciar que los señores Juan Arrom y Anuncio Martí se encuentren en una situación de extrema gravedad y urgencia, relacionada con la posibilidad de daños irreparables. La Corte nota que estos residen en Brasil donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y no es posible interferir en el mero hecho de que Paraguay solicite la revocación del estatus de refugiados.

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Abdo Benítez: “ Causa en la Corte IDH nos debe unir a todos”

El presidente Mario Abdo Benítez  retornó en la noche ayer de Costa Rica, sede de la Corte IDH, de donde participó de la audiencia pública por la demanda presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo, señaló que es una causa “que unió al pueblo paraguayo y debe seguir uniéndolo”.

Abdo acompañó a las víctimas del secuestro, Fidel Zavala y María Edith Bordón; quien por esta última Arrom y Martí tienen una causa abierta en la justicia paraguaya.

El presidente manifestó que fue un momento doloroso para las víctimas revivir sus casos. Señaló que se sintió el apoyo del pueblo unido y declaró que “hay causas que nos deben unir a todos”.

Agradeció a los miembros de la Corte IDH por la hospitalidad y por haber entendido que su presencia respondía a la importancia que el Estado paraguayo otorga al caso. Mario Abdo se convirtió así en el primer presidente en participar de una audiencia del organismo supranacional.

También felicitó a la defensa del Estado que se concentró “en desvirtuar los argumentos” de los querellantes. Abdo indicó que se presentó un debate técnico-jurídico y se evitó “mostrar un acto novelesco” durante la audiencia.

Destacó que los jueces de la Corte IDH obtuvieron mayor información sobre lo que significó el secuestro de María Edith Bordón, que inició lo que se pasó a denominar “la industria del secuestro” en el país.

El presidente indicó que en la presentación por escrito de los alegatos finales se introducirán más elementos sobre este hecho, para informar a los jueces sobre el actuar de los demandantes.

“Reitero mi agradecimiento y mantengámonos unidos los paraguayos. Este debe ser un tema que nos una a todos. Creo que dimos un paso significativo y podemos tener esperanzas de que el Paraguay pueda salir airoso”, finalizó el mandatario.

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Abdo Benitez se reunió con su homólogo de Costa Rica

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió esta mañana con el jefe de Estado de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, con quien conversó sobre diversos temas políticos que atañen a la región y al comercio bilateral. 

Aprovechó su estancia en el país caribeño para entrevistarse con su homólogo de Costa Rica, donde fue a participar de la audiencia del juicio de Juan Arrom y Anuncio Martí en contra del Paraguay, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El mandatario paraguayo viajó con la primera dama Silvana Abdo y el canciller Luis Alberto Castiglioni, quienes fueron recibidos por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, con quien se reunió durante la jornada de hoy.

En la ocasión acordaron generar mayor acercamiento que se traducirán en nuevas oportunidades de cooperación y trabajo para ambos países.

Según Alvarado Quesada conversaron sobre temas regionales durante el encuentro, según expresó a través de cuenta de Twitter.

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Alegatos finales en caso Arrom y Martí serán analizados por la CorteIDH

La defensa del Estado paraguayo y los demandantes presentaron sus alegatos finales en lo que es la audiencia pública por el caso de presuntas torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión final queda a cargo de los jueces que integran el alto tribunal.

Este jueves fue la audiencia pública sobre la denuncia presentada contra el Estado. El procurador general, Sergio Coscia, tuvo a su cargo los alegatos finales señalando que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.

Coscia señaló que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados, y de los vecinos en los que fueron trasladados Arrom y Martí, según denuncian.

Por su parte, el abogado de los demandantes señala que durante la investigación se desecharon investigaciones de testigos claves que observaron movimientos extraños el día del presunto secuestro, así como que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en la que fueron encontrados Arrom y Martí.

Parte de la acusación señala que el Estado paraguayo no cumplió con el Protocolo de Estambul, que establece de guías de estándares en derechos humanos para investigar casos de tortura o maltratos.

Coscia manifestó que al momento de ser encontrados en la casa en la que presuntamente estuvieron recluidos, Arrom y Martí se negaron a realizar declaración en alguna dependencia policial y se opusieron a ser revisados por un médico del Ministerio Público.

También agrega que fueron derivados a un sanatorio privado en donde un grupo de cerca de 500 personas impidió que agentes fiscales y médicos del Ministerio Público participen de la evaluación médica realizada. Otro punto que cita se trata de la negativa de los demandantes de participar en la elaboración de un identikit para identificar a los responsables de su presunta desaparición forzada y tortura.

Arrom y Martí solicitan cada una la suma de US$ 50 millones, que se trata de una suma simbólica que tiene el objeto de llamar la atención sobre la gravedad de los hechos, declaró su abogado defensor.

En tanto que el procurador general solicitó en representación del Estado paraguayo que se dicte un sobreseimiento respecto a las alegadas violaciones de Derechos Humanos contra Arrom y Martí.

Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales.

La Corte IDH analizará los alegatos y emitirá un fallo judicial sin plazo definido para esto. IP

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Caso Arrom y Martí: Comenzó la Audiencia Pública en Costa Rica

Hoy en Costa Rica, a las 9:00 hora local, 12:00 de Paraguay, iniciará  la Audiencia Pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará los argumentos del Estado paraguayo y de los demandantes.

Según la agenda, la audiencia iniciará con la presentación del caso, trámite que lo cumplirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un tiempo límite de 20 minutos para el efecto.

La Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas. Juan Arrom realizará su declaración por vídeo conferencia. Su representante ante la Corte podrá interrogarlo por 20 minutos. Luego, el representante del Estado paraguayo,  procurador de la República, Sergio Coscia, podrá hacer preguntas por 20 minutos. Seguidamente, los jueces de la Corte pueden hacer lo mismo con la supuesta víctima.

El mismo procedimiento, con el mismo límite de tiempo, lo tendrá Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan. Luego declararán los testigos propuestos por el Estado paraguayo. El ex fiscal general del Estado, Oscar Germán Latorre, se referirá a la regularidad de las investigaciones fiscales.

El Estado podrá interrogarlo por 20 minutos, el representante de los demandantes, por el mismo tiempo y luego le podrán formular preguntas los miembros de la Corte. Édgar Sánchez es el otro testigo propuesto por nuestro país. Se seguirá el mismo procedimiento de interrogación.

Tras los interrogatorios, se tendrá un receso de dos horas, que de acuerdo a lo estimado, sería de 16 a 18 horas, aproximadamente. Luego se reanudará la audiencia, y la Corte escuchará los alegatos finales de las partes, que tendrán 30 minutos cada una, más cinco minutos para réplicas y dúplicas.

Luego, tanto la representación oficial como la de las supuestas víctimas tendrán tiempo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales por escrito.

La audiencia se puede seguir por internet, a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

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Mario Abdo viajó a Costa Rica para audiencia en caso Arrom y Martí

Mario Abdo Benítez, presidente de la República,  partió hoy rumbo a Costa Rica para participar de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Arrom-Martí.

La CIDH pretende que el Estado paraguayo pague a ambos supuestos secuestradores la suma de 63 millones de dólares por presuntos hechos de torturas por parte de agentes policiales; pero el Gobierno rechaza esa posibilidad.

El mandatario viajó en compañía de la primera dama Silvana Abdo, con el objetivo de acompañar a las víctimas del secuestro y al equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo.

El presidente manifestó que con su presencia en la audiencia pública quiere demostrar el compromiso con la vigencia del Estado de derecho.

“Creo que es importante nuestra presencia, independientemente al monto que se reclama. Ojalá que la Corte pueda entender lo grave que esto puede implicar para la pérdida de la soberanía y de la institucionalidad de la República”, expresó.

La audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizará mañana en San José a las 12:00.

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Ex embajador paraguayo en Costa Rica recomienda salir de la CIDH

Oscar Llanes Torres, ex embajador compatriota ante el Gobierno de Costa Rica, afirmó hoy que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un “club ideológico” que demuestra una parcialidad manifiesta contra ciertos Estados, por lo que recomendó que Paraguay se retire de esta instancia una vez conocida la resolución del caso Arrom-Martí.

El ex diplomático vaticinó que el Paraguay “ya tiene por anticipación una derrota” en el caso Arrom-Martí, donde deberá pagar una sanción económica de 63 millones de dólares, ya que la CIDH “es un club ideológico donde el 99% de los casos llevados a cabo fueron con resultados negativos a los Estados”.

Por esta razón recomendó al Paraguay “retirarse con dignidad” de esta instancia internacional una vez que se tenga el resultado, en febrero próximo, del caso en que los ciudadanos en situación de rebeldía judicial, Juan Arrom y Anuncio Martí, denunciaron al Paraguay por supuestas violaciones a sus derechos humanos, reclamando un resarcimiento económico superior a los 63 millones de dólares.

“Tendría que permanecer todavía un año cumpliendo con todos los compromisos hasta que llegue la fecha de consolidar la retirada”, indicó Llanes.

El ex representante diplomático del Paraguay afirmó que en el caso Arrom Martí hay una mala interpretación de todos los pormenores que lleva a la Corte Interamericana a demostrara una “parcialidad manifiesta”.

Llanes expresó que los Derechos Humanos son un tema jurídico que deberían ser naturalmente respetados, pero que no hay necesidad de tener una corte tan mal compuesta, donde una corriente es la dominante.

Mencionó que todas las resoluciones de la Corte son inapelables, ya que no existe un recurso capaz de cambiar el resultado de la resolución elaborada, por lo que insistió en que el Paraguay debe retirarse de la misma.

“La Corte tampoco acepta ningún intento de cambio de comportamiento del Estado. No reconoce intentos, no quiere soluciones”, denunció.

Finalmente reconoció que “es necesario tener una corte que dirima las causas sometidas a su jurisdicción”, pero que su actual composición y sus resoluciones son “realmente lamentables”.

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Paraguay se reintegra a las reuniones del Grupo de Lima

Paraguay participará hoy nuevamente en la reunión del Grupo de Lima para analizar en la misma capital peruana, ante la crisis en Venezuela y su impacto en la migración de venezolanos a otros países de la región, además de estudiar la actual situación en Nicaragua.

Según informó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, el grupo efectuará una nueva evaluación ante la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en una migración masiva de venezolanos hacia los países de la región.

Además, en el encuentro está previsto considerar el agravamiento de la crisis política y social que afecta a la República de Nicaragua, añadió el comunicado.

El Grupo de Lima se fundó en agosto de 2017 para dar seguimiento a la situación que atravesaba el país sudamericano y está compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

El Grupo, que consideran rota la democracia en Venezuela, tuvo su última reunión en Bogotá el pasado 31 de octubre para analizar posibles opciones a partir del 10 de enero, pero no anunció ninguna decisión sobre la renovación del mandato de Nicolás Maduro.

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Colombia lidera pedido de no reconocimiento al próximo gobierno de Maduro

Colombia espera que los países declarados «defensores de la democracia» retiren sus embajadores y desconozcan al gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero, cuando asumirá un nuevo mandato, afirmó el presidente Iván Duque este lunes.

El mandatario abogó igualmente por una presión mayor sobre Maduro para que ese país recupere la libertad y la democracia, ante lo que describió como una dictadura abrumadora.

Esperamos a que llegue el 10 de enero y que otros países que son defensores de la democracia, ante esta situación de dictadura abrumadora, tendrán también que retirar a sus embajadores y desconocer ese gobierno, dijo Duque a Blu Radio.

Creado en 2017 tras protestas contra Maduro que dejaron 125 muertos, el Grupo de Lima evalúa romper relaciones en bloque con Maduro. El foro está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Duque, que además encabeza el grupo de países que pide una investigación contra Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, confió en que la campaña internacional dé prontos resultados.

Espero que la sumatoria de todos estos esfuerzos internacionales lleve a que la presión sea tal que se tenga que tomar correctivos, y ojalá que inicie el proceso para que Venezuela recupera la libertad y la democracia, enfatizó.

Maduro se prepara para comenzar el próximo 10 de enero un segundo mandato de seis años, tras ser reelegido en votaciones boicoteadas por la oposición, que las denunció como un fraude, y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El gobernante socialista vinculó la semana pasada al futuro gobierno de Brasil y al de Colombia con un supuesto plan de la Casa Blanca para dar un golpe de Estado en Venezuela e, incluso, asesinarlo.

Salvo por el trato consular y a nivel de encargados de negocios, Bogotá congeló sus relaciones con Caracas desde mediados del año pasado, en medio de la ola migratoria de venezolanos que huyen hacia o a través de Colombia por el deterioro de la economía, principalmente.

Los dos gobiernos escalaron las tensiones con la expulsión, la semana pasada, de funcionarios.

El gobierno de Duque sacó del país a un asesor de la embajada venezolano por alterar la seguridad nacional, a lo que Maduro respondió con la expulsión del cónsul colombiano en Caracas.

Este lunes Duque también volvió a denunciar la detención atrabiliaria de 59 colombianos, que permanecen privados de su libertad desde 2016 sin fórmula de juicio, en la cárcel de La Yaguara, en Caracas, acusados de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos.

En un comunicado, la cancillería colombiana dio a conocer un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que exige la excarcelación inmediata de los detenidos, así como una indemnización y una reparación adecuada.

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