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Arrom y Martí reclaman más de 120 millones de dólares al Estado paraguayo

El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó hoy que Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes entablaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado paraguayo, están reclamando 123 millones de dólares en concepto de resarcimiento.

El total solicitado es USD 50 millones para Juan Arrom, otra misma cantidad para Anuncio Martí y un resto de 23 millones de la moneda norteamericana para los familiares de los mismos es lo que finalmente solicitan, dijo el procurador en el primer día al aire de la 98.5 FM de Asunción.

Esta semana viaja el sobre cerrado con los alegatos presentados por el Estado paraguayo, vía valija diplomática, y será recibido en Costa Rica por la embajada paraguaya en el país centroamericano para luego trasladarla a la CorteIDH.

Hicimos un trabajo técnico entre todas las instituciones involucradas. Tenemos muchísima esperanza en la actuación de los jueces, mencionó Coscia, quien así manifestó su deseo de un resultado justo a favor del Paraguay.

Remontándonos tiempo atrás, Arrom y Martí huyeron de su juicio oral y público a 24 horas de su realización, allá por agosto del 2003 cuando todo giraba en contra de ellos en la acusación del caso de secuestro de María Edith Bordón y en cuya causa y juicio pasaron a su vez Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),  quienes hasta el momento sigue purgando su condena.

Tanto Arrom, como Martí, siguen en carácter de refugiados políticos en Brasil, aunque la demanda ante la CorteIDH data del año 2002. Ambos son fundadores del extinto Partido Patria Libre (PPL) a quien se cree fue la base política del EPP.

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Arrom, Martí y Colmán tropiezan en el caso que elevaron a la CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desestimó la solicitud de medidas provisionales presentadas por la defensa de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. El Tribunal argumentó que en el caso que llevaron adelante contra el Estado paraguayo, no se reúnen términos exigidos para alegar extrema gravedad y urgencia.

Por lo expuesto por la CorteIDH, el pedido planteado por la defensa de Juan Arrom y Anuncio Martí fue rechazado. Los refugiados actualmente en Brasil alegaban supuestos hechos que atentaban sus derechos y luego de oír ambas partes la semana pasada en San José de Costa Rica, llegaron a esta conclusión.

Por lo mencionado por la Corte IDH, ante la falta de elementos que comprueben la existencia de una situación de “extrema gravedad y urgencia” que, a su vez, atente contra sus derechos, determinó rechazar el pedido.

La corte con sede en el país centroamericano nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos, agrega un párrafo de la resolución de rechazo.

Esta instancia jurídica, recordó las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana de DDHH, que lo condiciona a garantizar los derechos de ambos demandantes a través de los mecanismos internos existentes para ello.

En otra parte del documento señala que la CorteIDH decidió rechazar el pedido, argumentando que no se puede deducir que la solicitud hecha por Paraguay a Brasil, de revocar la condición de refugiados a Arrom y Martí, ponga en amenaza sus derechos ya que sus estatus de refugiados siguen firmes y no hay razón para sospechar lo contrario.

Menciona en otro punto que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentan la solicitud, el Tribunal estima que no resulta posible apreciar que los señores Juan Arrom y Anuncio Martí se encuentren en una situación de extrema gravedad y urgencia, relacionada con la posibilidad de daños irreparables. La Corte nota que estos residen en Brasil donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y no es posible interferir en el mero hecho de que Paraguay solicite la revocación del estatus de refugiados.

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