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Senado recibió hoy el pedido de desafuero de Javier Zacarías Irún

La jueza Penal de Garantías, Teresita Cazal, de la circunscripción judicial de Alto Paraná, remitió esta mañana al Senado el pedido de desafuero del legislador Javier Zacarías Irún, imputado por el Ministerio Público por varios supuestos hechos ilícitos, junto con su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández también solicitan la prisión del senador por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Justamente ayer el plenario de la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de resolución que insta a Zacarías Irún a renunciar a su banca y someterse a la justicia.

El pedido de la magistrada será tratado el próximo jueves en la sesión ordinaria de la Cámara Alta y así como están las cosas, habrían suficientes votos para dejar sin inmunidad al congresista en cuestión.

Tras la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y la posterior destitución de McLeod, se descubrió una montaña de irregularidades, desorden administrativo, malversación de fondos, entre otros.

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Senador Zacarías Irún quedó sin fueros para enfrentar el proceso judicial

La Cámara de Senadores, aprobó, por unanimidad, el desafuero del senador colorado Javier Zacarías Irún, investigado por el Ministerio Público por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y por declaración falsa en sus bienes.

El juez Penal de Garantías, que aceptó la imputación del Ministerio Público en contra del legislador, pidió que se le despojara de sus fueros para proseguir con los trámites judiciales pertinentes.

A pesar de que algunos senadores cartistas intentaron dilatar el pedido de pérdida de inmunidad, finalmente el mismo afectado peticionó que se conceda la solicitud del magistrado, porque supuestamente no tiene nada que esconder.

La senadora Desiré Masi pidió a la plenaria que se convierta en comisión para estudiar, dictaminar y posteriormente, decidir en cada uno de los desafueros, que forman parte del orden del día.

El senador Juan Darío Monges intentó postergar el tratamiento pidiendo que el tema fuera remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así mismo su colega, también cartista, Sergio Godoy, hizo alusión a un documento recibido de la Corte Suprema de Justicia, donde se señala que aún está en apelación la imputación del colega.

Ambas posiciones no prosperaron, ya el mismo Zacarías Irún pidió que se tratara su caso. “De todas maneras, yo estoy de acuerdo, no tengo ninguna oposición y solicito que la plenaria se constituya en Comisión y se me retiren los fueros. No tengo temor en ajustarme a lo que dice la justicia”, apuntó visiblemente nervioso.

Rechazo

La plenaria rechazó el pedido de desafuero contra los senadores Víctor Bogado y Desirée Masi, por no existir méritos suficientes para el efecto.

 

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Senado rechaza pedido de desafuero del senador Payo Cubas

El Senado respondió en forma negativa al pedido de desafuero del senador Paraguayo Cubas, hecho por el Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de Ciudad del Este. Es con relación a hechos de supuesta perturbación de la paz pública del citado, junto con otros.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que analizó el tema y emitió dos dictámenes: uno a favor y otro en contra del Oficio Nº 960 del  Juzgado de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, de fecha 25 de setiembre de 2018, por la cual remitió la información sumaria con relación a la Causa Nº 9327/2016, “Celso Miranda, Paraguayo Cubas Colomes y Jorge Antonio Brítez s/ daño a cosas de intereses común y otros”.

Escuchados los argumentos, el pleno resolvió no dar lugar a la perdida de fueros del senador Paraguayo Cubas.

Publicidad de sesiones

En otro punto, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, “Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

El documento señala que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de la Magistratura en las cuales se trate, delibere o decida sobre la conformación de ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, los tribunales inferiores y los juzgados, así como para ocupar los cargos de fiscal general del Estado, de fiscal adjunto, de agente fiscal, de defensor general, de defensor adjunto, de defensor público, de síndico general de quiebras, de síndico adjunto y de agente síndico, serán públicas.

Asimismo, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia en las cuales se trate, delibere o decida sobre la designación de miembros de los tribunales inferiores, de jueces, de fiscales adjuntos, de agentes fiscales, de defensores adjuntos, de defensores pública de síndicos adjuntos y de agentes síndicos, serán públicas.

La Corte Suprema de Justicia deberá trasmitir las sesiones mencionadas en el párrafo anterior en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía; en dichas sesiones, los miembros de la Corte Suprema de Justicia deberán fundamentar oralmente sus decisiones con relación a las designaciones correspondientes, bajo pena de nulidad de lo actuado.

Todo se circunscribe en la necesidad de transparentar los actos de las instituciones gubernamentales, de modo a que la ciudadanía acceda a la fuente primaria, en forma directa para informarse, según explicaron voceros del Ejecutivo.

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Senado sancionó la ley que crea el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

El plenario de la Cámara de Senadores aprobó hoy sobre tablas el proyecto de ley por el cual se eleva al rango de ministerio a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Ayer los diputados le otorgaron media sanción y en la fecha quedó sancionada la normativa.

El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. La idea es brindarle un poco más de autonomía, jerarquizarla y elevar su presupuesto para poder cumplir con sus fines, en la defensa y promoción de los derechos del niño y los adolescentes, según argumentaron.

Ayer la Cámara de Diputados también aprobó la creación del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación y derivó al Senado para su consideración.

Desafuero de Víctor Bogado

El plenario del Senado analizó hoy el eventual desafuero del legislador Víctor Bogado, que está imputado por supuestos hechos ilícitos desde hace varios años. El afectado por los escraches ciudadanos y por la prensa, había solicitado a sus colegas que se le quite el fuero, pero no existe un nuevo pedido de la justicia, en este proceso legislativo que se inició en julio pasado.

Ante este panorama la Comisión de Asuntos Constitucionales analizó el caso y propuso tomar como base un pedido judicial de desafuero del año 2013. Sin embargo, este dictamen no convenció a varios senadores que ven como peligroso apartarse de lo que establece la Constitución Nacional.

Por esas razones y para analizar mejor el tema, finalmente se postergó por 8 días el tratamiento del asunto citado.

 

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El diputado Ulises Quintana quedó sin fueros y a disposición de la justicia

El plenario de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el desafuero del legislador Ulises Quintana, a pedido de este, para cumplir con la solicitud del juez penal de garantías, Rubén Ayala Brun, quien tiene en sus manos la imputación del citado. El mismo está siendo investigado por tráfico de drogas, en carácter de cómplice, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros.

El diputado de Alto Paraná en su largo discurso se declaró inocente y por ello “me pongo a disposición de la Justicia porque no tengo nada que esconder”, aclarando que toda su vida trabajó como abogado y que nada tiene que ver con la acusación que le endilga la Fiscalía.

Por su parte, su colega Roberto González expresó su preocupación por el desenlace que pudiera tener el caso, “porque aquí antes que presumir la inocencia ya se presume la culpabilidad”. Al parecer se olvidó de que es miembro del Consejo de la Magistratura y se dirigió al juez penal de garantías diciéndole que obre con objetividad y con justicia, entendiéndose como una advertencia.

El legislador fue imputado tras detectarse su vínculo con el supuesto líder narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Varios diputados se expresaron en contra de la actuación “extrema” del Ministerio Público

El lunes pasado, el juez Rubén Ayala Brun comunicó oficialmente a la Cámara de Diputados la imputación que pesa sobre Ulises Quintana, solicitando su desafuero para poder ser sometido a la Justicia.

 

 

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Diputados aprobarán pedidos de desafuero pero se tomarán su tiempo

Habría un intento de actuar en forma corporativa para proteger a los legisladores que tienen problemas con la justicia y cuyo desafuero se solicita. Llamativamente los líderes de todas las bancadas resolvieron alargar el tema que afecta a Ulises Quintana y a Carlos Portillo. El pedido de desafuero del primero y de la pérdida de investidura del otro, tendrán entrada en el plenario de hoy, pero no se analizará la cuestión de fondo.

Los líderes de todos los partidos y movimientos emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que todos los pedidos de desafuero, contra parlamentarios, serán atendidos de manera favorable a fin de facilitar el trabajo investigativo y juzgamiento del Ministerio Público y el Poder Judicial.

El caso Quintana, sobre quien pesa una solicitud de desafuero por parte de la justicia, pasará a comisión para su análisis pertinente. Afirman que se tomarán el tiempo para estudiar si es pertinente o no y cuando tengan los dictámenes correspondientes lo elevarán a consideración de la cámara.

El diputado colorado está imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. Se lo vincula con el narcotraficante recientemente detenido en Ciudad del Este, Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.

Ahora Quintana afirma que detrás de todo esto hay una persecución política, que viene de la mano de los Zacarías Irún, considerando que si el pierde su banca jurará en su reemplazo Rocío Abed, esposa del diputado Justo Zacarías (cartista).

Portillo

Por el lado del diputado Carlos Portillo también hay un intento de protección. Si bien hoy tendrá entrada el pedido de pérdida de investidura, no se trataría con el argumento de que no está reglamentado el artículo 201 de la Constitución Nacional.

Al respecto, su correligionario y colega Carlos Avalos Mariño, indicó que “lo que se pretendería una vez presentado el pedido de pérdida de investidura -que sí o sí se hace hoy- es esperar a que se apruebe un reglamento para después proceder en los demás casos”. Sin embargo, aclaró que su postura y voto es a favor de la salida del diputado altoparanaense.

Lo concreto es que hay una intención de enviar el caso al “freezer”, considerando que hay por lo menos cinco diputados que están en su misma situación, comenzando con el presidente del cuerpo legislativo, Miguel Cuevas.

Llamó la atención la postura de Kattya González, diputado por el Partido Encuentro Nacional y caracterizada por su lucha a favor de la transparencia y la honestidad. La misma señaló que “el mensaje de la Cámara Baja a la ciudadanía es asumir la crisis de credibilidad y sentar postura unánime a favor de otorgar los desafueros, pero no así a la pérdida de investidura. Sin embargo, no descarta que algunos diputados en forma independiente planteen agilizar los tratamientos. Indicó que también son responsables de la crisis tanto la Fiscalía como el Poder Judicial”.

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Quintana pone sus fueros a disposición luego de ser imputado

El diputado oficialista Ulises Quintana puso hoy sus fueros a disposición de la Cámara Baja después de ser imputado por supuestos vínculos con un presunto jefe narco en un operativo contra el tráfico de drogas y lavado de dinero en Ciudad del Este.

El pedido de Quintana, de Colorado Añeteté quien además se lo imputa entre otros presuntos delitos, por narcotráfico en calidad de cómplice, será tratado por la comisión de Asuntos Constitucionales, de la que además forma parte como titular el diputado.

Vamos a hacer lo que se tenga que hacer, todos los compañeros manifestaron su preocupación al respecto y tomamos, en mesa directiva, todo lo que hace a la situación de varios diputados, no solamente al señor Quintana, sino de otros que tienen procesos, mencionó la diputada por el Encuentro Nacional Kattya González.

Previamente, la Fiscalía había pedido el desafuero del diputado para poder investigarlo por tráfico internacional de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias.

El Ministerio Público ha emitido en los últimos días imputaciones a un total de 30 personas, entre ellas ocho policías y varios asistentes fiscales, así como a Reinaldo Cabañas, presunto líder de la red desmantelada en Ciudad del Este, la cual se dedicaría a enviar cocaína a Brasil.

Ello tras más de veinte allanamientos realizados desde el pasado jueves en varias propiedades y empresas en Ciudad del Este, donde se encontraron 22 kilos de esa cocaína y unos 800.000 dólares.

El viernes, Quintana reconoció que utilizó varios vehículos durante su campaña electoral prestados por Cabañas, pero en la creencia de que se trataba de un importante empresario de la zona de Ciudad del Este, donde regentaría varios moteles y otros negocios.

La fiscal encargada del caso, Lorena Ledesma, dijo hoy en una rueda de prensa que Quintana habría facilitado el sistema de traslado de drogas y sumas de dinero de la organización liderada presuntamente por Cabañas, utilizando sus influencias.

Entre los imputados hay ocho policías, tres ciudadanos colombianos y tres asistentes fiscales, además de tres hermanos de Cabañas y la esposa de este, Gloria López.

Ledesma relató que cada uno de los imputados tenía un rol diferente dentro de la organización, cuya forma actividad consistía en trasladar de manera semanal sumas de dinero desde Ciudad del Este a Asunción.

Envíos de entre 350.000 y 400.000 dólares, explicitó, que se hacían mediante vehículos, y que se utilizaban para pagar la droga que se transportaba de vuelta a Ciudad del Este y de ahí a Brasil.

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Senador Payo Cubas quedó sin fueros

A pedido del mismo, el senador Paraguayo Cubas quedó sin la inmunidad parlamentaria, con el fin de someterse libremente a la justicia, que lo tiene procesado por perturbación de la paz pública tras los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2017, ocasión en que hubo graves disturbios y quema del edificio del Congreso Nacional.

Al comenzar la sesión de la fecha, el congresista pidió al plenario del Senado tratar el pedido del juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, que requirió su desafuero. El magistrado lleva el caso que afecta  a unas 18 personas procesadas por los hechos que culminaron con el incendio del Palacio Legislativo.

Nadie se opuso a su pedido; por lo tanto, quedó sin la inmunidad legislativa y el juez tiene las manos libres para investigar al congresista.

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Payo Cubas convoca a la ciudadanía para debatir sobre pedidos de desafuero

El polémico senador Paraguayo Cubas, quien representa al Movimiento Cruzada Nacional, organiza para mañana una Audiencia Pública sobre “Desafuero de Parlamentarios”. La cita es a partir de las 17:00 horas en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional.

De acuerdo a lo informado, la convocatoria se dirige a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, e interesados para manifestar su opinión, puntos de vista, sugerencias, que contribuyan al análisis del tema. Unos 9 senadores, entre ellos, Payo Cubas, tienen procesos en la justicia, la que requiere la pérdida de inmunidad para proseguir con los casos.

La Audiencia Pública será trasmitida, en tiempo real, a través de la página web de la Cámara de Senadores, canal de YouTube Senado TV Paraguay.

Para mayor información recurrir a la Bancada de Cruzada Nacional, teléfono, 414.5923; Oficina de Atención a la Ciudadanía: Línea Gratuita: 0800 113400, Teléf (021) 414 5163 o a la Página Web www.senado.gov.py.

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Diputados aprobaron juicio político del contralor general y además, lo dejan sin fuero

Luego de un debate de casi 3 horas, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el juicio político del contralor general de la República, Enrique García y luego, casi inmediatamente, también decidió despojarle de sus fueros, tal como lo solicitó la justicia.

El juicio político fue aprobado por 51 votos a favor, mientras que 22 diputados se opusieron. El proyecto pasa ahora a manos de la Cámara de Senadores para su juzgamiento.

El debate fue encarnizado por la rapidez que querían imprimir al “impeachment” de García, pues muchos diputados criticaron que la premura les impidió interiorizarse adecuadamente del contenido del libelo acusatorio, pero la “aplanadora” no escuchó de razones y se hicieron con su objetivo.

Fueron designados como fiscales acusadores en el proceso de juicio político al contralor, los diputados colorados Pedro Britos, Julio Javier Ríos y Eber Ovelar, estos dos últimos disidentes.

Clemente Barrios – uno de los propulsores del juicio político – aseguró que es una gran mentira que sus colegas no hayan tenido a tiempo el libelo acusatorio.

Varios parlamentarios argumentaron que todo estaba planeado y tramado desde el momento del nombramiento, con la intención de copar las instituciones,  entre ellas, la Contraloría General de la República, a fin de blindar el día después de las elecciones, para evitar que puedan llevar adelante acciones penales por corrupción u otro tipo de represalia, dijeron.

Argumentos

Los argumentos para acusarlo por mal desempeño en sus funciones tiene que ver con la imputación que pesa sobre el, por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur, con lo cual habría causado un millonario perjuicio a la Municipalidad de Asunción.

Se suma a esto, un viaje de cuatro días que realizó con la directora general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Lizza Benavente a Madrid-España. En la ocasión se asignaron G. 17 y 21 millones, respectivamente, en concepto de viático, muy por encima de lo requerido, considerando que el cónclave duró menos días de lo que señalaron los viajeros.

Por otro lado, el Sindicato de Funcionarios de la Contraloría presentó hace dos días una denuncia penal en contra de Enrique García, por la supuesta contratación irregular de la Consultora CAE, propiedad de su actual jefa de Gabinete, por la suma de G. 108 millones. Según el escrito, la firma aludida debió presentar un Manual de Funciones del Gabinete del contralor; sin embargo, nunca se presentó el documento.

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