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Ong IDEA presentó a la Fiscalía denuncia sobre deforestación en el Chaco

La organización no gubernamental IDEA presentó la primera denuncia por parte de una entidad civil, sobre deforestación en el país. Abogados de la organización, basados en información íntegramente pública, según afirmaron, llegaron hasta la Fiscalía General y conversaron sobre el particular con la titular de dicha dependencia, Sandra Quiñónez.

Se trata de dos propiedades que deberían tener sus reservas forestales ubicadas en Boquerón y Alto Paraguay; las cuales fueron deforestadas, de acuerdo a lo señalado en el escrito de demanda.

El fiscal designado para investigar la denuncia es Andrés Arriola, de Mcal. Estigarribia, Boquerón.

IDEA es una ONG que trabaja para que el desarrollo sostenible trascienda la discusión ética y se posicione en la agenda de poder, según se describe en su página.

En las propiedades identificadas se verificó la deforestación de un área de 4.000 ha que deberían ser reservas boscosas. Mediante el cruzamiento de datos públicos y un software libre, se pudieron cruzar los datos y verificar que en menos de un año, se «limpió» el terreno.

Los representantes de IDEA se pusieron a disposición del Ministerio Público para asistir a los funcionarios para la realización de este tipo de monitoreo.

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Fiscalía allanó estancias del diputado Cuevas investigado por enriquecimiento ilícito

La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano realizó allanamientos este viernes, en las estancias del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, quien es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Las propiedades se encuentran ubicadas en las localidades de Cerro Roke y Colonia Insfrán del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Los intervinientes ingresaron a los establecimientos a fin de corroborar la existencia de cabezas de ganado y marca de registro de las mismas. En uno de ellos, se presentó una persona que se identificó como Enzo Cuevas (hijo del diputado), quien manifestó ser el propietario de la finca en la que se realizaba el procedimiento.

El Ministerio Público realiza el análisis de las propiedades del diputado, así como de las propiedades que habrían sido cedidos a sus hijos, en el marco de una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito. En total fueron identificados 14 inmuebles a nombre del diputado, tras acceder a la declaración jurada de la Contraloría General de la República, y que serán verificados si le pertenecen o no.

Además, la comitiva está conformada además por peritos y técnicos que individualizarán los inmuebles, que posteriormente serán tasados para determinar su valor, así como las características y valores de los animales encontrados en el lugar.

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Fiscalía deja millonario perjuicio al contrabando en el Mercado 4

Más de media docena de locales fueron allanados en la zona del Mercado 4 de Asunción y de los mismos se incautaron centenares de calzados de dudoso origen y que no presentaron documentos que constataran su regularización. El golpe atestado en esta oportunidad por las autoridades equivaldría a unos 1.700.000.000 de guaraníes.

La fiscal que estuvo delante del operativo es Carmen Gubetich, quien allanó siete locales de ocho que estaban previstos. Unas 112 bolsas de calzados deportivos fueron incautadas en el operativo. Todos ellos, tenían cierta similitud con los originales que fueron denunciados por las empresas representantes de las diversas marcas.

El trabajo de la fiscalía ya se venía realizando desde hace unos días con el equipo de inteligencia, quienes comenzaron sus tareas haciéndose pasar por clientes y de esa forma pudieron individualizar a los dueños de los locales, tomaron fotografías y divisaron las piezas de calzados que se encontraban en situación irregular.

Una vez finalizados los trabajos periciales y de confirmarse que los calzados son falsificados, los mismos deben ser destruidos o, en su defecto, donados, de acuerdo a lo que disponga el juez, adelantó la representante del Ministerio Público.

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Fiscalía imputa y pide prisión de Javier Zacarías Irún

El senador colorado Javier Zacarías Irún fue imputado este lunes por lesión, en carácter de instigador, y se solicitó su prisión preventiva. La Fiscalía también abrió un proceso similar a su esposa, Sandra McLeod.

El legislador y su esposa, entre otros involucrados, están acusados de un presunto daño patrimonial de G. 2.174 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Zacarías Irún utilizó presupuesto de la Municipalidad para “publicidad” y sobornos solapados a medios de comunicación y concejales, según el Ministerio Público.

Por la misma figura legal también fueron imputados David Espínola, Nilsa Paiva, Vicente Rodríguez, Marco Aurelio González y Genaro Ramón García.

Entre ellos, por ejemplo se pagó por la campaña “El amor todo lo puede”, G. 276 millones, “pagadas mitad con el presupuesto de Prensa de la Municipalidad (de Ciudad del Este) y la otra mitad por el Gobernador Lucho Zacarías, sin que se sepa de donde salía el dinero”, según indica la imputación.

También se compraron equipos de prensa por el valor de USD 8.000 (G. 48 millones) para hacer seguimiento de las actividades en la Capital de Zacarías Irún.

También se realizaron millonarios pagos a radios esteñas como Itapirú y Radio Parque (del concejal Juan Carlos Barreto Miranda), en concepto de alquiler de las mismas. Los desembolsos se hacían de manera solapada en concepto de publicidad.

En el documento también se citan otros pagos a otros medios de comunicación por difusión de contenidos.

La imputación en el caso de Zacarías Irún es en calidad de instigador. El mismo ya está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

 

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Incidentado desalojo en propiedad de Copaco en Luque

Unos 2.000 agentes de la Policía Nacional inició esta mañana muy temprano el operativo de desalojo en el predio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en Luque. Unos 1.200 personas ocupaban la propiedad, el procedimiento se desarrolló en medio de varios incidentes. 

La propiedad se extiende desde la tercera compañía Isla Bogado hasta la cuarta compañía Cañada San Rafael y el asentamiento se denomina “12 de Junio Héroes del Chaco”.

Los agentes ingresaron al lugar realizando disparos con balines de goma, a raíz de la reacción de los invasores, quienes atacaron con honditazos e incluso armas de fuego.

Además, la policía acudió a la ayuda de agentes de la montada y de los cascos azules para tratar de repeler los ataques. Incluso, se solicitó el ingreso de la ambulancia, pues el procedimiento dejó uniformados y civiles heridos, que fueron trasladados hasta un centro asistencial.

Uno de los ocupantes del asentamiento 12 de Junio advirtió que abandonar las tierras no está en los planes. Incluso, amenazaron con quemar una estación de servicios de la zona.

«Marito es responsable de lo que está pasando. Si él no quiere que se derrame sangre, él tiene la lapicera en la mano”, prosiguió.

Por su parte, la fiscala Fátima Villasboa, señaló que simplemente dieron cumplimiento a la orden judicial y que los ocupantes ya fueron advertidos previamente para que abandonen el predio. Agregó que la causa data del año pasado y desde diciembre hay intenciones de realizar el desalojo.

 

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Ministerio Público imputa al músico del grupo The Fenders

La Fiscalía imputó al músico Leonardo González Armoa, integrante del grupo The Fenders, por supuesta incitación a cometer hechos punibles y apología del delito.

El agente fiscal Óscar López Laterza es el que lleva el caso de denuncia hecha por el Ministerio de la Niñez, y por ende, el que presentó la imputación. El músico de 52 años, había expresado en un programa de televisión que ellos no consumen bebidas alcohólicas sino directamente drogas, porque es más «rica que una niña de 15 años».

El hombre pidió disculpas luego de esta declaración, aclarando que se trató de una broma. Sin embargo, igualmente recibió muchas críticas de parte de grupos feministas.

La audiencia de declaración indagatoria está prevista para este viernes y el fiscal indicó que tienen “elementos suficientes de sospecha” con respecto a la investigación.

El fiscal López indicó que imputó a González porque en el vídeo se ve que solo él hizo esas declaraciones. El hecho ocurrió el 2 de febrero en el programa El Gran Show, de Latele.

 

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Fiscalía afirma que un contralor imputado no puede auditar sus cuentas

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que aclara que no está en contra del control de sus cuentas y ejecución presupuestaria, pero prefiere que sea Tribunal de Cuentas y no la Contraloría General de la República, el órgano que audite la administración de la Fiscalía. Además, considera que podría generarse conflicto de intereses, pues el actual contralor Enrique García está imputado.

Aclara que la acción de inconstitucionalidad se planteó en contra dirigidade la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Afirma el documento que el recurso presentado no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, «y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible».

Agrega que independientemente a este recurso planteado, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

Contralor imputado

El comunicado refiere que «la eventual auditoria de las cuentas del Ministerio Público por un órgano cuyo titular y máxima autoridad está imputada, y personas vinculadas al proceso ya se encuentran acusadas, resta objetividad a ese proceso de control, y puede restar autonomía e independencia para la investigación penal. La pertinencia de excluir ese conflicto de intereses de la CGR y que las cuentas y actos administrativos sean juzgados por un órgano imparcial».

«El señor Enrique García, quien ejerce actualmente el cargo de Contralor General, fue denunciado por una serie de hechos relacionados con su gestión como asesor jurídico de la Municipalidad. Tras las investigaciones llevadas a cabo, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de Producción de documentos y Uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asi mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión», señala el documento de la Fiscalía, cuya titular es Sandra Quiñónez.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

 

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Honor Colorado denuncia a «justicia selectiva» tras imputación a popes del Este

Este jueves, en conferencia de prensa, el Movimiento Honor Colorado denunció que existe «una justicia selectiva», tras concretarse las imputaciones contra Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod.

El senador Enrique Riera actuó de vocero y solicitó que la Fiscalía actúe con imparcialidad y también investigue a los políticos oficialistas.

El legislador expresó a través de un comunicado que leyó a los medios de prensa: “Denunciamos los graves hechos de manipulación de la Justicia en imputaciones selectivas contra personas cuyas ideas y posiciones no coinciden con el Poder Ejecutivo”.

“El día de mañana, cuando se utilice la justicia para perseguir a disidentes, se encontrarán irremediablemente solos. La ley debe ser igual para todos, no bajaremos la guardia. Estaremos atentos y seguiremos todas las actuaciones, respaldando legal e institucionalmente a aquellos fiscales que tengan el coraje de investigar e imputar a los oficialistas de hoy», expresó Enrique Riera.

Aclaró que, como movimiento, no están buscando la impunidad, y que “no nos oponemos a que se nos investigue, pero queremos reglas claras e iguales para todos”, aseguró al tiempo de pedir a la Fiscalía que también tome con el mismo rigor las denuncias que se realizaron desde Honor Colorado.

Incluso, dijo que respaldarán legal e institucionalmente a todos aquellos fiscales «que tengan el coraje y la dignidad de investigar y, si es necesario, imputar a los oficialistas de hoy”.

En otro momento comentó que dependerá de su colega Zacarías Irún si le conceden o no el desafuero para ser investigado por la justicia. “Si él siente la suficiente garantía, seguramente accederá al pedido de desafuero. Si no nos defendemos entre nosotros, nos van a chupar a todos”, subrayó.

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Macabro hallazgo de cuerpos sin vida de una niña y una mujer en Katueté

Este martes en Katuete, Departamento de Canindeyú, fueron hallados dos cadáveres. Aún no se confirman las identidades, pero la Fiscalía sospecha que son los cuerpos de Mía Soledad y su niñera Mabel González que desaparecieron el 9 de enero.

El fiscal Christian Bartolomeu señaló que el padre de la beba, Roberto Mendoza, confirmó que la ropa que llevaba el cuerpo sin vida pertenecía a su hija y que era la prenda que llevaba puesta cuando desapareció de su casa.

Se llegó a los cuerpos gracias a un rastrillaje que realizaron los vecinos de la zona y efectivos policiales, según informó el agente del Ministerio Público.

Las primeras sospechas apuntan a un hombre llamado Eduardo Villalba Benítez, un mecánico de 26 años que sería expareja de la niñera. Los registros dan cuenta de que este hombre llamó 17 veces en forma insistente a la niñera, que tras la comunicación accedió a encontrarse con él para terminar la relación que él insistía en retomar.

El fiscal a cargo de la investigación, Christian Bartomeu, confirmó que Villalba ya se encuentra detenido desde el pasado 22 de enero como sospechoso del homicidio.

Según más datos aportados por el investigador, Mabel Blanca González vivía con su esposo y sus cinco hijos y la relación con Villalba habría sido paralela.

Al lugar están llegando técnicos de Criminalística e Investigación Criminal. Reportes preliminares refieren que, por el estado de descomposición de los cuerpos, el homicidio pudo haber ocurrido incluso el mismo día de la desaparición. El lugar del hallazgo está a 1 kilómetro y medio del casco céntrico de Katueté.

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Paraguay presentará alegatos ante la CIDH y negará torturas a Arrom y Martí

El Estado paraguayo buscará controvertir los hechos  de supuesta tortura y desaparición forzada, para deslindar su responsabilidad en el caso Arrom y Martí, quienes solicitan un resarcimiento económico de 63 millones de dólares. La audiencia está prevista para el 7 de febrero próximo en Costa Rica.

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, afirmó que lo que quiere hacer el Estado paraguayo “es controvertir los hechos en sí”, es decir, el supuesto secuestro y tortura de los mencionados por parte de agentes policiales paraguayos.

Aclaró que Paraguay niega la existencia de los hechos de tortura y también la participación de agentes del Estado. «Se está jugando nada más y nada menos que la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por hechos de tortura y desaparición forzada en tiempos de democracia y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obre como tiene que ser”, dijo la directora.

Señaló que en el proceso se ha observado un sesgo por parte de la comisión interamericana, que da por ciertos los hechos alegados por Juan Arrom y Anuncio Martí y que en cada párrafo de las 44 páginas de su informe señalaron argumentos de conveniencia para los denunciantes y que perjudican al Estado paraguayo.

“Ante ese escenario vamos a ir a enfrentarnos, vamos a contar solamente con la oralidad de uno de los cinco testigos propuestos y en contrapartida tenemos a los acusantes, que son la CIDH y las presuntas víctimas, Arrom y su hermana, que van a ir a hablar en términos sentimentales”, refirió Peralta.

Señaló que la defensa del Estado paraguayo insistirá en que en el dictamen de sobreseimiento del caso se desvinculó a los agentes del Estado que fueron denunciados, y que quedó descartado el supuesto hecho de tortura.

“En el expediente también consta que el señor Arrom realizó una denuncia en la comisaría de Itá por extravío de su licencia de conducir en fecha 18 de enero de 2002, cuando supuestamente ellos estaban privados de libertad desde el 17”, añadió Peralta.

La directora también mencionó que los médicos del Ministerio Público no habían podido realizar la inspección física a Arrom y Martí, luego de las supuestas torturas, por lo que solamente se tiene el informe de una junta médica realizada en un sanatorio privado.

En el caso Arrom y Martí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al estado paraguayo “dar satisfacción integral en términos materiales e inmateriales” y el resarcimiento económico solicitado por las supuestas víctimas es de 63 millones de dólares, que incluye 20 millones de dólares para cada uno de ellos y 1 millón para cada familiar, además de otros gastos como daño emergente y los honorarios de sus abogados.

Arrom y Martí siguen hasta ahora procesados por el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi, caso se elevó a juicio oral y público pero no se realizó porque los imputados están, para la justicia paraguaya, en estado de rebeldía.

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