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Gobierno no aceptará ser condicionado por indígenas

El Gobierno Nacional mostró su apoyo a la presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, frente a las protestas de colectivos de indígenas que piden su destitución por no defender sus intereses, y advirtió que no aceptará ningún diálogo condicionado con esos grupos de nativos.

Desde la presidencia confirmaron que se está apoyando la gestión de Allen porque es una persona comprometida con la honestidad y la dedicación en su trabajo, en referencia a las demandas de los indígenas que permanecen desde hace más de 20 días acampados en las inmediaciones del Congreso y de la sede del INDI.

Los acampados denuncian lo que consideran un abandono total por parte del Estado y reclaman que les defienda frente al despojo de sus tierras que afirman sufrir por parte de las compañías que van ingresando a sus tierras para trabajarlas.

Esos grupos indígenas, procedentes de la zona oriental del país, consideran que la titular del INDI desconoce su función y no defiende sus derechos respecto a la propiedad de la tierra por lo que piden que sea cesada en su cargo.

Aseguraron que el Ejecutivo creó una mesa de trabajo para atender los desafíos y reclamos de los líderes indígenas, y a la vez solicitaron además una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para transmitirle sus peticiones.

En ese sentido, el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres, aseguró que el Gobierno no tiene inconvenientes en hablar con ellos, pero advirtió que el mandatario no va a aceptar ningún diálogo condicionado por la destitución de Allen.

En referencia a las denuncias de usurpación de tierras, Cáceres indicó que si se identifican irregularidades, que tengan la seguridad de que, caiga quien caiga, se van a activar los recursos de la Justicia.

Uno de los representantes indígenas, Ángel Vera, señaló este miércoles que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

La mayor parte de los indígenas acampados en Asunción proceden del departamento de Canindeyú, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras.

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Indígenas no bajan los brazos y ahora quieren hablar con Abdo Benítez

Varios grupos de indígenas permanecerán acampados en el centro de Asunción hasta que sean recibidos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los nativos siguen exigiendo la destitución de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, por no defender a sus comunidades.

Unas 200 familias indígenas permanecen desde hace 22 días acampadas en la Plaza de Armas de Asunción, adyacente al Congreso, y otro grupo frente a la sede del INDI, para pedir “justicia” para las comunidades indígenas y denunciar el abandono total del Estado, explicó uno de sus representantes, Ángel Vera.

Vera, coordinador general de la Federación Guaraní, que articula a nueve asociaciones de comunidades indígenas de distintos departamentos que conforman la región oriental de Paraguay, aseguró que Allen no defiende a esas comunidades frente al despojo de sus tierras por parte de las compañías de producción.

Añadió que la titular del INDI no sabe su función y que deja abiertamente los litigios por la propiedad de la tierra en manos de jueces y fiscales comprados que quieren quitar las tierras a los indígenas para entregar a los brasileños, propietarios de las empresas dedicadas a la explotación de tierras agrícolas.

Los indígenas sostienen que el INDI no respeta la propiedad ancestral de la tierra y que se hicieron títulos falsos, ya que las tierras que ese ente cede a las comunidades no se pueden embargar, enajenar, arrendar a terceros ni utilizar como garantía, según estipula la ley del Estatuto de las Comunidades Indígenas.

El líder indígena insistió en que ya existen suficientes leyes que garantizan el hábitat de esos pueblos, pero que no funcionan.

Por ello, para pedir que se cumplan y que se remueva de su cargo a Allen, hace tres meses Vera solicitó, junto con otros líderes indígenas, una entrevista con el presidente de la República, porque ya hablamos con todos, en referencia a las reuniones mantenidas con la fiscal general del Estado, la titular del INDI y los presidentes de las cámaras legislativas.

Aseguró que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

Buena parte de los indígenas acampados en asunción proceden del departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

Vera explicó que una parte de las familias regresó hoy a sus comunidades para descansar, pero que la próxima semana otro grupo acudirá a Asunción para continuar sus reclamos.

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Mediante mediación del Cipae, titular del Indi escuchó reclamos de los indígenas

Indígenas de ambas regiones del país se autoconvocaron este lunes 26 de noviembre en nuestra capital y para hacer efectivo un encuentro en el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), que tuvo a su cargo intermediar en la ocasión. La cita fue en la sede de la Misión de la Amistad de Asunción y su objetivo fue buscar una solución a los reclamos y lograr la reapertura del local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Los indígenas abordaron las inquietudes de sus comunidades de Alto Paraná, Canindeyú,  Pdte. Hayes, Caaguazú, Concepción, Alto Paraguay, Guairá e Itapúa y la necesidad de la apertura del Indi para trabajar por el desarrollo de las familias indígenas. También expresaron su desacuerdo ante al cierre arbitrario de la institución por parte de otro grupo de indígenas, impidiendo que la misma preste los servicios requeridos.

Luego de escuchar los reclamos, necesidades y propuestas, la titular del Instituto Nacional del Indígena manifestó “que hace 2 meses que estoy al frente de la institución y aún no puedo llegar a todos. El Indi cuenta con solo 70 funcionarios y sin suficiente presupuesto. Les pido que me ayuden para realizar una buena gestión y un poco de tiempo para poder trabajar. Estoy para defenderlos. Me duele que mendiguen cosas. Quiero proyectos firmes y viables para ustedes. Por eso, llego hasta las comunidades para hablar con ustedes, conocer de cerca sus inquietudes y necesidades”.

Recordó que La Ley 904, sobre el “Estatuto de Comunidades Indígenas”, señala que el Indi debe defender la tierra y atender las cuestiones indígenas. En ese sentido, habló de lo importante que es para la institución formar parte del gabinete social, porque eso significa articular y coordinar los trabajos y proyectos con todas las instituciones del Estado. Este es un gran avance para nosotros, porque el presidente nos escucha, y nos da la importancia que nos merecemos. Por primera vez un Gobierno atiende los reclamos de los pueblos indígenas en forma seria y con intenciones claras de dejar instaladas las capacidades de trabajos con una hoja de ruta a seguir, puntualizó.

Al finalizar la jornada, los líderes indígenas autoconvocados y las autoridades presentes llegaron a un consenso con la firma de una carta compromiso, con los puntos tratados durante el debate. La propuesta firmada por todos los concurrentes será presentada a la Presidencia de la República.

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Indígenas solicitan salida de titular del INDI

Diferentes grupos indígenas se congregaron en la Plaza de Armas, junto al Congreso Nacional, pidieron la renuncia de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, al considerar que su gestión no cumple con sus necesidades y además desconoce el pasado de estos pueblos.

El líder de la comunidad indígena “La Fortuna”, Ángel Vera, procedente del departamento de Canindeyú, en la región oriental, solicitó hoy su destitución inmediatamente y avisó de que seguirán apostados en la Plaza de Armas hasta que haya una decisión al respecto.

Vamos a permanecer aquí y vamos a venir más, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Vamos a vivir todos en Asunción ya que no nos va a proteger el Gobierno de turno que hay en Paraguay, comentó Vera ante su pueblo.

Los indígenas denunciaron la falta de preocupación de la titular del Indi con sus problemas y manifestaron su descontento con el Estado, al que recordaron que debe defender la soberanía y la garantía de su territorio.

Vera lamentó que hasta el momento las palabras del presidente, Mario Abdo Benítez, hayan quedado en discursos y que haya optado por favorecer a los intereses de grandes empresarios. Por eso pedimos al Gobierno que nos escuche y que cumpla sus obligaciones con nosotros, agregó.

En la misma línea se pronunció otro miembro de la comunidad, Dionisio Gómez, quien aseguró que tenían mucha esperanza en el presidente, por lo que ahora le reclaman su responsabilidad en la decisión de nombrar y mantener a Allen. Que renuncie esta señora y que ponga a un señor o una señora que pueda entender la problemática indígena, añadió.

Los nativos del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil, llevan semanas denunciando supuestos ataques de pistoleros brasileños.

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Más de 4.700 indígenas perciben la pensión alimentaria

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda informa que al cierre del mes de octubre, un total de 4.770 adultos mayores de pueblos originarios perciben la pensión alimentaria. De la cifra total de beneficiarios, cerca del 50 por ciento son mujeres de 65 años o más. El subsidio mensual es de 510.281 guaraníes.

Esta asistencia a personas en situación de pobreza está contemplada en la Ley Nº 3728/2009 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”.

Asimismo, la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) dependiente del Ministerio de Hacienda suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para una mejor asistencia a los adultos mayores de los pueblos originarios.

Para obtener más informaciones acerca del programa de adultos mayores, los interesados pueden consultar con el designado municipal de su distrito de residencia, o bien llamar al Call Center de la DPNC, al teléfono (021) 416-0456.

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Tres instituciones se unen para promocionar cultura indígena y artesanía nacional

Tres instituciones del Estado están trabajando para establecer acuerdos de promoción de la cultura indígena y la artesanía nacional. Se trata del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fondec), el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

En ese sentido, el martes último sus representantes se reunieron para ir afinando el plan, que pretende convertirse en política pública.

La directora ejecutiva del Fondec, Luz María Bobadilla recibió a la coordinadora técnica institucional del INDI, Marina Velazco Parra y a la presidenta del IPA, Adriana Ortíz, con el fin de elaborar acciones y acuerdos de cooperación interinstitucional para ejecutar programas y proyectos de rescate y promoción de la cultura de los pueblos originarios y las comunidades de artesanos a nivel nacional.

La iniciativa nace ante la necesidad de trabajar juntos e impulsar desde el Estado, acciones concretas para dar visibilidad y promover la labor artística en todas sus modalidades, priorizando a indígenas y artesanos de todo el país, así como acompañar de cerca a los artistas gestionando políticas públicas que mejoren su calidad de vida a través del arte.

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Ex titular del Indi en época de Federico Franco recibió condena de 10 años de prisión

Un Tribunal de Sentencia condenó al ex titular del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, a 10 años de prisión por un millonario desvío de dinero que debía ser destinado a los yakye axa y sawhoyamaxa. El afectado, que estuvo al frente de la institución durante la Presidencia del liberal Federico Franco, anunció que apelará el fallo, afirmando que “esto es una payasada”.

Los magistrados también le impusieron 50 días de multa por ser declarado litigante de mala fe y la prohibición de ocupar cargos públicos por cuatro años. Una sanción ejemplar para un ex alto funcionario público, que podría interpretarse como los nuevos vientos de esta etapa de “renacimiento” en que vive el país.

Otra de las involucradas en el caso, Marlene Mendoza, fue condenada a 6 años de prisión, Éver Otazo a 3 años y 6 meses, mientras que Óscar Viera recibió 2 años y medio. Éste último es de la Fundación Reaforest Par. Mendoza deberá ir al Buen Pastor tras revocarse las medidas alternativas.

La suma de 3.127 millones de guaraníes que se desvió debía ser destinado para el pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los sawhoyamaxa y yakye axa.

La Fiscalía confirmó que Otazo primero retiró G. 1.000 millones; luego el propio Quesnel, junto con Mendoza y Otazo retiraron G. 2.127 millones en efectivo, de un banco. Los sentenciados alegaron que transfirieron el dinero a Viera. Sin embargo, este negó haber recibido el dinero.

El fiscal René Fernández, que tuvo a su cargo la investigación expresó su conformidad con la condena.

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El Gobierno sigue completando los últimos cargos vacantes

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ultima su equipo de Gobierno con los nombramientos del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), que ocupará Armando Rodríguez, y del titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Rubén Capdevila. Sólo falta que nombre al ministro de Deportes.

El nuevo titular del consejo de administración del IPS, ratificado por un decreto presidencial, se desempeñó al frente de la gerencia de abastecimiento y logística de la institución, que estaba comandada por el actual ministro de Hacienda, Benigno López. Además, Rodríguez ya colaboró anteriormente con López en el Banco Central de Paraguay.

Capdevila, por su parte, dirigió desde 2014 la Biblioteca Nacional y ahora se desenvolverá como titular de Cultura, un nombramiento que aún no se ha hecho oficial, pero que él mismo lo ha confirmado a los medios.

También por decreto, Abdo Benítez situó hoy a Sara López al frente del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, que ya trabajaba como funcionaria en la institución, y a Ana Allen, una contable, como directora del Instituto Nacional del Indígena.

Al frente de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación colocó a Miguel Martín, proveniente del sector privado y que tiene como objetivo potenciar la agenda digital del nuevo Gobierno, explicó hoy el organismo en un comunicado.

Abdo Benítez, que asumió recientemente la Presidencia, aún tiene pendiente el nombramiento del ministro de Deportes, así como los titulares de las secretarías nacionales de turismo y emergencia nacional.

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El Indi e indígenas apostados frente al Congreso firman pre acuerdo para reubicación

Delante de Fernando Lugo, como testigo, se firmó esta siesta un pre acuerdo entre la comunidad indígena Yetyty Miri, del pueblo Ava Guaraní y representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para la reubicación del mencionado grupo, asentado actualmente en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional.

Este pre-acuerdo es a fin de hacer constar los compromisos de la limitación del área, que aproximadamente es de 400 hectáreas que va a estar abarcando gran parte de Tekoha Poty y parte de la comunidad Potrerito. Los trabajos técnicos de los agrimensores se terminarían en dos días, de modo a que puedan asentarse en el lugar.

Jorge Mendoza, asesor jurídico del Indi, aclaró al término de la reunión que “lo que venimos a cerrar hoy es una larga negociación con los referentes y sus familias indígenas. Luego de siete meses se logró un acuerdo con las comunidades, donde lo que básicamente se tiene previsto es un viaje después de esta reunión entre los líderes Ramón Benítez, Hugo Ramírez y German Vargas, a los efectos de realizar una medición o mensura administrativa para poder delimitar el área donde serán trasladados”.

Son aproximadamente 35 familias nativas que estarían siendo reubicadas. Las mismas fueron expulsadas de sus ancestrales tierras por parte de terratenientes brasiguayos, en connivencia con funcionarios del Estado paraguayo.

“Se va estar trabajando en perforación de pozos, para que ellos puedan tener las condiciones mínimas para poder ir asentándose en el lugar. Hay una serie de compromisos que el Instituto Paraguayo del Indígena hizo con los referentes, especialmente provisión de herramientas, también alimentos por seis meses, semillas y mejoramiento de camino vecinal, que es una cuestión muy importante para que ellos puedan desenvolverse como comunidad indígena dentro del inmueble a ser cedido, provisión de materiales para construcción de 30 viviendas de emergencia, según el censo que se va estar realizando, preparación de suelo de 30 hectáreas que es un compromiso que el Indi va estar gestionando a través de la vicepresidencia”, detalló.

Sobre el punto, el asesor jurídico del Indi agregó que las familias serán trasladadas en cuatro camiones previstos por la institución que representa.

 

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Si no hay chicanas, seguirá el juicio a Quesnel

El extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel está citado para hoy  miércoles a fin de declarar en juicio oral y público por la presunta apropiación de fondos destinados a cumplir una sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras 19 suspensiones.

Así, esta será la vigésima vez que Quesnel está llamado a declarar, ya que el extitular del INDI ha frenado el proceso las ocasiones anteriores mediante diversas chicanas judiciales, como acudir sin su abogado o presentar recusaciones ante los fiscales de la causa.

Quesnel está acusado de lesión de confianza y apropiación de más 555.000 dólares depositados a nombre de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, del pueblo indígena énxet, en cumplimiento de sentencias de la CorteIDH, de 2005 y 2006, recordó hoy en un comunicado la organización Tierraviva.

La comunidad de Yakye Áxa es originaria del Chaco y recibió sus tierras en cumplimiento de la sentencia, pero no pueden acceder a ella por la falta de caminos y se vieron obligados a vivir a un costado de la ruta.

La comunidad Sawhoyamaxa, también se encuentra afectada por una sentencia de la CorteIDH y por la apropiación indebida de sus fondos. En principio se logró que el Estado expropiara a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas.

En este caso, el exdirector del Indi no es el único acusado por estos hechos ocurridos en 2013, en los que también están involucrados la exdirectora de administración del Indi Marlene Mendoza y el funcionario Éver Otazo, junto al expresidente de la fundación Reforeast Par, Óscar Viera.

Quesnel fue condenado en abril de 2015 a seis años y medio de cárcel por la venta ilegal del territorio de la comunidad indígena de Cuyabia, en el Chaco paraguayo, donde residen grupos de indígenas ayoreos no contactados, que constituyen el último pueblo nativo aislado de América fuera de la Amazonía.

La población indígena de nuestro país asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.

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