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Mario Abdo Benitez presentó hoy protocolo para proceso de consulta con indígenas

Este miércoles, la presentación del “Protocolo para el proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”. El acto se desarrolló en el Polideportivo Villa Choferes del Chaco de esta ciudad.

La presentación contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benitez, quien destacó que con la firma del decreto se formaliza un trabajo coordinado y no solamente con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) sino también con el Gabinete Social para poder diseñar las políticas públicas y tener presencia.

“Con esto nosotros creemos que vamos a realmente a construir políticas que generen impacto y por sobre todo que ellos sean quienes diseñen de acuerdo a sus propias necesidades”, manifestó.

Indicó que este es el inicio de una articulación a través de un decreto que va permitir y que también les da una obligación a ellos para trabajar de una manera conjunta.

Por último refirió que este protocolo va a generar más impacto y mejor articulación.

Por su parte la presidenta del INDI, Ana María Allen, explicó que este protocolo recoge todo el análisis y estudio que las organizaciones indígenas a través de sus líderes político y religiosos han realizado por muchos años, para consolidar un proceso efectivo que respete y garantice sus derechos colectivos y que los haga partícipes del marco jurídico nacional..

El decreto Nº 1. 039 fue firmado por el presidente de la República el 28 de diciembre de 2018 y tendrá vigencia a partir de los 90 días de la firma.

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Indígenas siguen exigiendo atención

Los indígenas de la comunidad paraguaya de Takuara’i, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, solicitaron Justicia al Gobierno, después de llevar cerca de cuatro meses acampados en el centro de Asunción tras ser desalojados de sus territorios por brasileños, según denuncian.

El grupo exige desde hace meses la destitución de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ana María Allen, una reivindicación a la que ahora se suma esta petición de justicia para que se investigue el hostigamiento y la violencia que viven en sus tierras y que les han obligado a abandonar la zona.

No hay justicia para nosotros y venimos a pedir justicia. Pedimos que nos ayuden a aclarar todas las cosas que nos han sucedido y que haya justicia para nosotros y nuestra familia”, dijo Francisco López, miembro de la comunidad y hermano del líder Derlis López, tras una conferencia de prensa.

Los hermanos, oriundos de Canindeyú, habitan ahora en el centro de Asunción, al lado del Congreso, junto con otras 70 familias que viven bajo carpas improvisadas con plásticos negros, con temperaturas en el exterior que rozan los 40 grados, en pleno verano paraguayo.

Con estas condiciones de vida, López se preguntó si al presidente del país, Mario Abdo Benítez, “le da gusto” que subsistan en esa situación y recordó que los miembros de la comunidad de Takuara’i también son seres humanos, que solo quieren una tierra en la que levantar su casa y una chacra para plantar mandioca.

¿Qué está pasando con Paraguay? Nosotros somos los pueblos originarios y ellos tienen que respetarnos. ¿Por qué no nos dan nuestros derechos?, ¿por qué no nos dan la oportunidad?, se preguntó López.

Aunque aseguran que hasta el momento el Gobierno ha hecho oídos sordos ante sus súplicas, advierten de que seguirán acampados junto al Congreso hasta que consigan recuperar sus tierras y logren la destitución de Allen.

La comunidad denunció que la presidente del INDI está completamente en contra de las personas que insisten en sus derechos y lamentan que no hable guaraní, puesto que dificulta el entendimiento con los nativos.

Sin ninguna solución no vamos a salir de este lugar, al contrario, vamos a venir más. Si no nos devuelven nuestra tierra a la comunidades ancestrales, vamos a acampar aquí siempre, zanjó el joven.

Los habitantes de Takuara’i cuentan con el respaldo jurídico de varias abogadas que, al igual que ellos, censuran la actuación de Allen.

Ella tenía que haber realizado, a través del equipo jurídico, acciones judiciales fuertes para defender a los indígenas en el caso de los desalojos violentos de sus territorios ancestrales, señaló la abogada Elvira Montanía.

Montanía enumeró algunas de las denuncias presentadas contra Allen ante la Fiscalía, como hurto agravado, detención arbitraria e intento de secuestro del líder Derlis López.

Las abogadas recalcaron que existe injerencia brasileña en la ocupación de estos territorios, con actos violentos en los que se lamentó la muerte de un joven de la comunidad, un hecho que sigue sin investigar, según denuncian.

Montanía explicó que los supuestos invasores recurren a acciones judiciales para desalojar la tierra, con la presentación de un recurso de amparo sin que haya presupuesto, avalado por una jueza de primera instancia que hizo lugar (al recurso).

Ese es el mecanismo que utilizan. Siempre es en colusión, en componenda con la policía, con los jueces y con los fiscales. Principalmente, son los agentes fiscales los que se prestan, los que se alquilan, sostuvo la abogada.

La defensora confía en la fuerza de los pueblos indígenas para seguir adelante con la lucha y, al igual que ellos, exige el nombramiento de una nueva autoridad al frente del Indi.

Creemos que podemos sentarnos a hablar con la otra persona que llegue a presidir y plantearle bien para que se pueda otra vez reivindicar y recuperar territorios ancestrales, porque hay documentos que avalan que son territorios ancestrales, puntualizó.

La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la Dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.

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Gobierno no aceptará ser condicionado por indígenas

El Gobierno Nacional mostró su apoyo a la presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, frente a las protestas de colectivos de indígenas que piden su destitución por no defender sus intereses, y advirtió que no aceptará ningún diálogo condicionado con esos grupos de nativos.

Desde la presidencia confirmaron que se está apoyando la gestión de Allen porque es una persona comprometida con la honestidad y la dedicación en su trabajo, en referencia a las demandas de los indígenas que permanecen desde hace más de 20 días acampados en las inmediaciones del Congreso y de la sede del INDI.

Los acampados denuncian lo que consideran un abandono total por parte del Estado y reclaman que les defienda frente al despojo de sus tierras que afirman sufrir por parte de las compañías que van ingresando a sus tierras para trabajarlas.

Esos grupos indígenas, procedentes de la zona oriental del país, consideran que la titular del INDI desconoce su función y no defiende sus derechos respecto a la propiedad de la tierra por lo que piden que sea cesada en su cargo.

Aseguraron que el Ejecutivo creó una mesa de trabajo para atender los desafíos y reclamos de los líderes indígenas, y a la vez solicitaron además una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para transmitirle sus peticiones.

En ese sentido, el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres, aseguró que el Gobierno no tiene inconvenientes en hablar con ellos, pero advirtió que el mandatario no va a aceptar ningún diálogo condicionado por la destitución de Allen.

En referencia a las denuncias de usurpación de tierras, Cáceres indicó que si se identifican irregularidades, que tengan la seguridad de que, caiga quien caiga, se van a activar los recursos de la Justicia.

Uno de los representantes indígenas, Ángel Vera, señaló este miércoles que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

La mayor parte de los indígenas acampados en Asunción proceden del departamento de Canindeyú, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras.

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Indígenas no bajan los brazos y ahora quieren hablar con Abdo Benítez

Varios grupos de indígenas permanecerán acampados en el centro de Asunción hasta que sean recibidos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los nativos siguen exigiendo la destitución de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, por no defender a sus comunidades.

Unas 200 familias indígenas permanecen desde hace 22 días acampadas en la Plaza de Armas de Asunción, adyacente al Congreso, y otro grupo frente a la sede del INDI, para pedir “justicia” para las comunidades indígenas y denunciar el abandono total del Estado, explicó uno de sus representantes, Ángel Vera.

Vera, coordinador general de la Federación Guaraní, que articula a nueve asociaciones de comunidades indígenas de distintos departamentos que conforman la región oriental de Paraguay, aseguró que Allen no defiende a esas comunidades frente al despojo de sus tierras por parte de las compañías de producción.

Añadió que la titular del INDI no sabe su función y que deja abiertamente los litigios por la propiedad de la tierra en manos de jueces y fiscales comprados que quieren quitar las tierras a los indígenas para entregar a los brasileños, propietarios de las empresas dedicadas a la explotación de tierras agrícolas.

Los indígenas sostienen que el INDI no respeta la propiedad ancestral de la tierra y que se hicieron títulos falsos, ya que las tierras que ese ente cede a las comunidades no se pueden embargar, enajenar, arrendar a terceros ni utilizar como garantía, según estipula la ley del Estatuto de las Comunidades Indígenas.

El líder indígena insistió en que ya existen suficientes leyes que garantizan el hábitat de esos pueblos, pero que no funcionan.

Por ello, para pedir que se cumplan y que se remueva de su cargo a Allen, hace tres meses Vera solicitó, junto con otros líderes indígenas, una entrevista con el presidente de la República, porque ya hablamos con todos, en referencia a las reuniones mantenidas con la fiscal general del Estado, la titular del INDI y los presidentes de las cámaras legislativas.

Aseguró que si Abdo Benítez nos da la espalda, tras seguir los pasos correspondientes apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva los litigios por la posesión de la tierra que afectan a los pueblos originarios.

Buena parte de los indígenas acampados en asunción proceden del departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, que llevan semanas denunciando presuntos ataques de pistoleros brasileños.

Vera explicó que una parte de las familias regresó hoy a sus comunidades para descansar, pero que la próxima semana otro grupo acudirá a Asunción para continuar sus reclamos.

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Mediante mediación del Cipae, titular del Indi escuchó reclamos de los indígenas

Indígenas de ambas regiones del país se autoconvocaron este lunes 26 de noviembre en nuestra capital y para hacer efectivo un encuentro en el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), que tuvo a su cargo intermediar en la ocasión. La cita fue en la sede de la Misión de la Amistad de Asunción y su objetivo fue buscar una solución a los reclamos y lograr la reapertura del local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Los indígenas abordaron las inquietudes de sus comunidades de Alto Paraná, Canindeyú,  Pdte. Hayes, Caaguazú, Concepción, Alto Paraguay, Guairá e Itapúa y la necesidad de la apertura del Indi para trabajar por el desarrollo de las familias indígenas. También expresaron su desacuerdo ante al cierre arbitrario de la institución por parte de otro grupo de indígenas, impidiendo que la misma preste los servicios requeridos.

Luego de escuchar los reclamos, necesidades y propuestas, la titular del Instituto Nacional del Indígena manifestó “que hace 2 meses que estoy al frente de la institución y aún no puedo llegar a todos. El Indi cuenta con solo 70 funcionarios y sin suficiente presupuesto. Les pido que me ayuden para realizar una buena gestión y un poco de tiempo para poder trabajar. Estoy para defenderlos. Me duele que mendiguen cosas. Quiero proyectos firmes y viables para ustedes. Por eso, llego hasta las comunidades para hablar con ustedes, conocer de cerca sus inquietudes y necesidades”.

Recordó que La Ley 904, sobre el “Estatuto de Comunidades Indígenas”, señala que el Indi debe defender la tierra y atender las cuestiones indígenas. En ese sentido, habló de lo importante que es para la institución formar parte del gabinete social, porque eso significa articular y coordinar los trabajos y proyectos con todas las instituciones del Estado. Este es un gran avance para nosotros, porque el presidente nos escucha, y nos da la importancia que nos merecemos. Por primera vez un Gobierno atiende los reclamos de los pueblos indígenas en forma seria y con intenciones claras de dejar instaladas las capacidades de trabajos con una hoja de ruta a seguir, puntualizó.

Al finalizar la jornada, los líderes indígenas autoconvocados y las autoridades presentes llegaron a un consenso con la firma de una carta compromiso, con los puntos tratados durante el debate. La propuesta firmada por todos los concurrentes será presentada a la Presidencia de la República.

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Indígenas solicitan salida de titular del INDI

Diferentes grupos indígenas se congregaron en la Plaza de Armas, junto al Congreso Nacional, pidieron la renuncia de la titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ana María Allen, al considerar que su gestión no cumple con sus necesidades y además desconoce el pasado de estos pueblos.

El líder de la comunidad indígena “La Fortuna”, Ángel Vera, procedente del departamento de Canindeyú, en la región oriental, solicitó hoy su destitución inmediatamente y avisó de que seguirán apostados en la Plaza de Armas hasta que haya una decisión al respecto.

Vamos a permanecer aquí y vamos a venir más, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Vamos a vivir todos en Asunción ya que no nos va a proteger el Gobierno de turno que hay en Paraguay, comentó Vera ante su pueblo.

Los indígenas denunciaron la falta de preocupación de la titular del Indi con sus problemas y manifestaron su descontento con el Estado, al que recordaron que debe defender la soberanía y la garantía de su territorio.

Vera lamentó que hasta el momento las palabras del presidente, Mario Abdo Benítez, hayan quedado en discursos y que haya optado por favorecer a los intereses de grandes empresarios. Por eso pedimos al Gobierno que nos escuche y que cumpla sus obligaciones con nosotros, agregó.

En la misma línea se pronunció otro miembro de la comunidad, Dionisio Gómez, quien aseguró que tenían mucha esperanza en el presidente, por lo que ahora le reclaman su responsabilidad en la decisión de nombrar y mantener a Allen. Que renuncie esta señora y que ponga a un señor o una señora que pueda entender la problemática indígena, añadió.

Los nativos del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil, llevan semanas denunciando supuestos ataques de pistoleros brasileños.

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Más de 4.700 indígenas perciben la pensión alimentaria

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda informa que al cierre del mes de octubre, un total de 4.770 adultos mayores de pueblos originarios perciben la pensión alimentaria. De la cifra total de beneficiarios, cerca del 50 por ciento son mujeres de 65 años o más. El subsidio mensual es de 510.281 guaraníes.

Esta asistencia a personas en situación de pobreza está contemplada en la Ley Nº 3728/2009 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”.

Asimismo, la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) dependiente del Ministerio de Hacienda suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para una mejor asistencia a los adultos mayores de los pueblos originarios.

Para obtener más informaciones acerca del programa de adultos mayores, los interesados pueden consultar con el designado municipal de su distrito de residencia, o bien llamar al Call Center de la DPNC, al teléfono (021) 416-0456.

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Tres instituciones se unen para promocionar cultura indígena y artesanía nacional

Tres instituciones del Estado están trabajando para establecer acuerdos de promoción de la cultura indígena y la artesanía nacional. Se trata del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fondec), el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

En ese sentido, el martes último sus representantes se reunieron para ir afinando el plan, que pretende convertirse en política pública.

La directora ejecutiva del Fondec, Luz María Bobadilla recibió a la coordinadora técnica institucional del INDI, Marina Velazco Parra y a la presidenta del IPA, Adriana Ortíz, con el fin de elaborar acciones y acuerdos de cooperación interinstitucional para ejecutar programas y proyectos de rescate y promoción de la cultura de los pueblos originarios y las comunidades de artesanos a nivel nacional.

La iniciativa nace ante la necesidad de trabajar juntos e impulsar desde el Estado, acciones concretas para dar visibilidad y promover la labor artística en todas sus modalidades, priorizando a indígenas y artesanos de todo el país, así como acompañar de cerca a los artistas gestionando políticas públicas que mejoren su calidad de vida a través del arte.

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Ex titular del Indi en época de Federico Franco recibió condena de 10 años de prisión

Un Tribunal de Sentencia condenó al ex titular del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, a 10 años de prisión por un millonario desvío de dinero que debía ser destinado a los yakye axa y sawhoyamaxa. El afectado, que estuvo al frente de la institución durante la Presidencia del liberal Federico Franco, anunció que apelará el fallo, afirmando que “esto es una payasada”.

Los magistrados también le impusieron 50 días de multa por ser declarado litigante de mala fe y la prohibición de ocupar cargos públicos por cuatro años. Una sanción ejemplar para un ex alto funcionario público, que podría interpretarse como los nuevos vientos de esta etapa de “renacimiento” en que vive el país.

Otra de las involucradas en el caso, Marlene Mendoza, fue condenada a 6 años de prisión, Éver Otazo a 3 años y 6 meses, mientras que Óscar Viera recibió 2 años y medio. Éste último es de la Fundación Reaforest Par. Mendoza deberá ir al Buen Pastor tras revocarse las medidas alternativas.

La suma de 3.127 millones de guaraníes que se desvió debía ser destinado para el pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los sawhoyamaxa y yakye axa.

La Fiscalía confirmó que Otazo primero retiró G. 1.000 millones; luego el propio Quesnel, junto con Mendoza y Otazo retiraron G. 2.127 millones en efectivo, de un banco. Los sentenciados alegaron que transfirieron el dinero a Viera. Sin embargo, este negó haber recibido el dinero.

El fiscal René Fernández, que tuvo a su cargo la investigación expresó su conformidad con la condena.

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El Gobierno sigue completando los últimos cargos vacantes

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ultima su equipo de Gobierno con los nombramientos del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), que ocupará Armando Rodríguez, y del titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Rubén Capdevila. Sólo falta que nombre al ministro de Deportes.

El nuevo titular del consejo de administración del IPS, ratificado por un decreto presidencial, se desempeñó al frente de la gerencia de abastecimiento y logística de la institución, que estaba comandada por el actual ministro de Hacienda, Benigno López. Además, Rodríguez ya colaboró anteriormente con López en el Banco Central de Paraguay.

Capdevila, por su parte, dirigió desde 2014 la Biblioteca Nacional y ahora se desenvolverá como titular de Cultura, un nombramiento que aún no se ha hecho oficial, pero que él mismo lo ha confirmado a los medios.

También por decreto, Abdo Benítez situó hoy a Sara López al frente del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, que ya trabajaba como funcionaria en la institución, y a Ana Allen, una contable, como directora del Instituto Nacional del Indígena.

Al frente de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación colocó a Miguel Martín, proveniente del sector privado y que tiene como objetivo potenciar la agenda digital del nuevo Gobierno, explicó hoy el organismo en un comunicado.

Abdo Benítez, que asumió recientemente la Presidencia, aún tiene pendiente el nombramiento del ministro de Deportes, así como los titulares de las secretarías nacionales de turismo y emergencia nacional.

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