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Cancillería prepara agenda de Abdo para su encuentro con Bolsonaro

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajará a Brasil el próximo martes, 12 de marzo, para reunirse con su par, Jair Bolsonaro, y abordar una agenda muy rica, dijo este a los medios el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni.

A pesar de que los dos mandatarios vecinos ya conversaron el pasado 26 de febrero en la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por ambos países, en esta ocasión tendrán todo el tiempo necesario para conversar, comentó Castiglioni.

Está previsto que en ese encuentro esté sobre la mesa las negociaciones del Tratado de Itaipú, que comenzarán en 2023 y para las que Paraguay cuenta con el asesoramiento del economista estadounidense Jeffrey Sachs, además de temas relativos a la seguridad fronteriza, la construcción de infraestructuras, asuntos comerciales y económicos.

El ministro de Exteriores anunció que probablemente a final de mes se conocerá la decisión de Brasil sobre la petición de revocación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, exdirigentes del Partido Patria Libre (PPL), procesados por el secuestro en 2001 de la esposa de un empresario paraguayo.

Castiglioni confesó que están esperando con mucha ansiedad y con mucho optimismo la decisión del Gobierno brasileño que facilitaría la extradición de los dos dirigentes para que puedan someterse a la Justicia paraguaya.

Hemos podido conocer la visión y el pensamiento que tiene el presidente Bolsonaro respecto a los refugios concedidos por Brasil a personas acusadas por delitos comunes, como Arrom y Martí, agregó el canciller paraguayo a los periodistas.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón Vda de Debernardi, esposa del fallecido empresario Antonio Debernardi y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya. Posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.

Actualmente, Paraguay está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad de Estado en las posibles torturas que denunciaron los dos dirigentes.

Sigue siendo cada día, cada petición y cada expresión de estas personas una afrenta a toda la ciudadanía paraguaya, una afrenta a las víctimas de los secuestros que tuvimos, insistió Castiglioni.

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Arrom y Martí reclaman más de 120 millones de dólares al Estado paraguayo

El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó hoy que Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes entablaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado paraguayo, están reclamando 123 millones de dólares en concepto de resarcimiento.

El total solicitado es USD 50 millones para Juan Arrom, otra misma cantidad para Anuncio Martí y un resto de 23 millones de la moneda norteamericana para los familiares de los mismos es lo que finalmente solicitan, dijo el procurador en el primer día al aire de la 98.5 FM de Asunción.

Esta semana viaja el sobre cerrado con los alegatos presentados por el Estado paraguayo, vía valija diplomática, y será recibido en Costa Rica por la embajada paraguaya en el país centroamericano para luego trasladarla a la CorteIDH.

Hicimos un trabajo técnico entre todas las instituciones involucradas. Tenemos muchísima esperanza en la actuación de los jueces, mencionó Coscia, quien así manifestó su deseo de un resultado justo a favor del Paraguay.

Remontándonos tiempo atrás, Arrom y Martí huyeron de su juicio oral y público a 24 horas de su realización, allá por agosto del 2003 cuando todo giraba en contra de ellos en la acusación del caso de secuestro de María Edith Bordón y en cuya causa y juicio pasaron a su vez Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),  quienes hasta el momento sigue purgando su condena.

Tanto Arrom, como Martí, siguen en carácter de refugiados políticos en Brasil, aunque la demanda ante la CorteIDH data del año 2002. Ambos son fundadores del extinto Partido Patria Libre (PPL) a quien se cree fue la base política del EPP.

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Querellan a hermana de Juan Arrom

El titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIN), Esteban Martínez, querelló este jueves a  Cristina Arrom, hermana del cuestionado Juan Arrom a quien sindican de formar parte en casos de secuestros en nuestro país y actualmente se encuentra refugiado en Brasil. Actualmente se encuentra abierta una causa elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Cristina Arrom declaró el pasado jueves en la vista de la CorteIDH que deberá resolver la responsabilidad del Estado paraguayo en las supuestas torturas en 2002 a su hermano y al activista Anuncio Martí, ambos asilados en Brasil.

En su intervención, Cristina Arrom manifestó que identificó a Martínez el 30 de enero de ese año en un vehículo que le seguía a ella y a su hermana, cuando se dirigían hacia la vivienda en la que Arrom permanecía retenido.

El abogado de Martínez, Darío Báez, confirmó que la denuncia imputa a Cristina Arrom los delitos de difamación, calumnia e injuria por esas declaraciones ante la CorteIDH, y le exigen una reparación de 850 millones de guaraníes (unos 140.500 dólares) por los daños ocasionados a su familia.

El letrado aseguró que Cristina Arrom mintió a la CorteIDH, ya que Martínez, que en 2002 se desempeñaba en la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo, se encontraba fuera del país cuando sucedió el presunto secuestro de su hermano y Anuncio Martí.

Añadió que la hermana del activista ya realizó la misma acusación en 2002 y que la Fiscalía inició una investigación contra su defendido en aquella ocasión, que comprobó que no se encontraba en el país y en la que el dueño del vehículo al que aludió Cristina Arrom ya aclaró que (el coche) era suyo.

Indicó también que, aunque el reglamento de la CorteIDH impide a los Estados emprender acciones legales contra los declarantes en sus juicios, la querella presentada se realizó a título personal de Martínez como persona jurídica.

Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo por presuntas torturas ante la ComisiónIDH, que reconoció que Paraguay vulneró sus derechos humanos y recomendó al país en 2017, entre otras cosas, que les indemnizara por daños físicos, psicológicos y morales.

No obstante, Paraguay no acató dichas recomendaciones y el caso acabó en la CorteIDH.

Arrom y Martí desaparecieron el 17 de enero de ese año y fueron liberados el 30 del mismo mes con supuestos signos de tortura, poco antes de que se enfrentaran a un juicio por el presunto secuestro, un año antes, de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

A la vista del jueves pasado acudió el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien ya advirtió que, de resultar condenado el Estado, no pagará “ni un dólar” a los acusados de secuestro y señaló que esa condena cambiaría el humor de Paraguay hacia la CorteIDH, a la que varios miembros de su Ejecutivo han acusado de parcialidad.

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Arrom, Martí y Colmán tropiezan en el caso que elevaron a la CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desestimó la solicitud de medidas provisionales presentadas por la defensa de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. El Tribunal argumentó que en el caso que llevaron adelante contra el Estado paraguayo, no se reúnen términos exigidos para alegar extrema gravedad y urgencia.

Por lo expuesto por la CorteIDH, el pedido planteado por la defensa de Juan Arrom y Anuncio Martí fue rechazado. Los refugiados actualmente en Brasil alegaban supuestos hechos que atentaban sus derechos y luego de oír ambas partes la semana pasada en San José de Costa Rica, llegaron a esta conclusión.

Por lo mencionado por la Corte IDH, ante la falta de elementos que comprueben la existencia de una situación de “extrema gravedad y urgencia” que, a su vez, atente contra sus derechos, determinó rechazar el pedido.

La corte con sede en el país centroamericano nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos, agrega un párrafo de la resolución de rechazo.

Esta instancia jurídica, recordó las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana de DDHH, que lo condiciona a garantizar los derechos de ambos demandantes a través de los mecanismos internos existentes para ello.

En otra parte del documento señala que la CorteIDH decidió rechazar el pedido, argumentando que no se puede deducir que la solicitud hecha por Paraguay a Brasil, de revocar la condición de refugiados a Arrom y Martí, ponga en amenaza sus derechos ya que sus estatus de refugiados siguen firmes y no hay razón para sospechar lo contrario.

Menciona en otro punto que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentan la solicitud, el Tribunal estima que no resulta posible apreciar que los señores Juan Arrom y Anuncio Martí se encuentren en una situación de extrema gravedad y urgencia, relacionada con la posibilidad de daños irreparables. La Corte nota que estos residen en Brasil donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y no es posible interferir en el mero hecho de que Paraguay solicite la revocación del estatus de refugiados.

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Alegatos finales en caso Arrom y Martí serán analizados por la CorteIDH

La defensa del Estado paraguayo y los demandantes presentaron sus alegatos finales en lo que es la audiencia pública por el caso de presuntas torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión final queda a cargo de los jueces que integran el alto tribunal.

Este jueves fue la audiencia pública sobre la denuncia presentada contra el Estado. El procurador general, Sergio Coscia, tuvo a su cargo los alegatos finales señalando que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.

Coscia señaló que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados, y de los vecinos en los que fueron trasladados Arrom y Martí, según denuncian.

Por su parte, el abogado de los demandantes señala que durante la investigación se desecharon investigaciones de testigos claves que observaron movimientos extraños el día del presunto secuestro, así como que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en la que fueron encontrados Arrom y Martí.

Parte de la acusación señala que el Estado paraguayo no cumplió con el Protocolo de Estambul, que establece de guías de estándares en derechos humanos para investigar casos de tortura o maltratos.

Coscia manifestó que al momento de ser encontrados en la casa en la que presuntamente estuvieron recluidos, Arrom y Martí se negaron a realizar declaración en alguna dependencia policial y se opusieron a ser revisados por un médico del Ministerio Público.

También agrega que fueron derivados a un sanatorio privado en donde un grupo de cerca de 500 personas impidió que agentes fiscales y médicos del Ministerio Público participen de la evaluación médica realizada. Otro punto que cita se trata de la negativa de los demandantes de participar en la elaboración de un identikit para identificar a los responsables de su presunta desaparición forzada y tortura.

Arrom y Martí solicitan cada una la suma de US$ 50 millones, que se trata de una suma simbólica que tiene el objeto de llamar la atención sobre la gravedad de los hechos, declaró su abogado defensor.

En tanto que el procurador general solicitó en representación del Estado paraguayo que se dicte un sobreseimiento respecto a las alegadas violaciones de Derechos Humanos contra Arrom y Martí.

Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales.

La Corte IDH analizará los alegatos y emitirá un fallo judicial sin plazo definido para esto. IP

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Caso Arrom y Martí: “Estas personas solo quieren dinero” afirma el procurador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estudiará en audiencia pública, la demanda planteada por Juan Arrom y Anuncio Martí, ambos procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Sergio Coscia, procurador de la República del Paraguay afirmó “Las vìctimas en este caso son los sobrevivientes del secuestro, el Estado paraguayo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. El mismo se encuentra en Costa Rica liderando el equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo ante la Corte, el próximo jueves, a las 9:00 hora local, 12:00 de nuestro país.

“Quiero dejar en claro que esta no es una cuestión política. Ellos están investigados por el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, un crimen común, que fue el primer secuestro de la era democrática, el inicio de un suplicio que seguimos soportando hasta ahora”, señaló Coscia.

El mismo afirmó que este caso nunca debió haber llegado a la Corte, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos basó su informe solo en el testimonio de los denunciantes y en publicaciones periodísticas, pero no tiene ninguna prueba.

“Ellos en Paraguay son prófugos de la justicia”, sostuvo el Procurador. Agregó que ambos tuvieron siempre todas las garantías jurídicas, de las cuales Arrom y Martí abusaron para fugarse durante su proceso, y pedir refugio político en el Brasil.

“Estas personas quieren dinero, no hay otra explicación lógica”, respondió el ministro ante la consulta de la motivación de la demanda.

Añadió que, si se produce un fallo adverso al Estado Paraguayo, las víctimas reales de toda esta situación serán los sobrevivientes de secuestro que viven en Paraguay, además del Estado Paraguayo que será esquilmado en base a mentiras y el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Concluyó diciendo que, si hay justicia, Paraguay debe ser sobreseído en esta causa.

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Castiglioni vuelve a pedir a Araujo la revocación de refugiados de Arrom, Colmán y Martí

El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, se reunió este miércoles en Davos (Suiza) con su par brasileño, Ernesto Araujo, al que volvió a solicitar que revoque la condición de refugiados políticos a tres paraguayos con procesos judiciales pendientes en el país y asilados en Brasil desde 2003.

Ambos acompañan en la localidad alpina a sus respectivos mandatarios, Mario Abdo Benítez en el caso de Paraguay y Jair Bolsonaro en el de Brasil, que participan en el Foro Económico Mundial de Davos. Castiglioni informó a través de su cuenta de Twitter de su encuentro con Araujo, con el que comparte sus críticas al funcionamiento actual de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Paraguay comenzará en febrero un proceso judicial ante la CorteIDH por un caso de supuestas torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, ocurridas en enero de 2002, según su denuncia.

Arrom y Martí, junto con un tercer compañero, Víctor Colmán, fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro en 2001 de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi. Antes del juicio, los dos primeros desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya.

Tras esos hechos, los dos hombres se exiliaron a Brasil, donde consiguieron la condición de refugiados políticos. La Administración actual considera que con el nuevo Gobierno brasileño existen mayores posibilidades de imparcialidad, como dijo Castiglioni la semana pasada.

De conseguirse la revocación, Paraguay solicitaría a Brasil la extradición de los hombres, para que respondan ante la Justicia paraguaya, en un proceso en el que tendrán todos sus derechos precautelados, según el canciller.

En el encuentro de hoy en Davos, Castiglioni y Araujo también hablaron sobre la lucha contra el crimen organizado y sobre una futura visita de Abdo Benítez a Brasil.

El canciller se reunió el martes con el ministro de Exteriores de Georgia, David Zalkaliani, para abordar cuestiones bilaterales.

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Desde el Ministerio Público defienden actuación en caso Arrom y Martí

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público de Paraguay, Alejandra Peralta, alegó que el país “tiene derecho a defenderse” en el caso Arrom-Martí, por el que el Estado paraguayo podría ser declarado culpable de secuestro y torturas de Juan Arrom y Anuncio Martí, y obligado a indemnizarlos.

Peralta contestó así al comunicado difundido hoy la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), en el que pedía al Gobierno que esclareciera los hechos de tortura y desaparición forzada y que dejara de divulgar información falsa sobre una inexistente condena a Paraguay en el caso Arrom-Martí, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no llegará hasta el 7 de febrero.

Arrom y Martí, junto con Víctor Colman, fueron procesados en Paraguay en 2001 por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Antes del juicio, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, para después huir a Brasil, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras una denuncia de ambos.

La CorteIDH se pronunciará al respecto el 7 de febrero y el Estado paraguayo teme un fallo en contra después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera a finales de 2017 que Paraguay violó los derechos de Arrom y Martí y recomendó resarcirlos económicamente.

No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Esa postura fue criticada hoy por la Codehupy, que solicitó al Estado paraguayo que cumpliera su compromiso con el Pacto de San José, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, denunció que diversos miembros de los poderes del Estado se han referido tanto a la CIDH como a la CorteIDH como protectores de “criminales, parcialistas e ideologizados”.

Por su parte, Peralta defendió que el Estado paraguayo garantiza la protección de los derechos humanos y que con su posición en este caso solo pretende defender al país de una pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron.

Peralta cargó, en concreto, contra el firmante del comunicado de la Codehupy, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la organización, al que acusa de estar en contra de la defensa de Paraguay.

La persona que firma el comunicado por Codehupy fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla paraguaya), abogado de Carmen Villalba (miembro del EPP), condenada por secuestro, y amigo personal de Juan Arrom, según sus propias manifestaciones. Entonces es lógico que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí, puntualizó Peralta.

Paraguay ha solicitado a Brasil la extradición de Arrom, Martí y Colman, procesados en Paraguay por el secuestro de una mujer en 2001, si ese país les revoca el estatuto de refugiados políticos que les concedió.

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Paraguay formaliza pedido de revocación de refugiados a Arrom y Martí

El vicecanciller nacional, Hugo Saguier, pidió formalmente al Gobierno brasileño la revocación del estatus de refugiados de tres procesados por el secuestro de María Edith Bordón en 2001, Juan Francisco Arrom, Anuncio Martí y Víctor Antonio Colmán, informaron fuentes diplomáticas.

Saguier presentó su solicitud este jueves al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, en Brasilia.

El asunto se refiere a los referentes del ya desaparecido movimiento político Patria Libre y a quienes el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) les otorgó tal condición en 2003.

Los tres están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro el 16 de noviembre de 2001 de María Edith Bordón, esposa del desaparecido empresario Antonio Debernardi y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos (CorteIDH) Humanos debido a que dos de ellos denunciaron haber sido torturados. Bordón fue liberada tras poco más de dos meses de cautiverio y el pago de un rescate.

El Gobierno paraguayo considera que a ninguno de los sospechosos se les tuvo que conceder el estatus de refugiados porque están acusados por delitos comunes; está comprobado el vínculo que tenían con las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y porque en Paraguay rige el Estado de Derecho.

Indicó además que decidió esperar al inicio del mandato del presidente Jair Bolsonaro, quien fue investido presidente de Brasil el pasado día 1, para formalizar la solicitud de cancelación, revocación o cesación del refugio de los tres implicados.

Antes de su juicio en Paraguay, dos de ellos, Arrom y Martí, desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó en la época la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la Policía paraguaya.

Los dos denunciaron entonces que fueron interrogados en una vivienda por policías que los presionaron para declararse culpables del secuestro de Bordón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, alegando que se quebrantó el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme.

Recomendó también resarcirles económicamente y sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil. No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

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Paraguay solicitará formalmente revocatoria de status de refugiados de Arrom y Martí

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio instrucciones a la Cancillería Nacional para solicitar formalmente al Estado brasileño la revocatoria de la condición de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes se fugaron del país y obtuvieron protección política en el vecino país, tras ser acusados de ser los responsables del secuestro de María Edith de Debernardi.

El anuncio fue hecho por el vicecanciller Hugo Saguier, quien explicó que están dadas las condiciones políticas para presentar la petición y que los señalados, más Víctor Colmán, deben venir al país a enfrentar ante la justicia.

El diplomático viajará mañana jueves al Brasil para reunirse con el canciller Ernesto Araújo e informarle que el Gobierno de Paraguay ha resuelto requerir la cancelación, revocación y cesación de la calidad de refugiados, otorgados por el Comité Nacional para los Refugiados de (Conare) Brasil a los connacionales Arrom, Martí y Colmán.

“Esta decisión del Gobierno Nacional obedece a una obligación elemental del Estado de asegurar las condiciones para impartir justicia ya que estos señores son requeridos por órganos jurisdiccionales de nuestro país. Se basa en razones de hecho y de derecho con suficiente consistencia, pues han ocurrido hechos nuevos y se verificó que los refugiados vulneraron la normativa interna brasileña”, expresó el vicecanciller.

Afirmó que el Estado paraguayo ha demostrado con documentación fundada que los señores se presentaron en la causa, por la cual se solicita su detención con fines de extradición y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica.

Según Saguier se decidió esperar el inicio del nuevo periodo de Gobierno en el vecino país para formalizar la solicitud de cancelación del refugio.

Arrom, Martí y Colmán fueron procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2001. Mientras eran investigados demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta privación de libertad y tortura por agentes policiales.

Recibieron la medida cautelar dispuesta por la CIDH para que no sean recluidos. Al no estar privados de su libertad aprovecharon la situación y se refugiaron en Brasil.

Además, solicitan como resarcimiento la suma de 63 millones de dólares, que el Estado deberá pagar en caso de fallo a favor de los demandantes. El próximo 7 de febrero, Paraguay presentará los alegatos finales para demostrar que ambos son prófugos de la justicia.

Cortina de humo

Por su parte, Ruben Lisboa, abogado de los presuntos secuestradores Arrom y Martí, aseguró que la condena de la CIDH no será ni por el 5% de lo que están pronosticando las autoridades, que es de 63 millones de dólares. Por otro lado, aseguró también que la plata no saldrá del Estado paraguayo, si no de los “responsables” de las supuestas violaciones de derechos que sufrieron los prófugos de la justicia paraguaya.

Agregó que este tema que instala el Gobierno paraguayo es una cortina de humo para desviar la atención de otros acuciantes problemas sociales.

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