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Payo Cubas fue sobreseído hoy por el “caso quema del Congreso”

El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, luego del desarrollo de la audiencia preliminar que se desarrolló hace instantes, resolvió sobreseer definitivamente al senador Paraguayo Cubas. El mismo estaba acusado por perturbación de la paz pública, por el caso de la quema del edificio del Poder Legislativo, ocurrido el 31 de marzo de 2017.

El magistrado recogió la sugerencia del Ministerio Público que no halló méritos para proseguir con el caso. Por esa razón no será llevado a juicio oral y público. Sin embargo, hay otras personas irán a juicio oral en los próximos días, entre ellos, el dirigente juvenil del Partido Liberal Radical Auténtico, Steben Patrón.

En la mañana del 31 de marzo del año pasado, un grupo de 25 senadores (colorados cartistas, Frente Guasu, oviedistas y llanistas) resolvieron dar curso favorable a la intención de Horacio Cartes de aprobar, vía enmienda, la reelección presidencial.

Esto produjo una rápida reacción de la ciudadanía que en gran número se congregó en las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional; desde la media tarde ya hubo forcejeos con la policía, incluso, dirigentes de la oposición y el diputado Edgar Acosta recibieron balazos por parte de los uniformados que custodiaban la sede legislativa.

Esta situación enervó más aún los ánimos de la gente que se iban sumando a la manifestación, hasta que cerca de las 19.30, los custodios policiales abandonaron el Congreso y la turba ingresó violentamente a la sede, produciendo incendios y destrozos.

Horas después, la policía irrumpió en la sede del PLRA, donde el suboficial Gustavo Florentín mató al joven liberal Rodrigo Quintana.

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Siete senadores tienen cuentas pendientes con la justicia

El senador Paraguayo Cubas recibió la lista de los senadores que tienen cuentas pendientes con la justicia por supuestos hechos de corrupción que se lo entregó el presidente del Congreso, Silvio Ovelar. Payo tiene la intención de solicitar la pérdida de investidura de todos los afectados; aunque él también cuenta con un pedido de desafuero hecho por el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla.

La nómima integran Víctor Bogado, con dos causas, Carlos Filizzola, Enzo Cardozo, también con dos causas, Nelson Aguinagalde y Carlos Amarilla, ex senadores, con dos causas; Además de Enrique Salyn Buzarquis, Óscar González Daher y Zulma Gómez.

Consultado sobre el proceso que pesa sobre él por “perturbación de la paz pública”, por los acontecimiento del 31 de marzo del año pasado frente al Congreso Nacional, respondió que “si quieren que renuncie a mis fueros, también  que lo hagan los demás legisladores procesados”.

Agregó, sin embargo, que no necesita renunciar a esa inmunidad, porque no hace uso de ellas, sino que continúa su proceso, presentándose a todas las preliminares como un ciudadano más.

Además de la lista que había pedido al Congreso, ahora irá por conocer el estado de las causas en el Poder Judicial, la Fiscalía y hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Juez Sosa Pasmor renuncia al cargo para asumir como viceministro del Interior

El juez penal de garantías de la capital, Gustavo Sosa Pasmor, presentó esta mañana su renuncia indeclinable al cargo, luego de más de 20 años en el Poder Judicial. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia y al parecer ocupará el Viceministerio de Seguridad desde el 15 de agosto.

En la nota escueta aduce motivos personales, pero el mismo Juan Ernesto Villamayor, futuro ministro del Interior, manifestó hoy su deseo de que el mismo ocupe el cargo de vice ministro de su cartera, porque según dijo “tiene mucha experiencia en el campo judicial y la dependencia citada trabaja muy de cerca con la fiscalía, la policía y el Poder Judicial”.

Evidentemente ya hay un acuerdo por eso presentó su dimisión; por más que Villamayor simplemente expresó “su deseo” y que finalmente, debe ser el presidente de la República el que lo designe si cree conveniente.

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Juez arrestó a Bower por “chicanero”

El juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, resolvió declarar “litigante de mala fe” a Walter Bower, acusado de torturas cuando se desempeñaba como ministro del Interior.

Gustavo Amarilla, juez penal de garantías N° 8 de la capital, calificó al exministro del Interior, “litigante de mala fe”, luego de que esta mañana la audiencia de imposición de medidas fuera nuevamente suspendida.

El magistrado estableció su arresto disciplinario por el lapso de 48 horas, que deberá cumplir en el retén del Palacio de Justicia de Asunción, en libre comunicación y a disposición del Juzgado.

La audiencia de imposición de medidas fue nuevamente suspendida tras la presentación de una recusación contra el juez, promovida por el otro imputado en la misma causa, el excomisario Merardo Palacios.

La causa

El 11 de febrero de 2001, el exministro del Interior Walter Bower fue imputado por los delitos de tortura, tras comprobarse de que en el libro de novedades de la Marina quedó asentado que Bower estuvo presente en el lugar y a la hora que se produjeron los apremios ilegales.

Durante estos últimos 18 años y con numerosas chicanas, logró evadir la realización de la audiencia  preliminar.

Walter Bower está imputado por torturas a los comisarios Alfredo Cáceres y Jorge López, acusados de intentar un golpe de Estado. Las sesiones de tortura tuvieron lugar entre el 18 y 19 de mayo del año 2000 contra los uniformados, por sublevación contra el cuestionado gobierno de González Macchi.

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Encomiendas ocultaban drogas con destino a Holanda y Australia

Fueron requisados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, paquetes en cuyo interior se encontraban ocultas drogas.

Uno de los paquetes contenía partes mecánicas dentro de las cuales fue escondida marihuana en pasta con destino a Holanda. La encomienda contenía piezas de automóviles entre los que fueron descubiertos 21 paquetes de marihuana tipo cera,  que totalizaron 12 kilos 708 gramos de la droga.

El otro paquete que debía ser enviado a la ciudad de Sídney, Australia, tenía cocaína oculta en el interior de juguetes y termos  que contenían 579 gramos de cocaína en el interior de los elementos.

Los paquetes fueron detectados en controles realizados por los agentes especiales y miembros de la Brigada de Canes de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

La retención del primer paquete se dio tras la alerta del can Akyra, que dio positivo sobre la presencia de algún tipo de sustancia ilícita en el interior de un paquete, cuyos datos describían la procedencia de la encomienda llegada de Holanda.

En el mismo procedimiento se dio con la reacción del can Zack que dio positivo ante la presencia de sustancias ilícitas ante un paquete consignado como destinado a la ciudad de Sydney.

Ambos paquetes fueron derivados a la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, donde  fueron abiertos para su inspección, constatándose la presencia de las sustancias ilícitas.

Los puestos de control en la zona aeroportuaria tienen como base tareas en las que se coordinan las investigaciones por parte de los agentes especiales y el control que se realiza con el concurso de los canes detectores de drogas junto con los guías.

La fiscal Lorena Ledesma estuvo a cargo del caso en compañía del Juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla.

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Juez Amarilla ratificó que Stiben Patrón debe seguir recluido en Emboscada

El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, denegó el pedido de la defensa de Stiben Patrón (de cumplir con arresto domiciliario) y ratificó que debe seguir en la cárcel de Emboscada, porque según dijo “no hay un hecho nuevo que amerite el cambio”. El joven está procesado en la causa conocida como “incendio del Congreso”, ocurrido el 31 de marzo pasado.

Su abogado, Guillermo Ferreiro, expresó su decepción por la posición del magistrado y anunció que apelará inmediatamente la medida. Dijo que al parecer “el juez supone que como otros jóvenes pidieron refugio político en Uruguay, mi cliente podría fugarse y por eso ordena su prisión preventiva”, cuestionó el letrado.

El profesional descalificó las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de su cliente y puntualizó que “es un antecedente peligroso el que se deja”.

Agregó que tener una botella en la mano dentro de un local partidario no es ningún elementos probatorio de fabricación de armas.

“Es evidente que la Fiscalía está sumisa a lo que el presidente de la República pide en un discurso político, cuando exige castigo a los culpables de la quema del Congreso”, enfatizó el profesional del derecho quien anunció que apelará la resolución de Amarilla.

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