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Investigación de Lava Jato apunta al Banco Basa, perteneciente a Horacio Cartes

SAO PAULO – desconocida para el público en general, pero con base en un suntuoso edificio de la Avenida Brigadeiro Faria Lima, corazón financiero de Sao Paulo, el Banco Paulista será objetivo investigación en el marco del Lava Jato, debido al historial, en sólo tres años, una hazaña : entre 2014 y 2016, la entidad financiera ha traído al país en aviones alquilados R $ 6,7 mil millones en efectivo, es decir más de 1,7 billones de dólares.

Si esa cantidad hubiera sido transportada en billetes de R $ 50 y de una sola vez, habría ocupado todo el compartimiento de cargas de un Boeing 737. La mayor parte de esta operación de importación de moneda fue hecha con el paraguayo Banco Basa, antiguo Amambay, que pertenece a la familia del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes.

La investigación sospecha que no hay actividad comercial en el país vecino capaz de justificar ese volumen de movimientos. Hay sospechas de lavado de dinero para encubrir crímenes. El banco paraguayo, por su parte, dice que el dinero es resultado del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros, a los brasileños que atravesan la frontera y sostiene no haber ninguna ilegalidad.

La primera investidura de la Lava-Chorro de Curitiba contra el Banco Paulista, el comprador de moneda, fue hecha hace unos diez días, cuando fue deflagrada la 61ª fase de la operación anticorrupción. Un colaborador y dos directivos del banco fueron arrestados, entre ellos Gerson Mendes de Brito, responsable del área de controladora.

Tráfico en el radar

El punto de partida de la operación fue el relato de seis ex colaboradores de Odebrecht que cuidaban el sistema de propinas montado por la contratista en el exterior y que hicieron una colaboración premiada. A los fiscales, ellos contaron que, cuando necesitaban lavar dinero en especie que tenían en manos en Brasil, recurrían al Banco Paulista. Según ellos, la institución legalizaba los valores emitiendo facturas por servicios que no habían sido prestados.

De acuerdo con las investigaciones, el banco ayudó a lavar R $ 48 millones de colaboradores de Odebrecht, que confesaron los crímenes. Otros 280 millones de dólares pagados a supuestos proveedores también pasaron a ser objeto de escrutinio. Pero los millones de reales traídos todos los meses a Brasil en aviones fletados por el Paulista son el objetivo principal de la investigación, que se desdoblará por nuevas fases a lo largo de este año.

La semana pasada, los expertos de PF pasaron dos días en las oficinas del banco, involucrados en la tarea de copiar servidores y registros de operaciones. Para los investigadores, todo tipo de actividad ilegal realizada por organizaciones que actúan en Brasil y Paraguay – como contrabando, tráfico de armas y de drogas – está en el radar del escrutinio.

En una declaración a la PF, el director de cambio del Banco Paulista, Tarcisio Joaquim, uno de los presos en la operación, dijo que la importación de moneda es autorizada por el Banco Central y representa un movimiento mensual, en promedio, de R $ 300 millones. Él negó que los contratos con colaboradores de Odebrecht fueran ficticios.

Joaquim contó que se refería directamente al dueño del Paulista, el banquero Álvaro Augusto Vidigal. Fundador del banco, es dueño de patrimonio que incluye un duplex de lujo y un apartamento en el barrio Alto de Pinheiros, en São Paulo, salones comerciales repartidos por la ciudad y una casa de 1,2 mil metros cuadrados en la Hacienda Boa Vista, refugio de la casa la élite paulistana ubicada en el interior del estado, donde hay campo de golf, centro ecuestre y una unidad del hotel Fasano. Su asesor le informó que no le daría una entrevista. O Globo

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Ex presidente brasileño Michel Temer fue detenido por el caso Lava Jato

La Policía Federal brasileña arrestó hoy jueves al expresidente Michel Temer (2016-2018) en un caso vinculado a la operación “Autolavado” (Lava Jato en portugués), como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil) la apertura de juicios por corrupción contra Temer pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato.

Hace unos días, la Operación Lava Jato, completó 5 años, con 155 personas condenadas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y notables ejecutivos.

La mega investigación salió a la luz pública en marzo de 2014, tras la captura de una veintena de personas, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de la ciudad de Curitiba, en el Estado de Paraná, Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que funcionaba desde puestos de lavado automático de autos, de ahí el origen de su nombre.

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Brasileño con supuestos vínculos con Messer fue extraditado a su país

El empresario Bruno Farina, brasileño quien se encontraba viviendo en Paraguay y se encontraba en situación de prófugo de la justicia en su país, finalmente fue extraditado a pedido del vecino país para ser procesado en un caso que lo empapa en la operación “Cambio, desligo” (cambio y fuera) que tiene sus raíces en el caso “Lava Jato” (auto lavado).

En conversación con la 730 AM, el fiscal Manuel Doldán mencionó que luego de haber terminado todos los trámites del traslado hasta la Base Militar de la Fuerza Aérea y que se hayan hecho todas las inspecciones rutinarias, se le entregó a Farina a las autoridades brasileñas aproximadamente a las 6:45 de hoy sábado.

El ahora dependiente de la justicia del Brasil, fue con destino a Foz de Yguazú donde nuevamente partirá a Río de Janeiro vía Sao Paulo, donde deberá responder a las acusaciones que lo involucran con el caso “Lava Jato”, mega operación que intenta desmantelar actos de corrupción en el vecino país.

Farina es sindicado como uno de los contactos de Dario Messer, quien tiene causa abierta en nuestro país por lavado de dinero y también aparece en el esquema del mismo caso que descubrió movimientos financieros fuera de lugar en Brasil.

El brasileño previamente se había sometido a un proceso express de extradición donde el propio Farina colaboró para que se realice sin complicaciones y es así que, a menos de una semana de su detención en el Paraná Country Club de Hernandarias, el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia de su país.

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Comandante de la Policía afirma que siguen los pasos a Messer

El jefe de la Policía Nacional, el comandante Gustavo Báez, aseguró hoy que la institución a su cargo, continúa con la búsqueda de Darío Messer, conocido como el «hermano de Horacio Cartes», quien incluso está implicado en la operación Lava Jato y fue declarado en rebeldía por la justicia brasileña.

Bien temprano hoy martes, Báez desmintió ante la prensa que la Policía evitara la búsqueda del cambista durante la administración anterior, la del expresidente Horacio Cartes, que según afirman, mantiene una relación de amistad con el prófugo.

En ese sentido, Báez defendió que los agentes dan el mismo tratamiento para cualquier ciudadano cuando se recibe un oficio judicial.

Siempre se procedió a la búsqueda de Messer, se está haciendo ahora, se está reforzando el pedido a cada policía, que aporten lo suyo para poder ubicarlo, manifestó Báez.

El alto funcionario policial participó hoy en una reunión con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en la que también estuvo presente el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien comentó que durante ese encuentro no se trató el tema Messer y la única mención al respecto fue durante la rueda de prensa.

Messer, prófugo y buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países, está imputado y declarado en rebeldía en Paraguay junto a su hijo, Dan Wolf Messer, y a Juan Pablo Jiménez, primo de Cartes.

Los tres habrían realizado operaciones irregulares en ese país por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas, según la Fiscalía. A finales de mayo, la Corte Suprema de Justicia retiró la nacionalidad paraguaya a Messer, que se le había otorgado en 2017, tras una residencia ininterrumpida en Paraguay desde 1993.

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Crean comisión bicameral para investigar caso Messer

La sesión de la Cámara de Senadores del día de hoy jueves resolvió crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) con el fin de promover y acompañar una profunda investigación sobre las implicancias del caso Messer.

La resolución se dio en el marco de una propuesta nacida en la bancada del Frente Guasú. Los senadores presentes en la sesión se pronunciaron en mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, a la luz de los ribetes alcanzados por las investigaciones, ya presentes en el Brasil y otros países latinoamericanos, concluyendo que se trata de una “rosca” mafiosa transnacional y en la que podrían estar implicados altos funcionarios del gobierno paraguayo.

Darío Messer, brasileño naturalizado paraguayo, fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal, en el marco de la investigación del famosos caso Lava Jato.

El Juzgado a cargo ha solicitado su captura nacional e internacional.

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Qué es la «gran corrupción» y cómo América Latina se volvió un caso emblemático

Pregúntale a tu vecino o colega cuáles son los mayores problemas de su país, y es probable que en la respuesta oigas una palabra conocida: corrupción. Pero, ¿es toda corrupción igual de dañina?. Esta cuestión ocupa a especialistas como Mark Wolf, un juez de Estados Unidos que logró reconocimientos del gobierno y la prensa por haber supervisado diversos casos de corrupción en el distrito de Massachusetts.

Wolf, que también es profesor de la Universidad de Harvard y encabeza la ONG Iniciativas de Integridad Internacional, asegura que hay distintas formas de corrupción, con impacto desigual en la vida de la gente común.

Una es la llamada corrupción «menor», a la cual ciudadanos de muchos países se enfrentan a diario, por ejemplo con exigencias de pagos de la policía o para obtener servicios públicos.

Sin embargo, Wolf advierte que también existe la «gran corrupción», que es el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de los líderes de una nación.

«La gran corrupción es extraordinariamente costosa en términos de dinero, pero también en términos de daños infligidos a los derechos humanos», explica el magistrado a BBC Mundo.

Es aquí donde América Latina se ha vuelto emblemática para el resto del mundo, dicen los expertos.

«Dólares malgastados»

Una de las razones por las que se cree que la «gran corrupción» afecta derechos básicos de las personas es que las priva de mejoras que sus gobiernos deberían realizar en áreas como salud, educación o transporte con el dinero desviado en sobornos.

Claro que se trata de un problema que va más allá de América Latina y recorre el mundo.

«La gran corrupción de nuestro pasado reciente, que vio decenas de miles de millones de dólares malgastados en acuerdos fraudulentos de petróleo y falsos contratos militares, destruyó todas las oportunidades para una revolución en infraestructura», indicó el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, en un artículo publicado recientemente en la edición digital de la revista Newsweek.

Wolf señala a la Rusia de Vladimir Putin como un caso de gran corrupción, con US$2.000 millones sacados del país por allegados al presidente, según mostró en 2016 la filtración masiva de documentos denominada «Panama Papers».

El costo de la corrupción es difícil de cuantificar, pero la organización Global Financial Integrity indicó que América Latina perdió el equivalente a 3% de su PIB en fondos financieros ilícitos que salieron anualmente de la región entre 2003 y 2012.

La encuesta Latinobarómetro 2017 indicó que la corrupción figuraba en el cuarto lugar de los problemas más importantes mencionados por la gente en 18 países de la región en conjunto, y en casos específicos como Brasil y Colombia estaba primera.

Esto a su vez erosiona la confianza en el sistema de gobierno.

La misma encuesta indicó que el año pasado la satisfacción con la democracia cayó a 30% entre los latinoamericanos y la idea de que se gobierna para «unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio» llegó a 75% de apoyo, el mayor registro desde 2004.

«Caso típico»

Pero lo que hizo de América Latina un ejemplo especial sobre gran corrupción es el escándalo protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó a una decena de países de la región.

De acuerdo a las investigaciones, que han concluido con varios expresidentes, políticos y empresarios procesados, la compañía pagó cientos de millones de dólares en sobornos para adjudicarse enormes obras de infraestructura en diversos países.

Se trata del «mayor caso de sobornos extranjeros en la historia», según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Luciana Torchiaro, coordinadora regional para las Américas de la ONG Transparencia Internacional, dice que el de Odebrecht es un «caso típico» de gran corrupción.

Cita como ejemplo investigaciones de obras de infraestructura que Odebrecht nunca realizó en Venezuela pese a que recibieron financiamiento estatal, como un proyecto para tender el tercer puente sobre el río Orinoco.

Los costos del colosal esquema de corrupción se sienten en otras partes del subcontinente, comenzando por Brasil, donde la investigación del caso denominado Lava Jato desató una crisis política extraordinaria y contribuyó a la peor recesión de su historia.

«Este caso puso de manifiesto que las obras públicas son un foco de corrupción muy grande en América Latina y en el mundo, y que el financiamiento de la política es otro punto en el que hay poca transparencia», señala Torchiaro a BBC Mundo.

«Una excepción»

Los expertos sostienen que el Lava Jato también exhibió la importancia de las instituciones judiciales independientes para combatir a los cleptócratas.

La gran corrupción tiene su caldo de cultivo en países donde los gobernantes controlan a la justicia, los fiscales y la policía para evitar que actúen en contra de sus intereses.

Esto ocurre sobre todo en regiones en vía de desarrollo, pero algunos advierten que naciones ricas mantienen centros financieros atractivos para enviar fondos de la gran corrupción.

«Países del Caribe, algunas jurisdicciones de Estados Unidos o aquí en Europa tenemos países considerados paraísos fiscales que claramente tienen un rol en todo este juego», dice Torchiaro.

El juez Wolf señala que el Lava Jato y las investigaciones sobre Odebrecht son «una excepción en América Latina y alrededor del mundo».

A su entender, es necesario crear una Corte Internacional Anticorrupción, a imagen y semejanza de la Corte Penal Internacional, para juzgar a líderes corruptos que eludan las leyes de sus países contra sobornos, lavado de dinero y otros delitos.

El primer presidente en apoyar esta idea hace un año fue el colombiano Juan Manuel Santos, cuya campaña de reelección en 2014 —al igual que la de su rival en esa ocasión— se ha visto salpicada por denuncias de que recibió aportes de Odebrecht.

Pero la idea de una corte global anticorrupción parece lejos de reunir consenso internacional y Wolf descarta incluso que sea apoyada por EE.UU., al menos bajo la actual presidencia de Donald Trump.

El juez cree que el impulso debería provenir de regiones como América Latina o África, que sufren especialmente la gran corrupción.

Pero se dice decepcionado de que en la Cumbre de las Américas celebrada en abril en Perú —que tuvo la corrupción como tema central y concluyó con un «compromiso» sobre el tema de parte de los gobernantes asistentes— tampoco se discutieron propuestas como la creación de una corte regional anticorrupción.

«No hay manera de hacerlos rendir cuentas para que hagan lo que prometieron», afirma Wolf y recuerda que América fue la primera región en tener una convención contra la corrupción, adoptada en 1996.

«Pero debido a que tiene un monitoreo débil, y a que las obligaciones de los países bajo esa convención no se hacen cumplir, no tuvo impacto», sostiene. «Y me preocupa que el compromiso asumido en la Cumbre (de las Américas) no se convierta en realidad».

BBC

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En dos tribunales se encuentra el destino de Lula en Brasil

Dos tribunales tienen en sus manos el destino del expresidente Lula, uno que puede enviarlo rápidamente a la cárcel y otro que puede evitarle durante un buen tiempo ese riesgo. El próximo lunes 26, la corte de apelaciones de Porto Alegre (TRF4) dará a conocer su veredicto sobre los últimos recursos presentados por Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, contra una sentencia a doce años y un mes de reclusión por corrupción y lavado de dinero.

Si los tres jueces de esa corte rechazaran los cuestionamientos, el exmandatario (2003-2010) podría ser detenido después de la publicación del fallo, ese mismo día o al siguiente. A menos que, la corte suprema le conceda el jueves 22 un habeas corpus preventivo para recurrir en libertad hasta agotar todos los recursos judiciales. Un proceso que podría llevar varios meses o años.

La audiencia fue anunciada sorpresivamente este miércoles por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, presionada por varios de los once togados de la máxima corte del país.

Lula realiza una gira proselitista por el sur de Brasil, que debe concluir el 28 en Curitiba. El 26, según el programa, se hallará en Foz de Iguazú, en la frontera con Ciudad del Este. El cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) fue hallado culpable de haber recibido un apartamento de lujo en un balneario paulista a cambio de favorecer contratos de la constructora OAS en Petrobras.

La sentencia inicial, a 9 años y medio de cárcel, pronunciada el año pasado por el juez anticorrupción Sergio Moro, fue aumentada en enero de este año a doce años y un mes por el TRF4.

El exsindicalista, que enfrenta otros seis procesos, se declara inocente en todos y denuncia una campaña para impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre, para las cuales los sondeos lo apuntan como favorito.

Si se atreven a detenerme, estarán cometiendo una barbaridad jurídica y seré un preso político, advirtió el viernes pasado.

El STF aprobó en 2016, por 6 votos a 5, la posibilidad de que las sentencias de detención empiecen a cumplirse al agotarse los recursos de segunda instancia.

Hasta entonces, si no existía riesgo de fuga u otros motivos para encarcelarlo, un condenado podía recurrir en libertad hasta que su caso transitara por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y, eventualmente, ante el propio STF.

Pero varios magistrados del máximo tribunal de Brasil quieren rediscutir el asunto, en nombre de la presunción de inocencia, y por lo menos uno que había apoyado la medida ya indicó que hoy votaría de otro modo.

En caso de que el STF cambie de parecer, también podrían verse beneficiados numerosos expoderosos empresarios y políticos condenados en el marco de la Operación Lava Jato, una investigación gigantesca que partió de un esquema de corrupción centrado en Petrobras.

Una eventual alteración [de la norma] sería desastrosa para los avances registrados recientemente en la lucha contra la impunidad de la gran corrupción en Brasil, escribió Moro en una sentencia emitida el lunes.

Manuel Galdino, director ejecutivo de Transparencia Brasil, una ONG anticorrupción, lamenta que la discusión se haya entablado sin un análisis más profundo, basado sobre todo en intereses casuísticos, entre quienes están a favor o en contra de prender a Lula.

Galdino cree que de todos modos, el gran problema de Brasil es la lentitud de la justicia, con procesos que se prolongan durante 15 años.

Para Aury Lopes Jr, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, la prisión automática a partir de segunda instancia viola la Constitución y no puede utilizarse en nombre de la celeridad.

La ejecución anticipada de la pena no va a resolver el problema central, que es la demora. (La justicia) va a seguir demorando, la única diferencia es que irá a prisión una persona que luego puede obtener una anulación o reducción de su condena, el escenario puede cambiar y será una prisión injusta, sostiene.

Cualesquiera sean los desenlaces ante la justicia penal, Lula no podría presentarse a las elecciones de octubre, en virtud de la Ley de Ficha Limpia, que prohíbe la participación en los comicios de personas condenadas en segunda instancia, presas o no.

Pero eso solo lo determinará formalmente la justicia electoral cuando estudie los expedientes en agosto. Por lo cual Lula podría ser un precandidato encarcelado.

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Ratifican condena contra Lula por corrupción

La Justicia brasileña ratificó hoy por unanimidad la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio – Lula da Silva (2003-2010) y aumentó la pena a 12 años de prisión en una causa relacionada con el escándalo en la petrolera estatal Petrobras.

La decisión, adoptada por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, abre la puerta a la inhabilitación política de Lula y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial.

El expresidente no acudió a la audiencia, dado que la Justicia le autorizó a ausentarse porque no iba a ser interrogado, y sigue la sesión en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de San Pablo, donde inició su carrera política y participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980.

En Porto Alegre, cientos de manifestantes, tanto a favor como en contra de Lula, se concentran en las inmediaciones del tribunal en el que se desarrolla una audiencia que se prevé larga.

Las autoridades han establecido un extenso perímetro de seguridad, que incluye incluso el espacio aéreo, para proteger la sede del tribunal, situado en el centro de la capital del sureño estado de Río Grande do Sul.

Los alrededores del tribunal están completamente blindados con decenas de policías que vigilan incluso las azoteas y los asistentes al juicio han tenido que superar hasta tres cordones de seguridad para conseguir acceder a la sala.

Lula se convirtió el pasado 12 de julio en el primer exmandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985).

El juicio definirá el futuro personal de Lula y puede influir en el desarrollo del proceso político ante las elecciones de octubre próximo, a las que el expresidente pretende presentarse como candidato del PT.

Lula lidera hasta ahora los sondeos de opinión, pero una eventual ratificación de la condena hoy podría impedirle ser candidato, lo cual sería decidido posteriormente por la justicia electoral.

 

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A Temer solo le queda un 8% de confianza a su gestión

La reprobación del gobierno brasileño sigue creciendo y un abrumador 92% de la población dice no confiar en el presidente Michel Temer, mientras el Congreso tramita una acusación contra el mandatario por supuestos desvíos de fondos públicos. Según el estudio realizado por Ibope para la Confederación Nacional de Industrias (CNI), el gobierno conservador tiene una aprobación que llega apenas al 3%, lo que ratifica la debacle de la imagen pública de la gestión Temer, ya reflejada en otras encuestas.

Desde que el mandatario de 77 años reemplazó en mayo de 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, nunca logró superar la barrera del 14% de apoyo.

El porcentaje de la población que evalúa al gobierno como óptimo o bueno oscila dentro el margen de error, de 5% para 3%, comparado con la encuesta de julio, señaló el trabajo. En julio un 87% de la población dijo no confiar en el presidente. Otro sondeo publicado por CNT/MDA el 19 de septiembre mostró una aprobación de 3,4%.

Según la encuesta de Ibope, el 77% de los brasileños considera al gobierno como malo o pésimo, lo que perforó el piso de 70% al que había caído en julio y que ya era la peor medición desde el retorno de la democracia en 1985.

El derrumbe de la imagen del gobierno actual, que asumió tras el impeachment de Rousseff, acusada de adulterar las cuentas públicas, se agudizó a partir de junio con la primera de las dos acusaciones que presentó la Fiscalía General contra Temer.

La primera, por corrupción pasiva, fue bloqueada en agosto por la Cámara de Diputados, donde el mandatario cuenta con una holgada mayoría. La segunda, que incluye cargos de obstrucción a la justicia y formación de una organización delictiva para expoliar al Estado, empezó a tramitarse esta semana.

Temer se convirtió así en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común. Ambos procesos se enmarcan en la monumental investigación sobre la corrupción en el Estado y sus interrelaciones con los negocios privados, conocida como Operación Lava Jato, que desvendó una red de sobornos para financiar la política a cambio de obras públicas en Petrobras y luego se expandió a casi todos los niveles de la administración pública.

La encuesta se realizó del 15 al 20 de septiembre, sobre una muestra de 2.000 personas en 126 municipios y un margen de error de dos puntos porcentuales.

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