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Catastro y Seprelad buscan fortalecer cooperación anti lavado de dinero

El Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer el sistema preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el acto, participaron el director del SNC, Francisco Ruiz Díaz, y la ministra secretaria ejecutiva de la SEPRELAD, María Epifanía González.

Esta alianza se realiza con la finalidad de interactuar en los campos del intercambio y transferencia de información en lo referente a la ubicación y características de los inmuebles, las operaciones realizadas sobre los mismos, así como los montos de las transacciones en las que estos se encuentren involucrados.

Igualmente, mediante el acuerdo también se busca establecer lineamientos mutuos para la capacitación acerca de conocimientos y actividades inherentes tendientes a la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva donde deberán articular los mecanismos y estrategias que posibiliten a las instituciones contar con proyectos y políticas que apoyen la prevención de estos delitos.

El Servicio Nacional de Catastro se compromete a otorgar libre acceso a los datos consignados en el convenio que sean solicitados por la SEPRELAD y que se encuentren en el sistema informático y en otros medios de almacenamiento de la institución.

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Fiscalía presentó acusación contra Fernández Lippman y pide juicio oral

La fiscal anticorrupción, Victoria Acuña, presentó esta mañana acusación contra el ex secretario de Oscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippman, por enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencia y lavado de dinero.

Así mismo pidió al juez penal de Garantías elevar la causa a Juicio Oral y Público. El magistrado deberá fijar la fecha para dicho procedimiento. También la agente del Ministerio Público presentó acusación contra el ex funcionario Cristian Manuel León Guismaraes, por los mismos supuestos delitos.

Acuña explicó que entre los principales indicios de la acusación a Fernández Lippman halló que tenía ingresos legales por G. 20.000.000 mensuales y contaba con bienes por un valor 1.400 millones de guaraníes.

Con respecto a Cristian Manuel León Guismaraes quién se desempeñaba como funcionario del JEM, a cargo de Fernández Lippman, sería el responsable de que este último ocultase sumas de dinero en diversas cuentas a su nombre y realizando operaciones bancarias de cambio de divisas, entre otros puntos.

Fernández Lippman era la mano derecha del entonces senador González Daher y era su principal recaudador en las operaciones de tráfico de influencias, que ejercía desde el JEM para torcer la voluntad de jueces y fiscales. Estuvo unos meses en la cárcal de Tacumbú y hoy en día está con prisión domiciliaria.

Su ex jefe, está recluido en la Agrupación Especializada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. Se filtraron varios audios en los que se escuchaba a González Daher y Fernández Lippman burlarse de las víctimas afectadas por decisiones judiciales.

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Para el vicepresidente hay voluntad política para combatir lavado de dinero

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que el Gobierno tiene “voluntad política” para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Triple Frontera como punto de actuación del grupo chií libanés Hizbulá.

En la despedida al presidente Mario Abdo Benítez, que partió hacia Davos (Suiza), Velázquez señaló que el estudio de Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, se refiere a casos específicos en los cuales el Gobierno y la Justicia han tomado medidas.

El vicepresidente no ocultó que en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina existe delincuencia, pero no más de la que pueda darse en todas las fronteras del mundo.

Además, agregó que el país ha tomado medidas preventivas para controlar las supuestas actividades bancarias del grupo libanés.

También destacó que Paraguay extraditó a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Las autoridades argentinas habían advertido en julio de 2018 del posible accionar delictivo en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado “Clan Barakat”, al que pertenecería el extraditado, e integrado presuntamente por libaneses sospechosos de blanqueo de capitales y financiación a Hizbulá.

Esta semana, los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunieron con las autoridades paraguayas para conocer la situación de Paraguay de cara a la evaluación a la que se someterá en 2020 y en la que deberá probar su efectividad en el combate contra los delitos financieros, contrabando, corrupción o contrabando.

Su presencia en el país ha avivado las informaciones sobre la supuesta actividad de blanqueo por parte del grupo libanés en la frontera este de Paraguay, algo que de ser cierto podría hacer que ese país suramericano volviera a la Lista Gris de GAFI.

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Organismo contra el lavado de dinero ve grandes progresos del Paraguay en el área

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo que hace al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El titular del GAFI se reunió este martes con el presidente Mario Abdo Benítez y autoridades financieras y de seguridad del Gobierno. A su salida, destacó el compromiso del Gobierno paraguayo, que será sometido a una evaluación por parte del organismo internacional en el 2020.

El GAFI es un ente intergubernamental con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Billingslea asumió el cargo anual en representación de los Estados Unidos hasta junio de 2019. El mismo se desempeña como funcionario de la Oficina del Tesoro del Gobierno en la Secretaría de Financiamiento del Terrorismo. En este sentido destacó la cooperación existente con el Paraguay.

El presidente Mario Abdo reafirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento de actividades criminales y celebró la agenda compartida entre ambos gobiernos.

Agenda de trabajo definida

Por su parte, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, señaló que el Paraguay ha demostrado su predisposición y una agenda completa para hacer frente al lavado de activos.

Agregó que el Gobierno ha elaborado proyectos de ley, que falta su estudio en el Congreso, para mejorar el congelamiento de activos y para crear listas nacionales para un mejor control.

Para el futuro inmediato, señaló que la Seprelad trabajará en una evaluación de riesgos en financiación del terrorismo.

La ministra se refirió a las tareas de cooperación con los gobiernos de Brasil y Argentina para combatir a este ilícito en la zona de la Triple Frontera y añadió que también se recibe la asistencia técnica de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos.

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Paraguay demuestra esfuerzos delitos financieros dice ex congresista de EE.UU.

El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra “liderazgo” en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y en particular, contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pittenger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, celebrado en Asunción, no ocultó que existen preocupaciones muy serias por la actitud casi pasiva que se ha mantenido en el pasado hacia ilícitos como el contrabando o el tráfico de personas, pero señaló que aprecia un nuevo rumbo en el actual Gobierno.

La Administración no va a dejar que las cosas queden como estaban antes, expresó Pittenger en una conferencia de prensa, acompañado por la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici.

El excongresista agregó que la lucha contra el blanqueo es un tema colectivo, por lo que ofreció a Paraguay el respaldo de su país para continuar con este combate.

A pesar de destacar los avances de Paraguay en estas cuestiones, Pittenger confesó su desconocimiento sobre lo relativo a la comisión bicameral del Congreso constituida para investigar las actividades en Paraguay del cambista brasileño Dario Messer, buscado por lavado de dinero y amigo personal del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018).

Pittenger se limitó a reconocer que no estaba al tanto de estas pesquisas y recalcó su confianza en el compromiso de los que están aquí hoy. Las primeras conclusiones de esa comisión bicameral, presentadas en diciembre de 2018, apuntaron a la existencia de un respaldo político desde distintos sectores que cubrieron las operaciones de Messer en Paraguay.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

La comisión de investigación llamó a declarar al propio Cartes, que se negó a acudir, y a otros altos cargos de su Ejecutiva, como el exministro de Hacienda Santiago Peña o el exjefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira, entre otros. Las actividades de este grupo bicameral se reanudarán tras el receso parlamentario.

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Juez da la razón a la Comisión Bicameral y advierte que Cartes puede recibir sanción

El juez Alcides Corbeta indicó esta mañana en su resolución que la Comisión Bicameral del Congreso tiene la facultad de convocar al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y advirtió que en caso de que no comparezca podría sufrir arresto domiciliario.

El magistrado se expidió sobre la acción judicial que había presentado la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso de lavado de dinero de Darío Messer y otros; ante la negativa del ex mandatario de concurrir al llamado para declarar.

“He resuelto lo siguiente: Es facultad de la comisión fijarle audiencia al señor Horacio Cartes para prestar declaración informativa. En caso de no comparecer sin causa justa, será pasible de sanciones, previstas en el artículo 5º de la Ley 135/93”, señaló categóricamente Corbeta.

Consultado sobre la decisión del juez, el titular de la instancia legislativa, senador Rodolfo Friedmann, resaltó que es un paso importante, es un mensaje; en el sentido de que nadie está por encima de la Constitución Nacional.

Agregó que “hoy ganó la República del Paraguay, ese es el mensaje más importante”.

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Cartes no se presentará ante la comisión que investiga el caso Darío Messer

Justificando que él es miembro del Congreso, el expresidente Horacio Cartes no se presentará hoy a comparecer ante Comisión Bicameral de Investigación por el caso de Darío Messer, acusado de lavado de dinero.

Los senadores Antonio Barrios, Enrique Riera y Juan Darío Monges, así como los diputados Pedro Alliana, presidente de la ANR; Hugo Ramírez, Raúl Latorre y Ariel Martínez, abogado y exministro del Interior, se reunieron en la mañana de este viernes en la oficina de la bancada de Honor Colorado.

Más tarde tras el encuentro, Ariel Martínez leyó una nota del expresidente en donde asegura que no se presentará ante la comisión y que solo responderá por escrito porque  su criterio él forma parte del Congreso, ya sea como senador electo y proclamado.

 

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Colaboradores de “Cabeça Branca” fueron acusados por la Fiscalía

El Ministerio Público acusó a tres personas de lavado de dinero y de formar parte de la organización criminal que dirigía el brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca” (Cabeza Blanca), detenido en Brasil en julio del año pasado.

Los acusados son Mauro Arnaldo Mereles, quien presuntamente era el contador activo de la organización de Da Rocha, Diosmedes Aguilera y Juana Cardozo, estos últimos sospechosos de crear empresas para blanquear el dinero obtenido por la venta de drogas, informó hoy la Fiscalía en un comunicado.

Da Rocha fue detenido en julio de 2017 en el estado brasileño de Mato Grosso, poniendo fin a más de tres décadas de búsqueda por parte de las autoridades. Según las investigaciones, su organización operaba en varios países del continente como Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay y Brasil, desde donde transportaba estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.

La detención fue el resultado de una operación de las fuerzas de seguridad en la que se incautaron de inmuebles, objetos y terrenos valorados en más de 10 millones de dólares tanto en Brasil como en Paraguay, donde el narcotraficante poseía varias propiedades y gestionaba algunas de sus operaciones.

Las autoridades informaron entonces de que el grupo operaba como una estructura empresarial que controlaba desde producciones de droga en zonas selváticas, hasta una logística de transporte y distribución.

Agentes especiales de Paraguay también detuvieron en julio al brasileño Eduardo Oliveira, uno de los gestores financieros de la organización, cuando se encontraba en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil.

Oliveira fue apresado tras una orden de detención emitida por la Fiscalía y cuando se disponía a subir a una furgoneta registrada a nombre de una empresa paraguaya, en la que se decomisaron varios documentos.

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Cartes convocado por la Comisión Bicameral para declarar sobre el Caso Messer

La Comisión Bicameral que investiga sobre Lavado de Dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer, decidió convocar al expresidente de la República Horacio Cartes, quien deberá presentarse ante la comisión el viernes 14 de diciembre, a las 9:00.

El senador Rodolfo Frieddman, que lleva al frente esta comisión, anunció en su cuenta de twitter que Cartes es convocado para brindar declaración sobre sus vínculos con Dario Messer, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Esta mañana luego de escuchar las declaraciones de  Raquel Cuevas, exfuncionaria de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Comisión Bicameral que investiga el Caso Messer decidió convocar al expresidente de la República a una audiencia, donde tendrá que responder las preguntas que se le hagan con relación a la causa abierta contra su amigo del alma, acusado por lavado de dinero.

“El expresidente deberá brindar información el próximo viernes 14 a las 9:00”, manifestó el senador Frieddman.

La convocatoria se da tras la mención que hizo Raquel sobre que Horacio figuraba dentro del informe final de la Sepralad remitido a la Fiscalía sobre en junio de 2017.

Asistirá?

La gran pregunta es si concurrirá o no el ex mandatario. Algunos afirman que recurrirá a la justicia para no hacerlo, porque no se quiere exponer ante su acérrimo adversario, el senador Rodolfo Friedmann.

Sin embargo, la Constitución Nacional y la ley que reglamenta el punto en cuestión le obliga a acudir a la convocatoria que realiza una comisión parlamentaria.

Solamente el presidente de la República (en ejercicio), los ministros y los magistrados judiciales están exentos de acudir. Cartes es senador vitalicio por imperio de la Carta Magna.

“Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación”, indica la Constitución en parte del artículo 195 “De las Comisiones de investigación”.

La normativa que reglamenta este artículo es la Nro 137/93, que establece, entre otras cuestiones, establece multas de entre 30 y 100 jornales mínimos, algo que difícilmente inquiete al exmandatario que cuenta con una importante fortuna, por lo que la ley también plantea la posibilidad de imponer arresto domiciliario de 6 a 15 días. Incluso los miembros de la Comisión Especial podrían disponer que la propia Policía traiga al citado a comparecer.

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Ex funcionaria de Seprelad desnuda complicidad de Óscar Boidanich en caso Messer

Raquel Cuevas, exfuncionaria de Seprelad, denunció hoy ante la Comisión Bicameral que sus superiores cajonearon un informe que realizó en junio de 2017 sobre las operaciones financieras de Darío Messer. Dijo que las investigaciones sospechosas comenzaron en octubre de 2016.

Dijo que “es parte de lo que uno hace en la función pública, porque está en segunda o tercera línea”, dijo. Cuevas concurrió hoy a comparecer ante la Comisión Especial creada para investigar el supuesto lavado de dinero hecho por el empresario brasileño y otros.

Confesó que el  extitular del ente, Óscar Boidanich, recién lo remitió un año después el informe, tras saltar el escándalo internacional en que se descubrieron cuentas bancarias de Messer en Suiza.

En el documento ya se hacía constar la cercanía de Messer con el expresidente Cartes. “Sí, se conversó (que Cartes tenía una relación cercana con Messer)”, manifestó.

“¿Usted es consciente de que su excelente informe fue ‘cajoneado’ durante un año?”, le preguntó el senador Rodolfo Friedmann a la exfuncionaria de Seprelad, quien trabajó en la Dirección de Análisis Financiero, durante la audiencia de la comisión que investiga a Darío Messer.

A lo que respondió que si, pero añadiendo que lastimosamente esta situación “forma parte de lo que uno hace en la función pública, porque está en segunda o tercera línea”.

Boidanich al conocerse la primera versión del informe, le pidió a la Dirección de Análisis Financiero que extienda la investigación hacia otros posibles implicados. “La investigación sobre el sujeto principal ya estaba terminada”, dijo.

Esto duró meses y meses, hasta que en un determinado momento —en abril de 2018— el comité que investigaba el caso se desmanteló y Boidanich decidió enviar el informe al Ministerio Público.

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