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De trece candidatos a la presidencia de Brasil, dos son multimillonarios

Dos de los trece candidatos a las presidenciales de Brasil son exbanqueros que declararon bienes por decenas de millones de dólares, que podrían emplear, aunque con límites, para financiar sus propias campañas en las elecciones de octubre.

Estos serán los primeros comicios presidenciales y legislativos que se realizarán con la nueva ley que prohíbe aportes empresariales. La normativa fue adoptada tras las revelaciones de la Operación Lava Jato sobre sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en la empresa estatal Petrobras.

Los gastos autorizados para cada campaña presidencial se limitan a 70 millones de reales (unos 18 millones de dólares).

En caso de que los fondos oficiales distribuidos por partido no alcancen, los candidatos podrán completar la suma echando mano a su propio bolsillo.

Así, según medios de prensa, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centro-derecha) del presidente saliente Michel Temer escogió como candidato al exministro de Hacienda Henrique Meirelles con la idea de destinar la mayor parte de los recursos oficiales a las campañas legislativas, dejando que el expresidente mundial del BankBoston asuma gran parte de los gastos de su propia campaña.

Meirelles, con apenas el 1% de intención de voto, es el segundo candidato más rico. Sus bienes declarados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) suman 377,5 millones de reales (96 millones de dólares, a una tasa de cambio de 1 dólar = 3,9 reales), mayormente en acciones y colocaciones financieras, así como en propiedades inmobiliarias (21,8 millones de reales), joyas, obras de arte y antigüedades (917.287 reales).

El más rico de los trece es otro exbanquero, Joao Amoedo, del Partido Novo (derecha), con una fortuna de 425 millones de reales (más de la mitad en aplicaciones de renta fija), y con una intención de voto que también ronda el 1%.

Entre los que figuraron menos montos, se divulgó que los bienes del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en los sondeos pese a purgar una pena de 12 años de cárcel por corrupción, se elevan a 7,98 millones de reales, mayoritariamente (6,3 millones) colocados en un fondo privado de pensiones con seguro de vida.

Lula, cuya candidatura debería ser impugnada a causa de su situación judicial, tiene también un terreno evaluado en 530.000 reales y dos vehículos con un valor total estimado de 266.950 reales.

El ultraderechista Jair Bolsonaro, primero en las intenciones de voto sin Lula, declaró bienes por 2,286 millones de reales, incluyendo cuatro viviendas que suman 1,4 millones.

El exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha) declaró 1,379 millones de reales, mayoritariamente en bienes raíces; algo menos que los 1,695 millones de reales (igualmente con fuerte participación de propiedades inmobiliarias) del centroizqueirdista Ciro Gomes.L

a ecologista Marina Silva (segunda colocada en las elecciones sin Lula) declaró 118.835 reales (casi en su totalidad en dos apartamentos) y el izquierdista Guilherme Boulos (PSOL) dijo tener como único bien un automóvil evaluado en 15.416 reales.

La financiación oficial de las campañas se realizará por tres canales:
– Un Fondo especial de Financiación de campaña (FEFC), de 1.716 millones de reales (44.000 millones de dólares), a ser distribuidos en función del tamaño de las bancadas de cada partido en las dos cámaras del Congreso.
– El Fondo Partidario, constituido con multas, recursos presupuestarios y donaciones, busca asegurar los gastos de funcionamiento de los partidos. Se repartirá en un 95% según la proporción de diputados de cada bancada en las elecciones anteriores y un 5% entre todas las siglas.
– Donaciones individuales: limitadas al 10% de los ingresos brutos del año anterior, con un máximo equivalente al de diez salarios mínimos (un salario mínimo es 954 reales).

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Todo Brasil a la expectativa del futuro del ex presidente Lula

El máximo tribunal de Brasil podría decidir hoy miércoles si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece en libertad mientras se resuelve su apelación a una condena por corrupción, un fallo que podría alterar radicalmente las elecciones presidenciales de octubre en la mayor nación de Latinoamérica.

Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, fue condenado el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento en primera línea de playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Lavajato (auto lavado), el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Moro es considerado un héroe por muchos, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.

El exdirigente siempre ha mantenido su inocencia, señalando que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. A pesar de los problemas legales que han enojado a algunos brasileños, las encuestas dan a Lula como favorito para hacerse con el poder.

Sin embargo, las negativas de Lula recibieron un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.

Aunque Lula puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.

En este punto, su última y más plausible esperanza para no entrar en prisión y mantener vivas sus aspiraciones de poder es el Supremo Tribunal Federal, que el miércoles empezará a estudiar su petición habeas corpus.

Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Pero en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con esa línea argumental, dictaminando que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.

El sentido de la decisión de los 11 magistrados es un misterio para todo el mundo, ya que el caso implica a un expresidente que sigue teniendo una amplia masa de seguidores en un país profundamente polarizado. Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, en una parada en el estado sureño de Paraná, donde fue condenado por Moro, dos de los autocares de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no causaron heridos.

La presidenta del Supremo Tribunal, Cármen Lúcia, no respondió inicialmente a la petición de Lula, pero hace unas semanas cambió de postura en medio de una intensa presión y convocó una sesión de la corte, que luego se pospuso hasta después de los feriados de la Semana Santa.

A principios de semana, Lucía instó a los brasileños a aceptar con calma el veredicto que salga de su tribunal.

Vivimos en tiempos de intolerancia e intransigencia contra las personas e instituciones, señaló. Por esta razón, este es un momento donde debemos pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean una fuente de desorden social.a

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Lula exige la salida de Temer y elecciones en Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este sábado que Michel Temer debe dejar su cargo «ya», pero consideró que su sustituto no debe elegirse mediante una elección indirecta del Congreso sino por elecciones generales.

Queremos que Temer salga ya, pero no queremos que un presidente sea electo indirectamente, dijo el líder de la izquierda en un acto del Partido de los Trabajadores (PT) en San Bernardo do Campo, Sao Paulo.

¡Lo que queremos es una elección directa!, proclamó Lula que, según todas las encuestas, era el favorito hace unas semanas para ganar los comicios presidenciales previstos para octubre de 2018, pese a estar acechado por varias investigaciones por corrupción.

Este es el primer pronunciamiento del expresidente (2003-2010) desde la grave crisis política desatada en Brasil a raíz de la difusión de una conversación comprometedora de Temer con un poderoso empresario, que lo grabó secretamente y entregó el audio a la justicia como parte de una declaración premiada.

El mandatario es investigado ahora por el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía lo acusó de obstrucción a la justicia para impedir el avance de la operación ‘Lava Jato’, que indaga el pago de sobornos en Petrobras.

Lula dijo que el golpe que acabó en 2016 con el mandato de su sucesora Dilma Rousseff, destituida por manipular las cuentas públicas, demostró haber sido una mentira y llevó al país a la crisis actual.

Después de invitar a los suyos a marchar masivamente el domingo en la Avenida Paulista para pedir elecciones directas, Lula dejó entrever por primera vez que quizás no pueda presentarse a la elección porque su candidatura va a depender de muchas cosas.

El exsindicalista, de 71 años, dijo que lo hará solo si la «justicia» y la «salud» se lo permiten.

La Constitución brasileña establece que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional.

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