Estas aquí =>

Desalojan a varias familias de un asentamiento en Limpio

Un violento desalojo se produjo en la mañana de hoy jueves cuando aproximadamente a las 08:15 en la zona de Saladito, Limpio. Varias familias tomaron un terreno de 3 hectáreas perteneciente a la firma Morumbi. Ante el avance de los agentes de la Agrupación Especializada, varias personas han sido golpeadas, heridas y detenidas.

Son aproximadamente 700 familias las que ocupaban un terreno y se resistían a la salida, pese a que el Ministerio Público afirmó haber demostrado los documentos a los líderes del sitio.

Agotamos todos los recursos para evitar el desalojo y pese a conocer que existían los documentos, los líderes informaban que no había documentos de la propiedad, mencionó la fiscal interviniente Lisa Ruíz Díaz.

Una persona fue herida en el procedimiento y aunque los pobladores afirman que fue un ataque de la Policía Nacional con Balines de goma, la fiscalía afirmó que fue un cascote de piedra, arrojado desde las filas de los manifestantes y que alcanzó la cabeza de un poblador.

Al menos 4 personas fueron detenidas, entre ellas la persona que dice ser la presidenta de la comisión vecinal del asentamiento, quien pese a acceder a copias de los documentos, no comunicaba de esto a los pobladores y dilataba la presencia de los mismos en el sitio por lo que las autoridades, agotadas las instancias, procedieron al desalojo.

Con este violento paso, dan por terminado la solicitud de desalojo que iniciaron hace 9 años y por lo indicado por la fiscal Ruíz Díaz, ahora procederá la imputación de los responsables por resistencia e invasión.

Leer mas...

Desde el Ministerio Público defienden actuación en caso Arrom y Martí

La directora de Derechos Humanos del Ministerio Público de Paraguay, Alejandra Peralta, alegó que el país “tiene derecho a defenderse” en el caso Arrom-Martí, por el que el Estado paraguayo podría ser declarado culpable de secuestro y torturas de Juan Arrom y Anuncio Martí, y obligado a indemnizarlos.

Peralta contestó así al comunicado difundido hoy la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), en el que pedía al Gobierno que esclareciera los hechos de tortura y desaparición forzada y que dejara de divulgar información falsa sobre una inexistente condena a Paraguay en el caso Arrom-Martí, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) no llegará hasta el 7 de febrero.

Arrom y Martí, junto con Víctor Colman, fueron procesados en Paraguay en 2001 por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Antes del juicio, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, para después huir a Brasil, en un caso que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras una denuncia de ambos.

La CorteIDH se pronunciará al respecto el 7 de febrero y el Estado paraguayo teme un fallo en contra después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera a finales de 2017 que Paraguay violó los derechos de Arrom y Martí y recomendó resarcirlos económicamente.

No obstante, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Esa postura fue criticada hoy por la Codehupy, que solicitó al Estado paraguayo que cumpliera su compromiso con el Pacto de San José, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, denunció que diversos miembros de los poderes del Estado se han referido tanto a la CIDH como a la CorteIDH como protectores de “criminales, parcialistas e ideologizados”.

Por su parte, Peralta defendió que el Estado paraguayo garantiza la protección de los derechos humanos y que con su posición en este caso solo pretende defender al país de una pretensión injusta basada en supuestas violaciones que no se cometieron.

Peralta cargó, en concreto, contra el firmante del comunicado de la Codehupy, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la organización, al que acusa de estar en contra de la defensa de Paraguay.

La persona que firma el comunicado por Codehupy fue fundador del Partido Patria Libre, abogado de Lucio Silva, actual líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla paraguaya), abogado de Carmen Villalba (miembro del EPP), condenada por secuestro, y amigo personal de Juan Arrom, según sus propias manifestaciones. Entonces es lógico que esté en contra de la defensa de Paraguay y a favor de Arrom y Martí, puntualizó Peralta.

Paraguay ha solicitado a Brasil la extradición de Arrom, Martí y Colman, procesados en Paraguay por el secuestro de una mujer en 2001, si ese país les revoca el estatuto de refugiados políticos que les concedió.

Leer mas...

Sigue cayendo contrabando de azúcar

Luego de un seguimiento, se incautaron de al menos 17 toneladas de azúcar de contrabando en un depósito situado en nuestra capital en un operativo desarrollado por la Unidad de Lucha Contra el Contrabando (UIC) y la Fiscalía, según informó el Ministerio del Interior.

El operativo estuvo a cargo del fiscal Eugenio Ocampo y su equipo de la Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público, además de funcionarios del Detave,  SET y el Ministerio de Industria y Comercio, quienes de manera conjunta lograron triangular al supuesto cargamento que se encuentra de manera irregular.

Las autoridades aduaneras  informaron además que se confiscaron otros 712 kilos de ese mismo producto en el Puente de la Amistad, una de las principales conexiones fronterizas del país con el Brasil y por donde aprovechando su gran movimiento, los contrabandistas ingresan la dulce y dudosa carga al Paraguay.

La semana pasada la UIC incautó la cifra récord de 260 toneladas de azúcar, en la ciudad de San Lorenzo que habían sido introducidas en Paraguay de forma ilegal desde Brasil.

Tras ese operativo, un total de 390 toneladas de azúcar fueron intervenidas por las autoridades paraguayas en 2018, según datos del Ministerio Público.

Leer mas...

Presentaron alarmantes estadísticas sobres niñas embarazadas en el país

Aproximadamente 650 niñas, de entre 10 y 14 años de edad, se transforman en madres cada año en Paraguay, de acuerdo a las cifras presentadas por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) en un libro que alerta sobre las consecuencias del elevado número de casos de abusos sexuales a menores registrados en el país.

La investigación realizada por esta organización no gubernamental emplea estadísticas documentales y datos de diferentes instituciones del país para explicar un problema que tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas para las niñas paraguayas.

Según los datos recogidos en el ejemplar, en el año 2015 un 10,6 % de las menores embarazadas no realizaron controles médicos prenatales, mientras que más de la mitad de las gestaciones no fueron detectadas hasta que habían transcurrido al menos 16 semanas.

Las adolescentes menores de 15 años presentan cuatro veces más riesgo de morir que en un embarazo que las adolescentes tardías y jóvenes del estudio, explicó la investigadora del CDE, Clyde Soto, en la presentación del libro.

Desde el Centro de Documentación y Estudios vinculan directamente esta situación con la victimización a la que son sometidas las menores tras quedarse embarazadas, en muchos casos como consecuencia de una violación.

De acuerdo a los datos presentados, el número de casos de abuso sexual registrados en el Ministerio Público de Paraguay se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años.

Según recoge el ejemplar, los datos de la Policía Nacional reflejan que en un 22 % de las ocasiones los agresores son familiares de la víctima, especialmente sus padrastros, padres o tíos.

Además de las consecuencias físicas y psicológicas que produce un embarazo a una edad tan temprana, desde el CDE alertan de que más de la mitad de las adolescentes se ven obligadas a abandonar sus estudios cuando comienzan su periodo de gestación.

El embarazo significa la expulsión de la niña del sistema educativo formal y una violación de su derecho universal a recibir una educación, expresó Soto.

Para combatir este problema social, la organización no gubernamental reclama que se integre la educación sexual en los colegios de Paraguay, así como la puesta en marcha de políticas de prevención integrales.

Según las cifras de CDE, el 8,2 % de los menores que están escolarizados actualmente tuvieron relaciones sexuales antes de alcanzar los 15 años de edad.

Asimismo, los investigadores señalan que los embarazos a edades tempranas son un problema más frecuente en las zonas rurales del norte y del este del país, donde los habitantes hablan exclusivamente guaraní y cuyo poder adquisitivo es menor.

Desde el Centro de Documentación y Estudios reclaman una revisión del código penal paraguayo que prohíbe el aborto en todos sus supuestos, salvo que corra peligro la vida de la madre por una malformación del embrión o por un embarazo ectópico, cuando se desarrolla fuera del útero.

El libro tiene como objetivo arrojar luz sobre una realidad lacerante en Paraguay que, sin embargo, supone una gran dificultad para los investigadores que denuncian un déficit de datos públicos a los que poder acceder.

Para combatir este problema social, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) reclama que se integre la educación sexual en los colegios de Paraguay, así como la puesta en marcha de políticas de prevención integrales.

Leer mas...

Fiscalía presentó 45 denuncias por aborto en el 2018

El Ministerio Público presentó 45 denuncias entre enero y noviembre de 2018 contra mujeres por el delito de aborto, según informó hoy el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivo del Centro de Documentación y Estudios. De acuerdo a los datos ofrecidos por esta organización no gubernamental, actualmente hay tres personas encarceladas en Paraguay por aborto, de las cuales dos cumplen penas de seis años de prisión.

La legislación paraguaya prohíbe el aborto en todos sus supuestos, salvo en el caso de que corra peligro la vida de la madre por una malformación del embrión o por un embarazo ectópico, cuando se desarrolla fuera del útero.

Según las estimaciones del Ministerio de Salud, en el país se producen entre 19.983 y 32.200 abortos anuales, sin embargo, al ser una práctica perseguida, las cifras responden a dos fórmulas distintas de estimación.

El informe del Centro de Documentación y Estudios también recoge un seguimiento de once casos de aborto relatados por la prensa, de los cuales tres corresponden a mujeres paraguayas que fallecieron como consecuencia de un aborto.

Entre las víctimas se encuentran una menor de 17 que murió tras un aborto clandestino en el Departamento de Itapúa y dos mujeres de 23 y 37 años, que emigraron a Argentina, donde fallecieron por la misma causa.

El Centro de Documentación y Estudios, también informa de que a lo largo de 2018 se han producido dos abortos, como consecuencias de las palizas que recibieron dos mujeres por parte de sus maridos.

El primero caso tuvo lugar en febrero en la ciudad de Liberación, del Departamento de San Pedro, mientras que el segundo se produjo en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná.

En el informe, el Centro de Documentación y Estudios afirma que 2018 fue un año de intenso debate público sobre el aborto en Paraguay, a partir del tratamiento del tema en la legislación argentina.

A pesar de que en Paraguay no se ha producido ninguna iniciativa parlamentaria para despenalizarlo, el documento reconoce que el debate se ha extendido por las redes sociales y los medios de comunicación en el último año.

La legislación paraguaya prohíbe el aborto en todos sus supuestos, salvo en el caso de que corra peligro la vida de la madre por una malformación del embrión o por un embarazo ectópico, cuando se desarrolla fuera del útero.

Leer mas...

Fiscalía eleva a juicio el caso de tráfico de influencias de senadores

El Ministerio Público elevó a juicio oral la causa contra los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo, a quienes acusó de tráfico de influencias y estaban imputados tras divulgarse grabaciones que les relacionaban con ese delito cuando pertenecían al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Junto a ellos, también irán a juicio por el mismo caso Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, acusados además, junto a González Daher, por asociación criminal, al entender la Fiscalía que existía un esquema de tráfico de influencias dentro del JEM.

El caso se destapó hace un año tras la filtración de unos audios, publicados por la prensa local, en los que supuestamente se escuchaba a González Daher, solicitando a un juez trato de favor a un antiguo intendente, también oficialista y acusado de desfalco. Ello desde su condición de representante de la Cámara Alta en el JEM.

Las grabaciones se filtraron al parecer desde el teléfono móvil de Fernández Lippmann, entonces secretario del organismo y ahora en prisión preventiva.

González Daher se encuentra recluido desde hace tres meses en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por otro caso en el que la Fiscalía le imputa por un delito de enriquecimiento ilícito.

El oficialista renunció a su escaño en el Senado a finales de agosto tras resistir 22 días de escraches ciudadanos frente a su domicilio, tras haber resultado reelecto en las elecciones generales de abril, a pesar de ser despojado de sus fueros en la legislatura pasada por el caso de los audios.

Oviedo, que también fue reelecto en abril por la minoritaria formación UNACE, renunció a su banca en la Cámara Alta por el mismo motivo que González Daher a comienzos de septiembre pasado.

Leer mas...

Boidanich, ex titular de Seprelad, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción conformó equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Natalia Fuster y René Fernández para investigar sobre la comisión de hechos punibles en el marco de la remisión de informes oficiales al Ministerio Público por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Óscar Boidanich, ex titular de esta dependencia será investigado.

Los designados mencionaron que inicialmente se investigarán los hechos punibles de Frustración a la Persecución Penal, Lavado de Dinero e Inducción a cometer un Hecho Punible, en el caso de los reportes enviados por la Seprelad.

También se anunció hoy que se abrirá una investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, debido a que se habría adulterado el informe de dicha institución sobre el caso de Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes, ahora prófugo de la justicia.

René Fernández explicó que la investigación se inicia bajo la sospecha de la existencia de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, lavado de dinero e inducción a un subordinado de cometer un hecho punible.

El informe de Seprelad que fue remitido a la Fiscalía fue modificado puntualmente en las páginas en las que incluían al entonces presidente de la República, Horacio Cartes. No se descarta que el ex mandatario paraguayo entre el proceso de investigación.

“Cuando se inicia una investigación penal se tiene una hipótesis principal, que es la que ya estábamos explicando, si surgen algún otro elemento, también si hay conexidad podría dirigirse a esa persona”, explicó Fernández cuando se le consultó si sería llamado Cartes.

 

 

Leer mas...

González Daher y su hijo reciben el “no” del juez y pasarán la Navidad en la prisión

El juez Humberto Otazú rechazó el pedido de prisión domiciliaria hecho por el exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González. Ambos seguirán recluidos en la Agrupación Especializada. 

La defensa pretendía conseguir la libertad de los dos, argumentando que existían irregularidades en la imputación, la cual se basó en un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que a su vez tenía errores supuestamente.

El exsenador y su hijo están imputados por lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, por ende, el juez consideró que como algunos de estos hechos punibles son considerados crímenes, no permiten medidas alternativas a la prisión.

Esto se debe a que existe un peligro de fuga, así como posibilidad de obstrucción a la investigación fiscal. En ese marco, el Ministerio Público había solicitado al magistrado que ambos procesados sigan en la cárcel.

Varios ciudadanos se manifestaron en los pasillos del Poder Judicial, exigiendo que los González Daher sean remitidos al penal de Tacumbú. De igual manera celebraron que el político colorado no haya sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

Leer mas...

Colaboradores de “Cabeça Branca” fueron acusados por la Fiscalía

El Ministerio Público acusó a tres personas de lavado de dinero y de formar parte de la organización criminal que dirigía el brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca” (Cabeza Blanca), detenido en Brasil en julio del año pasado.

Los acusados son Mauro Arnaldo Mereles, quien presuntamente era el contador activo de la organización de Da Rocha, Diosmedes Aguilera y Juana Cardozo, estos últimos sospechosos de crear empresas para blanquear el dinero obtenido por la venta de drogas, informó hoy la Fiscalía en un comunicado.

Da Rocha fue detenido en julio de 2017 en el estado brasileño de Mato Grosso, poniendo fin a más de tres décadas de búsqueda por parte de las autoridades. Según las investigaciones, su organización operaba en varios países del continente como Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay y Brasil, desde donde transportaba estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.

La detención fue el resultado de una operación de las fuerzas de seguridad en la que se incautaron de inmuebles, objetos y terrenos valorados en más de 10 millones de dólares tanto en Brasil como en Paraguay, donde el narcotraficante poseía varias propiedades y gestionaba algunas de sus operaciones.

Las autoridades informaron entonces de que el grupo operaba como una estructura empresarial que controlaba desde producciones de droga en zonas selváticas, hasta una logística de transporte y distribución.

Agentes especiales de Paraguay también detuvieron en julio al brasileño Eduardo Oliveira, uno de los gestores financieros de la organización, cuando se encontraba en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil.

Oliveira fue apresado tras una orden de detención emitida por la Fiscalía y cuando se disponía a subir a una furgoneta registrada a nombre de una empresa paraguaya, en la que se decomisaron varios documentos.

Leer mas...

Mades “pescó” a quienes infringieron la veda pesquera

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), prosigue con los intensos controles fluviales, en el marco Ley 3556/08 de Pesca y Acuicultura y la resolución N°177/18 de Veda de Pesquera que desde un tiempo se encuentra en vigencia en los ríos compartidos con Brasil y Argentina.

Durante un procedimiento realizado en la localidad de Cerrito, departamento de Ñeembucú, los técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura de la oficina regional de pesca de Pilar-Mades, verificaron una vivienda con el acompañamiento de agentes policiales de Cerrito. En el sitio fue decomisado 268 kilos de Dorado y 122 kilos de Surubí, totalizando la cantidad de 391 kilos de producto pesquero, más cuatro freezers.

Los productos decomisados quedaron a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, quienes dispondrán su destino. Además se realizaron controles en el cauce de los ríos Tebicuarymí y Tobatiry para así dar con los que extraen a los peces en época de veda.

Desde esta secretaría de Estado, recuerdan que durante el periodo de veda está prohibida toda actividad de pesca, utilización de artículos de pesca, transporte y comercialización de productos pesqueros en los ríos, arroyos y lagunas dentro del territorio nacional.

Leer mas...