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Casos de corrupción del ex intendente de Lambaré remueven en la Fiscalía

El caso de corrupción que involucra al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, se mueve nuevamente en la Fiscalía, en lo que podría denominarse el cambio de postura del Ministerio Público  y que hoy alcanza a los que respondían a Horacio Cartes.

En efecto, de acuerdo a la información oficial, los agentes fiscales Luis Said, Fabiola Molas, Teresita Torres y Carina Sánchez realizaron una serie de diligencias en tres investigaciones fiscales que llevan adelante: Caso Royalties, el caso del derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré y el caso de la merienda escolar del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

El Ministerio Público acusó al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas en 3 causas distintas, en las cuales se encontraría involucrado.

La Fiscalía representada por los agentes fiscales mencionados presentó acusación contra Roberto Cárdenas Ramírez, Guido Fernando Salcedo y otros, y solicitó la elevación de la causa a Juicio Oral y Público.

Referente al Colegio Nacional de Lambaré, la investigación inició tras el derrumbe de una de las aulas en el mes de septiembre de 2015. Se radicó la investigación sobre la utilización de los fondos denominados Fonacide en relación a instituciones educativas de la ciudad de Lambaré, administrados durante la intendencia de Roberto Cárdenas, desde el 2011 hasta el 2015. En la causa fue presentada una primera imputación, y posteriormente la acusación contra Roberto Cárdenas Ramírez, Guido Fernando Salcedo y otros. La audiencia preliminar se encuentra pendiente.

La segunda imputación en la causa Nº 2804/15 “Roberto Cárdenas Ramírez y otros s/ Lesión de Confianza”, a cargo del Juez Penal de Garantías Nº 1 de Lambaré, Hugo Came, involucra la construcción de 17 colegios, y la presentación del requerimiento conclusivo estaba prevista para el día 2 de junio de 2017.

No obstante, a raíz de una serie de chicanerías e incidentes, se corrió traslado de la carpeta fiscal al Fiscal Adjunto, quien presentó el requerimiento de sobreseimiento provisional a fin de que sean realizados varios actos investigativos. Posterior a la conclusión de dichos actos, se requirió al Juzgado Penal de Garantías la reapertura de la causa, cuyo plazo fenece el 25 de Enero del 2019.

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Nada saben de Díaz Verón hasta el momento

Hasta el momento, la fiscal que lleva el caso del ex fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, María Estefanía González, desconoce el paradero del ex titular del Ministerio Público acusado de enriquecimiento ilícito y de su esposa María Selva Morínigo, quien fuera imputada por lavado de dinero.

Al menos en mi unidad su abogado no comunicó nada  y solo tengo conocimiento que la Policía le sigue buscando, manifestó la fiscal que atiende al caso al momento de confirmar que luego de la llegada de efectivos a la vivienda sin encontrar la presencia del ahora prófugo de la justicia y su esposa.

La fiscal González adelantó que sobre este caso, todavía hay mucho que hacer ya que ahora se viene una solicitud de informes a los bancos y llamar a declaración testimonial a varias personas. La funcionaria del Ministerio Público además recordó que todavía rige un embargo preventivo además de una inhibición general de gravar y vender bienes.

Aunque no es nada confirmado, se maneja que el imputado ex titular del Ministerio Público y su señora esposa, no se encuentra en territorio paraguayo. En caso de ser ubicado rápidamente será solicitado un oficio a la Interpol para que Díaz Verón vuelva a enfrentar a la justicia paraguaya.

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Fiscala General denunció a magistrados del Caso Curuguaty ante el Jurado

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó hoy ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) una acusación por mal desempeño de funciones contra los tres jueces que anularon las once condenas de los acusados por la matanza de Curuguaty, en la que murieron 17 personas.

La acusación que Quiñónez presentó en la sede del JEM afecta a Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, los tres magistrados que integraron la Sala penal de la Corte Suprema que el pasado 26 de julio anularon las condenas, informó la Fiscalía en un comunicado.

La acción de Quiñónez se produce cuatro días después de que la Fiscalía solicitara la nulidad de ese fallo de la Corte Suprema, al tiempo que pidió una nueva aclaratoria de la misma, después de que la primera confirmara un error en la sentencia de absolución.

La Sala Penal de la máxima instancia judicial anuló las once condenas, con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, por los hechos ocurridos en 2012 en Curuguaty, que causaron la muerte de 17 personas, once labriegos y seis policías, y el cese del entonces presidente, Fernando Lugo.

La masacre se produjo durante el desalojo policial de una finca ocupada por campesinos.

Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que los incriminara y pidieron su absolución, y se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos.

La matanza sirvió de base al entonces opositor en aquel tiempo Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal (actual líder de la oposición), para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político.

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Paraguay se anota en la lucha contra la xenofobia y ciberdelincuencia

Nuestro país ratificó la Convención sobre Ciberdelincuencia y el Protocolo Adicional sobre Xenofobia y Racismo, según informó en sus redes sociales la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. La número uno del Ministerio Público destacó los esfuerzos locales en lo que corresponde a ambos flagelos.

Hemos depositado los instrumentos de adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y su Protocolo Adicional sobre Xenofobia y Racismo, publicó Quiñónez en su cuenta de Twitter.

Paraguay procedió a la adhesión el pasado 30 de julio y con su incorporación ya son 61 los países que han ratificado el documento. El Convenio sobre Cibercriminalidad, es el primer tratado internacional sobre las infracciones penales cometidas en internet y otras redes informáticas, el cual fue elaborado y adoptado en noviembre de 2001 por el comité de ministros del Consejo de Europa.

Este convenio da una cobertura legal a la colaboración policial en el mundo y establece una red de comunicación 24 horas al día, siete días por semana, que permite ayudar a los investigadores en todo momento.

Por su parte, el protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia alude a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos.

En el texto se pide a los Estados firmantes que se considere delito la difusión de material racista y xenófobo a través de sistemas informáticos, las amenazas e insultos con esos fines y la negación, la aprobación o la justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad, así como el hecho de restarles importancia, en especial los hechos ocurridos entre 1940 y 1945.

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Llamativamente, el juez Gustavo Amarilla pedirá desafuero de Payo Cubas

Llamativamente el juez Gustavo Amarilla anunció que la semana que viene pedirá el desafuero del senador Paraguayo “Payo” Cubas para proseguir con el proceso que lleva adelante por el caso quema del Congreso. El legislador viene desnudando una serie de irregularidades que molestan a algunos políticos.

Payo está imputado, junto con otras personas, por los disturbios que se dieron frente al Congreso Nacional, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2018, noche en que también falleció de un balazo el joven liberal, Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.

En aquella ocasión la ciudadanía reaccionó y acudió masivamente frente al edificio del Poder Legislativo para protestar en contra de las pretensiones de Horacio Cartes y Fernando Lugo de enmendar la Constitución Nacional, con la finalidad de facilitarles la postulación para la Presidencia de la República.

La gente se enfureció y llegó a quemar el Congreso Nacional en un acto de protesta extrema. Sin embargo, ese hecho evitó la violación constitucional por parte de quienes pretendían la reelección.

“Procesalmente lo que queda es convocarle a todas las personas que tienen requerimiento conclusivo a la audiencia preliminar. Entre ellas está el señor Paraguayo Cubas que es una persona que está acusada por el Ministerio Público —si no estoy trascordado— de Perturbación a la Paz Pública. No es un hecho singular la circunstancia que hoy él es congresista, es senador nacional. Goza de un fuero”, expresó el juez Amarilla en conversación con ABC Cardinal.

Agregó que “lo que estamos haciendo es analizar la comunicación de esta circunstancia al presidente de la Cámara de Senadores de tal manera que los colegas del señor Paraguayo Cubas decidan sobre el particular para avanzar sobre el proceso. El expediente es muy voluminoso”, concluyó el magistrado.

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Fiscalía pidió nulidad de la liberación de condenados en caso Curuguaty

El Ministerio Público solicitó la nulidad de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las que se anularon las once condenas de los acusados por la matanza de Curuguaty y pidió una nueva aclaratoria, después de que la primera confirmara un error en la sentencia de absolución.

La Fiscalía detectó vicios en las decisiones de la Sala Penal de la CSJ, lo que deriva en la nulidad de lo resulto, según informó el propio Ministerio Público.

La sala penal de la Corte Suprema anuló el 26 de julio las once condenas, con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, ocurridos en 2012 en Curuguaty, que causaron la muerte de 17 personas, entre ellos campesinos y policías, y el cese del presidente Fernando Lugo.

Sin embargo, este lunes la Sala Penal dictó una aclaratoria de oficio por un error en la sentencia generado por la firma de uno de los miembros de la sala, que votó por un fallo pero apareció otro.

Ante esos hechos y ante las inobservancias verificadas del Código Procesal Penal, la Fiscalía consideró que la Sala Penal de la CSJ no observó las claras disposiciones legales que rigen el procedimiento penal, lo que motivó el quiebre del ordenamiento jurídico, convirtiendo el fallo en una resolución arbitraria por apartarse de los mandatos legales.

Por tanto, solicitó declarar la nulidad de ambas resoluciones por corresponder en estricto derecho y ordenar una nueva composición de la Sala Penal para estudiar los recursos de casación interpuestos por las defensas técnicas de los procesados.

La masacre de Curuguaty se produjo en junio de 2012 durante el desalojo policial de una finca ocupada por campesinos y murieron 11 de ellos y 6 policías, por cuyas muertes un tribunal dispuso en 2016 penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados.

Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que los incriminara y pidieron su absolución, y se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos.

En prisión permanecían cuatro de los condenados por esos hechos, ocurridos en 2012, que eran quienes contaban con las penas más altas, mientras que el resto recuperaron con anterioridad su libertad de forma espaciada.

La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal, para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político.

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Fiscalía imputó al jefe de la Comisaría 4ta Metropolitana

La unidad antinarcotráficos del Ministerio Público, imputó hoy al comisario de la Policía Nacional encargado de la comisaría 4ta Metropolitana, Hugo Ayala, por utilizar su rango para proteger al líder regional de la banda criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), Eduardo Aparecido de Almeida, detenido la pasada semana en Asunción.

De Almeida fue arrestado el miércoles en un operativo en una lujosa vivienda en Asunción en el que también fue arrestado otro presunto miembro del PCC junto a un agente policial que les daba custodia.

En un comunicado, la Fiscalía detalla que imputa al jefe de la 4º Metropolitana de Asunción, Hugo Ayala, por los delitos de narcotráfico, asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal, entre otros, por lo que pide se le imponga la prisión preventiva.

Según el escrito, el comisario se aprovechó de su rango para proteger de las autoridades a De Almeida y a otro miembro del PCC detenido el mismo día, y permitirles de esa manera que pudiesen moverse libremente por el país eludiendo los controles. Para ello contaban también con la ayuda del policía de menor rango Carlos Mendoza.

Las pesquisas culminaron el miércoles con la detención de Mendoza junto a Almeida, alias “Piska” y el también brasileño Marcelo Moreira. Tras ese operativo, los dos brasileños fueron entregados a Brasil, donde estaban reclamados por narcotráfico.

Mendoza también se enfrenta al delito de asociación criminal por estos hechos, al igual que el ciudadano paraguayo Jorge Cristaldo, que se encargaba presuntamente de facilitar documentos falsificados a los brasileños para que evitaran ser detectados por la policía y entregados a Brasil.

La imputación del comisario se produce después de que en los registros realizados en el domicilio y la oficina de Cristaldo, los agentes se incautaran, entre otros documentos, del libro de novedades perteneciente a la Comisaria 4º Metropolitana.

En dicho libro obran registros de irregularidades puestas a conocimiento del comisario Hugo Ayala, circunstancia corroborada con el informe remitido a la Fiscalía por el departamento jurídico de la Comandancia de la Policía Nacional, según el comunicado del Ministerio Público.

Además, según la Fiscalía, Cristaldo habría actuado como testaferro de De Almeida y Moreira facilitándoles el alquiler de inmuebles, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en las que ingresaban sumas de dinero desde el extranjero, otorgándoles apariencia lícita.

Para todos los procesados la Fiscalía pide el ingreso en prisión preventiva por la gravedad de los hechos investigados, el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Almeida, es el líder de la célula “Raio X” del PCC y llegó a Paraguay para coordinar las actividades delictivas de ese grupo criminal en Bolivia y Paraguay, donde residía junto a su familia, de acuerdo con la Fiscalía.

Según las autoridades brasileñas, el PCC, que nació en las prisiones de Sao Paulo, ya actúa prácticamente en todo Brasil y su número de integrantes creció en los últimos cuatro años en casi seis veces, desde unos 3.000 en 2014 a cerca de 20.000 en 2018.

Pese a que la gran mayoría está concentrado en Sao Paulo, con unos 11.000 integrantes, los tentáculos de la organización al parecer se extienden a países como Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú.

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Incautan mercaderías por valor de 15 mil dólares tras denuncia de la SET

Ayer, en horas de la tarde se realizó un procedimiento donde se incautaron mercaderías ingresadas al país de manera ilegal en un local comercial ubicado sobre la Ruta 1. Esto, luego de la revisión por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se constató que una gran variedad de productos no contaba con respaldo documental.

En un operativo del Ministerio Público se decomisaron más de 21.600 productos, por un valor superior a USD 15 mil.

El local dedicado al comercio de productos de consumo masivo se encuentra ubicado sobre la Ruta 1, Mariscal López c/Porvenir, a la altura del km. 21 de la ciudad de Capiatá.

Funcionarios de la SET hicieron la revisión del sitio como parte del operativo para corroborar la emisión de comprobantes legales y constataron que muchos productos no contaban con documentos sobre su ingreso.

La Sub Secretaría de Estado de Tributación realizó la denuncia ante la Unidad Anticontrabando del Ministerio Público, que derivó en el operativo de este jueves al mediodía.

Como parte de los operativos dentro de su programa Jeroviaha, la SET desarrolló 937 operativos sólo en el mes de junio, donde se constató que un 55% de los comercios intervenidos no expiden comprobantes por las ventas realizadas.

Además, en 52% de los locales fueron detectadas algunas infracciones formales tales como no inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC), la falta de actualización de datos, llenado erróneo de comprobantes, la omisión de datos en la cuenta corriente, entre otros.

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Justicia paraguaya extradita a Hacker a los EE.UU

Paraguay extraditó a Estados Unidos a un hombre de nacionalidad argentina, requerido por la Justicia de ese país por ser sospechoso de la comisión de delitos de estafa y extorsión a través de medios informáticos, informó el Ministerio Público.

El hombre fue detenido en Paraguay en noviembre de 2017 tras un golpe a una red internacional de estafadores que operaba a través de servicios de brujería y espiritismo en Internet, señaló la fuente.

La operación se realizó de forma conjunta entre Paraguay, Argentina y Estados Unidos, donde un tribunal de California solicitó la extradición del hombre, que responde al nombre de Ariel Boiteux, según la información de la Fiscalía.

La extradición se realizó este jueves después de las autorizaciones fiscales pertinentes y de una revisión médica de Boiteux a cargo del personal sanitario que integraba el grupo estadounidense encargado de supervisar la extradición.

Boiteux fue detenido junto con otros tres hombres sospechosos de ser propietarios de un dominio web paraguayo destinado a ofrecer servicios de brujería de los que habrían sido víctimas unas 200 personas de todo el mundo, según apuntaron las primeras pesquisas.

Los servicios que ofrecían en el portal de internet estaban relacionados con rituales espirituales, previo pago de las víctimas. Una vez realizado el desembolso, los estafadores pedían a sus clientes filmaciones de contenido sexual por las que luego les exigían altas sumas de dinero para no difundirlas.

De esta forma, el grupo de delincuentes llegó a embolsarse, supuestamente, 100.000 dólares, según comunicó en noviembre el Ministerio Público.

El operativo contó con la ayuda de la Fiscalía de Argentina y la asistencia de Estados Unidos, además de la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

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Ministerio Público aclara sobre imagen falsa difundida en redes

En redes sociales circula una imagen con el logo del Ministerio Público, donde indican supuestas multas y los montos que se realizarían en el caso de conducir  bajo efectos de bebidas alcohólicas. La institución comunicó que la información es falsa.

Por medio de un comunicado, la fiscalía advirtió que la imagen con los datos sobre una supuesta escala de multas que circula en las redes no pertenece a la entidad y que el logotipo fue utilizado sin autorización.

Ante esto el Ministerio manifiesta que la detección de alcohol en conductores es un hecho punible, pasible de sanciones y cuando los infractores ofrecen una reparación del daño, esta es puesta a disposición del Juzgado quien analiza y determina.

Por otro lado, afirman que no existe una tabla de valores por grado de alcohol detectado que esté autorizado institucionalmente, por lo que los montos que fueron viralizados son totalmente falsos.

Finalmente, desde la Fiscalía recuerdan que el uso sin autorización o uso indebido del logo institucional con fines lucrativos y desinformación es un delito.

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