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Advierten sobre clonación de tarjetas en cajeros automáticos

En estos últimos días se han detectado numerosos aparatos utilizados para clonar tarjetas en los cajeros automáticos. El Ministerio Público y la Policía Nacional advirtieron sobre 20 denuncias de clonación de tarjetas en lo que va del año.

La clonación de tarjetas de créditos y débitos y la falsificación de las mismas es posible en cajeros automáticos más vulnerables, instalados en lugares aislados y expuestos a la clandestinidad.

El comisario Diosnel Alarcón, subjefe del Departamento de Cibercrímenes de la Policía Nacional, destacó que se percataron de que fueron instalados artefactos en numerosos cajeros automáticos.

Según explicó, son cada vez más diminutos, tienen el mismo color que los cajeros, se parecen incluso a una cinta y se insertan en una ranura y prácticamente no se nota, porque los tratan de camuflar, por lo que es difícil de detectar por un usuario común.

Es por eso, que, además de prestar atención ante la posible presencia de estos artefactos denominados “skimers”, Alarcón señaló que la medida preventiva más simple y efectiva es cubrir con la mano el tablero al momento de digitar la contraseña.

Asimismo, pidió especial atención a que no existan dispositivos en la ranura de los cajeros, y cámaras de videos que enfoquen exclusivamente el tablero.

El Ministerio Público y la Policía Nacional también pidieron a los usuarios que no utilicen como códigos fechas clave tales como cumpleaños, debido a que los delincuentes revisan las redes sociales y otros lugares donde se encuentra este tipo de información personal.

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Fiscalía imputa y pide prisión de Javier Zacarías Irún

El senador colorado Javier Zacarías Irún fue imputado este lunes por lesión, en carácter de instigador, y se solicitó su prisión preventiva. La Fiscalía también abrió un proceso similar a su esposa, Sandra McLeod.

El legislador y su esposa, entre otros involucrados, están acusados de un presunto daño patrimonial de G. 2.174 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Zacarías Irún utilizó presupuesto de la Municipalidad para “publicidad” y sobornos solapados a medios de comunicación y concejales, según el Ministerio Público.

Por la misma figura legal también fueron imputados David Espínola, Nilsa Paiva, Vicente Rodríguez, Marco Aurelio González y Genaro Ramón García.

Entre ellos, por ejemplo se pagó por la campaña “El amor todo lo puede”, G. 276 millones, “pagadas mitad con el presupuesto de Prensa de la Municipalidad (de Ciudad del Este) y la otra mitad por el Gobernador Lucho Zacarías, sin que se sepa de donde salía el dinero”, según indica la imputación.

También se compraron equipos de prensa por el valor de USD 8.000 (G. 48 millones) para hacer seguimiento de las actividades en la Capital de Zacarías Irún.

También se realizaron millonarios pagos a radios esteñas como Itapirú y Radio Parque (del concejal Juan Carlos Barreto Miranda), en concepto de alquiler de las mismas. Los desembolsos se hacían de manera solapada en concepto de publicidad.

En el documento también se citan otros pagos a otros medios de comunicación por difusión de contenidos.

La imputación en el caso de Zacarías Irún es en calidad de instigador. El mismo ya está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

 

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Confusas situaciones luego del fallecimiento de autora del libro “Semillita”

En la semana que se encierra hoy, falleció una eminencia en la educación paraguaya. A los 91 años falleció Celia Gómez de Aquino, renombrada docente de la capital quien escribió el recordado libro de lectura para primer grado “Semillita”, con el cual varias generaciones de paraguayos dieron su primer contacto con la educación. Existen ciertas sombras que hasta el momento no encajan en un rompecabezas donde aparecen familiares y un nosocomio geriátrico en medio de situaciones llamativas.

Según lo mencionado por la sobrina de la escritora, la señora Ana Julia de la Cueva, la reconocida docente sufría de la enfermedad de alzheimer y en los últimos días se agravó su cuadro por lo que tuvieron que ingresarla a un tratamiento pero lo que no encaja es bastante grave y pudo derivar a una rápida caída en el estado de salud de la profesora “Chela”.

En una entrevista brindada a la 1020 AM, de la Cueva comentó que hace unos cuatro meses la llevaron para un simple análisis al Sanatorio Español que derivó a una internación en el geriátrico del mismo nosocomio.

Lo que llama la atención fue una denuncia realizada por de la Cueva en redes sociales quien manifestaba que “El 27 de febrero, la fiscalía inició una investigación de violaciones a unas ancianas en el mismo geriátrico, un día antes de la muerte de tía Chela” y sobre esta afirmación manifestó que efectivamente lo escribió ya que entre las funcionarias del nosocomio trascendió y le extrañó de lo que pudiera ocurrir en dicho lugar donde cuidan los ancianos.

Al menos a su parecer, existe una causa abierta que está siendo investigada por el Ministerio Público y a su parecer ese es un lugar que ningún anciano debería de estar.

Mencionó que la profesora Celia Gómez, en realidad no necesitaba ningún tratamiento especial, a su parecer ella se encontraba muy bien en su casa y a su parecer decayó más rápidamente estando en el geriátrico del Sanatorio Español.

Otro punto que llamó la atención es la falta de respeto de algunos familiares directos que decidieron enterrar su cuerpo sin antes velarla. Prácticamente en la misma tarde que falleció mi tía, porque ella murió a las 08:00 en el geriátrico, ya para horas de la tarde ella estaba en el cementerio siendo enterrada y apenas tuvimos tiempo para ir hasta ahí para despedirla sin un velorio, sin ninguna vela o un ramo de flores, nada. Es llamativo.

Lamentó profundamente la falta de respeto con sus demás familiares que se encuentran en los Estados Unidos, además sin sus amistades, a fin de cuentas fue profesora del Colegio Goethe por mucho tiempo, sin los honores que se merecía de parte de las autoridades educativas por su trabajo, duele que eso no haya ocurrido y ella se hubiera merecido algo mejor que ir a parar directamente en el cementerio, lamentó finalmente.

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Corea del Sur está interesada en potenciar laboratorio forense de la Fiscalía

El embajador de Corea del Sur en Paraguay, Ahn Min-sik, visitó las instalaciones del Laboratorio Forense del Ministerio Público y luego de observar detenidamente el local expresó su interés en cooperar con el fortalecimiento tecnológico del mismo.

La idea apunta a que la Fiscalía cuente con una herramienta moderna y completa para la investigación científica de los hechos punibles.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez acompañó a la delegación surcoreana por las instalaciones y la presentación del sitio estuvo a cargo de la directora del Laboratorio Forense, la fiscal Alba Delvalle y otras autoridades.

El representante del país ubicado al sur de la península coreana se mostró interesado en cooperar en el fortalecimiento tecnológico del Laboratorio Forense y observó la manera en que los técnicos y especialistas realizan las tareas científicas que se aplican en la investigación de hechos punibles, para el esclarecimiento de los mismos.

El Laboratorio Forense del Ministerio Público facilita la investigación fiscal a través del uso de medios científicos y técnicos, a la par que brinda pruebas de cargo y descargo de alto nivel técnico que llevan a demostrar la verdad histórica de los hechos.

Además, gracias a la tecnología utilizada, brinda un alto nivel de transparencia en el proceso de estudios de pruebas y en un periodo breve, informó prensa del Ministerio Público.

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Fiscalía imputó a policías por la desaparición de rodados de Minotauro

La Fiscalía imputó a seis policías quienes se los encomendó custodiar un depósito, propiedad del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”, preso en Brasil, en el cual había varios vehículos de alta gama que desaparecieron durante la vigilancia policial al mismo local allanado.

Los seis imputados estaban a cargo de la custodia de ese taller mecánico donde se encontraban esos vehículos, además de maquinaria y herramientas que también desaparecieron.

Los vehículos fueron incautados a principio de mes en un operativo en Pedro Juan Caballero que se saldó con la detención de 15 personas, presuntos soldados de “Minotauro”, considerado uno de los jefes del Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil.

Los seis agentes fueron imputados por la supuesta comisión de hurto agravado, asociación criminal y quebrantamiento del depósito, según informó el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó para ellos arresto domiciliario, al considerar que los seis imputados poseen arraigo suficiente en el país, por su carrera policial y no han obstruido la investigación.

El Ministerio del Interior informó este lunes que los policías encargados de resguardar el depósito pidieron autorización a la Fiscalía para realizar un control aleatorio y dejaron sin protección permanente el lugar.

Tras conocerse el hecho, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, reiteró la existencia de agentes corruptos en la Policía Nacional.

La Policía brasileña detuvo el 4 de febrero a “Minotauro” en un operativo en la ciudad de Balneario Camboriú, en el litoral del estado de Santa Catarina, en el sur del país.

De acuerdo con las investigaciones, que se prolongaron durante seis meses, Arruda, sería un jefe regional del PCC y su principal función era el tráfico de drogas originarias de Bolivia e introducidas en Brasil a través de la frontera sur brasileña que comparte con nuestro país.

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Solicitaron a Quiñonez la apertura de unidades fiscales

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) de Paraguay y la Municipalidad de Asunción plantearon a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la creación de una unidad especializada, dentro del Ministerio Público, que se encargue de investigar los delitos contra el patrimonio cultural del país.

Según informó la SNC en un comunicado, la petición fue cursada por el titular de la cartera cultural, Rubén Capdevila, y el presidente de la Junta Municipal capitalina, Óscar Rodríguez, quienes pretenden, por intermediación fiscal, poder aplicar las sanciones que la ley prevé para las personas que ocasionen daños a bienes inscritos en el Patrimonio Cultural de Paraguay.

Para la SNC se trata de una solicitud de carácter necesario y urgente, ya que hasta ahora, pese a las sanciones recogidas por la ley, al tener que dirigir las denuncias a organismos como la propia SNC o las municipalidades y no contar con intermediación fiscal, las sanciones no podían aplicarse.

El problema será solucionado con la creación de dicha unidad especializada, no obstante, hasta que se concrete esa petición, la SNC y la Municipalidad asuncena acordaron con el Ministerio Público un procedimiento mediante el cual, las denuncias respecto a daños del patrimonio hechas ante a la Junta Municipal o a la SNC, sean remitidas a la Fiscalía, para que esta asigne un fiscal a cada caso.

Acordaron además trabajar en la actualización del marco legal que regula el tratamiento dado al Patrimonio Cultural de Paraguay.

El país destinó entre 2013 y 2018 unos 7 millones de dólares en mantener y restaurar algunos de los principales edificios que forman parte de su Patrimonio Nacional, como el Panteón de los Héroes, la Catedral Metropolitana o el Palacio de Gobierno, todos ellos en Asunción, según datos del Ministerio de Obras Públicas.

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Sicarios actúan en Minga Guazú matando a un ingeniero

Un hecho de violencia por encargo sorprendió en la mañana del martes a los vecinos de Minga Guazú, ciudad perteneciente al cinturón metropolitano de Ciudad del Este, cuando con saña, desconocidos dispararon contra el rodado de un conocido ingeniero en una zona rural. Su cuerpo recibió varios impactos de bala 9mm.

Aproximadamente a las 07:40, sobre un camino vecinal al costado de su empresa Campofertil S.A., el hombre fue interceptado por los malvivientes quienes sin mediar palabras iniciaron los disparos contra el desafortunado hombre.

Según intervinientes de la comisaría 8va de Minga Guazú, el ingeniero asesinado sería Higinio Rivarola (46). Declaraciones de testigo indican que hasta la camioneta Volkswagen Amarok de color blanca con chapa CDP 721, se acercaron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes, sin aviso previo, procedieron a ejecutarlo.

Aunque se desconoce el móvil del hecho, se maneja que tendría trasfondo financiero atendiendo a que la víctima se dedicaba a ayudar financieramente a personas que se dedican a la agricultura.

El caso está en fase investigativa, agentes fiscales ya se encuentran en el área del crimen para los procedimientos de rigor y no adelantaron aún hipótesis pero se comprometieron a informar sobre los avances del caso.

Imagen: Vanguardia

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Villamayor lamenta la existencia de policías corruptos

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, lamentó hoy la existencia de corrupción en la Policía Nacional y aseguró que no habrá tolerancia, tras la supuesta implicación policial en la desaparición de cinco vehículos de alta gama incautados en un operativo antinarcóticos.

Los vehículos, que supuestamente pertenecían al narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”, preso en Brasil, los cuales desaparecieron la semana pasada en un predio bajo custodia policial en Ciudad del Este, Alto Paraná. Al respecto, el Ministerio del Interior explicó en un comunicado que los policías encargados de resguardar el depósito pidieron autorización a la Fiscalía para realizar un control aleatorio, dejando sin protección permanente el lugar a la hora que desaparecieron los rodados.

En ese sentido, el secretario de Estado dijo en conferencia de prensa que los agentes que estuvieron a cargo de la guardia de esos vehículos están todos procesados y que su departamento enviará un informe al Ministerio Público.

Yo debo trabajar con una Policía que tiene agentes muy buenos pero tiene agentes corrompidos. Nadie puede negar este extremo, expresó Villamayor.

El ministro indicó que los agentes corruptos tienen las puertas abiertas para salir de la Policía y reivindicó que todos los oficiales tienen que someterse a las normas porque, de lo contrario, serán procesados.

Acá no se trata de confianza, se trata de que todos deben ajustar su comportamiento a lo que establecen las normas, añadió el titular del Interior.

Los vehículos fueron incautados a principio de mes en un operativo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Amambay, momento que terminó con la detención de 15 personas, presuntos soldados de “Minotauro”, considerado uno de los jefes del Primer Comando de la Capital (PCC) en nuestro país.

La Policía brasileña detuvo el pasado 4 de febrero a Arruda en una operativo en la ciudad de Balneario Camboriú, en el litoral del estado de Santa Catarina, al sur del país vecino.

De acuerdo con las investigaciones, que se prolongaron durante seis meses, Arruda es un jefe regional del PCC y su principal función era el tráfico de drogas originarias de Bolivia e introducidas en Brasil a través de la frontera con Paraguay.

El PCC, surgido en la década de 1990 en las cárceles de Sao Paulo, está considerado como la facción criminal más poderosa de Brasil y en los últimos años ha extendido sus redes de narcotráfico por todo el país.

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Fiscalía afirma que un contralor imputado no puede auditar sus cuentas

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que aclara que no está en contra del control de sus cuentas y ejecución presupuestaria, pero prefiere que sea Tribunal de Cuentas y no la Contraloría General de la República, el órgano que audite la administración de la Fiscalía. Además, considera que podría generarse conflicto de intereses, pues el actual contralor Enrique García está imputado.

Aclara que la acción de inconstitucionalidad se planteó en contra dirigidade la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Afirma el documento que el recurso presentado no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, “y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible”.

Agrega que independientemente a este recurso planteado, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

Contralor imputado

El comunicado refiere que “la eventual auditoria de las cuentas del Ministerio Público por un órgano cuyo titular y máxima autoridad está imputada, y personas vinculadas al proceso ya se encuentran acusadas, resta objetividad a ese proceso de control, y puede restar autonomía e independencia para la investigación penal. La pertinencia de excluir ese conflicto de intereses de la CGR y que las cuentas y actos administrativos sean juzgados por un órgano imparcial”.

“El señor Enrique García, quien ejerce actualmente el cargo de Contralor General, fue denunciado por una serie de hechos relacionados con su gestión como asesor jurídico de la Municipalidad. Tras las investigaciones llevadas a cabo, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de Producción de documentos y Uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asi mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión”, señala el documento de la Fiscalía, cuya titular es Sandra Quiñónez.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

 

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Procesan a dos hombres por intervenciones peligrosas en el tráfico aéreo

Un brasileño y un paraguayo fueron imputados por la agente fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Zonal de Iruña, por los supuestos hechos punibles de Intervenciones Peligrosas en el Tráfico Aéreo, Naval y Ferroviario y Exposición al Peligro en el Tráfico Aéreo, Naval y Ferroviario.

El proceso afecta a Newton Sergio Díaz Donini (70) y el paraguayo Derlis Brítez (44). Igualmente, la representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva de los encausados, quienes quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

El 1 de febrero último, a las 15:30 aproximadamente, tres personas realizaron un aterrizaje forzoso a bordo de una avioneta desconocida, en la pista perteneciente a la empresa Agropeco, ubicada al costado de la ruta VI “Juan León Mallorquín”, altura del kilómetro 177. La aeronave es de la marca Cessna, monomotor, de color blanco con franjas rojas, con matrícula ZP-TDK.

Los agentes policiales, de la subcomisaría 47 del distrito Raúl Peña, quienes intervinieron en el hecho, sorprendieron a Newton Sergio dentro del predio de la empresa Agropeco, mientras que Derlis Brítez fue aprehendido a bordo de un camión transportador de rollos, en las cercanías del Puesto de Peaje del distrito de Iruña. A su vez, un tercer sujeto, cuya identidad no pudo precisarse, escapó por la parte posterior del inmueble, según los intervinientes.

La fiscal María del Carmen Meza se constituyó hasta el lugar del aterrizaje forzoso y pudo confirmar que la aeronave carecía de documentación referente a la propiedad, habilitación por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y no tenían un plan de vuelo. Además, los imputados tampoco contaban con licencia para pilotar aeronave.

Finalmente, en base a las evidencias reunidas, la representación pública dispuso el procesamiento de los dos aprehendidos, requirió la prisión de ambos y solicitó 6 meses de plazo para la conclusión de la investigación.

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