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Detienen a funcionaria del Ministerio del Interior con droga

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron a una pareja este martes en horas de la noche por venta de drogas en el barrio Santo Domingo de Asunción. La mujer es funcionaria del Ministerio del Interior.

Se trata de Tania Noelia Coronel Sosa de 26 años, funcionaria del área de Talento Humano del Ministerio del Interior y su pareja Alexis Rubén Rolón Fernández de 31 años.

Supuestamente se dedicaban a la venta de estupefacientes porque “no llegaban a fin de mes”, según explicaron a los medios de prensa.

Ambos fueron detenidos en el operativo nocturno generado por el Departamento de Operaciones Urbanas y El Ministerio Público, encabezado por el fiscal Omar Segovia.

Se estima que la pareja vendía los estupefacientes mediante la modalidad “delivery” en la ciudad de Lambaré y otras zonas. En poder de ambos se encontraron un total de 358 gramos de marihuana, distribuidos en 21 tocos, listos para ser comercializados.

Aparentemente la venta de drogas se realizaba en horas de la noche. La mujer y su pareja quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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Paraguay confía en tener buena calificación en derechos humanos ante la ONU

El Estado paraguayo realizó la semana pasada la presentación de los avances respecto a las últimas recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas y confía en obtener una buena calificación, según informó Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Peralta fue una de las principales representantes de Paraguay en las audiencias celebradas los días martes y miércoles de la semana pasada en Ginebra, Suiza, donde se presentaron los avances y se recibieron 27 nuevas recomendaciones en materia de derechos humanos.

Para esta semana los expertos de la ONU deberán presentar nuevamente las recomendaciones de manera oficial y brindar una calificación general al país.

«Yo creo que básicamente se respondió a todo, lo que no se respondió oralmente se respondió de manera escrita, es más hubo casos en que ellos tenían una información y la realidad ya era otra, es decir que hubo grandes avances», dijo Peralta en conversación con Radio Nacional del Paraguay.

Añadió que «teniendo en cuenta la situación de otros Estados, calamitosa en materia de derechos humanos, realmente Paraguay puede decir que va por una buena calificación».

En cuanto a las nuevas recomendaciones recibidas, Peralta adelantó que las mismas tienen que ver con cuestiones puntuales sobre la situación penitenciaria, el feminicidio, las víctimas de la dictadura, la legislación sobre el aborto, además de cuestiones indígenas.

Respecto al aborto, adelantó que esa recomendación podría ir encaminada hacia la legalización, que de confirmarse, considera «de imposible cumplimiento» para el Paraguay.

«Mucho más provechoso hubiese sido traer recomendaciones sobre políticas públicas de prevención de abusos y embarazo adolescente», dijo la directora señalando que en Paraguay no existe actualmente un debate parlamentario sobre la cuestión del aborto.

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Fiscalía presentará posición institucional ante el Comité de DD.HH. de la ONU

El Ministerio Público participa, por medio de dos representantes, de las deliberaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realiza en Ginebra, Suiza. Ante dicha instancia, presentará mañana su posición institucional sobre el respeto de los DD.HH en Paraguay.

Se encuentran en dicho país europeo la agente fiscal Silvia Cabrera, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público. Casos emblemáticos, como el de Curuguaty, Arrom y Martí, desalojo de campesinos e indígenas de sus tierras ancestrales, son algunos cuestionamientos que deberá responder la Fiscalía.

La delegación nacional está encabezada por el embajador Marcelo Scappini, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la integran además de los citados representantes del Ministerio Público, funcionarios de los Ministerios de Justicia, del Interior, de la Niñez y la Adolescencia, de la Mujer; asimismo, está compuesta por delegados de la Corte Suprema de Justicia, Instituto Paraguayo del Indígena, entre otras instituciones.

En la fecha se inició la actividad denominada: “Diálogo de Paraguay”, con el grupo de expertos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Paraguay respondió a 27 cuestiones de inicio respecto a la situación del país en materia de Derechos Humanos. Este diálogo está relacionado con el “Cuarto Informe” presentado por Paraguay ante el Comité.

El encuentro culmina mañana miércoles.

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por sus Estados Partes, así como la abolición de la pena de muerte establecida por el Segundo Protocolo Facultativo por los Estados parte del mismo. Paraguay integra la Comisión como Estado parte. El Comité es uno de los denominados «Órganos de los Tratados» donde se realiza la presentación de denuncias sobre Derechos Humanos.

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Fiscalía se mantiene crítica a la liberación de Quintana

El Ministerio Público denunció este lunes varias irregularidades cometidas por la Justicia en la liberación provisional de Ulises Quintana, el diputado del gobernante Partido Colorado que estaba en prisión preventiva desde septiembre por presunto tráfico de drogas y otros supuestos delitos.

El Ministerio Público aseguró en un comunicado que la jueza Magdalena Narváez otorgó la libertad al parlamentario sin argumentos objetivos, bajo irregularidades y permitiendo la obstrucción a la investigación fiscal.

Hay causas y motivos suficientes por el cual el señor Ulises Quintana puede entorpecer u obstruir la investigación, alegó la Fiscalía.

El Ministerio público argumentó que no se han producido elementos nuevos, suficientemente acreditados para concederle la libertad, después de que el Tribunal de Apelaciones no aceptara la petición presentada en febrero por su defensa para revocar la prisión preventiva.

Entre las irregularidades identificadas, la Fiscalía denunció que la Justicia haya aceptado como garantía 18 inmuebles de Quintana que no tiene la capacidad de disponer, ya que han sido embargados todos sus bienes y cuentas bancarias por el juzgado.

Señaló también que se la otorgó al diputado un plazo de 15 días para presentar las condiciones de los inmuebles, a pesar de que es un requisito que ya debía haberse solicitado a la defensa del acusado como parte el proceso judicial.

Finalmente, alegó que la escritura de los bienes ofrecidos es objeto de una investigación, por lo que el inmueble no puede ser presentado como fianza real.

Por todas estas situaciones, para la Unidad Fiscal resulta más que llamativa la determinación realizada por el Juzgado, concluye el comunicado.

Quintana quedó este lunes en libertad, después de que la jueza determinara que no existe riesgo de fuga por parte del político de Colorado Añeteté, la facción del partido que dirige el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, la magistrada impuso medidas alternativas al diputado como la prohibición de salir del país.

Quintana, que estaba encarcelado en la prisión militar de Viñas Cué, fue arrestado en septiembre pasado tras un operativo antidrogas en Ciudad del Este, en el que fueron detenidas 31 personas, entre ellas un agente fiscal y ocho policías.

La imputación del diputado se dio tras el arresto en un megaoperativo de Reinaldo Cabañas, el presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Quintana reconoció entonces que Cabañas le había prestado algunos vehículos para que los utilizara en su campaña electoral para los comicios de abril del pasado año.

El legislador admitió después que habló por teléfono con Cabañas a finales de agosto de ese año cuando este le pidió que intercediera por su secretario, que había sido retenido ese día en un control policial en el departamento de Caaguazú con 190.000 dólares escondidos en su vehículo.

De acuerdo con la investigación, esa suma estaría destinada al pago de una carga de cocaína en Asunción. La información de la Fiscalía apuntaba a que la red desarticulada enviaba a Brasil cargas de cocaína que llegaban a Paraguay desde Bolivia, Colombia o Perú.

Antes de ingresar en prisión, la Cámara Baja aprobó el desafuero de Quintana, pedido por la Fiscalía para poder investigarlo.

El diputado dijo entonces que era víctima de una persecución política.

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Aduanas confiscó mercaderías falsificadas en el Puerto Fénix

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó mediante un procedimiente la verificación de un contenedor en el puerto privado Puerto Fénix por contar con gran volumen de mercaderías falsificadas.

La tarea de inspección física, fue hecha conjuntamente con el Ministerio Público, la Dirección de Fiscalización y la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), la cual pudo constatar la existencia de un gran volumen de variadas mercaderías que atentarían contra derechos de propiedad intelectual en el Puerto Fénix ubicado con la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Lo incautado ayer miércoles consiste en prendas de vestir de las supuestas marcas Hugo Boss y Armani, accesorios para celulares de las supuestas marcas Apple/Iphone, Motorola, LG, entre otras.

Si bien el equipo de tareas aún no concluye con la diligencia, se estima un perjuicio millonario para falsificadores y piratas, siendo los detalles debidamente establecidos con el correr de las horas.

Con estas acciones, la DNA afianza y materializa su compromiso con un servicio seguro y confiable, garante de los derechos de terceros y la calidad de productos que ingresan al mercado nacional, considerando a la piratería uno de los males que afecta al comercio internacional.

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Al final, la Corte Suprema repone como fiscal a Jalil Rachid

Finalmente, tras la presión de la Asociación de Fiscales del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia confirmó como agente del Ministerio Público a Jalil Rachid, cuestionado por su actuación en el caso de la masacre de Curuguaty, donde murieron campesinos y policías, tras un enfrentamiento en el 2012.

La máxima instancia judicial había informado el pasado 11 de junio, que Rachid ya no continuará como fiscal, sin embargo, hoy la mayoría de sus integrantes revió de posición y el citado seguirá cumpliendo funciones en la zona de Curuguaty.

El pasado 11 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no confirmar a Jalil Rachid como fiscal de Curuguaty. En aquella ocasión votaron en contra de mantener al representante del Ministerio Público en la mencionada ciudad: Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte, y Alberto Martínez Simón.

El pedido de reevaluación lo hizo la ministra Myriam Peña y se adhirieron a su posición sus colegas Antonio Fretes, Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica.

Mantuvieron su postura en contra de la continuidad de Rachid, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte, y Alberto Martínez Simón.

La presión del gremio de fiscales fue fundamental para el cambio de postura de los antiguos ministros de la Corte Suprema.

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Chilavert denuncia supuesta amenaza de una mafia ucraniana a su familia

El exportero de la Selección Paraguaya de Fútbol José Luis Chilavert denunció este viernes ante la Fiscalía supuestas amenazadas a través de Whatsapp por parte de un empresario español, declarado en rebeldía y denunciado ya por el hermano del exguardameta por un presunto caso de trata de personas.

La familia Chilavert denunció en enero que Rolando Chilavert, hermano del exportero, e Iván Chilavert, sobrino, fueron despojados de sus pasaportes y del dinero que portaban y posteriormente privados de su libertad en Ucrania, donde habían acudido en busca de trabajo y donde, presuntamente, fueron estafados por ese empresario.

Según el nuevo relato de los Chilavert, este hombre les amenazó por WhatsApp y les comunicó que la sentencia de Ucrania ya está pactada y que se resolverá a su favor, al mismo tiempo que dejaba entrever la posibilidad de un rapto con ayuda rusa para que los dos hombres vuelvan a Ucrania.

El sobrino del exportero dijo durante la conferencia de prensa celebrada en la Fiscalía que las amenazas responden al temor a la extradición por parte del empresario español.

Por su parte, Chilavert aseguró que desde la noche del jueves está recibiendo amenazas de muerte y agregó que no conoce ni vio nunca al empresario.

La fiscal encargada del caso, Nathalia Acevedo, apuntó durante la rueda de prensa que el ciudadano español no ha ingresado al Paraguay, de acuerdo con los informes de la carpeta fiscal, y confirmó que manda audios amenazantes al exportero.

Acevedo aclaró también que la Fiscalía realizó el acta de imputación contra el empresario en marzo, razón por la que el hombre fue citado a una audiencia de imposición de medidas, pero no se presentó.

Su ausencia hizo que el juez le declarara en rebeldía y que el Ministerio Público solicitara la orden de captura internacional.

El hermano y el sobrino de Chilavert fueron rescatados de Ucrania por el Ministerio de Exteriores de Paraguay a principios de año, tras recibir una notificación de la Fiscalía sobre un posible caso de trata de personas que estaban en situación de peligro.

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Sector textil busca continuar fuerte lucha al contrabando de prendas

Con la elección de nuevas autoridades de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), el sector textil pretende apuntar fuertemente al informalismo en el ingreso de prendas al país y para ello pretenden reforzar el acompañamiento a las autoridades en la lucha contra el contrabando y elevar la competitividad del sector.

La renovada comisión directiva del gremio que nuclea a los textiles, está conformada por empresarios de marcas posicionadas en el mercado en el rubro de la confección, las cuales son responsables de generar gran cantidad de empleo, además de crecientes volúmenes de exportación.

Para encarar el compromiso, la AICP eligió a Diego Daud, propietario de APSA Comercial e Industrial, dedicada a varias ramas de la Industria de la Confección, mientras que como vicepresidente primero fue electo Santiago Colombino, propietario de Texco Industries, y como vicepresidente segundo Javier Abbate, propietario de ‘Vago’s’.

Daud apuesta fuertemente a mantener los empleos que el sector genera. La industria emplea aproximadamente a 40.000 personas de forma oficial. Estas son las más afectadas por el contrabando y esto aumentaría al contar a quienes trabajan desde su casa o que, como segundo empleo, confeccionan prendas o sábanas, señaló el flamante titular del gremio textil.

Comparando los nefastos perjuicios que trae el contrabando, dijo que existen precios en el mercado que son irrisorios porque ingresan de manera ilegal o no pagan los impuestos que deberían. No hay industria lo suficientemente eficiente como para sobrevivir a la ilegalidad, expresó.

Para llegar a fortalecer la lucha contra el contrabando de prendas y derivados, dijo que en la AICP se está trabajando en forma conjunta con varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas y la Fiscalía General de la República a fin de encontrar posibles soluciones para el flagelo.

Desde la AICP realizamos diferentes acciones a fin de disminuir este conflicto que afecta a varias familias quienes depende de la industrial textil, como las costureras y otras trabajadoras. Para esta importante labor contamos con la asesoría del ex parlamentario Sebastián Acha y de Francisco de Vargas, encerró.

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Ejecutivo pide a Fiscalía castigar a avivados dentro del Programa Tekoporã

El Poder Ejecutivo presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades en la asignación del beneficio, destinado originalmente a personas en situación de pobreza, dentro del Programa Tekoporã.

Esto saltó tras una auditoria y los controles y las verificaciones han detectado la entrega de aportes a familias que no se encuentran en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza, requisitos para ser beneficiarios del programa, entre otros hechos irregulares constatados, según informaron.

De acuerdo a la denuncia presentada, los hechos detectados podrían estar encuadrados en tipos penales de adquisición fraudulenta de subvenciones, estafa, lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, entre otros que la Fiscalía pudiera detectar en el curso de la investigación solicitada.

La denuncia, formulada contra personas innominadas a fin de que se realicen todas las diligencias necesarias, está firmada por la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Teresa Rojas de Jara, el ministro asesor de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y el ministro auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo.

La formulación de la denuncia es consecuencia de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, mediante el cual se realizaron entrevistas a los beneficiarios del programa con el fin de evaluar si los mismos reúnen los requisitos para recibir las transferencias, verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y observar si las instancias involucradas realizan el trabajo de seguimiento y control.

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Diputados aprueban desafuero de Tomás Rivas

El diputado Tomás Rivas acaba de ser desaforado por sus colegas y a pedido del mismo, después de que la Corte destrabara sus últimas chicanas.

El legislador será sometido a la justicia por el caso de sus caseros que supuestamente eran pagados con dinero del Estado.

En la causa están imputados Lucio Romerro, Reinaldo Chaparro y Nery Franco González por los ilícitos de hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Con esta medida, el legislador puede ser investigado por el Ministerio Público hasta finalizar el proceso. Rivas mantiene su banca, pero procesado por la justicia. La solicitud fue aprobada con 59 votos a favor y Rivas quedó sin inmunidad.

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