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Tío degenerado que abusó de una niña de 12 años rendirá cuentas a la justicia

Un tío degenerado que se aprovechó de una niña de 12 años rendirá cuentas a la justicia por su deleznable acción. Ocurrió en Ñemby y el agente fiscal de la Unidad N 1 de la Fiscalía Zonal de San Antonio, Osmar Segovia, lo imputó y pidió su prisión preventiva.

El hombre será investigado por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños y es probable que termine en la cárcel, porque según afirman, no es la primera vez que comete un hecho reprochable de esta naturaleza.

Los antecedentes que obran en la carpeta fiscal mencionan el relato de la madre de la víctima, afirmando que la niña de 12 años salió de la casa en compañía de su hermana mayor, tras lo cual el tío de ambas llama a la pequeña.

Posteriormente la obligó a ingresar a su vivienda y fue ahí donde ocurrió el hecho. La hermana mayor regresó a su casa para manifestarle de lo ocurrido y según comentó la madre, no es la primera vez que el hombre realiza esto en contra de las niñas del barrio.

El Ministerio Público no difundió el nombre del supuesto degenerado.

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Juez ordena prisión de Justo Cárdenas, ex titular del Inder

El ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, guardará reclusión en la Penitenciaría de Tacumbú, conforme lo decidió esta tarde el juez penal de Garantías, Rolando Duarte.

Cárdenas fue imputado el 23 de noviembre por la fiscala Natalia Fúster, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También fueron imputados sus hijos, Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Alan Cárdenas Rodríguez, por lavado de dinero.

Como resultado de la investigación fiscal, se descubrió que existe un monto de G. 2.644 millones que no pudo justificar y se sospecha proviene de fuentes ilícitas. Entre el 2008 y 2018 Cárdenas tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000, pero sus egresos fueron por G. 8.009.595.082.

Otros datos que llamaron la atención fueron las compras de vehículos por parte de la familia de Cárdenas. Solo en vehículos gastaron G. 1.114 millones, mientras que en inmuebles otros G. 1.292 millones en los últimos años.

El juez dio lugar al pedido del Ministerio Público en cuanto a decretar su prisión preventiva. Ordenó que fuera recluido en el penal de Tacumbú  u otro centro de prisión, si es que la autoridad administrativa así lo considere pertinente, siempre dentro de las competencias del Ministerio de Justicia. Es decir, no le habilita a ir a una cárcel militar o policial.

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Fiscalía dicta prisión preventiva para Justo Cárdenas, ex presidente del Indert

La agente fiscal Natalia Fuster imputó hoy al ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, y ordenó su prisión preventiva. Es por la supuesta  comisión de los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero. También están procesados otros empleados de la entidad citada.

Al respecto, la fiscal Fuster manifestó que “estamos hablando de una falta de justificación de G. 2.644 millones, teniendo en cuenta los ingresos y egresos de Cárdenas en este periodo de 10 años donde ha sido diputado y presidente del Indert”.

El Ministerio Público también incluyó en el proceso a sus hijos María Alexandra Cárdenas Pappalardo, Justo Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez, para quienes se solicitó medidas alternativas a la prisión.

La representante de la Fiscalía aclaró que en la investigación que inició hace un año, dio como resultado que no existe justificación legal entre sus ingresos y los bienes que posee.

Entre los años 2008 y 2018, Cárdenas tuvo un incremento notable en lo que respecta a su patrimonio, donde unos G. 2.644 millones son los que no pudo justificar.

El Juez Penal de Garantías interviniente en la causa es José Agustín Delmas.

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Situación carcelaria viola los derechos humanos, afirman

El abuso de la prisión preventiva provoca hacinamiento en cárceles y por ende, se observa una sistemática violación de los derechos humanos de muchos reclusos. Ante este drama la solución no es construir nuevas cárceles sino encontrar soluciones más prácticas.

Legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos, presidida por senador Gilberto Antonio Apuril, realizaron visitas de observación y verificación a los diferentes centros penitenciarios del país; a raíz de las varias denuncias recibidas.

Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) afirma que el exceso de la prisión preventiva es el problema y no la construcción de cuatro nuevas cárceles.

“Lo que nosotros proponemos es no construir cárceles por construir. La emergencia de la situación penitenciaria no debe implicar construir cárceles. Construir cuatro cárceles lo único que va a lograr es que dentro de cuatro años tengan los mismos problemas que las cárceles actuales”, dijo el comisionado del MNP, Dante Leguizamón en una entrevista con Efe.

El problema al que alude es un abuso de la prisión preventiva que provoca que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena, a pesar de estar encarcelados.

A eso, se suma una edificación de cárceles que no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos, según sostienen desde el MNP, y de ahí que exista un desfase numérico entre los datos del Ministerio de Justicia y los del MNP.

“El cupo (actual en las cárceles) es de 4.310 frente a los 9.000 que dice el Ministerio. Por eso sostenemos hoy que faltan 11.000 plazas, no faltan 6.000 como dice el Ministerio, y mucho menos queremos que este estudio sea utilizado para justificar la construcción de cárceles”, afirmó Leguizamón.

Los cálculos del MNP, basados en recomendaciones internacionales, sostienen que una persona necesita un espacio de siete metros cuadrados y que en una prisión no debe haber más de 500 reclusos.

Por eso, si se atiende a esas directrices, “faltan 22 establecimientos penitenciarios, no cuatro como está planteando el Gobierno”.

Ante esto, Leguizamón aclaró que no quieren que se levanten 22 centros penitenciarios ni que se haga “una inversión fiscal de esa magnitud”, sino que se destine ese monto a “miles de otras cuestiones que podrían prevenir esas situaciones”.

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Fiscal Volve imputa a cuñada del diputado D’Ecclesiis

Juana Carolina Vera González, esposa de Víctor D’Ecclesiis quien a su vez es hermano del diputado Freddy D’Ecclesiis, fue imputada por el fiscal Hugo Volpe. La mujer tendrá prisión preventiva por pedido del Ministerio Público por existir fuertes sospechas de que en sus aeronaves se realizaban tráfico de estupefacientes.

Bajo la figura de de narcotráfico y la facilitación de los medios para el tráfico, el Ministerio Público imputó a Vera González hoy domingo debido a que en dos aviones a su nombre se encontraron restos de supuesta cocaína. El fiscal que atiende el caso mencionó que existen suficientes elementos de sospechas de la participación de la misma por lo que fueron imputados por la comisión de los hechos, expresó Volpe.

Debido a la gravedad del delito, se solicitó la prisión preventiva de la mujer ya que necesariamente debemos pedir la prisión, teniendo en cuenta la expectativa de pena por los dos hechos por los que está imputada, que son considerados crímenes.

Volpe dijo además que por el transporte, nadie le atribuye que ella sea la propietaria de la droga, pero si en las aeronaves de su propiedad se produce el transporte de cocaína, que no se produce en el país, eso tuvo que provenir de otros países como Perú o Colombia, dijo el representante de la fiscalía quien a su vez confirmó que las pruebas principales que son los análisis a través del microaspirado, que determinaron la existencia de partículas de estupefaciente en las aeronaves.

La defensa de Vera refutó esos análisis, diciendo que las avionetas de la cuñada del legislador podrían haberse contaminado con restos de droga en las otras avionetas que no eran de la familia D’Ecclesiis. El fiscal Volpe no dio lugar a esa hipótesis.

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Fiscalía ordena prisión para Barakat

El Ministerio Público ordenó en la mañana del viernes la prisión preventiva del libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos terroristas y actualmente en paradero desconocido, y a quien se le renovó el pasaporte paraguayo pese a haber perdido esa nacionalidad.

Previamente, el Ministerio Público anunció anoche la imputación a Barakat por un presunto delito de producción de documentos de contenido falso, que cometió en repetidas ocasiones.

Barakat recibió en abril pasado un pasaporte del país sudamericano a pesar de que no tenía nacionalidad paraguaya, que había obtenido en 1989, pero le había sido retirada en 2003 por la Corte Suprema de Justicia.

Desde las esferas del Poder Ejecutivo, se espera esclarecer si existieron irregularidades dentro de la Policía Nacional a la hora de concederle el pasaporte y si puede haber delitos conexos.

La investigación paraguaya se suma a las pesquisas de Argentina, que el pasado julio advirtió del posible accionar delictivo en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado «Clan Barakat», integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chií libanés Hizbulá.

La organización estaría liderada por Assad Ahmad Barakat, quien presentaría estrechos vínculos con el liderazgo de Hizbulá desde su centro de operaciones en una galería ubicada en Ciudad del Este, Alto Paraná, según la Unidad de Información Financiera (UIF).

La UIF ordenó entonces congelar bienes y dinero de ese clan, por su supuesta relación con delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Barakat también tiene sus bienes congelados en Estados Unidos, donde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros lo ha designado como terrorista.

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Imputan y solicitan prisión preventiva para Fernández Lippmann

Exsecretario de González Daher, Raúl Fernández Lippmann, fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por parte de la fiscala Victoria Acuña, quien además solicitó la prisión preventiva del mismo.

La fiscala imputó a Fernández Lippmann luego de la revisión de unas cinco cuentas bancarias a nombre del mismo, ya en forma personal como en forma conjunta con otras personas, que demuestran un poderoso movimiento económico incompatible con los haberes percibidos por la función pública que venía desempeñando.

Por estos elementos se presume fundadamente la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo que se dispuso la imputación por los citados delitos, además de su prisión preventiva por ser esos delitos considerados crímenes, así como también la expectativa de pena, que sería de unos diez años.

En este punto del proceso, corresponde al juez penal de Garantías Tadeo Fernández decidir si secunda el pedido de prisión preventiva, ya que el enriquecimiento ilícito está tipificado como crimen y no permite las medidas alternativas a la prisión.

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Ratifican prisión de acusado en el caso MEC

Un Tribunal de Sentencia ratificó hoy la prisión preventiva de Luis Fretes, ex-titular de la UOC del MEC, a fin de realizar el juicio oral y público en la causa, suspendido en cinco ocasiones por chicanerías de los acusados.

El acusado deberá seguirá guardando reclusión en la Comisaría 2° Central de Fernando de la Mora hasta que se realice el juicio. Además de Fretes, en la causa están acusados por lesión de confianza, a raíz de la compra irregular de un edificio, el exministro del MEC, Luis Riart, Marco Ferreira, ex-asesor jurídico, y José Albino Pistilli, ex-director de Administración y Finanzas.

La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo ante el Tribunal de Sentencia, sorteado exclusivamente para estudiar el pedido, ya que el original fue recusado por el señor Fretes, lo cual provocó la quinta suspensión del juicio, lo que motivó la ratificación del juzgado sobre la prisión preventiva.

La presidenta del tribunal, Mesalina Fernández, explicó que ella y sus colegas Fabián Escobar y Fabián Weinsensee, resolvieron confirmar la prisión, debido a que se tiene que asegurar la realización del juicio que hasta ahora no ha podido iniciar.

Además, el abogado no demostró con documentos la enfermedad de su defendido, de quien dijo es cardíaco y necesita tratamiento. Al respecto, la jueza explicó que en la comisaría no se le impedirá recibir sus medicamentos.

Por último, le recomendó al procesado realizar el juicio para que se le pueda revocar la prisión.

 

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Fiscalía imputa a directivos de Protek y pide prisión preventiva

La fiscala María Teresa Ruiz Díaz imputó y solicitó prisión preventiva para los directivos de la empresa Monital SRL, más conocida como Protek, José Joaquín Castillo y Luis Fernando Fretes Schinini. Están acusados por los delitos de violación a la ley de armas y tiene relación con la muerte que propiciaron guardias de seguridad de dicha compañía al joven estudiante, Mauricio Benítez.

La imputación se da en el marco de la investigación sobre la muerte del joven de 22 años, Mauricio Benítez, quien fue ultimado estando en el vehículo de su hermana. Esta denunció un supuesto robo de su rodado y como tenía sistema de seguimiento, se activó la búsqueda por parte de los funcionarios de Protek, quienes al divisar el vehículo supuestamente actuaron con total irresponsabilidad, hiriendo mortalmente al universitario.

La fiscala María Teresa Ruiz Díaz presentó el requerimiento ante al Juzgado Penal de Garantías 3. Además, solicitó la prisión para Castillo y Fretes Schinini.

El hecho ocurrió el jueves 15 en horas de tarde, en la zona de Puerto Botánico de la capital. En la misma causa ya están imputados por el hecho punible de homicidio doloso Julián Herenio Benítez Ojeda y Oscar Tomás Blanco Ozuna, ambos guardias de seguridad.

Según los entendidos estos pueden portar armas, pero solo a modo disuasivo, es decir, no pueden disparar ni actuar como polícías.

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