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La pesada mano de la SET caerá sobre más negocios con faltas tributarias

Como continuidad del operativo de cierre de un local nocturno, el próximo lunes 14 de enero la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) suspenderá las actividades comerciales de varios contribuyentes que no se ajustan a las normas tributarias. El Fisco intervendrá, en forma simultánea, locales que se dedican a la venta de productos electrónicos e informáticos ubicados en Asunción y en ciudades del interior.

El Departamento Jeroviahá, ya anunció que ejecutará el procedimiento de cese temporal de las actividades de varios contribuyentes, luego de constatarse, mediante compras simuladas, la no expedición de comprobantes legales por las operaciones que realizan.

El tiempo de cierre permitirá a los auditores de la SET realizar un control íntegro a los efectos de verificar las documentaciones respaldatorias de las transacciones comerciales y la correcta liquidación de los tributos, por parte de los afectados. En caso de detectarse impuestos pendientes que no han sido ingresados a las arcas del Estado, el contribuyente se expone a multas que oscilan entre el 100% y el 300%, sobre el monto del impuesto evadido.

Por otro lado, luego de los primeros controles aplicados en el sector IRAGRO, varios contribuyentes, asesores y contadores se presentaron en las distintas oficinas de la Administración Tributaria o se comunicación telefónicamente con la SET para informarse. Consultaron sobre la verificación de operaciones, cuentas, Declaraciones Juradas Determinativas e Informativas de uno o varios ejercicios fiscales.

Con estos controles, el Fisco busca que el contribuyente tenga la posibilidad de la revisión y/o corrección de sus Declaraciones. En caso de que corresponda, la Administración Tributaria recomienda la rectificación de las DDJJ a fin de evitar controles más exhaustivos y la aplicación de sanciones más gravosas previstas en la Ley Tributaria.

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Argentina celebra aumento de ventas en productos informáticos

El Gobierno de Argentina aseguró que la retirada de aranceles de productos informáticos terminados, que implementó hace un año, provocó la bajada de los precios y una subida del 47 % en las ventas así como la mejora de la tecnología de esos equipos.

En abril de 2017 se eliminó el impuesto del 35 % que se cobraba a los computadores, notebooks y tablets que ingresaban en el país, ya que el propio presidente, Mauricio Macri, consideró entonces que el gravamen provocaba que los argentinos pagaran precios abusivos por estos bienes.

Según informó el Ministerio de Producción en un comunicado, a un año de la entrada en vigor de esta medida, los precios en dólares de estos productos cayeron un 24 % y también lo hicieron, en un 16 % de media, los procesadores.

En enero de 2018, las ventas del sector crecieron un 47 % frente al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 45.347 unidades.

También, ese mes la facturación subió un 72 % respecto a 2017, según los datos oficiales. La cartera destacó que los equipos adquiridos muestran una mejora tecnológica, ya que la participación de notebooks más potentes alcanzó el 59 % de las ventas en enero, 14 puntos porcentuales más que en el año anterior.

Con esta medida favorecimos la creación de un mercado de más y mejores computadoras beneficiando a los consumidores, afirmó en el comunicado el secretario de Comercio, Miguel Braun.

La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico para las PyMEs y los emprendedores, que necesitan notebooks y computadoras para trabajar y son quienes generan el 70 % del empleo en la Argentina, agregó.

Argentina aplicaba este arancel desde enero de 2013, cuando el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) decidió gravar productos tecnológicos con una resolución adoptada por el Mercosur para protegerse de los desequilibrios en el comercio internacional por el impacto de la crisis global.

El anuncio realizado por el Gobierno de Macri el pasado año preocupó fuertemente a la industria tecnológica nacional, que estimó que no podría competir en precios, y a los sindicatos del sector, por la posible destrucción de puestos de trabajo.

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