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Presentan proyecto de garantía laboral al obrero por paternidad

La diputada Roya Torres presentó un proyecto de ley “De garantía laboral del obrero por paternidad», que prevé el no despido del trabajador, sin causa justificada, un mes antes del parto de su cónyuge hasta seis meses después del mismo. Hasta ahora sólo la mujer cuenta con ese derecho.

La intención es salvaguardar los derechos del niño por nacer y/o del recién nacido y de la familia, según se expresa en la exposición de motivos.

La diputada Torres consideró que urge brindar garantías para obreros del sector público y privado, por paternidad, argumentando que la madre ya tiene un amparo legal que la protege de despedidos injustificados.

“El padre carece de esta garantía y el mayor porcentaje de los empleados asalariados de nuestro país son los padres», explica el marco normativo.

La diputada Roya Torres añade que ante ello, es preciso «garantizar el empleo a los obreros, desde el último mes de gestación de los hijos hasta los seis meses de nacido, en respuesta a los derechos constitucionales del niño».

Un punto importante de este proyecto de ley establece que el padre no podrá acogerse a los beneficios de esta disposición, en caso que incurran en faltas graves de irresponsabilidad, incumplimientos de los deberes con la entidad en que se halla empleado, con pruebas fehacientes de las faltas, de manera que los despidos injustificados serán absolutamente ilegales en el mencionado periodo», detalla el documento.

La autenticidad de la paternidad de los obreros deberá ser demostrada con documentos: libreta de familia, certificado familiar o con testigos de la unión de hecho de las parejas.

El documento fue girado a diferentes comisiones para su estudio y consideración.

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Senado aprueba regular trabajos temporales

La Cámara Alta aprobó este jueves un proyecto de ley para regular el trabajo temporal con objeto de resguardar los derechos de los que trabajen menos de 36 horas semanales, e incluir en el sistema de cotizaciones a la seguridad social a 1,2 millones de personas.

El proyecto, presentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), deberá ser tratado ahora en la Cámara de Diputados, antes de que pueda ser promulgado por el Ejecutivo, según informó el Senado.

En la defensa del proyecto, el senador del Partido Patria Querida Stephan Rasmussen explicó que el objetivo es regular una modalidad de trabajo que existe pero que no está contemplada en el código del trabajo ni en las normativas previsionales actuales, de manera que esa forma de empleo tenga las mismas garantías que los trabajadores a tiempo completo.

La nueva norma será aplicable a aquellos trabajadores cuyos empleos tengan una carga horaria inferior a las 36 horas semanales. Rasmussen indicó que el proyecto permitirá que 1.250.000 personas que trabajan en la informalidad por ganar menos del salario mínimo, fijado actualmente en 359 dólares, puedan realizar aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), y tener derecho a los sistemas de salud y jubilación públicos.

En concreto, el texto establece que para los trabajadores a tiempo parcial que obtengan una remuneración inferior al salario mínimo, el empleador deberá cotizar la diferencia entre el 9 % del salario mínimo legal vigente y el 9 % del salario efectivamente percibido por el trabajador de tiempo parcial.

Dichos trabajadores tendrán derecho al seguro médico y tendrán una pensión en proporción a lo aportado, aunque podrán hacer aportaciones de más de un empleo.

Los senadores de izquierda que se opusieron al proyecto argumentaron que precarizará el mercado laboral y aseguraron que la norma es anticonstitucional, porque la Carta Magna establece que el Estado debe crear políticas de empleo total, no parcial.

En Paraguay, un 66 % de la masa laboral trabaja de manera informal, según datos de la cartera de Trabajo. El proyecto, presentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), deberá ser tratado ahora en la Cámara de Diputados, antes de que pueda ser promulgado por el Ejecutivo, según informó el Senado.

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Senatur pide que se le transfiera el local que ocupa actualmente

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) reclama para si el inmueble que actualmente ocupa, de modo a realizar mejoras en el edificio, ubicado sobre la calle Palma casi 14 de Mayo de Asunción.

Sofía Montiel, ministra de la cartera estatal se reunió ayer para hablar del tema con los diputados, encabezado por su titular, Miguel Cuevas. La funcionaria solicitó el tratamiento de un proyecto de ley que permitirá la trasferencia del predio que ocupan a favor de la institución.

La ministra encontró muy buena receptividad en el titular de la Cámara Baja y confía en que, en la brevedad posible, el documento que se encuentra en comisiones, sea analizado y tratado en el pleno ya que habló sobre urgentes restauraciones que necesita el edificio.

“Hemos solicitado que sea tratado el pedido sobre la transferencia del edificio que hoy estamos utilizando como sede de la secretaría, de modo a hacer inversiones fuertes, necesarias, para el mantenimiento de la infraestructura en sí, tratándose de una sitio patrimonial”, indicó la titular de la Senatur.

Turismo en Paraguay

Por otro lado, dijo que la institución vienen participando de varias reuniones de modo a dar a conocer algunos números en cuanto a lo que hace al desarrollo del turismo de reuniones, convenciones y eventos, que es uno de los ejes principales que viene trabajando la Secretaría Nacional de Turismo con el sector privado.

“Hemos estado compartiendo las muestras que dan los resultados del observatorio turístico, que es una instancia donde se manejan las estadísticas, y dan como resultado que, más de 890 eventos se han captado desde el año 2017 al 2018, y que ha tenido como epicentro, fundamentalmente, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación”, remarcó la funcionaria.

Indicó que los resultados le dan la posibilidad de poder seguir apostando y solicitando la interacción de todas las instituciones públicas de manera a que puedan ceder información referente a los eventos que organizan, como así también a los eventos en los que participan.

La intención, según refirió, es que pueda candidatarse a Paraguay para ser sede, con mayor frecuencia, de eventos de nivel internacional. “Ese es el objetivo principal, considerando el factor y los beneficios económicos que estos generan para nuestro país; es importante destacar que un turista que asista a este tipo de eventos o convenciones internacionales, gasta cuatro veces más que un turista convencional, ese es el motivo principal”, sostuvo.

 

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Presentarán proyectos de ley que coadyuven a mejorar el clima de negocios

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso tres proyectos de ley, con la intención de contribuir a mejorar el clima de negocios, elevar la competitividad de los emprendedores, incrementar la formalización de la economía y facilitar la apertura y financiamiento de Mipymes.

Este paquete de propuestas va en línea con otras medidas que buscan un mayor vigor y dinamismo de la economía y fomentar el empleo, mencionaron desde el Ministerio de Hacienda.

Los proyectos que serán enviados al Legislativo en los próximos días consisten en un Proyecto de Ley de Garantía Mobiliaria, Proyecto de Ley de Insolvencia y Proyecto de Ley de Acciones Simplificadas.

Un adelanto sobre lo que contendrá este paquete de proyectos de leyes fue dado a conocer en el curso de un encuentro realizado en el Banco Central del Paraguay (BCP), del que participaron autoridades de los Ministerios de Hacienda, Justicia, Industria y Comercio y del BCP.

Al respecto, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán, manifestó que el Gobierno desea poner énfasis en proyectos que den atención a problemas estructurales que no permiten el desarrollo de los negocios con mayor rapidez.

A fin de mejorar el clima de negocios en nuestro país, se buscará facilitar y reducir el tiempo y el costo para la apertura de empresas; facilitar el acceso a créditos para llevar adelante estos negocios y finalmente tener un esquema de cierre de empresas que sea más expeditivo y menos costoso.

Mencionó que la apertura de negocios es actualmente un aspecto crítico en el que el Paraguay no tiene buena calificación, ya que en el Ranking de Competitividad del Banco Mundial (Doing Business) nuestro país está en el puesto N° 113. Puso como ejemplo que en la región el tiempo promedio para la apertura de un negocio es de 10 días, y cuesta el 10% del ingreso per cápita. En tanto que aquí una operación similar demora más de 35 días y significa el 40% del ingreso per cápita.

En virtud de ello, el Poder Ejecutivo apunta a que este proceso de apertura de negocios sea más rápido, que lleve alrededor de 24 horas hábiles, es decir, aproximadamente tres días, sea 100% digital y gratuito.

Así también el viceministro Colmán expresó que la idea del proyecto de Garantía Mobiliaria es que el emprendedor pueda acceder a dinero para realizar inversiones, que sea una herramienta para la obtención del crédito, mientras que la figura de Cierre de Empresas tiene que ser fácil para que una persona pueda recuperar su dinero en tiempo y forma.

Afirmó que las tres propuestas de leyes pretenden facilitar que el emprendedor tenga en el futuro la formalización, esto es constituir la empresa con vida jurídica, por lo que el paquete está enfocado directamente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están en la informalidad. La idea no es combatir a las empresas, sino ayudarlas a formalizarse.

Entre las autoridades que participaron del encuentro informativo, además del viceministro Humberto Colmán, estuvieron Pascual Barrios, viceministro de Justicia; Isaac Godoy, viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio; Marcos González, gerente de la Unidad Jurídica del BCP; Jazmin Gustale, de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República; y Carmen Marín, directora de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda.

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Estaciones de servicio se muestran en contra de la ley de aumento al biodiesel

La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (APESA), en conferencia de prensa, ratificaron su postura en contra del proyecto de ley que obligaría a los emblemas a mezclar hasta en un 15% el biodiesel, con todos los tipos de diésel que se venden en el país.

Esta es la postura de todos los sectores involucrados, los importadores, los productores, los reguladores, la planta de la propia estatal Petropar, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), todos los sectores estamos representando la posición de que esta ley vendría a totalmente ponerse de contramano a un proceso que venimos desarrollando, como es el aumento gradual de la mezcla con biodiesel, sostuvo el titular de APESA , Alejandro Guggiari

Al respecto, el  director general de Combustibles del MIC, Luis Villalba, explicó que esta cartera tiene dos roles dentro de su ley que le generan todas las atribuciones  para el ordenamiento del mercado. En su rol de desarrollador y fomento de las industrias y particularmente como el caso de este proyecto que habla de un impulso a la agroindustria.

Celebramos cualquier tipo de iniciativa que propugnan estos postulados, pero por otro lado el MIC tiene el rol de regulador y le compete garantizar las condiciones del mercado, avalar la calidad de la producción y garantizar principalmente la sostenibilidad de cualquier propuesta que generen nuevas condiciones para el desarrollo, en este caso de un biocombustible que tiene mucha incidencia en lo que hace a la mezcla con el combustible fósil, que es en este caso el diésel.

Con relación al borrador de proyecto de ley, sobre la mezcla del 15% del biodiesel , el Ministerio de Industria y Comercio ya presentó sus sugerencias, opiniones y posición, relativos  a aspectos técnicos, no se puede desconocer lo que pudiera afectar esta mezcla del 15% al parque automotor diésel, donde no existen experiencias probadas a nivel regional ni internacional con tal porcentaje de mezcla,  de hecho en todos los manuales de operación de las diferentes marcas de auto vehículos determinan claramente que hasta un 10% eventualmente podría darse la mezcla del biodiesel con el diésel fósil, admitió el director.

Hoy, la industria productora de biodiesel tiene una capacidad de cubrir la demanda de hasta un 3% a la mezcla con el diésel fósil, considerando el crecimiento sostenido de aproximadamente un 9% del consumo del diésel, nos lleva a una demanda de 56 millones de litros de biodiesel por año, lo cual es la capacidad máxima instalada hoy y satisfaría el  3% de mezcla, incluso forzando. Afirmó Villalba.

El director general, Luis Villalba, señaló que el MIC acompaña e impulsa la libre competencia y en esa línea negociamos también internacionalmente la captación de inversiones. Hoy día la libre competencia es la que determina la eficiencia de los diferentes actores en la cadena, por lo tanto, no correspondería que se genere por ley un sistema de cupos de participación en el mercado.

Finalmente en lo referente a la propuesta de un fondo de sustentabilidad, es criterio de este Ministerio que si el mismo se aplica al valor del precio  de comercialización, lo único que haría es encarecer aún más la estructura del costo de un producto que realmente tendría que contribuir al medio ambiente, pero que también está en la generación de divisas al país.

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Oposición plantea bajar precio de la energía eléctrica

Distintos partidos de la oposición paraguaya presentarán este lunes ante la ciudadanía un proyecto de ley que plantea una rebaja de hasta el 90 % en el precio de la energía eléctrica para las clases medias y populares.

La iniciativa, impulsada por el Frente Guasu, el Partido Liberal (PLRA) y otras formaciones minoritarias, defiende el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano que debe ser verdaderamente accesible en un país como Paraguay, que cuenta con dos represas hidroléctricas en su territorio.

El proyecto de ley que se presentará este lunes pretende establecer un descuento del 90 % para quienes consuman hasta 150kWh/mes.

Las tarifas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), fijadas por decreto del Poder Ejecutivo el 10 de marzo de 2017, contemplan un precio de 0,05 dólares por kilovatio hora (311,55 guaraníes/kWh), para una franja de consumo de entre 0 y 50 kWh, mientras que para un consumo superior a 1.000 kWh el precio asciende a 0,07 dólares/kWh (431,51 guaraníes/kWh).

A juicio de la oposición, esta medida beneficiará a los sectores de la sociedad con menos poder adquisitivo y que hacen un menor consumo de la electricidad.

Además, el proyecto de ley pretende convertirse también en una reivindicación de la soberanía hidroeléctrica de Paraguay, que comparte con Brasil la energía producida en la represa de Itaipú y con Argentina la de la represa de Yacyretá.

Paraguay deberá renegociar en el año 2023 con Brasil el anexo C del Tratado de Itaipú, y decidir qué hará con el 50 % que le corresponde de la energía generada por la represa, ya que hasta ahora debía vender los excedentes al país vecino a precio de coste.

En días antes de las elecciones generales de abril del presente año, el principal contendiente de la oposición, Efraín Alegre, ya contemplaba como plataforma de Gobierno, la reducción del precio de la electricidad utilizada en Paraguay.

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Senado pasó para marzo importantes proyectos de Ley

El Senado paraguayo decidió en la última sesión ordinaria, aplazar hasta marzo de 2019 el tratamiento de tres proyectos de ley relativos a la lucha contra el lavado de dinero, y que se enmarcan dentro de un paquete de 12 medidas presentado en noviembre por el Ejecutivo.

La iniciativa de la postergación surgió del senador Enrique Bacchetta, del Partido Colorado, que alegó la conveniencia de tratar el paquete completo después del receso parlamentario, que comenzará a finales de diciembre y se prolongará hasta marzo del próximo año.

Los tres proyectos incluidos en el orden del día contemplaban la creación de instancias penales especializadas en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado; la tipificación y sanción de hechos punibles de cohecho y soborno transnacional y un tercer proyecto de ley que modificaba una normativa previa sobre la administración de bienes incautados y decomisados.

Estas iniciativas formaban parte del paquete de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, presentado el pasado 22 de noviembre por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en el Congreso.

El objetivo de esas medidas es preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la que se someterá en 2020.

Los resultados se harán públicos el 3 de diciembre de 2020, y Paraguay confía en evitar el reingreso en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

Paraguay consiguió abandonar ese grupo en 2012, cuando se reconocieron sus esfuerzos por atajar esa problemática, y un año después, en 2013, se presentó el plan estratégico que ahora se pretende actualizar.

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Presidente veta totalmente proyecto para regular encuestas electorales

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó el proyecto de ley aprobado con sanción ficta en el Congreso para regular la realización y difusión de las encuestas electorales, según informó la Presidencia.

El Ejecutivo consideró que el proyecto vulnera los derechos y principios constitucionales y restringe la información que los medios de comunicación pueden proporcionar a los ciudadanos.

Por tanto, la decisión del Gobierno remite de nuevo el documento al Congreso, para su nuevo tratamiento, de acuerdo a la página web de la Presidencia, que publica hoy el decreto, con fecha de 28 de noviembre.

Esta iniciativa legislativa fue presentada en mayo de este año por el Partido Liberal, el mayor de la oposición, después de que denunciara a tres encuestadores por un supuesto delito de engaño al elector antes de los comicios generales del 22 de abril, en los que se impuso Abdo Benítez, entonces candidato del Partido Colorado.

Ese proyecto de ley pretendía que los candidatos electorales conocieran de antemano las preguntas que conformarían la encuesta para poder opinar sobre ellas.

Además, contemplaba que las empresas encuestadoras estuvieran registradas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), institución que después se encargaría de evaluar a esas compañías en función del grado de acierto entre sus pronósticos y el resultado final de los comicios.

El proyecto fue aprobado en la Cámara Alta el pasado 26 de junio, pero encontró barreras en Diputados, que dilataron su tratamiento hasta que recibió sanción ficta en octubre.

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El campo aporta el 21% de los tributos, dice material que habla de tributación en el sector productivo

De cara al tratamiento en particular del proyecto de Ley que pretende gravar la exportación de la soja en estado natural en el Parlamento Nacional, los productores agremiados a la Unión de Gremios de la Producción (UGP), lanzará un libro donde explican de manera completa sobre el aporte del sector agroindustrial al Fisco.

Sobre el punto, la UGP dio a conocer algunos datos extraídos del nuevo material que informan los movimientos tributarios del sector agrícola desde el periodo 2014-2016, donde la agroindustria y derivados llegaron a tributar ingresos de hasta el 21,8% del total que consta en la administración central.

Si se simplifica, significa que de cada 100 guaraníes, cerca de 22 guaraníes proviene de estos sectores relacionados con la producción según lo difundido por los representantes de la UGP quien, a manera comparativa, mencionaron que la suma recaudada es mayor que la contribución de los royalties e incluso a varias fuentes del sistema financiero.

Este aporte representó en promedio 2,3 veces la contribución en concepto de royalties de las entidades binacionales y 17,5 veces la contribución del sistema bancario y financiero, explicaron desde el gremio productivo según datos desprendidos de la publicación.

El material es parte del trabajo intelectual del economista Aldo Centurión y su objetivo es dar a conocer a la ciudadanía el aporte tributario real del sector de la producción al Fisco.

Los sectores que apoyan a la UGP adelantaron que en la semana plantearán actividades para acompañar el tratamiento de la Ley en el Congreso Nacional.

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Diputados endurecen penas para contrabandistas

La Cámara Baja aprobó un proyecto de Ley que tiene por objetivo ampliar las penas para delitos de contrabando, en especial los que tienen que ver con frutas y hortalizas. El proyecto pretende sanciones de 5 a 10 años para aquellos que incurran en esta práctica. A esto se sumarían los funcionarios públicos que ayuden a realizar estas acciones ilegales indistintamente si los mismos apoyan con actos concretos u omisiones para el desarrollo del flagelo.

El proyectista, diputado Colym Soroka del Partido Colorado, dijo que la medida es así de dura para poder proteger a los pequeños productores nacionales. Por el contrario, la patriaqueridista Rocío Vallejo dijo que el contrabando no se solucionará aumentando las penas pero sí cumpliendo las medidas que ya existen, recordando que hasta ahora no hay personas que afronten cargos por decomiso de mercaderías a gran escala.

En el momento que decidían los plazos para las sanciones, se produjo un incidente entre los parlamentarios ya que la diputada Celeste Amarilla (PLRA) denunció que el voto del diputado Pedro Alliana figuraba en el tablero contador, siendo que el parlamentario no se encontraba en la sala.

Pasado el momento tenso, se volvió a reconsiderar el proyecto y quedó sancionada la versión que establece las nuevas penas.

El incómodo momento dio pie a que las bancadas de diputados de la ANR, por el movimiento Honor Colorado, y del PLRA abandonaron la sesión, quedando la misma sin quórum.

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