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Presentarán proyectos de ley que coadyuven a mejorar el clima de negocios

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso tres proyectos de ley, con la intención de contribuir a mejorar el clima de negocios, elevar la competitividad de los emprendedores, incrementar la formalización de la economía y facilitar la apertura y financiamiento de Mipymes.

Este paquete de propuestas va en línea con otras medidas que buscan un mayor vigor y dinamismo de la economía y fomentar el empleo, mencionaron desde el Ministerio de Hacienda.

Los proyectos que serán enviados al Legislativo en los próximos días consisten en un Proyecto de Ley de Garantía Mobiliaria, Proyecto de Ley de Insolvencia y Proyecto de Ley de Acciones Simplificadas.

Un adelanto sobre lo que contendrá este paquete de proyectos de leyes fue dado a conocer en el curso de un encuentro realizado en el Banco Central del Paraguay (BCP), del que participaron autoridades de los Ministerios de Hacienda, Justicia, Industria y Comercio y del BCP.

Al respecto, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán, manifestó que el Gobierno desea poner énfasis en proyectos que den atención a problemas estructurales que no permiten el desarrollo de los negocios con mayor rapidez.

A fin de mejorar el clima de negocios en nuestro país, se buscará facilitar y reducir el tiempo y el costo para la apertura de empresas; facilitar el acceso a créditos para llevar adelante estos negocios y finalmente tener un esquema de cierre de empresas que sea más expeditivo y menos costoso.

Mencionó que la apertura de negocios es actualmente un aspecto crítico en el que el Paraguay no tiene buena calificación, ya que en el Ranking de Competitividad del Banco Mundial (Doing Business) nuestro país está en el puesto N° 113. Puso como ejemplo que en la región el tiempo promedio para la apertura de un negocio es de 10 días, y cuesta el 10% del ingreso per cápita. En tanto que aquí una operación similar demora más de 35 días y significa el 40% del ingreso per cápita.

En virtud de ello, el Poder Ejecutivo apunta a que este proceso de apertura de negocios sea más rápido, que lleve alrededor de 24 horas hábiles, es decir, aproximadamente tres días, sea 100% digital y gratuito.

Así también el viceministro Colmán expresó que la idea del proyecto de Garantía Mobiliaria es que el emprendedor pueda acceder a dinero para realizar inversiones, que sea una herramienta para la obtención del crédito, mientras que la figura de Cierre de Empresas tiene que ser fácil para que una persona pueda recuperar su dinero en tiempo y forma.

Afirmó que las tres propuestas de leyes pretenden facilitar que el emprendedor tenga en el futuro la formalización, esto es constituir la empresa con vida jurídica, por lo que el paquete está enfocado directamente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están en la informalidad. La idea no es combatir a las empresas, sino ayudarlas a formalizarse.

Entre las autoridades que participaron del encuentro informativo, además del viceministro Humberto Colmán, estuvieron Pascual Barrios, viceministro de Justicia; Isaac Godoy, viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio; Marcos González, gerente de la Unidad Jurídica del BCP; Jazmin Gustale, de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República; y Carmen Marín, directora de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda.

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Estaciones de servicio se muestran en contra de la ley de aumento al biodiesel

La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (APESA), en conferencia de prensa, ratificaron su postura en contra del proyecto de ley que obligaría a los emblemas a mezclar hasta en un 15% el biodiesel, con todos los tipos de diésel que se venden en el país.

Esta es la postura de todos los sectores involucrados, los importadores, los productores, los reguladores, la planta de la propia estatal Petropar, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), todos los sectores estamos representando la posición de que esta ley vendría a totalmente ponerse de contramano a un proceso que venimos desarrollando, como es el aumento gradual de la mezcla con biodiesel, sostuvo el titular de APESA , Alejandro Guggiari

Al respecto, el  director general de Combustibles del MIC, Luis Villalba, explicó que esta cartera tiene dos roles dentro de su ley que le generan todas las atribuciones  para el ordenamiento del mercado. En su rol de desarrollador y fomento de las industrias y particularmente como el caso de este proyecto que habla de un impulso a la agroindustria.

Celebramos cualquier tipo de iniciativa que propugnan estos postulados, pero por otro lado el MIC tiene el rol de regulador y le compete garantizar las condiciones del mercado, avalar la calidad de la producción y garantizar principalmente la sostenibilidad de cualquier propuesta que generen nuevas condiciones para el desarrollo, en este caso de un biocombustible que tiene mucha incidencia en lo que hace a la mezcla con el combustible fósil, que es en este caso el diésel.

Con relación al borrador de proyecto de ley, sobre la mezcla del 15% del biodiesel , el Ministerio de Industria y Comercio ya presentó sus sugerencias, opiniones y posición, relativos  a aspectos técnicos, no se puede desconocer lo que pudiera afectar esta mezcla del 15% al parque automotor diésel, donde no existen experiencias probadas a nivel regional ni internacional con tal porcentaje de mezcla,  de hecho en todos los manuales de operación de las diferentes marcas de auto vehículos determinan claramente que hasta un 10% eventualmente podría darse la mezcla del biodiesel con el diésel fósil, admitió el director.

Hoy, la industria productora de biodiesel tiene una capacidad de cubrir la demanda de hasta un 3% a la mezcla con el diésel fósil, considerando el crecimiento sostenido de aproximadamente un 9% del consumo del diésel, nos lleva a una demanda de 56 millones de litros de biodiesel por año, lo cual es la capacidad máxima instalada hoy y satisfaría el  3% de mezcla, incluso forzando. Afirmó Villalba.

El director general, Luis Villalba, señaló que el MIC acompaña e impulsa la libre competencia y en esa línea negociamos también internacionalmente la captación de inversiones. Hoy día la libre competencia es la que determina la eficiencia de los diferentes actores en la cadena, por lo tanto, no correspondería que se genere por ley un sistema de cupos de participación en el mercado.

Finalmente en lo referente a la propuesta de un fondo de sustentabilidad, es criterio de este Ministerio que si el mismo se aplica al valor del precio  de comercialización, lo único que haría es encarecer aún más la estructura del costo de un producto que realmente tendría que contribuir al medio ambiente, pero que también está en la generación de divisas al país.

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Oposición plantea bajar precio de la energía eléctrica

Distintos partidos de la oposición paraguaya presentarán este lunes ante la ciudadanía un proyecto de ley que plantea una rebaja de hasta el 90 % en el precio de la energía eléctrica para las clases medias y populares.

La iniciativa, impulsada por el Frente Guasu, el Partido Liberal (PLRA) y otras formaciones minoritarias, defiende el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano que debe ser verdaderamente accesible en un país como Paraguay, que cuenta con dos represas hidroléctricas en su territorio.

El proyecto de ley que se presentará este lunes pretende establecer un descuento del 90 % para quienes consuman hasta 150kWh/mes.

Las tarifas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), fijadas por decreto del Poder Ejecutivo el 10 de marzo de 2017, contemplan un precio de 0,05 dólares por kilovatio hora (311,55 guaraníes/kWh), para una franja de consumo de entre 0 y 50 kWh, mientras que para un consumo superior a 1.000 kWh el precio asciende a 0,07 dólares/kWh (431,51 guaraníes/kWh).

A juicio de la oposición, esta medida beneficiará a los sectores de la sociedad con menos poder adquisitivo y que hacen un menor consumo de la electricidad.

Además, el proyecto de ley pretende convertirse también en una reivindicación de la soberanía hidroeléctrica de Paraguay, que comparte con Brasil la energía producida en la represa de Itaipú y con Argentina la de la represa de Yacyretá.

Paraguay deberá renegociar en el año 2023 con Brasil el anexo C del Tratado de Itaipú, y decidir qué hará con el 50 % que le corresponde de la energía generada por la represa, ya que hasta ahora debía vender los excedentes al país vecino a precio de coste.

En días antes de las elecciones generales de abril del presente año, el principal contendiente de la oposición, Efraín Alegre, ya contemplaba como plataforma de Gobierno, la reducción del precio de la electricidad utilizada en Paraguay.

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Senado pasó para marzo importantes proyectos de Ley

El Senado paraguayo decidió en la última sesión ordinaria, aplazar hasta marzo de 2019 el tratamiento de tres proyectos de ley relativos a la lucha contra el lavado de dinero, y que se enmarcan dentro de un paquete de 12 medidas presentado en noviembre por el Ejecutivo.

La iniciativa de la postergación surgió del senador Enrique Bacchetta, del Partido Colorado, que alegó la conveniencia de tratar el paquete completo después del receso parlamentario, que comenzará a finales de diciembre y se prolongará hasta marzo del próximo año.

Los tres proyectos incluidos en el orden del día contemplaban la creación de instancias penales especializadas en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado; la tipificación y sanción de hechos punibles de cohecho y soborno transnacional y un tercer proyecto de ley que modificaba una normativa previa sobre la administración de bienes incautados y decomisados.

Estas iniciativas formaban parte del paquete de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, presentado el pasado 22 de noviembre por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en el Congreso.

El objetivo de esas medidas es preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la que se someterá en 2020.

Los resultados se harán públicos el 3 de diciembre de 2020, y Paraguay confía en evitar el reingreso en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

Paraguay consiguió abandonar ese grupo en 2012, cuando se reconocieron sus esfuerzos por atajar esa problemática, y un año después, en 2013, se presentó el plan estratégico que ahora se pretende actualizar.

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Presidente veta totalmente proyecto para regular encuestas electorales

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó el proyecto de ley aprobado con sanción ficta en el Congreso para regular la realización y difusión de las encuestas electorales, según informó la Presidencia.

El Ejecutivo consideró que el proyecto vulnera los derechos y principios constitucionales y restringe la información que los medios de comunicación pueden proporcionar a los ciudadanos.

Por tanto, la decisión del Gobierno remite de nuevo el documento al Congreso, para su nuevo tratamiento, de acuerdo a la página web de la Presidencia, que publica hoy el decreto, con fecha de 28 de noviembre.

Esta iniciativa legislativa fue presentada en mayo de este año por el Partido Liberal, el mayor de la oposición, después de que denunciara a tres encuestadores por un supuesto delito de engaño al elector antes de los comicios generales del 22 de abril, en los que se impuso Abdo Benítez, entonces candidato del Partido Colorado.

Ese proyecto de ley pretendía que los candidatos electorales conocieran de antemano las preguntas que conformarían la encuesta para poder opinar sobre ellas.

Además, contemplaba que las empresas encuestadoras estuvieran registradas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), institución que después se encargaría de evaluar a esas compañías en función del grado de acierto entre sus pronósticos y el resultado final de los comicios.

El proyecto fue aprobado en la Cámara Alta el pasado 26 de junio, pero encontró barreras en Diputados, que dilataron su tratamiento hasta que recibió sanción ficta en octubre.

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El campo aporta el 21% de los tributos, dice material que habla de tributación en el sector productivo

De cara al tratamiento en particular del proyecto de Ley que pretende gravar la exportación de la soja en estado natural en el Parlamento Nacional, los productores agremiados a la Unión de Gremios de la Producción (UGP), lanzará un libro donde explican de manera completa sobre el aporte del sector agroindustrial al Fisco.

Sobre el punto, la UGP dio a conocer algunos datos extraídos del nuevo material que informan los movimientos tributarios del sector agrícola desde el periodo 2014-2016, donde la agroindustria y derivados llegaron a tributar ingresos de hasta el 21,8% del total que consta en la administración central.

Si se simplifica, significa que de cada 100 guaraníes, cerca de 22 guaraníes proviene de estos sectores relacionados con la producción según lo difundido por los representantes de la UGP quien, a manera comparativa, mencionaron que la suma recaudada es mayor que la contribución de los royalties e incluso a varias fuentes del sistema financiero.

Este aporte representó en promedio 2,3 veces la contribución en concepto de royalties de las entidades binacionales y 17,5 veces la contribución del sistema bancario y financiero, explicaron desde el gremio productivo según datos desprendidos de la publicación.

El material es parte del trabajo intelectual del economista Aldo Centurión y su objetivo es dar a conocer a la ciudadanía el aporte tributario real del sector de la producción al Fisco.

Los sectores que apoyan a la UGP adelantaron que en la semana plantearán actividades para acompañar el tratamiento de la Ley en el Congreso Nacional.

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Diputados endurecen penas para contrabandistas

La Cámara Baja aprobó un proyecto de Ley que tiene por objetivo ampliar las penas para delitos de contrabando, en especial los que tienen que ver con frutas y hortalizas. El proyecto pretende sanciones de 5 a 10 años para aquellos que incurran en esta práctica. A esto se sumarían los funcionarios públicos que ayuden a realizar estas acciones ilegales indistintamente si los mismos apoyan con actos concretos u omisiones para el desarrollo del flagelo.

El proyectista, diputado Colym Soroka del Partido Colorado, dijo que la medida es así de dura para poder proteger a los pequeños productores nacionales. Por el contrario, la patriaqueridista Rocío Vallejo dijo que el contrabando no se solucionará aumentando las penas pero sí cumpliendo las medidas que ya existen, recordando que hasta ahora no hay personas que afronten cargos por decomiso de mercaderías a gran escala.

En el momento que decidían los plazos para las sanciones, se produjo un incidente entre los parlamentarios ya que la diputada Celeste Amarilla (PLRA) denunció que el voto del diputado Pedro Alliana figuraba en el tablero contador, siendo que el parlamentario no se encontraba en la sala.

Pasado el momento tenso, se volvió a reconsiderar el proyecto y quedó sancionada la versión que establece las nuevas penas.

El incómodo momento dio pie a que las bancadas de diputados de la ANR, por el movimiento Honor Colorado, y del PLRA abandonaron la sesión, quedando la misma sin quórum.

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Congresistas de EE.UU condenan la relación entre Irán y el Frente Polisario

Los congresistas republicanos Joe Wilson, Carlos Curbelo y el demócrata Gerry Connolly presentaron, por primera vez, en el congreso de Estados Unidos, un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, en el que reafirman la relación entre los Estados Unidos y el Reino de Marruecos, al tiempo que condenan la maniobra entre el movimiento separatista del ‘‘polisario’’ y Hezbola.

El texto denuncia las finalidades desestabilizadoras de Irán en el Norte de África y en otras regiones, así como las recientes maniobras del ‘‘polisario’’, una organización terrorista financiada por el régimen de Teherán.

El congresista Joe Wilson, recuerda que el Reino de Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos en 1777 y sigue siendo un aliado estratégico y socio para la paz en Medio Oriente y el Norte de África.

En su documento, Joe Wilson ha condenado al régimen de Irán que ha estado financiando al ‘‘polisario’’ para cometer ataques terroristas contra Marruecos. El proyecto de ley, reafirma el apoyo al plan marroquí de autonomía, calificándole de serio, creíble y realista y llama al Presidente Donald Trump, al Secretario de Estado Mike Pompeo y a la representante de la ONU, a apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para que promuevan un arreglo pacífico a la cuestión del Sahara marroquí.

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Destacan aniversario de la Ley de transparencia apuntando a datos abiertos

La ley de transparencia cumplió hoy cuatro años en activo, cuando el Congreso busca profundizar en el acceso ciudadano a la información pública con el estudio de un Proyecto de Ley de datos abiertos que regule las declaraciones juradas de los funcionarios.

El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, evaluó hoy martes el impacto de esta normativa en el camino de la democratización paraguaya y recordó que nació gracias a la persistencia ciudadana, los medios de prensa y la voluntad política.

El acceso a la información es considerado un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado y, a la vez, una herramienta imprescindible para la democracia, con ella se transparenta la gestión pública, agregó el ministro.

No obstante, el derecho a informarse que reconoce el artículo 28 de la Constitución paraguaya tardó 22 años en ser reglamentado, como recordó Ríos en su intervención. Cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, el ministro aseguró que se encuentra en proceso de fortalecimiento y destacó que han recibido 14.000 consultas con una valoración positiva de las respuestas obtenidas.

Ríos señaló que esta normativa no acabará con la corrupción en el país, pero sí es la vía idónea que posibilitará una mejor vigilancia del manejo de la cosa pública.

En esa misma línea se pronunció la titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Teresa Rojas, para quien esta ley es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción.

La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servicios públicos y la ciudadanía son débiles, apuntó Rojas.

La titular de la Senac defendió el derecho ciudadano a al acceso a una información pública fácil, rápida, efectiva, en formato reutilizable y gratuito.

En representación de la sociedad civil tomó la palabra el periodista Daniel Vargas, quien advirtió de que estas leyes deben ir más allá de la imagen.

Espero que los senadores que están estudiando una ley de datos abiertos en realidad sea (una ley que muestre) desde la puerta y hasta el sótano, no solo hasta la puerta, señaló.

Paraguay fue el país número 100 en el mundo en adoptar una ley que facilita el acceso ciudadano a la información pública. Durante diez años organizaciones de la sociedad civil clamaron por un proyecto de ley de información, lo que cayó en saco roto en el Congreso.

El momento de inflexión de la nueva normativa ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia publicó por primera vez los cargos y los sueldos de los funcionarios judiciales, tras peticiones de la ciudadanía y los periodistas.

La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todos los entes públicos a divulgar cualquier información que no esté clasificada como secreta.

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Ejecutivo presenta proyecto de ley para que sesiones de la Corte sean televisadas

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso Nacional un proyecto de Ley que obligue a la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura, a transmitir en vivo y en directo sus sesiones, en el marco de la política de transparencia que pretende implementar el presidente Mario Abdo Benítez.

Los ministros Juan Ernesto Villamayor y Eduardo Petta fueron los encargados de presentar al público el plan normativo. Los mismos indicaron que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es en el marco de la Política de Transparencia del Gobierno.

De aprobarse este proyecto todas las sesiones de la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura deberán ser televisadas e igualadas con las reuniones de ambas cámaras del Congreso Nacional.

Hasta el momento, las sesiones de la Cortes y del Consejo de la Magistratura se realizan entre cuatro paredes y no se conoce el debate interno para la toma de decisiones.

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