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Legisladores indagan sobre supuesto delito ambiental de futura cementera privada

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) inició acciones para esclarecer las denuncias periodísticas donde se menciona que el emprendimiento de la cementera italiana COLACEM PY se realiza dentro de los límites de la Reserva Natural Tagatiya-Mi, en el departamento de Concepción.

Se trata de un área silvestre protegida, declarada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3620, donde el emprendimiento industrial prevé una deforestación de 2.000 hectáreas de bosques nativos, aproximadamente.

En el marco de sus funciones legales, la comisión legislativa ha pedido informes detallados a la Fiscalía General del Estado; Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Forestal Nacional y Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Se indaga a la Fiscalía, cuya titular es la fiscal Sandra Quiñónez, sobre la existencia de alguna carpeta fiscal abierta sobre el caso y en caso afirmativo el detalle del estado procesal. También se pregunta si existe alguna comunicación de parte del Ministerio del Ambiente al respecto.

Por su parte, la cartera del Ambiente, a cargo del ministro Ariel Oviedo, debe responder si en la institución obra registro de Declaración de Impacto Ambiental o Licencia Ambiental otorgada a nombre de la empresa COLACEM PY. Asimismo, se pide informe sobre la realización de alguna fiscalización o intervención, y el estado de la misma.

La Conaderna recordó al ministro Oviedo la vigencia de la Ley N° 4770 que modifica el artículo 202 de la Ley N° 1160/97 “Código Penal”, que habla de perjuicio a Reservas Naturales y tipifica como hecho punible el que dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección, realizara en forma ilegal actividades tipificadas en la ley, el que incumpliera cuestiones significativas del Plan de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de dominio público o privado, capaces de generar daños graves o permanentes al ecosistema.

Refiere que es un agravante cuando se actuara con intenciones o fines comerciales o el hecho haya sido muy grave, y que la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.

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