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Ong IDEA presentó a la Fiscalía denuncia sobre deforestación en el Chaco

La organización no gubernamental IDEA presentó la primera denuncia por parte de una entidad civil, sobre deforestación en el país. Abogados de la organización, basados en información íntegramente pública, según afirmaron, llegaron hasta la Fiscalía General y conversaron sobre el particular con la titular de dicha dependencia, Sandra Quiñónez.

Se trata de dos propiedades que deberían tener sus reservas forestales ubicadas en Boquerón y Alto Paraguay; las cuales fueron deforestadas, de acuerdo a lo señalado en el escrito de demanda.

El fiscal designado para investigar la denuncia es Andrés Arriola, de Mcal. Estigarribia, Boquerón.

IDEA es una ONG que trabaja para que el desarrollo sostenible trascienda la discusión ética y se posicione en la agenda de poder, según se describe en su página.

En las propiedades identificadas se verificó la deforestación de un área de 4.000 ha que deberían ser reservas boscosas. Mediante el cruzamiento de datos públicos y un software libre, se pudieron cruzar los datos y verificar que en menos de un año, se «limpió» el terreno.

Los representantes de IDEA se pusieron a disposición del Ministerio Público para asistir a los funcionarios para la realización de este tipo de monitoreo.

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Presidente expresó reconocimiento a la Fiscalía por el trabajo en el «operativo brillante»

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para hacer llegar el reconocimiento a la titular de la dependencia, Sandra Quiñónez y equipo, por el exitoso trabajo del «operativo brillante», que terminó por desmantelar una red de coimeros de la Detave y agentes del orden, que facilitaba el paso a contrabandistas.

El principal responsable de la red corrupta es el Gral. retirado Ramón Benítez, detenido junto con otros funcionarios, al recibir pago de sobornos por parte de empresarios que actúan al margen de la ley.

«El compromiso es moral, junto a la Dra Sandra Quiñonez, estamos al frente de 2 instituciones, vengo a renovar mi compromiso en la lucha contra la corrupción. Es una lucha que vale la pena y estamos comprometidos», subrayó el jefe de Estado.

Por su parte la Dra. Sandra Quiñónez, ratificó el compromiso del Ministerio Público de trabajar en procura de limpiar nuestro país de delincuentes y criminales que afectan a toda la nación.

«Agradezco la visita y el respaldo del Excmo Señor Presidente de la República Marito Abdo Benítez al esfuerzo interinstitucional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que está dando resultados históricos», enfatizó Quiñónez.

 

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Corea del Sur está interesada en potenciar laboratorio forense de la Fiscalía

El embajador de Corea del Sur en Paraguay, Ahn Min-sik, visitó las instalaciones del Laboratorio Forense del Ministerio Público y luego de observar detenidamente el local expresó su interés en cooperar con el fortalecimiento tecnológico del mismo.

La idea apunta a que la Fiscalía cuente con una herramienta moderna y completa para la investigación científica de los hechos punibles.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez acompañó a la delegación surcoreana por las instalaciones y la presentación del sitio estuvo a cargo de la directora del Laboratorio Forense, la fiscal Alba Delvalle y otras autoridades.

El representante del país ubicado al sur de la península coreana se mostró interesado en cooperar en el fortalecimiento tecnológico del Laboratorio Forense y observó la manera en que los técnicos y especialistas realizan las tareas científicas que se aplican en la investigación de hechos punibles, para el esclarecimiento de los mismos.

El Laboratorio Forense del Ministerio Público facilita la investigación fiscal a través del uso de medios científicos y técnicos, a la par que brinda pruebas de cargo y descargo de alto nivel técnico que llevan a demostrar la verdad histórica de los hechos.

Además, gracias a la tecnología utilizada, brinda un alto nivel de transparencia en el proceso de estudios de pruebas y en un periodo breve, informó prensa del Ministerio Público.

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Solicitaron a Quiñonez la apertura de unidades fiscales

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) de Paraguay y la Municipalidad de Asunción plantearon a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la creación de una unidad especializada, dentro del Ministerio Público, que se encargue de investigar los delitos contra el patrimonio cultural del país.

Según informó la SNC en un comunicado, la petición fue cursada por el titular de la cartera cultural, Rubén Capdevila, y el presidente de la Junta Municipal capitalina, Óscar Rodríguez, quienes pretenden, por intermediación fiscal, poder aplicar las sanciones que la ley prevé para las personas que ocasionen daños a bienes inscritos en el Patrimonio Cultural de Paraguay.

Para la SNC se trata de una solicitud de carácter necesario y urgente, ya que hasta ahora, pese a las sanciones recogidas por la ley, al tener que dirigir las denuncias a organismos como la propia SNC o las municipalidades y no contar con intermediación fiscal, las sanciones no podían aplicarse.

El problema será solucionado con la creación de dicha unidad especializada, no obstante, hasta que se concrete esa petición, la SNC y la Municipalidad asuncena acordaron con el Ministerio Público un procedimiento mediante el cual, las denuncias respecto a daños del patrimonio hechas ante a la Junta Municipal o a la SNC, sean remitidas a la Fiscalía, para que esta asigne un fiscal a cada caso.

Acordaron además trabajar en la actualización del marco legal que regula el tratamiento dado al Patrimonio Cultural de Paraguay.

El país destinó entre 2013 y 2018 unos 7 millones de dólares en mantener y restaurar algunos de los principales edificios que forman parte de su Patrimonio Nacional, como el Panteón de los Héroes, la Catedral Metropolitana o el Palacio de Gobierno, todos ellos en Asunción, según datos del Ministerio de Obras Públicas.

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Fiscalía afirma que un contralor imputado no puede auditar sus cuentas

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que aclara que no está en contra del control de sus cuentas y ejecución presupuestaria, pero prefiere que sea Tribunal de Cuentas y no la Contraloría General de la República, el órgano que audite la administración de la Fiscalía. Además, considera que podría generarse conflicto de intereses, pues el actual contralor Enrique García está imputado.

Aclara que la acción de inconstitucionalidad se planteó en contra dirigidade la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Afirma el documento que el recurso presentado no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, «y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible».

Agrega que independientemente a este recurso planteado, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

Contralor imputado

El comunicado refiere que «la eventual auditoria de las cuentas del Ministerio Público por un órgano cuyo titular y máxima autoridad está imputada, y personas vinculadas al proceso ya se encuentran acusadas, resta objetividad a ese proceso de control, y puede restar autonomía e independencia para la investigación penal. La pertinencia de excluir ese conflicto de intereses de la CGR y que las cuentas y actos administrativos sean juzgados por un órgano imparcial».

«El señor Enrique García, quien ejerce actualmente el cargo de Contralor General, fue denunciado por una serie de hechos relacionados con su gestión como asesor jurídico de la Municipalidad. Tras las investigaciones llevadas a cabo, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de Producción de documentos y Uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asi mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión», señala el documento de la Fiscalía, cuya titular es Sandra Quiñónez.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

 

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Quiñónez expresó su pleno apoyo a fiscales que imputaron a los Zacarías Irún

La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, se trasladó esta mañana hasta la sede de Delitos Económicos para brindar su apoyo a los agentes fiscales de esta unidad, René Fernández y Josefina Aghemo, que imputaron a la intendenta suspendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod y a su marido, el senador Javier Zacarías Irún.

A raíz de la decisión, los fiscales recibieron supuestamente improperios y amenazas de parte de políticos poderosos que defienden al «Clan Zacarías».

«Brindo todo mi apoyo a los agentes fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said en el trabajo que llevan adelante con profesionalismo, integridad y coraje», señaló enfaticamente Quiñónez, agregando que los mismos representan el compromiso del Ministerio Público para con la sociedad.

McLeod deberá comparecer ante el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla, que admitió la imputación de ambos, el próximo 14 de febrero para la imposición de medidas alternativas; mientras que para Zacarías Irún el magistrado pidió al Senado su desafuero, para proseguir los trámites pertinentes.

La pareja está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, falsificación de instrumento público, malversación de fondos, entre otros.

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Fiscalía ya cuenta con Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar

Los casos de violencia familiar ya tienen una Unidad Especializada en el Ministerio Público, que quedó habilitada esta mañana. Su sede está ubicada sobre las calles Avenida Rodríguez de Francia y Caballero, de la ciudad de Asunción.

La Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar tiene competencia para investigar los casos tipificados en el Código Penal, por maltrato a los integrantes del hogar y también los hechos de golpes contra la mujer.

Del acto participaron, la fiscal general del Estrado, la Dra. Sandra Quiñónez, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Gladys Bareiro de Módica, la ministra de la Niñez y Adolescencia Dra. Teresa Martínez

La Unidad Especializada contra la Violencia Familiar cuenta con su propio equipo de trabajo técnico e indagará ilícitos que ocurran en la ciudad de Asunción. Las agentes fiscales Liliana Zayas y Nancy Salomón estarán a cargo de dicha Unidad, y la Fiscal Adjunta es Artemisa Marchuk.

Existe un gran número de denuncias por violencia familiar que ingresa al Ministerio Público, y de este número, un alto porcentaje tiene como víctimas a las mujeres.

El tipo penal en cuestión tiene características especiales que guardan relación con el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima; la atención y contención de ésta deben ser priorizadas por los agentes fiscales.

 

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Movida general en la Fiscalía de Ciudad del Este ordenó Sandra Quiñónez

La fiscala general Sandra Quiñónez procedió a mover a agentes fiscales para Unidades Penales Ordinarias y Especializadas de Ciudad del Este, reorganizando las atenciones de causas, a fin de coordinar las tareas dentro de la institución y de esa manera obtener un funcionamiento armónico y eficaz en ella.

Según se informó oficialmente hoy, dichas determinaciones fueron llevadas a cabo tras la demanda de trabajo en las dependencias fiscales, las cuales requieren de atención impostergables acorde a la distribución de tareas establecidas, la organización interna y los recursos humanos e infraestructuras disponibles, en el siguiente orden:

Se designó al agente fiscal Julio César Paredes Duarte para cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Contrabando N° 1 y Especializada de Propiedad Intelectual N° 3 de la Fiscalía de Ciudad del Este, en reemplazo del agente fiscal Sergio Irán Villalba y sin perjuicio de sus actuales funciones.

Además, se ordenó establecer la finalización de la atención exclusiva del agente fiscal Sergio Irán Villalba de las nuevas denuncias sobre irregularidades que afectan a vehículos automotores remitidos por la Dirección Nacional de Registros del Automotor, por el Departamento de Automotores de la Policía Nacional y por la Dirección de Desarmaderos de Automotores DISA de la Policía Nacional, las cuales serán ingresadas y asignadas a las diferentes Unidades Penales, según corresponda.

También, disponer que el agente fiscal Sergio Irán Villalba continúe como titular de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales N° 1 de la Fiscalía de Ciudad del Este, sin perjuicio de continuar con la intervención legal, hasta culminar el procedimiento en las causas de denuncias sobre irregularidades que afectan a vehículos automotores que se encuentran a su cargo.

Asimismo, designó al agente fiscal Sergio Irán Villalba para cumplir funciones como titular en la Unidad Penal N° 11 de la Fiscalía de Ciudad del Este, en reemplazo de la agente fiscal Zunilda Ocampos y sin perjuicio de sus funciones mencionadas anteriormente.

La agente fiscal Juliana Giménez Portillo deberá cumplir funciones como interina de la Unidad Penal N° 8 de la Fiscalía de Ciudad del Este, sin perjuicio de sus actuales funciones.

Por otro lado, asignar al agente fiscal Humberto Javier Rosetti Miranda como titular de las Unidades Especializadas de Propiedad Intelectual N° 1 y Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 1 de la Fiscalía de Ciudad del Este, en reemplazo del agente fiscal Oscar Fernando Delfino, como así también para la Unidad Especializada de Contrabando N° 3 de la misma sede fiscal.

La agente fiscal Natalia Montanía Sartorio fue designada en carácter de interina de la Unidad N° 1 de la Fiscalía de Hernandarias, Alto Paraná, sin perjuicio de sus actuales funciones. Desafectar a la Unidad 1 de la Fiscalía de Hernandarias de la atención del turno penal y asignación de causas por el sistema aleatorio.

Juan Manuel Ledesma Peralta deberá cumplir funciones como encargado de las Unidades, Penal N° 9, Especializada de Contrabando N°2 y Especializada de Propiedad Intelectual N° 5 de la Fiscalía de Ciudad del Este en reemplazo del agente fiscal Andrés Eduardo Arriola.

Finalmente reasignar al agente fiscal Andrés Eduardo Arriola para cumplir funciones como titular de las Unidades, Penal N° 1, Especializada de Lucha contra el Abigeato N° 1, Especializada de Medio Ambiente y Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Filadelfía, en reemplazo del agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, quien es reasignado.

También se dispone la realización de un inventario de los casos tramitados ante las Unidades afectadas, el estado de las causas, así como de las evidencias existentes y el lugar de depósito de ellas. Los fiscales afectados deberán de informar a la Fiscalía General del Estado dentro del plazo de 8 días desde el momento de su vigencia.

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Buscan solución para el problema presupuestario de la Fiscalía General

Preocupado por la paralización de las tareas de la Fiscalía General de la República, cuyos funcionarios están de huelga, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la búsqueda de una solución al problema presupuestario de la institución. En la reunión de hoy en el Palacio de López se decidió conformar una comisión especial para analizar el tema y elevar una propuesta a más tardar el próximo lunes.

Del encuentro interinstitucional participaron el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, el ministro de Hacienda, Benigno López, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, además, de líderes de las bancadas del Senado.

La Fiscalía reclama una ampliación presupuestaria de 18.000 millones de dólares, que fue aprobada por el Congreso, pero vetada por el Poder Ejecutivo.

Al término de la reunión, el ministro de Hacienda anunció la conformación de la comisión que buscará dar una salida a la solicitud de ampliación presupuestaria, destacando que todo se hará dentro del margen establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

López sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad para resolver los conflictos, y en ese sentido anunció un escenario de posibles puntos de acuerdo. “Creemos que el reclamo se podría financiar desde el fortalecimiento de las unidades que pretenden crear, sobre todo en relación con la lucha de lavado de dinero y terrorismo”, señaló.

Refirió que desde las 11:00 de este viernes y hasta el lunes, la comisión se reunirá en la sede del Ministerio de Hacienda para evaluar la situación, asegurando que para este lunes se tendrá una respuesta o definición a la problemática.

“No hablamos todavía sobre montos o rubros, pero hablamos de las ideas fuertes que van a permitirnos sentarnos a hablar y ellos acordaron dialogar”, reafirmó.

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Funcionarios del Ministerio Público inician huelga

Desde la fecha, funcionarios del Ministerio Público de toda la República inician una huelga ante el rechazo del Poder Ejecutivo de ampliar el presupuesto de la fiscalía para el periodo 2019. La medida de fuerza no llegará a parar completamente a la institución y se atenderán los casos de urgencia.

En ese hilo, el representante del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público, Odilón Turo, se mostró preocupado por la negativa del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante la solicitud de ampliación presupuestaria de la fiscala general Sandra Quiñónez ya que, según mencionó, esto perjudica de gran manera el funcionamiento de la institución, afirmando que se estará concretando el cierre de más sedes antes la falta presupuestaria.

Turo, dijo además, que la Fiscalía requiere para los dos meses restantes del año un total de 18 mil millones de guaraníes, detallando que solo el 3% del monto será destinado a salarios, y el resto a insumos y necesidades urgentes del funcionariado de esta dependencia.

Aprovechó para recalcar que se garantizan los servicios básicos que brinda el Ministerio Público mientras aguardan lleguen a solucionar los requerimientos que son necesarios para el correcto funcionamiento de la institución.

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