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Estado recibe beneficios de Latam Airlines Paraguay como socio minoritario

El Estado paraguayo, a través del Ministerio de Hacienda, recibió una transferencia de aproximadamente 3.517 millones de guaraníes que corresponden a las utilidades que logró la empresa Latam Airlines Paraguay en el 2018.

El Estado paraguayo es el propietario del 5% de las acciones del holding Latam Airlines Group.

El procurador general de la República, Sergio Coscia, dijo que en este periodo hemos subido la utilidad a favor del estado en 1.900 millones de guaraníes, es decir, que ha rendido mejor lo que cobramos como utilidades en la empresa aérea, mencionó luego de informar de la situación al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Continuó diciendo que esto significa que se están haciendo bien las cosas, que el estado tiene el control de sus empresas públicas, y que todo el mes de abril se hizo la formalización definitiva de las empresas estatales, por lo que el control de las mismas está en regla. Los recursos se deben recibir anualmente, pero en años anteriores no se realizaron los pagos por falta de reclamos.

La empresa Latam Airlines Paraguay, es la que actualmente continúa la explotación aérea que en un principio correspondía a Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) convertida luego en Lapsa, TAM, TAM Mercosur y hoy fuera absorbida por Latam Airlines Group luego de la fusión de TAM con la chilena LAN.

La empresa paraguaya opera desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y tiene destinos a Sao Paulo, Río de Janeiro en Brasil, Buenos Aires en Argentina, Santiago de Chile y Lima Perú con aeronaves Airbus A320 y tripulaciones paraguayas en su totalidad.

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Arrom y Martí reclaman más de 120 millones de dólares al Estado paraguayo

El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó hoy que Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes entablaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado paraguayo, están reclamando 123 millones de dólares en concepto de resarcimiento.

El total solicitado es USD 50 millones para Juan Arrom, otra misma cantidad para Anuncio Martí y un resto de 23 millones de la moneda norteamericana para los familiares de los mismos es lo que finalmente solicitan, dijo el procurador en el primer día al aire de la 98.5 FM de Asunción.

Esta semana viaja el sobre cerrado con los alegatos presentados por el Estado paraguayo, vía valija diplomática, y será recibido en Costa Rica por la embajada paraguaya en el país centroamericano para luego trasladarla a la CorteIDH.

Hicimos un trabajo técnico entre todas las instituciones involucradas. Tenemos muchísima esperanza en la actuación de los jueces, mencionó Coscia, quien así manifestó su deseo de un resultado justo a favor del Paraguay.

Remontándonos tiempo atrás, Arrom y Martí huyeron de su juicio oral y público a 24 horas de su realización, allá por agosto del 2003 cuando todo giraba en contra de ellos en la acusación del caso de secuestro de María Edith Bordón y en cuya causa y juicio pasaron a su vez Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),  quienes hasta el momento sigue purgando su condena.

Tanto Arrom, como Martí, siguen en carácter de refugiados políticos en Brasil, aunque la demanda ante la CorteIDH data del año 2002. Ambos son fundadores del extinto Partido Patria Libre (PPL) a quien se cree fue la base política del EPP.

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Caso Arrom y Martí: Comenzó la Audiencia Pública en Costa Rica

Hoy en Costa Rica, a las 9:00 hora local, 12:00 de Paraguay, iniciará  la Audiencia Pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará los argumentos del Estado paraguayo y de los demandantes.

Según la agenda, la audiencia iniciará con la presentación del caso, trámite que lo cumplirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un tiempo límite de 20 minutos para el efecto.

La Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas. Juan Arrom realizará su declaración por vídeo conferencia. Su representante ante la Corte podrá interrogarlo por 20 minutos. Luego, el representante del Estado paraguayo,  procurador de la República, Sergio Coscia, podrá hacer preguntas por 20 minutos. Seguidamente, los jueces de la Corte pueden hacer lo mismo con la supuesta víctima.

El mismo procedimiento, con el mismo límite de tiempo, lo tendrá Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan. Luego declararán los testigos propuestos por el Estado paraguayo. El ex fiscal general del Estado, Oscar Germán Latorre, se referirá a la regularidad de las investigaciones fiscales.

El Estado podrá interrogarlo por 20 minutos, el representante de los demandantes, por el mismo tiempo y luego le podrán formular preguntas los miembros de la Corte. Édgar Sánchez es el otro testigo propuesto por nuestro país. Se seguirá el mismo procedimiento de interrogación.

Tras los interrogatorios, se tendrá un receso de dos horas, que de acuerdo a lo estimado, sería de 16 a 18 horas, aproximadamente. Luego se reanudará la audiencia, y la Corte escuchará los alegatos finales de las partes, que tendrán 30 minutos cada una, más cinco minutos para réplicas y dúplicas.

Luego, tanto la representación oficial como la de las supuestas víctimas tendrán tiempo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales por escrito.

La audiencia se puede seguir por internet, a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

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Caso Arrom y Martí: «Estas personas solo quieren dinero» afirma el procurador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estudiará en audiencia pública, la demanda planteada por Juan Arrom y Anuncio Martí, ambos procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Sergio Coscia, procurador de la República del Paraguay afirmó “Las vìctimas en este caso son los sobrevivientes del secuestro, el Estado paraguayo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. El mismo se encuentra en Costa Rica liderando el equipo que ejercerá la defensa del Estado Paraguayo ante la Corte, el próximo jueves, a las 9:00 hora local, 12:00 de nuestro país.

“Quiero dejar en claro que esta no es una cuestión política. Ellos están investigados por el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, un crimen común, que fue el primer secuestro de la era democrática, el inicio de un suplicio que seguimos soportando hasta ahora”, señaló Coscia.

El mismo afirmó que este caso nunca debió haber llegado a la Corte, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos basó su informe solo en el testimonio de los denunciantes y en publicaciones periodísticas, pero no tiene ninguna prueba.

“Ellos en Paraguay son prófugos de la justicia”, sostuvo el Procurador. Agregó que ambos tuvieron siempre todas las garantías jurídicas, de las cuales Arrom y Martí abusaron para fugarse durante su proceso, y pedir refugio político en el Brasil.

“Estas personas quieren dinero, no hay otra explicación lógica”, respondió el ministro ante la consulta de la motivación de la demanda.

Añadió que, si se produce un fallo adverso al Estado Paraguayo, las víctimas reales de toda esta situación serán los sobrevivientes de secuestro que viven en Paraguay, además del Estado Paraguayo que será esquilmado en base a mentiras y el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Concluyó diciendo que, si hay justicia, Paraguay debe ser sobreseído en esta causa.

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Presidente pide apurar uso de bienes incautados al crimen organizado

Mario Abdo Benítez, presidente de la República, dio instrucciones hoy, a los responsables de varias instituciones, a acelerar los mecanismos que permitan utilizar los bienes incautados al crimen organizado en favor de la ciudadanía.

El procurador Sergio Coscia, vocero de la reunión, explicó que la instrucción que tienen del presidente es que los bienes que se adquieren del crimen organizado sean puestos al servicio de la ciudadanía en la brevedad posible. Según dijo la instrucción es que aquellos bienes que sean obtenidos por cualquier figura jurídica y puedan ser utilizados a favor de la ciudadanía sean en la brevedad posible.

Algunas de las instituciones involucradas en este proceso y cuyas máximas autoridades participaron hoy de la reunión con el presidente son el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

Según Coscia, durante la reunión el presidente manifestó su preocupación porque existen bienes incautados al crimen organizado a los que no se les está dando el uso necesario por causa de “cuestiones burocráticas”.

En ese sentido anunció que las instituciones involucradas están trabajando en la elaboración de un protocolo de acción que podría estar listo para finales de este mes.

Explicó que actualmente ya existe la figura de depositario judicial, que permite la utilización de los bienes incautados por parte del Estado, pero que ahora se buscará darle mayor dinamismo la proceso para que se puedan utilizar los bienes, por ejemplo, a través de la figura del comiso autónomo.

“Existen los mecanismos legales, lo que nosotros necesitamos es organizarnos, trabajar más coordinadamente, la instrucción que tenemos ahora es trabajar de manera organizada de modo tal que, en la brevedad posible, los bienes puedan estar al servicio de la ciudadanía”, remarcó el procurador.

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Estado paraguayo dará pelea a la CIDH para evitar pago a Arrom y Martí

El procurador general, Sergio Coscia, señaló que el Gobierno peleará “hasta las últimas consecuencias” en el caso del fallo en contra del Estado paraguayo por la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí, que obliga a pagar la suma de US$ 63 millones.

Señaló que la recomendación en contra fue comunicada en setiembre de 2017 y contestada el 14 de agosto de 2018, por el anterior procurador, Francisco Barriocanal. A la nueva administración le queda la etapa de los alegatos finales en una audiencia que se realizará el 7 de febrero de 2019.

Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta tortura, ocurrida en el año 2001, mientras eran investigados por el secuestro de María Edith Bordón.

El procurador señaló que el Estado paraguayo realizó una investigación de 3 años de duración, que culminó con el sobreseimiento de los policías denunciados en tres instancias judiciales.

“Hoy en día, en la Justicia paraguaya no existe ningún casual para que sean resarcidos”, afirmó en entrevista con la 730 AM. Sin embargo, agregó que Arrom y Marti se fugaron del país mientras estaban siendo procesados y obtuvieron refugio en Brasil por la situación política de aquel entonces.

Añadió que existe otro inconveniente, ya que la Corte Interamericana no permite que el Paraguay presente en la audiencia del 7 de febrero a los fiscales que llevaron a cabo la investigación por la presunta tortura.

Coscia declaró que el Gobierno “no va a pagar un centavo de esto porque es una sentencia injusta”. Mismo sentimiento compartido por el canciller Luis Castiglioni, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que “el Paraguay no se quedará de brazos cruzados frente a criminales secuestradores y prófugos de la Justicia”.

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Por primera vez el Estado transfirió a su nombre bienes de ex funcionarios corruptos

Por valor de unos 7.000 millones de guaraníes, el Estado paraguayo inscribió a su nombre bienes recuperados de ex funcionarios que fueron condenados por hechos punibles cometidos en el ejerció de sus cargos. Es la primera vez que se da una transferencia de esta naturaleza. Con esto suma un patrimonio de cerca de 40.000 millones de guaraníes, producto de otros procedimientos, como los de narcotraficantes.

En ese sentido, el procurador general de la República, Sergio Coscia, explicó que se trata de los ex funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, Hilarión Osorio y Arnaldo Abegg, y las esposas respectivas, Tomasa Álvarez y Cynthia Giménez.

“El total de los bienes recuperados e inscriptos, ronda los 7.000 millones de guaraníes”, detalló el funcionario de Estado en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Dijo que desde que empezaron esta labor, hasta la fecha, “tenemos un aproximado de entre 38 y 40.000 millones de guaraníes, en bienes que ya han sido inscriptos a nombre del Estado paraguayo, que son provenientes de hechos punibles del crimen organizado y en el caso de hoy, por primera vez, bienes provenientes de hechos punibles por corrupción”

Indicó que Hilarión Osorio era un funcionario de Aduanas que fue condenado, en el 2017, y que el mensaje es claro, para los demás funcionarios públicos que quieren ser deshonesto y infieles con la República.

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Metrobús: El BID autorizó el pago de indemnización a los frentistas

El Banco Interamericano de Desarrollo envió ayer su nota de no objeción para el pago a los frentistas afectados por las obras del Metrobús. Así lo confirmó el procurador general de la República, Sergio Coscia.

De alguna manera, dentro de la tragedia que significa el estado de la construcción sobre la Ruta Mariscal Estigarribia, se considera una buena noticia para el Estado y para los vecinos de Fernando de la Mora y San Lorenzo, esta notificación del BID.

Coscia aclaró que el dinero será desembolsado para los que ya fueron perjudicados (que serían unos 150 propietarios y comerciantes aproximadamente). Son un poco más de 6 mil millones de guaraníes que estarán disponibles y distribuidos conforme a una escala preestablecida.

Mota sigue

Por otro lado, el procurador señaló que el contrato con la contratista portuguesa Mota Engil sigue vigente hasta el 23 de diciembre y que se está buscando el mecanismo para llegar a un acuerdo o accionar contra la misma, en caso de que no vuelvan a trabajar sus máquinas y obreros.

«Nosotros estamos intimando a Mota Engil para que vuelvan a trabajar», apuntó el funcionario; agregando que «en este momento tenemos aún a Mota Engil. Ellos seguirán hasta el 23 de diciembre salvo que incurran en una causal de rescisión que nosotros podamos reactivar».

Una señal de que continuará la empresa citada es la renovación que hizo ayer de su póliza de seguros, por más de 22 mil millones de guaraníes, aclaró Coscia.

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La estancia “4 Filhos”, de Pavão, ya es del Estado paraguayo

La finca “4 Filhos” de Jarvis Ximenes Pavão, ubicada en Yby Yaú, al norte de Concepción, pasó a nombre de Estado de manera oficial esta semana. El objetivo es rematar la lujosa propiedad y una parte de los fondos sería destinado para causas sociales.

El procurador general de la República, Sergio Coscia, anunció que por primera vez el Estado paraguayo inscribió a su nombre un inmueble proveniente de investigaciones del crimen organizado. Se trata de una estancia que pertenecía al narco Pavão, quien ya se encuentra cumpliendo condena bajo la justicia brasileña.

Por su parte, la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Karina Gómez, comentó que mediante un trabajo en conjunto con la Procuraduría lograron que de manera oficial la Finca » del narcotraficante, pase a nombre del Estado.

Explicó que debido a que en el transcurso del juicio se probó que con las ganancias provenientes de sus actividades delictivas relacionadas con las drogas (tráfico), pudo adquirir los inmuebles sobre los cuales se asienta dicha estancia.

Señaló que el predio está compuesto por tres grandes edificaciones principales, entre ellas una iglesia y una quinta con una lujosa piscina y diversas comodidades. Si bien el costo aproximado de todo el predio sería de US$ 6 millones, aproximadamente, acotó que esta semana realizarán de manera oficial los análisis con especialistas para determinar su valor económico.

Coscia destacó que es el primer bien decomisado, derivado de investigaciones del crimen organizado, que es inscrito a nombre del Estado, pero hay otros más en la mira cuyos trámites se podrían agilizar a partir de este resultado.

 

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Presentan impugnación a candidatura de Perla de Vázquez

El movimiento disidente Colorado Añetete presentó hoy la impugnación ante el Tribunal Electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) contra la postulación de la diputada Perla de Vázquez, candidata de Honor Colorada a la gobernación del departamento de San Pedro.

El apoderado de Colorado Añetete, Sergio Coscia, señaló que la polémica dirigente cartista debe ser impugnada porque tiene encima una condena judicial por difamación y calumnia en el marco de una querella que fue presentada en su contra por el diputado Freddy D’Ecclesiis.

Los antecedentes del caso refieren que Perla de Vázquez fue condenada a seis meses de penitenciaría en la querella instaurada en su contra por Manuela Peralta viuda de D’Ecclesiis, de 94 años, abuela del diputado, a quien la condenada había vinculado con el narcotráfico.

 

 

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