Estas aquí =>

¡El colmo!, Justicia beneficia a Tapití S.R.L., empresa suspendida por el DNCP

El Tribunal de Cuentas Primera Sala, en plena feria judicial (03 de enero) otorgó medida cautelar a la empresa de seguridad Tapití S.R.L., a pesar de que la firma está suspendida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para contratar con el Estado por diversas irregularidades e incumplimiento de contratos.

La DNCP apeló la resolución judicial ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal, no se pronuncia hasta el momento, pese a que la acción llegó a la misma hace cerca de 3 meses. Con esto la máxima instancia judicial, integrada por los ministros Luis Benítez Riera, Manuel Ramírez y Miryam Peña, favorece a la irregular empresa para seguir haciendo de las suyas, en detrimento del dinero público.

Tapití S.R.L, que tiene como cabezas visibles a los ex comisarios Vidal y Viviano Machado, fue suspendida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por daños y perjuicios al Servicio Nacional de Promoción Profesional. En esta institución se comprobó que personal de la empresa de seguridad cometió robo de bienes de la dependencia educativa, con lo que se evidenció el incumplimiento de contrato.

Sin embargo, la firma recurrió a principios de año, al Tribunal de Cuentas de Primera Sala, que resolvió otorgarle una medida cautelar, suspendiendo los efectos de la inhabilitación, permitiendo a la esta empresa seguir negociando con el Estado paraguayo.

En la DNCP figuran varias faltas en contra de la empresa de los hermanos Machado; sin embargo, la justicia hace oídos sordos al filtro organizativo que lleva adelante Contrataciones Públicas para que empresas que incumplen contratos, sigan operando con el mismo y de manera fraudulenta continúen embolsándose millonarios negocios por servicios de dudosa calidad.

El expediente que fue caratulado como “Tapití SRL c/ Res. N° 5042 del 18/12/2018 dictada por la DNCP”, se encuentra en un oscuro cajón de la Corte Suprema de Justicia desde mediados del mes de febrero de este año, sin que se produzca un pronunciamiento de fondo desde que el documento llegara a la máxima instancia judicial.

El tira y afloje de Tapití continuó y fue así que en un primer momento, la Sala Penal canceló la intervención de la abogada Lilian Rosana Prieto Ramírez, designada por los Machado para provocar la inhibición del ministro Ramírez, con quien tiene presuntas causales precedentes de excusación.

En una rápida acción los representantes de la empresa suspendida recusaron a Ramírez y plantearon un recurso de reposición con el inocultable afán de continuar estirando el tratamiento de la medida cautelar que les beneficia, esto explicado por fuentes que se encuentran dentro de la DNCP.

De todos modos, el precedente que dejan desde la empresa Tapití, demuestra que siguen utilizando a la Justicia de mala manera, pasando inclusive por encima de los órganos organizativos de las compras y contrataciones que realiza el Estado. De continuar así, no se garantizará que el Estado pueda obtener contrataciones que ayuden a mejorar los servicios contratados.

Leer mas...

Contraloría ya recibió los documentos de la Municipalidad de Ciudad del Este

El contralor Enrique García confirmó hoy que ya recibió los primeros documentos originales de la comuna dirigida por Sandra McLeod de Zacarías Irún; sin embargo, la institución no podrá auditarlos hasta que se formalice el convenio de trabajo con el Tribunal de Cuentas.

Los documentos  son puntualmente sobre las compras realizadas por el municipio en el  2018. Según el contralor, esta documentación recién podrá ser auditada cuando se reglamente el proceso de trabajo con el Tribunal de Cuentas, su definición se daría la próxima semana.

Por otra parte, la Fiscalía de Delitos Económicos tiene en su poder parte de la documentación original de 2018, expresa que es improcedente la intervención de la Contraloría y no deja acceder a los documentos para su juzgamiento.

Al respecto, el contralor expresó que la fiscalía no tiene competencias para extraer documentos originales en ejecución de sus funciones y considera que esto es un “impedimento” a la realización de la misión constitucional de la Contraloría.

La manera en la que resolverán este problema aún no fue abordada, por priorizar la solución, según explicó hoy García, quien también mencionó que no ve la necesidad de firmar un acuerdo con el Ministerio Público para acceder a esta información, ya que está de forma inapropiada en la Fiscalía. “El camino para resolver esto es respetar la ley”, Finalizó el contralor.

Leer mas...

MOPC y Dinac recurren a la justicia para avanzar en modernización de aeropuerto

Esta mañana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac)  promovieron una acción judicial ante el Tribunal de Cuentas contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proceso de licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La licitación se realizaría por vía de la Ley 5102 de Alianza Público Privada (APP). La acción judicial es a los efectos de que el Tribunal de Cuentas determine el alcance de la competencia que tiene la Contraloría para emitir el dictamen que traba la modernización del aeropuerto internacional, que se encuentra entre los más obsoletos de la región y el mundo.

Ambas instituciones consideran que hubo una clara extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias que están delimitadas en la Constitución Nacional y su Ley Orgánica N° 276/94.

El MOPC y la DINAC ratifican la regularidad y la transparencia con que se llevó adelante el proceso de licitación por parte de ambas instituciones, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República. La acción se basa en la »violación» al principio de legalidad en que incurrió la CGR al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería.

Agrega el documento que el margen de actuación de la Contraloría debe enmarcarse estrictamente en “las actividades económicas y financieras del Estado”.

Luego de un análisis legal se ha concluido que existen fundamentos legales para sostener que las actuaciones de la Contraloría y los actos administrativos emitidos son nulos, por cuanto que, en materia del ejercicio de las funciones administrativas, las instituciones públicas carecen de atribuciones que la Ley no les otorga, señala la fundamentación del escrito presentado al Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, el proceso de licitación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sigue en instancias de la Comisión de Evaluación de Ofertas.

Leer mas...