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Ya suman 6.000 los venezolanos refugiados en Brasil

Cerca de 6.000 venezolanos han solicitado refugio en Brasil en lo que va de este año, una cifra que dobla con creces la registrada durante todo 2016 y refleja la profunda crisis de la nación petrolera, según datos de la Policía citados hoy por O Globo.

Las autoridades brasileñas recibieron el año pasado 2.230 pedidos de refugio de venezolanos, frente a los 5.787 registrados hasta ahora este año, lo que supone un aumento del 159 % en la mitad de tiempo, de acuerdo con la Policía Federal del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.

Este balance está próximo a sobrepasar las seis mil solicitudes proyectadas para todo 2017 debido al agravamiento de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela y que ha provocado un mayor flujo de personas hacia Brasil vía Roraima, fronterizo con Venezuela, que en 2015 gestionó tan solo 230.

Hasta este marzo la cifra era de poco más de mil, pero entre abril y mayo se formalizaron, según la Policía Federal, 3.773 peticiones de refugio coincidiendo con la ola de protestas a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela vive desde el pasado 1 de abril manifestaciones prácticamente diarias, algunas de las cuales han derivado en hechos violentos que han dejado 72 muertos y más de mil heridos.

Ante la avalancha de pedidos de refugio, la Policía Federal de Roraima trabaja con un contingente especial de agentes de refuerzo dentro del Departamento de Inmigración para atender a tiempo todos los casos.

Pedir el estatus de refugiado es la única salida que les queda a los inmigrantes venezolanos ya que no pueden acogerse en este momento al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, pues su país está actualmente suspendido del bloque regional.

Los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) comunicaron a Venezuela el pasado 2 de diciembre que cesaba en el ejercicio de sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional, al considerar que había incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.

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